La renovación dependería del cumplimiento de requisitos previamente establecidos
La vivienda, a juicio de Sevilla Se Levanta, no puede tratarse únicamente como un activo económico ni nuestras ciudades como simples destinos turísticos. «Andalucía -afirma- necesita un turismo sostenible y competitivo, pero también ciudades habitables, barrios vivos en su día a día y conservando su identidad y oportunidades reales para que sus vecinos puedan desarrollar en ellas sus proyectos de vida». Por ello, ha pedido por carta al presidente de la Junta de Andalucía (Juanma Moreno), una regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) que responda a ese equilibrio. Según Sevilla Se Levanta, mantener un régimen general de las VUT sin un horizonte temporal de revisión, cuando existen alternativas regulatorias aplicadas en otros territorios, merece una reconsideración por parte del Gobierno andaluz.
Sevilla Se Levanta basa su solicitud de modificación de la normativa autonómica sobre viviendas de uso turístico para establecer licencias temporales en una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que le expresa su preocupación por las consecuencias que la expansión de las viviendas de uso turístico está teniendo sobre el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y el mantenimiento de la función residencial de los barrios, especialmente en ciudades como Sevilla, donde -afirma- la presión turística genera muchas dificultades para acceder a una vivienda a un precio razonable y las familias sevillanas no pueden competir con empresas inversoras en vivienda como producto de alta rentabilidad.
La formación considera que el desarrollo de la actividad turística, importante para la economía andaluza, no puede justificar un marco regulatorio que relegue a un segundo plano las necesidades residenciales de la población. en su opinión, la actividad turística debe ser compatible con el derecho de los ciudadanos a vivir en sus ciudades y con la obligación de los poderes públicos de proteger el interés general y combatir la especulación inmobiliaria.
En este sentido recuerda que el artículo 47 de nuestra Constitución establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general «para impedir la especulación». Por ello, insta a la Junta de Andalucía a traducir este mandato constitucional en medidas normativas eficaces que impidan que la rentabilidad turística se imponga sobre el derecho a la vivienda y la preservación de los barrios como espacios de convivencia vecinal.
A Sevilla Se Levanta le resulta difícil comprender que, en un contexto de emergencia habitacional y de creciente dificultad para acceder a una vivienda, la normativa andaluza permita que las viviendas de uso turístico dispongan de una habilitación con carácter indefinido, sin un horizonte temporal predeterminado para revisar su continuidad.
Argumenta que una actividad con efectos directos sobre el mercado residencial, la convivencia vecinal y la configuración de nuestros barrios no puede mantenerse sin un plazo general de revisión previamente establecido, como si las circunstancias sociales, urbanísticas y habitacionales fueran inmutables. Esta falta de temporalidad merece en su opinión una rectificación urgente: ninguna habilitación administrativa relacionada con una actividad que afecta al interés general debería quedar al margen de la revisión periódica. Por ello, insta a la Junta de Andalucía a tener en cuenta esta situación y establecer un plazo de tres años, renovable previa comprobación de los requisitos exigibles.
«La renovación -sostiene- no debe constituir un derecho automático ni quedar reducida a una mera formalidad administrativa, sino que debe estar supeditada a que su continuidad resulte compatible con las necesidades residenciales de la población y con el mandato constitucional de impedir la especulación».
Imagen frecuente en Sevilla de turistas con maletas dirigiéndose a una VUT
La formación dice no cuestionar indiscriminadamente la actividad de quienes destinan legalmente una vivienda al alojamiento turístico, sino que solicita establecer un mecanismo razonable de revisión periódica que permita a la Junta de Andalucía comprobar si las condiciones que justificaron su autorización continúan vigentes y si su funcionamiento resulta compatible con las necesidades residenciales del momento.
Sevilla Se Levanta cita precedentes que demuestran que esta propuesta es viable: La Comunidad Valenciana establece, con carácter general, una vigencia de cinco años para la inscripción de las viviendas de uso turístico. Cataluña, por su parte, contempla licencias urbanísticas de cinco años renovables en los municipios sometidos a su regulación específica y ha aprobado no renovarlas a partir de 2028 para rebajar el precio del alquiler y de la compra de viviendas. Ambas experiencias evidencian -a su juicio- que la temporalidad y la revisión de las habilitaciones pueden formar parte de un marco normativo que concilie la actividad turística con la ordenación urbana y el interés general.
Para la formación, la declaración responsable no debe convertirse, en la práctica, en una habilitación indefinida ajena a la evolución de las circunstancias urbanísticas y residenciales. La revisión periódica permitiría reforzar la seguridad jurídica, mejorar el control administrativo y evitar que la acumulación de usos turísticos contribuya a desplazar progresivamente la vivienda habitual y a deteriorar la vida cotidiana de los barrios.
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