El Pleno extraordinario y monográfico que sobre la vivienda se celebró hace una semana en el Ayuntamiento de Sevilla, en vísperas del inicio de la campaña electoral para las generales del 20 de diciembre, ha servido para comprobar el grado de populismo de los partidos políticos en relación con lo que las fuerzas de izquierda suelen denominar el “problema habitacional”.
Ante la cercanía de los comicios y la necesidad de ganar votos, cuesten lo que cuesten a los contribuyentes, pareció como si no hubiera diferencias ideológicas ni de modelo entre las distintas formaciones, ya que se aprobaron por unanimidad nada menos que 57 de las 60 iniciativas debatidas (el 95% del total).
Los sevillanos pudieron comprobar cómo un partido calificado “de orden” como el PP, cuyo líder en la oposición sigue siendo formalmente todo un señor juez como Juan Ignacio Zoido, se alineó con la propuesta de la izquierda de que no se pongan los policías ni los bomberos del Ayuntamiento al servicio de la Justicia a la hora de la ejecución de las órdenes de desahucio, cuando el Partido Popular se había erigido hasta ahora como el bastión en defensa de las normas en tal sentido ante la rebelión en el seno de algunos ayuntamientos para congraciarse con los movimientos ciudadanos contrarios a los lanzamientos judiciales por los impagos de hipotecas.
Esa denegación del auxilio municipal a los jueces, secundada por el grupo Socialista del alcalde Espadas, convierte al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, en más papista que el Papa.
Hace tres años, a raíz de que el alcalde de Cazalla de la Sierra anunciara a través de un bando que su ayuntamiento no pondría ni un solo agente de la Policía Municipal a disposición de las órdenes de desahucio, el consejero reaccionó diciendo que aunque a los jueces cada día les repugna más acordar órdenes de desahucio, “un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la Policía, ya que si un juez ordena algo, la Policía está obligada a colaborar”.
Espadas y Zoido coinciden en declarar la insumisión del Ayuntamiento, que a partir de ahora negará el auxilio policial a la Justicia pero no, por ejemplo, para la retirada de los coches por la grúa municipal en caso necesario.
TRANSFERENCIAS A EMVISESA
Otra medida aprobada en el Pleno, también con el voto favorable del PP y fruto de la deriva populista, fue el incremento de las transferencias municipales a Emvisesa, una empresa prácticamente paralizada durante el mandato anterior, en el que puede decirse que Zoido batió un récord al no haber construido ninguna vivienda pública en sus cuatro años (prometió al menos mil anualmente), algo sin precedentes con los anteriores alcaldes.
A pesar de que Emvisesa pasó de tener un presupuesto de 294 millones de euros a tan sólo 44 millones, del recorte de la quinta parte de su plantilla y de la notable reducción de su actividad, mal que bien se manejaba en el mercado, pero si ahora se la enchufa a las transferencias municipales, como ha solido ser habitual con Tussam, corre el riesgo de tener que someterse a las disposiciones de Hacienda para aminorar el déficit público y que estipulan que ninguna sociedad pública municipal podrá ser deficitaria; que si se trata de una empresa que presta un servicio obligatorio, el Ayuntamiento tendrá que privatizarla, y que si presta un servicio que corresponde a una competencia que le es impropia, se verá abocada al cierre.
Aunque no prosperó la propuesta de dejar de operar con los bancos implicados en desahucios, sí se acordó la elaboración de un censo de viviendas vacías de su propiedad. En contraste, el Ayuntamiento de Córdoba ha sabido negociar con la Sareb, el ‘banco malo’, que le ha cedido a la capital de la Mezquita la cuarta parte de sus pisos vacíos allí para que se pongan en alquiler social a bajo precio con destino a familias necesitadas. Mientras en Sevilla se le declara la guerra a la banca, en la ciudad perteneciente al ahora triángulo Sevilla-Málaga-Córdoba forjan alianzas con la misma y obtienen beneficios para sus vecinos. ¿Cuál de las dos políticas da mejores resultados?
ANTIDESAHUCIOS
La medida más llamativa fue la aprobación de una oficina antidesahucios, cuyo objeto principal será prestar asesoramiento legal a las personas afectadas por los lanzamientos judiciales y que se denominará Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.
Como se recordará, el gobierno de Espadas anunció la creación de este asesoramiento con la denominación errónea de oficina, ya que no tenía sede física como tal, sino que se basaba en la coordinación de los servicios municipales ya existentes.
Sin embargo, el grupo Participa Sevilla especialmente presionó en el Pleno para que se creara este nuevo organismo con una sede propia y un presupuesto mínimo anual de cuatro millones de euros, de los que dos deben estar listos para el primer semestre de 2016. La portavoz del grupo, Cristina Honorato, fue muy insistente al respecto y dijo gráficamente que la Oficina debería tener “incluso luminoso”.
BALANCE DE CÁRITAS
El mismo día en que se celebraba el Pleno, los responsables de Cáritas presentaron el balance de las actuaciones de la organización humanitaria con las personas sin hogar, esos sin techo que ya han sido desahuciados por la sociedad. Cáritas atendió sólo en Sevilla el año pasado a 620 personas sin vivienda, a las que destinó 777.613 euros recogidos entre sus donantes. Además, destinó 1.189.687 euros a paliar situaciones de exclusión residencial como el pago de hipotecas (que evitan desahucios), alquileres y suministros básicos.
Si con 777.613 euros Cáritas es capaz de atender a 620 personas sin techo donde cobijarse, con los 4 millones de euros que el Ayuntamiento (sólo en las caracolas de Urbanismo, sin contar con Emvisesa, tiene unas 500 personas que podrían realizar tal función) se va a gastar en montar esa Oficina con anuncio luminoso incluido podría atender a 3.189 necesitados sin hogar.
¿Qué es más rentable socialmente, emplear ese dinero en incrementar el organigrama municipal o entregarlo a Cáritas para que atienda a cinco veces más sin techo que hasta ahora?
A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.
El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.
En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.
Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.
Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.
Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.
Escarmentado por aquella experiencia al tiempo que admirado por su eficacia, el nuevo Pontífice instauró el sistema del cónclave (que literalmente significa en latín ‘con llave’, esto es, encerrados bajo llave): los cardenales no podrían abandonar el enclaustramiento al que serían sometidos a la muerte de un Sumo Pontífice hasta que no eligieran a su sucesor. Para estimular su capacidad de consenso, inspiración del Espíritu Santo aparte, Gregorio X estipuló que al cabo de tres días sin acuerdo, en los cinco siguientes sólo recibirían dos comidas cada jornada. Sobrepasado ese plazo, a partir de entonces serían sometidos a una estricta dieta compuesta únicamente por pan, agua y vino. Y, por supuesto, no percibirían óbolo alguno.