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La infravivienda según Vílchez

Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.

A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.

FRENAZO A EMVISESA

A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.

Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.

El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.

Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.

SIN BALÓN DE OXÍGENO

Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.

En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.

Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.

RETRASOS EN LOS PAJARITOS

En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.

Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.

Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.

CORRAL DE TRIANA

Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.

Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.

Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a  inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.

Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.

Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.

En evidencia

Hay entrevistas que las carga el diablo. El mismo día en que El Mundo publicó el documentado informe marca de la casa de Carlos Mármol sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla,  le preguntaron en la competencia al alcalde sobre su política en materia de vivienda. Zoido, para tratar de justificar su pobre balance también en este capítulo ya en su ecuador, respondió que el PSOE e IU agotaron todo el suelo disponible, pero que aun así están terminando algunas, comenzando otras y preparando terrenos para más. La ‘minería de datos’ de El Mundo dejó en evidencia al alcalde, porque demuestra que sólo ha construido 46 VPO  pese a que dispone de suelo apto para erigir 8.033 VPO y casi 20.000 de renta libre y que con el suelo en desarrollo a punto de concluirse habrá capacidad añadida para 7.448 viviendas de protección y 11.427 de renta libre más. Todo el argumentario del alcalde y de la patronal sobre que como falta suelo para edificar hay que cambiar el Plan General se derrumba. Otra falso mito más. No falta PGOU, falta capacidad para gestionarlo.

 

Pirineos

Max Vílchez, el apagafuegos del alcalde aunque sea a costa de imputar la quema de contenedores a quien convenga, investigará para averiguar cómo es posible que la niña no la de Rajoy, sino la de Monteseirín, y Francisco Javier Guerrero, el ‘niño de los ERE’, vivan como propietaria y de alquiler, respectivamente, en el mismo edificio a precio tasado de la Buhaira, del que nadie sabía nada de los pisos que se iban a construir salvo quienes sabían todo lo que había que saber. ¿Investigará Maximiliano sólo este inmueble? Mi barrio está lleno de estupendos edificios de protección oficial y el delegado de Urbanismo se asombraría si viera los BMW, Mercedes y otros coches de alta gama que pueblan los garajes, y los sonoros apellidos de los beneficiarios de los pisos. ¿Cómo es posible que  niños de papá tengan una VPO por carecer teóricamente de rentas para aspirar a una en el mercado libre y sí el suficiente poder adquisitivo para un coche de gran cilindrada que puede hasta valer más que el piso? Al final va a resultar cierto éso de que Africa empieza en Pirineos.

La otra agenda oculta de Monteseirín

La historia de cómo nació y se desarrolló el Parque Alcosa que cuenta en su web el IES Pablo Picasso (www.iesppicasso.org) es un ejemplo de historias similares de decenas de barriadas. Narra esta web que en los años 60, ante la escasez de vivienda en Sevilla, un constructor valenciano se comprometió a construir VPO si le cedían suelo barato.

Los comienzos fueron muy difíciles, por la falta de agua potable, que se distribuía con camiones-cisterna. Las aguas residuales corrían por tuberías paralelas a las del agua potable y morían en un principio en pozos negros. El alumbrado público dejaba esquinas de los primeros bloques sin iluminar, lo que favorecía el gamberrismo.

Como estos terrenos quedaban muy alejados del casco urbano y no entraban en los planes del Ayuntamiento a corto plazo, el barrio demandaba servicios que no tenía: acometida de agua potable y alcantarillado, mercado, colegios, consultorio…

Dice la página del instituto que actualmente las avenidas principales están recepcionadas por Urbanismo, pero no el interior de las plazas, por lo que son los propios vecinos los que, constituyendo intercomunidades, cuidan jardines, acerados y parterres, y que una de las reivindicaciones más antiguas de las asociaciones es la recepción de las zonas urbanizadas y la urbanización de las zonas pendientes, ya que los vecinos pagan sus impuestos municipales “y el Ayuntamiento contesta que con los medios económicos actuales la recepción total del barrio se hará en sucesivas etapas”.

En tiempos de Rafael Carmona como delegado de Urbanismo –hasta 2003- se calculó que el Ayuntamiento aún tenía un centenar de barrios por recepcionar oficialmente. Y en febrero de 1995, el portavoz del grupo socialista, José Vallés, decía que actuar en barrios sin estar recepcionados “es una falta de ética en la que el PSOE no hubiera incurrido nunca”.

LA TASA FUSTEGUERAS

Cincuenta años después de aquella colonización de suelos para erigir Alcosa y otros barrios sin apenas equipamientos, los tiempos del urbanismo son otros. Ahora, en los Planes Generales adquiere una importancia fundamental la determinación de la red de sistemas generales, para asegurar la coherencia y racionalidad en el desarrollo urbano: red de vías públicas, de circulación rodada y peatonal; infraestructuras para la prestación de todos los servicios de acceso, suministro de energía eléctrica, suministro y saneamiento de agua, alumbrado, telecomunicaciones…

El suelo destinado a estas dotaciones públicas de carácter general lo obtiene el Ayuntamiento de forma gratuita con cargo a los propietarios del suelo, pero además de esta contribución forzosa, el redactor del último PGOU de Sevilla (2006), el arquitecto Manuel González Fustegueras, supo comprometer  a los promotores y constructores para que se implicaran en la financiación de las futuras infraestructuras generales de la ciudad, que habrían de permitir su expansión y el nacimiento ordenado de los nuevos barrios. A tal efecto, aquéllos firmaron 52 convenios urbanísticos por los que entregaron al Ayuntamiento unos 230 millones de euros.

DESVÍO DEL DINERO

En tiempos de vacas flacas como los actuales, esta reserva de dinero realizada en los tiempos de vacas gordas habría permitido activar la construcción de VPO (la ley exige un cupo mínimo en cualquier nueva promoción de viviendas) a precios asequibles para las decenas de miles de sevillanos demandantes de pisos, y mantener la actividad en el sector de la construcción.

Sin embargo, al igual que hizo con el informe sobre la inviabilidad técnica de las setas de la Encarnación, Monteseirín ha ocultado durante estos años que la denominada ‘hucha del PGOU’ se la estaba gastando no en los sistemas generales para la Sevilla del futuro, sino en su urbanismo de escaparate en, sobre todo, el Centro, justamente la zona con menos problemas de equipamiento de Sevilla: 65 millones de euros en el Parasol, 5 millones en la Alameda, 6 en la Plaza de España, 18 en los carriles-bici….y 41 millones en el primer tramo de la SE-35, 17,7 millones en el bulevar de Bellavista, 19,7 millones en el Plan de Barrios…

El Monteseirín que irrumpió en la política local firmando contratos-programa con las asociaciones de vecinos por el déficit de equipamientos de los barrios debido justamente a que las inversiones se concentraban históricamente aquende la Ronda del Tamarguillo, ha cambiado de discurso al verse descubierto. Ahora proclama que el dinero de los convenios urbanísticos debe servir para equipar “la ciudad construida” y no para hacer “viales o calles que van de ningún sitio a ninguna parte”.

CIUDAD HIPOTECADA

Los promotores, agrupados en Gaesco, han calificado el desvío del dinero de ‘la hucha del PGOU’ como “una estafa en toda regla” e, indignados, estudian cómo llevar al Ayuntamiento ante los tribunales. Ahora, después de cuatro años con un PGOU nuevo, no hay sistemas generales ni dinero para ejecutarlos, por lo que, conforme a la nueva ley, ni siquiera se podrían otorgar licencias para viviendas si previamente no se han construido las infraestructuras.

Monteseirín no sólo ha hipotecado el presente de la ciudad (con él la deuda del Ayuntamiento asciende ya a 522 millones de euros), sino también el futuro. Los vecinos de Alcosa ya saben la respuesta a su pregunta de por qué el Ayuntamiento dice que no hay dinero para la recepción total de la barriada: porque el alcalde se lo gastó en las setas de la Encarnación y en “la ciudad construida”, no en la del futuro ni en la pendiente de rematar.

Cajón de sastre

Nos lo dijo Pérez, no el que estaba de vacaciones en Mallorca, sino el de guardia en el palomar del Ayuntamiento, donde anidan los gavioteros del PP. Curro Pérez, el portavoz adjunto de Zoido, ha dado en el clavo al definir a la Empresa Municipal de la Vivienda como el cajón de sastre de Monteseirín: “Que Fibes no sale y se atasca, ahí está Emvisesa para promover un Palacio de Congresos; también para resolver el pabellón de la Paz, centros de salud que tendría que construir la Junta, centros cívicos y hasta un campo de césped artificial”. ¿Y las VPO, que por definición son el objeto social de la empresa municipal? Pues cada día menos, porque por mor de la falta de créditos y tal y que cual han puesto tan alto el listón de las exigencias que los 90.000 demandantes de pisos de antaño han quedado reducidos a 8.000. Así Emvisesa tiene la coartada para distraerse con los encargos de Monteseirín en vez de pensar en viviendas para los sevillanos. En Emvisesa se incumple a la perfección aquella máxima que dice: ‘que el objetivo secundario no te desvíe del principal’.

Las inocentadas de Monteseirín

En la víspera de la festividad de los Santos Inocentes, el acalde dio una entrevista a su emisora amiga, en la que dejó varias perlas que podrían pasar por inocentadas anticipadas si no se conociera previamente los diez años del personaje en la Casa Grande. Él, que se enteró del caso Mercasevilla a principios de febrero pero que ni siquiera preguntó a su interlocutor y luego hasta felicitó a Mellet por su “brillante” gestión, ha dicho ahora totalmente en serio que “lo denunciamos nosotros”. Luego ha aclarado por qué no aparece en los actos públicos y ha dado pie así a las cábalas  sobre su posible relevo: si lanza a Celis por delante no es para placearlo y darle por saco a  Viera, sino porque él está muy ocupado pensando en la solución del paro (sic). Recuérdese: en la presentación de su candidatura prometió el pleno empleo y VPO sin sorteos. Tres años después, más de 70.000 sevillanos han tenido que participar en la rifa de los pisos de las antiguas cocheras del Porvenir y más del 100.000 figuran inscritos en las listas del INEM en demanda de un trabajo.