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La trama de las facturas falsas

La Policía ha acreditado que el Ayuntamiento pagó antes de las municipales de 2003 por obras no ejecutadas en el distrito Este y amparadas en facturas falsas, al igual que en el distrito Macarena, hechos éstos por los que la Justicia condenó a penas de cárcel a José Pardo, escolta del alcalde en aquella campaña electoral, y a José Marín, exdirector de Área del Ayuntamiento y, en la época de autos, secretario del distrito.

El presidente de la Cais, José Baena, alertó a la Justicia de que en mayo de 2007 recibió copias de unas facturas por valor de 5.266 euros y emitidas por un cambio de solerías en el distrito Este, obras que jamás se ejecutaron, pese a lo cual fueron abonadas por el Ayuntamiento. La Policía elevó en 2008 a la juez del  caso un informe en el que advertía de que esas facturas no son más que “la punta del iceberg”, porque el constructor había facturado al distrito 269.412 euros sin que las cuentas cuadrasen.

La Policía ratifica así la denuncia que en 2005 hicieron los dos ediles del PA, Paola Vivancos y Rafael Carmona, que destaparon el escándalo, los cuales señalaron que había una trama de facturas falsas en los distritos  Macarena y Este. Sólo les dio tiempo antes de salir del Ayuntamiento a airear la corrupción en el primero.

CAMBIO DE PAREJA

Tras las municipales de 1999, el hartazgo de Soledad Becerril propicia la ruptura de la coalición PP-PA y la forja de una nueva alianza, PSOE-PA, que permite el acceso de Monteseirín a la Alcaldía por un pacto en el que Rojas Marcos  impuso a Chaves desde el Metro hasta  su cuota de poder municipal: controlarían el 70% de las inversiones del Ayuntamiento pese a contar con la mitad (6) de concejales.

El PA seguía manteniendo la delegación clave de Urbanismo y otras áreas que les permitían proyectar sus políticas para luego rentabilizarlas electoralmente: Obras, Cultura y Deportes, Fiestas Mayores y Participación Ciudadana. Así pues, Monteseirín gobernaba realmente sobre un 30% del presupuesto y, teóricamente, su capacidad de acción era muy limitada, si bien el PSOE podía beneficiarse de la imagen pública del nuevo alcalde, imagen que ha acabado siendo tan pésima como empezó, ya que su primera decisión fue la de subirse el sueldo.

EL ANZUELO

Los socialistas tendieron una ‘inocente’ trampa a los andalucistas, y éstos mordieron el anzuelo. El delegado de Hacienda y del distrito Macarena, Carmelo Gómez, propuso a sus socios que se incrementaran los presupuestos de los distritos y se les permitiera acometer pequeñas obras: arreglos y similares.

El grupo Andalucista debate la propuesta. En principio no le ve sentido, porque el PA controlaba todos los trabajos  en la ciudad a través de Urbanismo y de la nueva delegación de Obras. Asimismo, porque los distritos carecían de personal y más aún de técnicos especializados, como eran los de Urbanismo, para controlar la calidad de la ejecución y la veracidad de los presupuestos de los contratistas.

Sin embargo, al final se impone la tesis de Juan Ortega, delegado de Fiestas Mayores, que veía en la idea una gran oportunidad de que se visualizara en su distrito Sur la acción del PA. Así que se multiplicó el presupuesto de los distritos y se les dio capacidad de hacer ‘obritas’, pese a que ni tenían personal ni técnicos, una carencia que Carmelo Gómez se ofreció a subsanar mediante arquitectos de Patrimonio que visasen los expedientes y personal de apoyo (voluntarios) que supervisasen las obras, que se acometerían previa consulta a los vecinos sobre su necesidad.

PRINCIPIO DEL FIN

Cuatro años más tarde, tras las elecciones de 2003 -en las que el PSOE marcó al PA con la acusación del ‘urbanismo bajo sospecha’-, Monteseirín logró desembarazarse de sus incómodos socios de gobierno al forjar una nueva coalición con IU merced a la caída de los andalucistas, que de 6 concejales pasaron a 4. El PSOE ganó el equivalente a lo perdido por el PA y pasó de 12 concejales a 14.

Dos de los distritos controlados por los socialistas, Macarena y Este (ambos con casos de facturas falsas), fueron clave. En Macarena, el PSOE pasó de 29.217 votos a 34.711;  el PA, de 14.526 a 9.565. En Este, el PSOE evolucionó de 36.365 a 41.501;  el  PA registró 9.938 votos frente a los 12.739 anteriores. Y en el distrito Sur, donde debían visualizarse las obras acometidas por el PA, el PSOE prácticamente se mantuvo (de 18.912 votos a 18.645) y los andalucistas fueron incapaces de rentabilizar nada: de 7.787 votos a 6.370.

Ya en la Oposición, cuando Vivancos y Carmona buscaron una explicación a lo ocurrido y chequearon durante seis meses los expedientes municipales, se percataron de que de obritas, nada: en los distritos controlados por el PSOE se habían urbanizado hasta avenidas enteras mediante facturas fraccionadas como “arreglitos”, y hasta en los marmolillos se había impreso, en vez del sello municipal, una leyenda del  distrito Macarena, para que los vecinos visualizaran quién les hacía las obras, encargadas a personas afines. Como no había control técnico de Urbanismo, nadie sabía, podía o quería interpretar si habían sido 100 en vez de 200 los m2 de solería colocados, y así se propició que se inflaran los costes y hasta se falsificaran facturas por  obras inexistentes, como se ha vuelto a demostrar ahora en el distrito Este, donde la Policía no ha hallado vestigio de “solado de hormigón pulido en color verde”.

Monteseirín, que dijo desconocer hasta a su guardaespaldas –uno de los condenados en el caso Macarena-, calla. ¿Seguirá sosteniendo que no había ninguna trama?

La otra agenda oculta de Monteseirín

La historia de cómo nació y se desarrolló el Parque Alcosa que cuenta en su web el IES Pablo Picasso (www.iesppicasso.org) es un ejemplo de historias similares de decenas de barriadas. Narra esta web que en los años 60, ante la escasez de vivienda en Sevilla, un constructor valenciano se comprometió a construir VPO si le cedían suelo barato.

Los comienzos fueron muy difíciles, por la falta de agua potable, que se distribuía con camiones-cisterna. Las aguas residuales corrían por tuberías paralelas a las del agua potable y morían en un principio en pozos negros. El alumbrado público dejaba esquinas de los primeros bloques sin iluminar, lo que favorecía el gamberrismo.

Como estos terrenos quedaban muy alejados del casco urbano y no entraban en los planes del Ayuntamiento a corto plazo, el barrio demandaba servicios que no tenía: acometida de agua potable y alcantarillado, mercado, colegios, consultorio…

Dice la página del instituto que actualmente las avenidas principales están recepcionadas por Urbanismo, pero no el interior de las plazas, por lo que son los propios vecinos los que, constituyendo intercomunidades, cuidan jardines, acerados y parterres, y que una de las reivindicaciones más antiguas de las asociaciones es la recepción de las zonas urbanizadas y la urbanización de las zonas pendientes, ya que los vecinos pagan sus impuestos municipales “y el Ayuntamiento contesta que con los medios económicos actuales la recepción total del barrio se hará en sucesivas etapas”.

En tiempos de Rafael Carmona como delegado de Urbanismo –hasta 2003- se calculó que el Ayuntamiento aún tenía un centenar de barrios por recepcionar oficialmente. Y en febrero de 1995, el portavoz del grupo socialista, José Vallés, decía que actuar en barrios sin estar recepcionados “es una falta de ética en la que el PSOE no hubiera incurrido nunca”.

LA TASA FUSTEGUERAS

Cincuenta años después de aquella colonización de suelos para erigir Alcosa y otros barrios sin apenas equipamientos, los tiempos del urbanismo son otros. Ahora, en los Planes Generales adquiere una importancia fundamental la determinación de la red de sistemas generales, para asegurar la coherencia y racionalidad en el desarrollo urbano: red de vías públicas, de circulación rodada y peatonal; infraestructuras para la prestación de todos los servicios de acceso, suministro de energía eléctrica, suministro y saneamiento de agua, alumbrado, telecomunicaciones…

El suelo destinado a estas dotaciones públicas de carácter general lo obtiene el Ayuntamiento de forma gratuita con cargo a los propietarios del suelo, pero además de esta contribución forzosa, el redactor del último PGOU de Sevilla (2006), el arquitecto Manuel González Fustegueras, supo comprometer  a los promotores y constructores para que se implicaran en la financiación de las futuras infraestructuras generales de la ciudad, que habrían de permitir su expansión y el nacimiento ordenado de los nuevos barrios. A tal efecto, aquéllos firmaron 52 convenios urbanísticos por los que entregaron al Ayuntamiento unos 230 millones de euros.

DESVÍO DEL DINERO

En tiempos de vacas flacas como los actuales, esta reserva de dinero realizada en los tiempos de vacas gordas habría permitido activar la construcción de VPO (la ley exige un cupo mínimo en cualquier nueva promoción de viviendas) a precios asequibles para las decenas de miles de sevillanos demandantes de pisos, y mantener la actividad en el sector de la construcción.

Sin embargo, al igual que hizo con el informe sobre la inviabilidad técnica de las setas de la Encarnación, Monteseirín ha ocultado durante estos años que la denominada ‘hucha del PGOU’ se la estaba gastando no en los sistemas generales para la Sevilla del futuro, sino en su urbanismo de escaparate en, sobre todo, el Centro, justamente la zona con menos problemas de equipamiento de Sevilla: 65 millones de euros en el Parasol, 5 millones en la Alameda, 6 en la Plaza de España, 18 en los carriles-bici….y 41 millones en el primer tramo de la SE-35, 17,7 millones en el bulevar de Bellavista, 19,7 millones en el Plan de Barrios…

El Monteseirín que irrumpió en la política local firmando contratos-programa con las asociaciones de vecinos por el déficit de equipamientos de los barrios debido justamente a que las inversiones se concentraban históricamente aquende la Ronda del Tamarguillo, ha cambiado de discurso al verse descubierto. Ahora proclama que el dinero de los convenios urbanísticos debe servir para equipar “la ciudad construida” y no para hacer “viales o calles que van de ningún sitio a ninguna parte”.

CIUDAD HIPOTECADA

Los promotores, agrupados en Gaesco, han calificado el desvío del dinero de ‘la hucha del PGOU’ como “una estafa en toda regla” e, indignados, estudian cómo llevar al Ayuntamiento ante los tribunales. Ahora, después de cuatro años con un PGOU nuevo, no hay sistemas generales ni dinero para ejecutarlos, por lo que, conforme a la nueva ley, ni siquiera se podrían otorgar licencias para viviendas si previamente no se han construido las infraestructuras.

Monteseirín no sólo ha hipotecado el presente de la ciudad (con él la deuda del Ayuntamiento asciende ya a 522 millones de euros), sino también el futuro. Los vecinos de Alcosa ya saben la respuesta a su pregunta de por qué el Ayuntamiento dice que no hay dinero para la recepción total de la barriada: porque el alcalde se lo gastó en las setas de la Encarnación y en “la ciudad construida”, no en la del futuro ni en la pendiente de rematar.

La cobradora del frac

Maribel Montaño persigue en plan cobradora del frac a los organizadores de la Cabalgata de su pueblo, Carmona, para que le paguen los 1.999 euros que gastó en un traje de Rey Gaspar que no lució. Tras aceptar salir en el cortejo, comprar telas y encargar la confección de sus ropajes, sufrió un ataque de feminismo ‘progre’ y exigió salir sin barba, como si en vez de tres Reyes Magos hubiera habido sólo dos y una Reina, la Reina Gaspara. Sus paisanos le aplicaron la Ley de la Memoria Histórica y le dijeron  que se desfilaba conforme a la Biblia y a la tradición, que obliga a Gaspar a llevar barba rubia oscura, y que tal disfraz en nada sería un desdoro para una mujer. La doña se indignó y renunció ‘a posteriori’, pero no ha cejado en su empeño de traspasar la factura. Su última intentona ha sido tratar de que los 2.000 euros que la obra social de La Caixa donó a la Cabalgata fueran destinados a pagar a su sastre en vez de a los centros asistenciales de Carmona. La caridad, según la muy ‘progre’, feminista y socialista Maribel Montaño, empieza por ella misma.