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Cuerda de imputados

Fran El último de Filipinas del (sin) alcalde, el hombre grande (que no al revés), Fran Fernández, también ha acabado imputado, por unos contratos ‘a dedo’ de  644.000 euros en sus tiempos de delegado de (in)Seguridad. Según el sindicato de  bomberos, presuntamente se habrían vulnerado procedimientos y saltado controles administrativos. ¿Les suena? ¿No es lo mismo que ha propiciado el escándalo de los EREs de la Junta? En la corte del faraón de las setas de la Encarnación, Monteseirín, no sólo sus fieles ejecutados políticamente por Susana y Viera (Fran y el valido Marchena) tienen que desfilar por la pasarela judicial del Prado de San Sebastián, sino también la edil Medrano, de la cuota de Torrijos, directivos de Mercasevilla y hasta el ‘sin papeles’ del gerente de Urbanismo, el cienmileurista Miguel Ángel Millán. Si a ellos se les suman los condenados Marín y Pardo, éste prófugo de la Justicia, por el caso de las facturas falsas, vemos que Monteseirín pasará a la historia como el único alcalde  cuya corporación se ha caracterizado por tener un horizonte penal.

La trama de las facturas falsas

La Policía ha acreditado que el Ayuntamiento pagó antes de las municipales de 2003 por obras no ejecutadas en el distrito Este y amparadas en facturas falsas, al igual que en el distrito Macarena, hechos éstos por los que la Justicia condenó a penas de cárcel a José Pardo, escolta del alcalde en aquella campaña electoral, y a José Marín, exdirector de Área del Ayuntamiento y, en la época de autos, secretario del distrito.

El presidente de la Cais, José Baena, alertó a la Justicia de que en mayo de 2007 recibió copias de unas facturas por valor de 5.266 euros y emitidas por un cambio de solerías en el distrito Este, obras que jamás se ejecutaron, pese a lo cual fueron abonadas por el Ayuntamiento. La Policía elevó en 2008 a la juez del  caso un informe en el que advertía de que esas facturas no son más que “la punta del iceberg”, porque el constructor había facturado al distrito 269.412 euros sin que las cuentas cuadrasen.

La Policía ratifica así la denuncia que en 2005 hicieron los dos ediles del PA, Paola Vivancos y Rafael Carmona, que destaparon el escándalo, los cuales señalaron que había una trama de facturas falsas en los distritos  Macarena y Este. Sólo les dio tiempo antes de salir del Ayuntamiento a airear la corrupción en el primero.

CAMBIO DE PAREJA

Tras las municipales de 1999, el hartazgo de Soledad Becerril propicia la ruptura de la coalición PP-PA y la forja de una nueva alianza, PSOE-PA, que permite el acceso de Monteseirín a la Alcaldía por un pacto en el que Rojas Marcos  impuso a Chaves desde el Metro hasta  su cuota de poder municipal: controlarían el 70% de las inversiones del Ayuntamiento pese a contar con la mitad (6) de concejales.

El PA seguía manteniendo la delegación clave de Urbanismo y otras áreas que les permitían proyectar sus políticas para luego rentabilizarlas electoralmente: Obras, Cultura y Deportes, Fiestas Mayores y Participación Ciudadana. Así pues, Monteseirín gobernaba realmente sobre un 30% del presupuesto y, teóricamente, su capacidad de acción era muy limitada, si bien el PSOE podía beneficiarse de la imagen pública del nuevo alcalde, imagen que ha acabado siendo tan pésima como empezó, ya que su primera decisión fue la de subirse el sueldo.

EL ANZUELO

Los socialistas tendieron una ‘inocente’ trampa a los andalucistas, y éstos mordieron el anzuelo. El delegado de Hacienda y del distrito Macarena, Carmelo Gómez, propuso a sus socios que se incrementaran los presupuestos de los distritos y se les permitiera acometer pequeñas obras: arreglos y similares.

El grupo Andalucista debate la propuesta. En principio no le ve sentido, porque el PA controlaba todos los trabajos  en la ciudad a través de Urbanismo y de la nueva delegación de Obras. Asimismo, porque los distritos carecían de personal y más aún de técnicos especializados, como eran los de Urbanismo, para controlar la calidad de la ejecución y la veracidad de los presupuestos de los contratistas.

Sin embargo, al final se impone la tesis de Juan Ortega, delegado de Fiestas Mayores, que veía en la idea una gran oportunidad de que se visualizara en su distrito Sur la acción del PA. Así que se multiplicó el presupuesto de los distritos y se les dio capacidad de hacer ‘obritas’, pese a que ni tenían personal ni técnicos, una carencia que Carmelo Gómez se ofreció a subsanar mediante arquitectos de Patrimonio que visasen los expedientes y personal de apoyo (voluntarios) que supervisasen las obras, que se acometerían previa consulta a los vecinos sobre su necesidad.

PRINCIPIO DEL FIN

Cuatro años más tarde, tras las elecciones de 2003 -en las que el PSOE marcó al PA con la acusación del ‘urbanismo bajo sospecha’-, Monteseirín logró desembarazarse de sus incómodos socios de gobierno al forjar una nueva coalición con IU merced a la caída de los andalucistas, que de 6 concejales pasaron a 4. El PSOE ganó el equivalente a lo perdido por el PA y pasó de 12 concejales a 14.

Dos de los distritos controlados por los socialistas, Macarena y Este (ambos con casos de facturas falsas), fueron clave. En Macarena, el PSOE pasó de 29.217 votos a 34.711;  el PA, de 14.526 a 9.565. En Este, el PSOE evolucionó de 36.365 a 41.501;  el  PA registró 9.938 votos frente a los 12.739 anteriores. Y en el distrito Sur, donde debían visualizarse las obras acometidas por el PA, el PSOE prácticamente se mantuvo (de 18.912 votos a 18.645) y los andalucistas fueron incapaces de rentabilizar nada: de 7.787 votos a 6.370.

Ya en la Oposición, cuando Vivancos y Carmona buscaron una explicación a lo ocurrido y chequearon durante seis meses los expedientes municipales, se percataron de que de obritas, nada: en los distritos controlados por el PSOE se habían urbanizado hasta avenidas enteras mediante facturas fraccionadas como “arreglitos”, y hasta en los marmolillos se había impreso, en vez del sello municipal, una leyenda del  distrito Macarena, para que los vecinos visualizaran quién les hacía las obras, encargadas a personas afines. Como no había control técnico de Urbanismo, nadie sabía, podía o quería interpretar si habían sido 100 en vez de 200 los m2 de solería colocados, y así se propició que se inflaran los costes y hasta se falsificaran facturas por  obras inexistentes, como se ha vuelto a demostrar ahora en el distrito Este, donde la Policía no ha hallado vestigio de “solado de hormigón pulido en color verde”.

Monteseirín, que dijo desconocer hasta a su guardaespaldas –uno de los condenados en el caso Macarena-, calla. ¿Seguirá sosteniendo que no había ninguna trama?