El gobierno local llevará al último Pleno ordinario del actual mandato antes de las elecciones municipales del 24 de mayo el pago de la productividad y festivos de octubre, noviembre y diciembre de 2013, con año y medio de retraso, con cargo al Presupuesto de 2015 y con un informe crítico de la Intervención Municipal por la demora y el exceso de gasto sobre la partida prevista.

La Delegación de Seguridad, de la que depende el Servicio de Extinción de Incendios, ha pedido el preceptivo informe previo de la Intervención para realizar los abonos especiales a los bomberos, pagos del último trimestre de 2013 que aún están pendientes y que en conjunto ascienden a 1.343.966,48 euros, dinero que se imputaría a la partida específica consignada en los Presupuestos de este año.

La Delegación justifica la falta de crédito en el año 2013 por el retraso en la incorporación de 79 nuevos funcionarios (55 bomberos y 24 bomberos conductores) debido al largo periodo que transcurre entre la fecha de publicación de las pruebas, los cursos de formación y las incorporaciones efectivas. Asimismo, apunta a la imposibilidad de prever las situaciones de pase a segunda actividad por edad o enfermedad, pese a lo cual hay que mantener una guardia con efectivos suficientes para atender cualquier emergencia.

El interventor hace numerosas salvedades en su informe, tras observar que algunos de los trabajadores superan en un mes, por un solo concepto, 144 horas extraordinarias, por lo que a su juicio habría de determinarse si su realización y autorización se ajusta a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, señala que con estos abonos se vulnera un acuerdo de la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento, de 16 de abril de 2013, sobre reclasificación de puestos de trabajo e incrementos de jornada. En virtud de este acuerdo los gastos por tal concepto no podrían superar los 3,5 millones de euros en dicho año, cantidad que ahora se sobrepasaría si se tienen en cuenta los abonos ya realizados en los primeros nueve meses de 2013.

Además, el interventor hace varias alusiones a la legislación estatal de ahorro de gastos con motivo de la crisis económica y el excesivo déficit público y destaca que no se incluye en los expedientes ni la documentación expresiva de los turnos ni la de los refuerzos realizados. En su criterio, en todo caso los servicios realizados habrían de computarse como gratificaciones, con los límites y condiciones legales.