La Junta trata de justificar la falta de luz y taquígrafos de los EREs a cuyo amparo se han falsificado prejubilaciones con el pretexto de que sólo eran ayudas individuales. Por ironías del destino, este escándalo coincide con el juicio por la demanda de una de las familias de las víctimas del Bazar España contra el Ayuntamiento. Monteseirín se empeñó en indemnizarlas por supuesta responsabilidad patrimonial, lo que suponía una acusación implícita a Urbanismo, en manos de sus socios del PA. Aquello provocó una crisis municipal y la dimisión de Mariano Pérez de Ayala. El (sin) alcalde, para aparentar que no daba su brazo a torcer, camufló entonces la indemnización (72.200 euros) como ayuda individual (subvención) a las familias pero sin explicarles su alcance. Cuando algunas de ellas se habían gastado ya el dinero, vino Hacienda exigiéndoles impuestos por el IRPF. Ahora, alguna debe al Fisco 43.000 euros. Monteseirín, el precursor en camuflar el procedimiento muchos años antes que la Junta, ha acabo llevando a las víctimas del Bazar de España a la ruina.
El precursor
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