Oficinistas camuflados como mineros en Almagrera

El exdirector general de MRT dice que se hizo lo mismo en Riotinto, Aznalcóllar y Tharsis

Estévez  revela que la Junta sabía que la mina interior de Riotinto se cerró en 1987 y que  en el ERE figuró como abierta hasta 2001

Administrativos y personal que no trabajaba en el interior de la mina de Almagrera, sita en el término de Calañas (Huelva), fueron camuflados como mineros en el ERE que se pactó a mediados de diciembre de 2002 para poner fin a la actividad de la compañía. El exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, ha declarado que esta práctica fue habitual en el sector y que se hizo en Riotinto, Almagrera y Aznalcóllar.

La dirección de la empresa Minas de Almagrera, ubicada en Calañas (Huelva), alcanzó a mediados de diciembre de 2002 un acuerdo con el comité de empresa para la extinción de los contratos de los 324 empleados de la plantilla. El pacto preveía el paso del expediente de regulación de empleo que existía desde un año antes a otro de extinción. Según declaró entonces un responsable de UGT, esta medida era un requisito indispensable “para poder acogerse a las ayudas estatales y autonómicas que ambas Administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno central) han puesto a disposición”.

El sindicato dijo tras el cierre del acuerdo que ya había enviado a la Seguridad Social la lista de los 324 trabajadores de la plantilla “para poder determinar cuántos de éstos podrán acogerse a las prejubilaciones; cuántos a las recolocaciones y cuántos a las indemnizaciones según prevé la legislación vigente”. El responsable de UGT también expresó su deseo de que “ningún trabajador se quede fuera de las ayudas”.

Fuentes conocedoras de aquel proceso han revelado ahora que en el ERE de Almagrera pasó lo mismo que en el de Riotinto: a los administrativos y otro personal les adjudicaron el mismo coeficiente que si hubieran trabajado en la mina subterránea, un 0,3.

PRÁCTICA HABITUAL

Por su parte, el exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, considera que el aumento de los coeficientes reductores en las prejubilaciones era habitual en la minería andaluza, y ha puesto como ejemplo de ello a Riotinto, Almagrera y Boliden (Aznalcóllar), si bien en su opinión no puede hablarse de ilegalidad..

Carlos EstévezEn unas declaraciones a ‘Viva Huelva’, Carlos Estévez dice que en el caso de Riotinto hubo dos concepciones enfrentadas. Por un lado, la empresa ofrecía una solución puente, que fue abortada por la Seguridad Social, dependiente del Gobierno central, y por el poco interés de las otras partes en esta solución. Y, por otro lado, los sindicatos y la Junta de Andalucía, que querían cerrar para siempre las minas.

Según Estévez, los sindicatos exigían una solución no traumática, sin un solo trabajador dejado sin amparo, por lo que el Gobierno autónomo y las centrales sindicales acordaron la siguiente solución, “con el visto bueno de Madrid”: los trabajadores de más de 65 años de edad compensada se iban directamente a la jubilación; los de más de 52 años de edad compensada iban a prejubilación a través de las correspondientes pólizas pagadas por la Junta de Andalucía; y a los de menos de 52 años de edad compensada se les ofrecía o bien una indemnización y el (subsidio) de paro o bien su entrada en una bolsa de trabajo que la Junta se comprometía a mantener activa hasta que encontraran un trabajo fijo.

FECHAS FALSEADAS

El exdirector general de MRT revela que para que el número de trabajadores con menos de 52 años de edad compensada fuera el menor posible se decidió aumentar al máximo los coeficientes reductores propios de la actividad minera “por los procedimientos que ya son de dominio público”. A su juicio, esta práctica ha sido usual en todos los EREs de empresas mineras en crisis y en nada diferente a lo hecho en la minería del carbón, en las minas de hierro de Granada y en las otras minas de la  Faja Pirítica, como Almagrera, Boliden y Filón Sur (Tharsis).

Estévez se extraña de que nadie haya dicho que las vidas laborales deben ser aprobadas por la Administración central: “Sin su consentimiento, las soluciones arbitradas no son viables”.

La empresa minera de Riotinto se negó a firmar los documentos del ERE porque, dice Estévez, “no podíamos aceptar sin incurrir en graves responsabilidades como gestores que la mina subterránea Pozo Alfredo había estado en funcionamiento hasta el año 2001, cuando en realidad su actividad cesó en 1987, y así constaba en los archivos de la Dirección General de Minas de la Junta”.

El cierre de la crisis de la minería en la Faja Pirítica del Suroeste habría costado a la Junta a principios de este siglo unos 120 millones de euros e implicó prejubilaciones de 1.300 mineros entre Riotinto, Almagrera, Aznalcóllar y  Tharsis (Nueva Tharsis y Filón Sur), financiadas al 50% por el Gobierno autonómico y el central.

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