Celis, exdelegado de Urbanismo, ha declarado a El MUNDO, entre otras cosas, lo siguiente:
1) “Las setas no se han pagado con impuestos de los ciudadanos, sino por los empresarios del ladrillo, que cuando se aprobó el PGOU (2006) pusieron algo más de 200 millones de euros en base a los aprovechamientos que tenían para hacer viviendas”.
Celis trata de hacer creer a los sevillanos que el dinero empleado en las ‘setas’ no ha salido de la caja común y por lo tanto no han supuesto un despilfarro. Su tesis se sustenta en un par de sofismas, como el de que los empresarios no son también ciudadanos y que su aportación dineraria parezca voluntaria y desinteresada en vez de venir impuesta por el Plan General y las leyes urbanísticas.
El exdelegado ha aclarado una cuestión esencial: que los promotores inmobiliarios entregaron más de 200 millones de euros. Y es que en la última etapa de Monteseirín, a medida que crecía el escándalo por el sobrecoste de las ‘setas’, el Consistorio rebajaba a 172 millones el dinero de la denominada ‘hucha del PGOU’, cuando otrora se habló de una recaudación de entre 230 y 240 millones como fruto de la firma de entre 55 y 70 convenios urbanísticos.
Por tanto, atendiendo a Celis, hay entre 28 y 68 millones de euros ‘desaparecidos’ en el triángulo de las Bermudas municipal, razón más que suficiente para realizar la auditoría anunciada por Zoido y de la que nada se sabe.
2) “Ese dinero estaba tipificado por ley en qué cosas se podía gastar, que era en grandes infraestructuras. El destino que se ha dado a esos fondos responde a lo estipulado, si no estaríamos hablando de que habría sido ilegal”.
El PGOU, que debe atenerse a la legalidad, dice con su farragoso lenguaje tecnocrático que el dinero de los convenios firmados con los ‘empresarios del ladrillo’ se destinará “a la ejecución de (atención) los nuevos sistemas generales de la ciudad y, de forma preferente, al establecimiento del sistema general de espacios libres, el viario y desvíos de encauzamiento de la red hídrica, financiando así parte de las actuaciones atribuidas al Municipio de conformidad con la programación y Estudio Económico Financiero del nuevo Plan”.
Está taxativamente claro: dinero para las carreteras, viales, aceras, zonas verdes, equipamientos, canalizaciones y demás dotaciones necesarias para construir los nuevos barrios previstos en el PGOU durante los próximos 15 años, no para las ‘setas’ de la Encarnación, el ‘paseo marítimo’ de la Alameda, la Plaza de España, los carriles-bici…. en la Sevilla consolidada y/o en el Centro como escaparate de la ‘grandeur’ de Monteseirín.
3) “No podemos construir una carretera (en alusión a la SE-35) que vaya de ningún sitio a ninguna parte”.
Curiosamente, Celis aplica a la SE-35 el dicho popular sobre el tranvía de Monteseirín y obvia todos los argumentos a favor de esa vía de comunicación dados en su día por el propio Ayuntamiento como vía clave para descongestionar el saturado tráfico de la ciudad y eje articulador de nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU. Y si no se podía construir la carretera, ¿por qué se gastaron 1,4 millones de euros en diseñarla? ¿No es acaso otra muestra más de despilfarro del dinero?
4) “No se pueden tener 200 millones de euros parados en una cuenta corriente esperando tiempos mejores”.
Pero a los empresarios les decía todo lo contrario, les mentía, como ha vuelto a recordar el presidente de Gaesco, Miguel Rus: “Cada vez que pedíamos un desglose de los fondos se nos decía que el dinero estaba a buen recaudo en una cuenta corriente”.
Si, según Zapatero, España merecía un Gobierno que no mintiera a sus ciudadanos, ¿qué decir en Sevilla del Ayuntamiento de Monteseirín, Marchena y Celis, que no sólo mintió sobre los dineros del PGOU sino que también ocultó a los sevillanos los informes sobre los problemas técnicos de las ‘setas’, para cuya construcción se han desviado 65 millones de euros aportados por los promotores inmobiliarios para la expansión de la ciudad?
5) “Se ha acordado mediante un compromiso por escrito, que queda fijado para el futuro que una vez que los empresarios vayan desarrollando esos suelos, el Ayuntamiento, de sus recursos propios, invertirá en la infraestructura necesaria para ello”.
Celis calla que ante la amenaza de los empresarios de querellarse contra Monteseirín por estafa tras el desvío del dinero, el Consistorio tuvo que firmarles un documento en el que reconocía implícitamente la irregularidad de su actuación y se comprometía a no pedirles ni un euro más y a asumir el coste de las infraestructuras futuras. Por tanto, serán los sevillanos quienes con sus impuestos tapen el ‘agujero’ dejado por Monteseirín.
El último sofisma de Celis es decir que una vez que los empresarios desarrollen los suelos, el Ayuntamiento invertirá en la infraestructura necesaria. ¡Si es justamente al revés! Hasta que no se hayan desarrollado los sistemas generales no se puede autorizar ningún desarrollo urbanístico nuevo.
¿Y con qué dinero, si Monteseirín se lo ha pulido todo? Según los datos logrados por el colega Carlos Mármol, de los 172 ó 240 millones de euros del PGOU, sólo quedan 1,5 millones.
Sevilla tenía repleta la ‘hucha’ del PGOU para impulsar la construcción (VPO, por ejemplo) y crear empleo en esta hora de crisis, pero en vez de imitar a la hormiga de la fábula, el alcalde-‘cigarra’ Monteseirín ha dejado vacía la hucha y condenado a la ciudad a quince años de ‘vacas flacas’.