El Auditorio es la prueba del algodón de que las normas pueden ser burladas en Sevilla de la misma forma una y otra vez sin consecuencia alguna, ya que si las hubiera habido en primera instancia quizás no habría habido una segunda ocasión.
Como nadie escarmienta en tragedia ajena, pese a la reciente catástrofe del Madrid Arena, sólo tras la alerta provocada por las pesquisas periodísticas se suspendió allí el pasado fin de semana un sarao musical que iba a durar hasta las 7 de la madrugada del domingo, para tormento de los vecinos del Casco Antiguo, donde se ha llegado a medir 27 decibelios más del máximo legal. Para obviar cualquier control, las entradas (más de 1.200) se habían vendido por teléfono o Whatsapp, pese a que el edificio sólo tiene licencia de actividad para el período estival y no para febrero, obviamente, y Urbanismo, mediante resolución del 30 de enero, le denegó el permiso a la sucedánea carpa denominada ‘Rocío Jurado’.
Llueve sobre mojado, porque hace tres meses, en pleno duelo nacional por las cinco víctimas de la macrofiesta de Madrid, el Auditorio iba a acoger una ‘Mega Party’ con la misma falta de papeles que ahora, pese a lo cual ya había vendido unas 1.500 entradas. Y como no pasó nada entonces porque los expedientes sancionadores, si se incoan siquiera, parecen que tienen el mismo efecto disuasorio que las multas para los gorrillas, la historia ha vuelto a repetirse.
El dossier de vistas gordas y de presuntas irregularidades cometidas en favor del Auditorio, pese a ser -o quizás por eso mismo- de propiedad municipal y estar la concesionaria en concurso de acreedores desde hace casi dos años, contribuye a alimentar el descrédito de los políticos, siempre tan miopes cuando interesa: licencia otorgada obviando las competencias de la Junta de Andalucía pese a una capacidad superior a los 700 espectadores, autorización de emisión de ruidos hasta 94,3 decibelios cuando el máximo legal permitido entonces era de 70, aislamiento acústico que no consta fuera verificado, expedientes sancionadores (ocho) criando telarañas en los cajones, fijación de una hipotética sanción por un máximo de 30.000 euros cuando la normativa fija ese máximo en 300.000 (lo que hace un cero de menos, ¿verdad?), quejas sobre el incumplimiento sistemático de los horarios caídas en saco roto…..
Era vox populi que, con Monteseirín, el Auditorio tenía un padrino en el Ayuntamiento. Lo que no cabía esperar es que con el cambio de Zoido todo iba a seguir igual, como en El Gatopardo.