El CESS fuerza la comparecencia de Castreño sobre el futuro de Aussa

La presidenta del Consejo de Administración de Aussa, Carmen Castreño, y el director-gerente José Carlos Cabaleiro, deberán comparecer  ante el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para dar explicaciones sobre el supuesto plan inicial del gobierno de Espadas de privatizar esta empresa participada de forma mayoritaria por el Ayuntamiento a través de Tussam, amparándose para ello en un dictamen del secretario municipal.

La comparecencia de los máximos responsables de Aussa se produce a petición de diversos miembros del CESS y tendrá lugar ante la Comisión Permanente del organismo asesor del Consistorio en materia económica, compuesta por nueve miembros: la presidenta (Milagro Martín López); dos vicepresidentes (cargos ostentados por representantes de la Confederación de Empresarios y de UGT); y seis vocales (tres por la patronal, dos de Comisiones Obreras, uno de UGT, uno de Facua, uno de Cepes y otro de las asociaciones de vecinos).

Representantes de CCOO y UGT, FACUA, UCA-UCE, Híspalis y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos han venido trabajando desde el pasado verano para que la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA (Aussa) continúe siendo pública.

Estas organizaciones han mantenido contactos con responsables de los grupos municipales de IU, Participa y Ciudadanos en el Ayuntamiento.

El secretario de Relaciones Institucionales de CCOO, Miguel Ángel Santos, que ha representado al sindicato en las reuniones, ha destacado la «amplísima coincidencia de planteamientos y la total sintonía tanto con IU como con Participa Sevilla». Según el sindicalista, «ambos grupos municipales nos han trasladado su claro posicionamiento a favor de que Aussa siga siendo pública y se han mostrado dispuestos a sumar los esfuerzos necesarios para evitar la privatización».

Asimismo, Santos ha subrayado que «los tres grupos municipales con los que hemos mantenido contactos nos han trasladado su preocupación por el empleo».

En cuanto al encuentro con el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, el sindicalista ha explicado que «se han mostrado partidarios de estudiar las vías legales oportunas para garantizar el empleo y buscar una solución al problema que está sobre la mesa y a la privatización».

El secretario de Relaciones Institucionales explica que desde CCOO y las demás organizaciones que están encabezando la iniciativa para que Aussa siga siendo pública «estimamos que hay que buscar una solución legal a los problemas que se han generado en los últimos años, pero consideramos que esa solución en ningún momento debe pasar por la privatización, sino por su mantenimiento como empresa pública».

Según Santos, «Aussa es clave dentro de la estrategia de movilidad de la capital, y para eso fue concebida. Además, es una empresa con un buen potencial de empleo en una ciudad muy lastrada por el paro y ha generado beneficios en los últimos ejercicios económicos por lo que no entenderíamos que pasara a capital privado en vez de seguir siendo mayoritariamente de los sevillanos y las sevillanas».

POR CONSENSO

Antes de las vacaciones de verano, el alcalde negó que la privatización de la compañía estuviera sobre la mesa y afirmó que la decisión sobre su futuro se adoptará con el máximo consenso y conforme a los informes de los altos funcionarios municipales. Según Espadas, los informes del secretario y del interventor versaron sobre unas cuestiones que se tenían que haber realizado durante el mandato de Zoido pero que no se hicieron, como era la ratificación por el Pleno de la aprobación de los concursos fuera de la ciudad en que participa Aussa para la gestión de aparcamientos subterráneos, que habrían contado únicamente con la ratificación de su Consejo de Administración pero no por el máximo órgano de la Corporación municipal.

El alcalde ha dicho que hay que ser conscientes de que existe un problema por no hacer las cosas bien, ya que a juicio del secretario y del interventor las decisiones adoptadas por Aussa no han gozado de la pertinente cobertura legal, pero que su gobierno no tomará una decisión definitiva hasta sopesar todos los pros y contras.

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