El máximo anual será de 19,99 hm3 desde las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir

El Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titular es Teresa Ribera, ha creado con más de tres años de retraso la Comisión de Gestión Técnica de la transferencia de recursos hídricos desde la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir, con el fin de asegurar el abastecimiento a los municipios del Condado de Huelva y aliviar la presión sobre los acuíferos de los que se nutre el Parque Nacional de Doñana.

La decisión de la ministra y vicepresidenta del Gobierno se produce menos de un mes después de que PP, Ciudadanos y Vox respaldaran en el Parlamento andaluz una proposición de ley para regularizar al menos 1.461 ha de cultivos de regadío en la corona Norte de Doñana, lo que ha provocado la alarma de la Comisión Europea y de la Unesco, dado que Doñana está declarado Patrimonio de la Humanidad y el Tribunal Superior de Justicia de la UE ya condenó a España por incumplir con sus obligaciones de conservación de esta también Reserva de la Biosfera. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dado garantías a Bruselas de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la aplicación de cualquier medida de la Junta de Andalucía que ponga en peligro la salvaguarda de este paraíso natural.

El 15 de febrero de 2008, el Consejo de Ministros autorizó una transferencia de 4,99 hm3 de recursos hídricos desde la entonces cuenca Atlántica Andaluza (actual Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras), a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir para asegurar el abastecimiento de los pueblos de la Mancomunidad de los Municipios del Condado de Huelva, cuyo suministro a partir del embalse del Corumbel contaba con escasa garantía.

Se indicó también que este volumen adicional permitiría la recuperación de los acuíferos de la zona y contribuiría al equilibrio hídrico del entorno del Parque Nacional de Doñana. Posteriormente, este acuerdo fue desarrollado por otro del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015.

A finales de 2018, y tras la tramitación parlamentaria de la proposición de ley planteada por el Parlamento de Andalucía, se aprobó la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos hídricos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, absorbiéndose así la disposición anterior de 2008.

Según la Orden ministerial, la transferencia de hasta un límite como máximo de 19,99 hm3 contribuye a asegurar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva en la comarca de Doñana, cuyo suministro, bien desde el embalse del Corumbel, bien desde las masas de agua subterránea de La Rocina y de Almonte, cuenta con difícil garantía.

A estas carencias relacionadas con el abastecimiento de municipios han de añadirse las que se plantean como consecuencia de la necesidad de la sustitución, en las zonas agrícolas de regadíos del Condado de Huelva incluidas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, del uso de aguas subterráneas de la masa de agua subterránea de La Rocina por aguas superficiales, que ayuden a mejorar los balances de agua en el entorno de Doñana de forma que limite la explotación de las masas de agua subterráneas y contribuya a su recarga, en sintonía con un desarrollo sostenible de la actividad agraria en la comarca y en aras de la consecución del equilibrio hídrico del entorno del Parque Nacional de Doñana.

La Ley 10/2018, de 5 de diciembre, exige que se constituya una Comisión de Gestión Técnica de la transferencia de recursos hídricos. En su tramitación se ha consultado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a los representantes de los usuarios de la cuenca cedente y receptora.

La Comisión Gestora estará compuesta por 12 miembros, conforme a la siguiente distribución:

-El presidente, que será el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente Teodoro Estrela Monreal.

-El vicepresidente, que será un representante de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, nombrado por la Junta de Andalucía

-Tres representantes de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, nombrados por la Junta de Andalucía.

-Tres representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, uno de los cuales será el presidente del Organismo de cuenca, y dos que serán designados por aquél.

-Dos representantes de los usuarios de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, que serán designados por el Comité de Gestión de la citada demarcación, uno en representación de los usos de abastecimiento, y otro de los usos agrarios.

-Dos representantes de los usuarios de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que sean a su vez beneficiarios de la transferencia de recursos hídricos de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, uno en representación de los usos de abastecimiento correspondientes a los municipios del Condado de Huelva, y otro de los usos agrarios de las zonas agrícolas del Condado de Huelva. Dichos representantes serán designados por la Junta Central de Usuarios o entidad representativa equivalente, cuando ésta se constituya, prevista con carácter necesario en el artículo 4.4 de la Ley 10/2018, de 5 de diciembre.

-El secretario de la Comisión, que tendrá voz pero no voto, será un funcionario de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ocupe puesto con, al menos, nivel 26, designado expresamente como tal por el presidente de la Comisión.

El presidente de la Comisión podrá invitar a las reuniones de la citada comisión a un representante de la Abogacía del Estado, a un representante de cada una de las entidades que ostenten la titularidad de las obras que permitirán hacer efectiva la transferencia, y a representantes de aquellos otros servicios y asesores técnicos que estime necesarios, de oficio o a propuesta de los miembros, quienes actuarán con voz pero sin voto.

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año con una antelación suficiente al inicio del año hidrológico al que resulte aplicable las decisiones sobre los volúmenes máximos a trasvasar. Con carácter extraordinario podrá reunirse cuando el presidente lo estime necesario o a petición, al menos, de la mitad de sus miembros.

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