Hay imputados catorce altos cargos de la era socialista por la adjudicación al Grupo México
Ecologistas en Acción ha alertado en un comunicado sobre la intención de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), de autorizar la reapertura de la mina de Aznalcóllar durante el segundo trimestre de 2023 sin esperar a la sentencia por el juicio, previsto en 2025, por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de la explotación minera al Grupo México.
En febrero de 2015, justo antes de las elecciones andaluzas que ganó el PSOE, el gobierno de Susana Díaz adjudicó el concurso de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar a la empresa Minorbis, recién creada por los hermanos López Magdaleno (dueños de la empresa MAGTEL) con un capital social de 3.000 euros y sin ninguna experiencia en proyectos mineros. Según Ecologistas en Acción, la multinacional Grupo México, sin presentarse al concurso, prestó aval económico y técnico a Minorbis para que ésta obtuviera la adjudicación del concurso.
En opinión de los ecologistas, Grupo México no podía presentarse directamente al concurso «dado su acreditado pasado de desastres mineros, desde la muerte de 65 mineros en febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos (México), hasta el vertido contaminante en el río Sonora (México) en agosto de 2014, afectando a 22.000 personas, el último de los 22 desastres ambientales que ha tenido esta empresa en México». (Grupo México: la polémica multinacional detrás de uno de los peores desastres de la industria minera en el país – BBC News Mundo).
Finalmente, tras una serie de controvertidas resoluciones y empresas interpuestas, los derechos mineros acabaron adjudicados en mayo de 2015 a la empresa Minera Los Frailes, participada en un 3% por Minorbis y un 97% por Grupo México, «lo que demuestra -a juicio de los verdes- que los hermanos López Magdaleno actuaron realmente como conseguidores para Grupo México, usando su buenas relaciones con la administración socialista».
Corta minera inundada en Aznalcóllar
Ecologistas recuerda que «la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado juicio oral para juzgar por estos hechos a catorce funcionarios de la era socialista y los hermanos López Magdaleno, todos ellos acusados de delitos de tráfico de influencias (artículo 428), prevaricación (artículo 404), malversación (artículo 432), fraude (artículo 436), negociación ilegal (artículo 439) y prevaricación ambiental (artículo 329), todos ellos del código penal, y contra las empresas Minorbis, Grupo México, AMC IBERIA MINING y Minera Los Frailes, como posibles responsables civiles».
Entre los inculpados se encuentran el entonces secretario general de Energía y Minas, Vicente Fernández Guerrero; la entonces directora general de Minas, María Jose Asencio Coto, y los altos cargos Iván Maldonado Vidal y Salvador Camacho Lucena.
A pesar de que el juicio esté fijado para marzo de 2025, el Gobierno de Moreno Bonilla anuncia la reapertura de la mina para el próximo trimestre, por la misma empresa Minera Los Frailes que supuestamente obtuvo los derechos mineros irregularmente, «lo que sin duda -afirman los ecologistas- propiciaría unas importantes sumas en concepto de responsabilidad patrimonial para esa empresa en el caso de que finalmente esos derechos mineros fueran anulados legalmente».
En ese caso, Ecologistas en Acción afirma que no dudará en iniciar las acciones legales necesarias para repercutir esa responsabilidad patrimonial hacia los altos cargos y funcionarios que ahora propicien el otorgamiento de autorizaciones ambientales y mineras a una empresa bajo sospecha de corrupción.
Entre esas autorizaciones se encuentra la Autorización Ambiental Unificada, que plantea un vertido tóxico al Guadalquivir, justo enfrente del Estadio de la Cartuja, de 14 millones de metros cúbicos inicialmente, para vaciar la corta de Los Frailes en año y medio, y varios millones anuales durante los 17 años de posterior explotación. Todas esas aguas son altamente contaminantes y cancerígenas, con contenido en arsénico, plomo, cobre, mercurio, cinc, cadmio, etc..
Ecologistas en Acción lamenta la deriva que parece haber tomado la Junta de Andalucía y considera fundamental esperar a la sentencia judicial sobre quién es la empresa adjudicataria, antes de que resuelva cualquier autorización ambiental o minera para la mina de Aznalcóllar.
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