Garantiza que nadie sufra consecuencias negativas por intentar impedir una situación de discriminación
La Fundación Cajasol, que preside Antonio Pulido, y los representantes de sus trabajadores han firmado un nuevo convenio colectivo que estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2030. El acuerdo regula las condiciones de los empleados en la sede central, sita en la sevillana Plaza de San Francisco, blinda los derechos históricos del personal procedente de las antiguas cajas de ahorros y establece un amplio paquete de beneficios sociales.
Hay punto fundamental que refuerza la seguridad jurídica de los trabajadores y que se encuentra recogido dentro del Capítulo VII, dedicado al Plan de Igualdad. Bajo el «Principio de indemnidad frente a represalias», el convenio establece las siguientes protecciones:
–Definición como discriminación: Se considera específicamente como discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que sufra un trabajador o trabajadora tras haber actuado en defensa de sus derechos.
–Acciones protegidas: Esta protección se activa cuando la persona presenta cualquier tipo de: queja o reclamación, denuncia o demanda o recurso de cualquier tipo.
–Finalidad de la protección: El objetivo es garantizar que nadie sufra consecuencias negativas por el hecho de intentar impedir una situación de discriminación o por exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la Fundación.
Este blindaje es clave desde un punto de vista laboral, ya que garantiza que el ejercicio de los derechos de denuncia no pueda ser utilizado por la empresa para aplicar medidas disciplinarias encubiertas o perjuicios en las condiciones de trabajo.
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol
Uno de los puntos más relevantes del texto es la protección específica para el personal proveniente de la extinta Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol).
El convenio garantiza a este grupo, identificado como «Colectivo A» (empleados en plantilla a fecha 1 de julio de 2011), el respeto íntegro de sus condiciones laborales previas mediante una garantía «ad personam». Esto incluye el mantenimiento de acuerdos y adendas contractuales históricas de 2011, 2013 y 2014, asegurando que su transición a la Fundación no suponga una pérdida de derechos adquiridos en la antigua Caja.
El convenio establece una estructura salarial dividida en dos grandes grupos (Gestión y Servicios) con niveles que van, para el año 2026, desde los 23.043,28 € anuales para personal de servicios básico hasta los 69.129,85 € para el nivel superior de gestión (retribuciones brutas).
Los sueldos se actualizarán anualmente cada 1 de enero según el incremento del IPC del año anterior, con un mínimo garantizado del 1% y un tope máximo del 5%.
Se percibirán dos pagas completas en junio y diciembre (pagas extraordinarias).
La Fundación garantiza el 100% de la retribución en casos de incapacidad temporal (baja médica), con ciertas limitaciones en procesos múltiples.
La jornada anual es de 1.735 horas. Se incluyen horarios intensivos en verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) y Navidad, así como jornadas reducidas en Semana Santa y fiestas mayores locales.
El convenio también incorpora un Plan de Igualdad que persigue la eliminación de cualquier discriminación de género y prohíbe taxativamente el acoso sexual o discriminatorio, especialmente hacia el colectivo LGTBI. Asimismo, se incluye un capítulo dedicado al medio ambiente, donde la Fundación se compromete a una gestión responsable y a informar a los representantes de los trabajadores sobre cualquier anomalía ambiental en el centro de trabajo.
Finalmente, el régimen disciplinario clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden llegar al despido en casos de fraude, robo o acoso, siempre bajo un procedimiento que garantiza el derecho de alegación del trabajador.
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