El Consejo Consultivo avala la rescisión del contrato para la construcción del aulario de la Escuela Politécnica

La empresa adjudicataria había ejecutado menos de la mitad de la obra, que acumula un gran retraso

El Consejo Consultivo de Andalucía, mediante el Dictamen 0718/2026 emitido el 3 de noviembre de 2026 bajo la ponencia de la consejera María del Mar Moreno Ruiz y la asistencia de la letrada Ana Isabel Roldán Martín, ha dictaminado favorablemente la propuesta de resolución del contrato para la «obra del aulario del nuevo centro de Andalucía Tech, Escuela Politécnica Superior CATEPS de la Universidad de Sevilla». La decisión administrativa, promovida por la Universidad de Sevilla a través de la Vicerrectora de la institución (órgano de contratación por delegación del Rector), pone fin a una fallida adjudicación tramitada bajo el expediente 23/26528 (también referenciado como EXP 019/2022/19).

El pronunciamiento del máximo órgano consultivo autonómico responde a la oposición formal presentada por la empresa adjudicataria frente a la pretensión universitaria de resolver la relación contractual. La resolución se fundamenta en un grave, continuado y estructural incumplimiento de los plazos de ejecución imputable de manera exclusiva al contratista, así como en la inobservancia de obligaciones contractuales esenciales. El dictamen confirma que la situación observada en el recinto universitario resulta incompatible con la adecuada protección del interés público y convalida las medidas punitivas previstas por la institución académica, incluyendo la incautación del aval depositado y la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios.

El proyecto para dotar a la Escuela Politécnica Superior de un nuevo aulario en el campus de Andalucía Tech arrancó formalmente con la adjudicación del contrato de obras el 27 de julio de 2023, procediéndose a la firma del documento administrativo el 3 de septiembre de 2023. Las condiciones contractuales fijaron un plazo inicial de ejecución de 14 meses a contar desde el día posterior a la firma del acta de comprobación del replanteo. Sin embargo, lo que debía ser una intervención ágil pronto derivó en un lento goteo de demoras que obligó a la Universidad de Sevilla a conceder hasta dos ampliaciones extraordinarias de plazo.

A pesar del margen otorgado por la institución universitaria, los análisis de planificación efectuados de manera periódica por la Dirección Facultativa revelaron que los rendimientos reales en el tajo eran absolutamente incompatibles con la entrega del edificio. Tras concederse la primera ampliación, acumulados 17 meses de trabajos, la obra alcanzaba un avance testimonial del 31,10%. En dicha reformulación del calendario, la propia contratista se había comprometido a finalizar las cubiertas del edificio el 3 de octubre de 2024. No obstante, al vencimiento de la segunda prórroga —fijada de forma definitiva para el 31 de diciembre de 2025— las cubiertas continuaban al descubierto y los trabajos acumulaban un retraso inasumible.

El informe definitivo elaborado el 30 de junio de 2026 por el Servicio Técnico de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla constató la gravedad del escenario: transcurridos seis meses desde el vencimiento de la última prórroga concedida, la empresa tan solo había ejecutado el 56,02% del presupuesto adjudicado, como se sintetiza en el siguiente desglose cronológico y técnico del proyecto:

Hito Contractual / Control TécnicoFecha ProgramadaEstado Real de EjecuciónObservaciones del Servicio Técnico
Adjudicación del contrato27 de julio de 2023Formalizado el 03/09/2023Expediente administrativo 23/26528.
Finalización teórica inicial (14 meses)Noviembre de 2024IncumplidoConcesión de la primera ampliación de plazo.
Entrega comprometida de cubiertas3 de octubre de 2024Sin finalizar a mediados de 2026Hito clave de la primera ampliación no ejecutado.
Balance tras 17 meses de obraPeriodo prorrogado31,10% ejecutadoRendimientos incompatibles según la Dirección Facultativa.
Fecha límite final (tras 2 ampliaciones)31 de diciembre de 2025IncumplidoSuperado en más de seis meses sin finalizar la obra.
Renuncia del último Jefe de ObraFebrero de 2026Paralización de factoAbandono paulatino de la actividad por la contrata.
Balance a 30 de junio de 20266 meses tras vencimiento56,02% del presupuestoCerca de la mitad del edificio permanece pendiente de ejecución.

El informe técnico de la Universidad de Sevilla desmonta los argumentos de la constructora, que intentó oponerse a la resolución alegando una supuesta «imposibilidad de ejecutar el contrato». Los técnicos de la Dirección Facultativa y del Servicio de Infraestructuras concluyen que las incidencias aducidas por la adjudicataria no obedecen a causas objetivas ni sobrevenidas, sino a decisiones organizativas erróneas, deficiencias de planificación, errores de ejecución e insuficiencia de medios materiales y humanos adscritos a las obras.

La crisis del proyecto alcanzó su punto de ruptura en febrero de 2026, fecha en la que se produjo la renuncia formal del último Jefe de Obra adscrito a la plantilla de la contrata. Lejos de sustituir la dirección técnica para reestructurar los trabajos, la empresa redujo drásticamente el ritmo de trabajo hasta incurrir en una paralización de facto de la obra en el recinto de Andalucía Tech. A esta inactividad se sumó la existencia de numerosas reparaciones pendientes derivadas de las continuas incidencias y defectos detectados durante las inspecciones técnicas, dejando una parte sustancial de las unidades de obra del proyecto sin ejecutar.

El fracaso en la ejecución del proyecto trasciende el plano administrativo para traducirse en un directo perjuicio a la actividad académica de la Escuela Politécnica Superior. La paralización de los trabajos ha impedido a la Universidad de Sevilla disponer de las nuevas instalaciones y equipamientos docentes para el comienzo del curso académico 2026/2027, bloqueando la reorganización de espacios prevista en el marco del proyecto Andalucía Tech.

El edificio proyectado

Junto a la imposibilidad de uso docente de las instalaciones inacabadas, la institución académica se enfrenta a un quebranto económico directo. Mientras el procedimiento administrativo de rescisión contractual se mantenga en curso, la Universidad no puede licitar ni continuar las obras con una nueva empresa. Asimismo, la Universidad de Sevilla se ve obligada a asumir el coste derivado de las medidas de protección, seguridad y conservación del edificio a medio construir en el caso de que la constructora saliente no ejecute dichas actuaciones de conservación indispensable.

El procedimiento de resolución administrativa ha sido tramitado con estricto apego a las garantías legales exigidas por la normativa de contratación pública. La Universidad de Sevilla inició formalmente el expediente el 31 de julio de 2026, otorgando los correspondientes trámites de audiencia por diez días naturales a la empresa contratista y a la entidad avalista. Tras emitirse el informe preceptivo del Servicio Jurídico, el órgano de contratación acordó el 28 de septiembre de 2026 la suspensión del plazo para resolver a contar desde la solicitud de dictamen cursada el 1 de octubre de 2026 al Consejo Consultivo de Andalucía, evitando con ello la caducidad del procedimiento al no superarse el límite máximo de ocho meses previsto en el artículo 75 del Decreto-Ley 3/2024 de simplificación administrativa.

Desde el punto de vista del derecho de la contratación pública, el Consejo Consultivo confirma que la conducta de la empresa encaja plenamente en la causa de resolución contemplada en el artículo 211.1.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Esta norma tipifica como causa de rescisión la demora en el cumplimiento de los plazos cuando el retraso sobrepase un tercio del plazo de duración inicial, incluidas las prórrogas, además de constituir un incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales.

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