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La privatización del IMD reporta tres veces menos ingresos

Los Mares, Fundición y San Jerónimo dejaban 975.000 euros bajo la gestión municipal

La concesión de estos centros supondrá en la mejor de las hipótesis 358.000 euros

El Consistorio sólo ha previsto un mínimo garantizado por canon fijo de 144.605 euros

El Ayuntamiento obtendrá menos dinero por la privatización de centros deportivos de la ciudad que el que obtenía cuando los gestionaba a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), según refleja un análisis comparado entre las previsiones de ingresos en los Presupuestos municipales del año 2013 para Los Mares, Fundición y San Jerónimo y el estimado en los pliegos y/o contratos administrativos para la concesión de la gestión de estas instalaciones a empresas privadas.

Los centros deportivos de Los Mares, Fundición y San Jerónimo son los tres casos paradigmáticos de la política de privatización de instalaciones del IMD emprendida por el gobierno de Zoido, al pasar directamente y sin opciones intermedias como las Juntas Rectoras a manos privadas mediante concesiones por un periodo de años prorrogable.

A título de ejemplo, el centro de Fundición ha sido adjudicado a una empresa extremeña, Centro Deportivo de Puerta Palma (la cual compitió por la concesión con Campusport y Medios Acuáticos) por un período de 15 años a contar desde el 1 de marzo de 2014, pero con la posibilidad de prórroga hasta los 25 años.

La política del Ayuntamiento ha sido la de establecer un canon fijo anual a las empresas concesionarias, más un canon variable por tramos de facturación, que se va incrementando en porcentaje en caso de que se superen unas cantidades económicas.

Las condiciones no son homogéneas y varían para cada centro, pero en líneas generales el Ayuntamiento impone un canon del 1% cuando la facturación anual oscile entre 1.400.000 y 1.550.000 euros; del 2% cuando oscile entre 1.550.000 y 1.700.000 euros; del 3% cuando esté comprendida entre 1.700.000 y 1.850.000 euros; y de un 4% cuando, según el caso, se superen cifras que van de 1.700.000 euros a 1.850.000.

En ninguno de los planes económicos realizados para cada centro se estima que se alcancen las facturaciones máximas que justificarían el cobro de ese 4%. No obstante, en este informe hemos aplicado la mejor de las hipótesis (el cobro de ese porcentaje) a la hora de hacer una comparación entre la previsión de ingresos por tasas y otros conceptos que figuraba en los Presupuestos municipales de 2013 para cada centro del IMD y la prevista por la privatización posterior de los mismos. Los resultados son los siguientes:

-Los Mares: Los ingresos previstos bajo la gestión del IMD en el Presupuesto de 2013 eran de 260.120 euros. Con la privatización, el Ayuntamiento ingresa un canon fijo anual de 32.841 euros y, en la mejor de las hipótesis por canon variable (un 4% de 1.800.001 euros), 72.000 euros. Total: 104.841 euros. Balance: 155.279 euros menos con la privatización que con la gestión municipal.

-San Jerónimo: Previsión de ingresos en 2013 bajo gestión municipal: 260.130 euros. Con la privatización, un canon fijo de 26.764 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.700.001 euros), 68.000. Total: 94.764 euros. Balance: – 192.000 euros.

-Fundición: Previsión de ingresos bajo gestión municipal en 2013: 454.401,11 euros. Con la privatización, un canon fijo de 85.000 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.850.001 euros), 74.000. Total: 159.000 euros. Balance: -295.401,11 euros.

Así pues, el balance general para estos tres centros emblemáticos es que bajo la gestión del IMD tenían una previsión de ingresos de 974.641,11 euros y que con la operación de privatización pasa a ser de 358.605 euros, por tanto 616.036,11 euros menos (-271,78%).

Altadis: de no llevarse un duro, a dar el pelotazo

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Zoido, que dijo que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla tras el cierre de la fábrica de tabacos, le otorga 29.000 m2 de uso lucrativo para comercios y hoteles y un parking de 500 plazas
El alcalde también renuncia al proyecto de ‘Fábrica de Arte Elcano’ y sala de conciertos que propugnó para la antigua fábrica durante la campaña electoral

El Ayuntamiento ha filtrado por el procedimiento y a los medios habituales el cierre de un acuerdo con la multinacional tabaquera Altadis para repartirse la edificabilidad de la cerrada fábrica de tabacos sita en Los Remedios, un acuerdo que supone la renuncia de Zoido a los proyectos que apoyó en principio o presentó luego él mismo para este complejo industrial en la margen derecha del Guadalquivir.

En síntesis, Zoido ha pasado de abogar por la expropiación de la factoría para que ésta no se llevara un duro de Sevilla a otorgarle a la multinacional 29.000 m2 comerciales más un parking rotatorio de 500 plazas para que dé su particular pelotazo urbanístico, obviando así que la empresa le dio hace años el portazo a Sevilla al cerrar la fábrica de tabacos más antigua del mundo tras deslocalizar su producción e incumplir su promesa de que compensaría a Sevilla con la construcción de un centro logístico en la provincia.

EL URBANISMO ESPECULATIVO

Durante los años del ‘boom’ inmobiliario, los sevillanos vieron cómo se cerraban empresas de larga trayectoria en la ciudad (Landis, Coca Cola, Uralita) para trasladar la producción fuera del municipio e incluso de la comunidad autónoma, previa obtención de jugosas plusvalías urbanísticas por la recalificación de sus terrenos, que pasaban de industriales a residenciales, sin que revirtiera beneficio alguno y se perdieran además los empleos y las inversiones acumuladas a lo largo del tiempo.

El paradigma de esta casuística fue la fábrica de Uralita en Bellavista, cuyos suelos, una vez recalificados, fueron vendidos por 12 millones de euros para el pelotazo urbanístico de Los Jardines de Hércules, en que se obtuvieron plusvalías valoradas en bastantes dígitos más.

Por éso, cuando en el año 2007 Altadis acabó cerrando su fábrica de tabacos, la más antigua del mundo -con toda la carga simbólica que ello representaba y el mito de Carmen y las cigarreras- por sus casi 400 años de historia, después de haber deslocalizado la producción e indemnizado o trasladado a los dos centenares de trabajadores en números redondos que le quedaban, los grupos políticos integrantes del Ayuntamiento se conjuraron para evitar que Altadis repitiera la jugada de Uralita y anteriores y no sólo se negaron a aprobar una recalificación urbanística, sino que decidieron mantener en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de la factoría como “de uso industrial singular”.

AVISO A NAVEGANTES

Se enviaba así un mensaje muy nítido a la propia Altadis y a cualquier otra empresa que quisiera especular con sus terrenos a costa de sacrificar el tejido productivo de la ciudad y los empleos al mismo vinculados. A Altadis, de la que entonces se rumoreaba podría estar negociando la venta de su fábrica, situada junto al río y frente al Paseo de las Delicias y el Palacio de San Telmo, a una gran cadena hotelera internacional por unos 50 millones de euros, se la colocaba en la disyuntiva de hacer negocio con otra actividad industrial o asumir los gastos y las pérdidas de mantener un complejo fabril cerrado y deteriorándose con el paso del tiempo.

¿Qué dijo Zoido al respecto? El hoy alcalde y entonces líder de la oposición municipal se mostró radicalmente contrario a la actitud de la multinacional tabaquera, con estas palabras: “Altadis no se lleva un duro de ahí. No se va a llevar absolutamente nada de ahí porque ha condenado a Sevilla. La vamos a expropiar”.

Esta apuesta por la expropiación la mantuvo también dos años después (2009), cuando el PSOE de Monteseirín trató de buscarle una salida a la situación pactando con Altadis una expropiación y una modificación del PGOU para que el suelo de la fábrica pasara a tener un uso educativo. IU, entonces con Rodrigo Torrijos al frente y temiendo que el pacto implicara la cesión de suelos en otra zona de la ciudad, se negó a alterar el PGOU para mantener así el uso industrial y seguir castigando a la multinacional por su portazo a Sevilla.

Zoido ofreció entonces los votos del PP a Monteseirín “por el bien de Sevilla” y por entender que la expropiación abría la puerta a dotar a Los Remedios de un colegio público, una biblioteca, instalaciones deportivas y un centro de mayores, pero su predecesor en el cargo prefirió no arriesgar el pacto de gobierno con IU y mantener el ‘statu quo’. La factoría de Altadis siguió cerrada y sin uso.

CAMPAÑA ELECTORAL

Durante la campaña para las elecciones municipales de 2011, Zoido perfiló aún más su alternativa para el complejo de cinco edificios de Altadis, con el proyecto denominado ‘Fábrica de Arte Elcano’. Según dijo entonces el PP, había interés de firmas emblemáticas en la gestión de nuevas tecnologías aplicadas a la cultura y el ocio para establecerse en Sevilla mediante un modelo menos tradicional que permitiera generar sinergias entre su actividad comercial y lo creativo, al modo de Apple en Nueva York.

Conforme a ese modelo, el PP planteaba reconvertir el edificio central de la factoría de Altadis en un centro de arte multimedia; otro, en una sala de conciertos; los más cercanos a los clubes deportivos y la Plaza de Cuba, en una especie de centro cívico o de día para mayores y pequeños, y la capilla de las Cigarreras se mantendría igual. No se derribaría ningún inmueble , salvo zonas concretas para abrir calles perpendiculares al río, recuperar la ribera y unirla con una pasarela peatonal al muelle de Nueva York, en la otra orilla. La operación se financiaría otorgando al edificio de Altadis más cercano al puente de Los Remedios una edificabilidad comercial de 7.000 m2, más un parking rotatorio bajo rasante en la parcela contigua de mil plazas.

CONTENIDO DEL PACTO

Ahora, en el acuerdo cerrado con la multinacional y según los detalles filtrados por el gobierno local, Zoido le rebaja las plazas de parking a 500 (el coste de construcción es también más barato), pero a cambio de más que cuadruplicarle el negocio lucrativo con 29.000 m2 de edificabilidad para construir hoteles y/o zonas comerciales y autorizar derribos de todos los inmuebles menos la capilla y el edificio central (18.000 m2), que se quedaría el Ayuntamiento para un museo y un centro de mayores.

El acuerdo supone el certificado de defunción de la Fábrica de Arte Elcano, las sinergias creativas y las nuevas tecnologías para repetir el modelo tradicional, ya intentado sin éxito en la Gavidia: más comercios y/o más hoteles y más aparcamientos rotatorios.

Si el PP abogaba por que el Ayuntamiento se quedara con cuatro edificios del complejo, ahora se reserva sólo dos (uno de ellos, la capilla), y Altadis, la gran beneficiaria del acuerdo, obtiene el equivalente a un centro comercial en el suelo que deje libre la demolición de los tres restantes.

El acuerdo obliga a modificar el PGOU para recalificar los suelos, de industriales a comerciales y de equipamiento. Zoido, que durante tres años ha negociado con la multinacional en secreto y llegado a un acuerdo que mostrar antes de las elecciones, presenta el pacto como esencial para el futuro de la ciudad y pide a la oposición y a la Junta, que deberá ratificarlo, que se sumen al mismo pero sin previamente haberles dado participación alguna en las negociaciones ni información al respecto. Política de hechos consumados y urbanismo de mesa camilla para colocar al resto de los grupos y al Gobierno andaluz en la disyuntiva de dar su pleno apoyo o ser señalados como los enemigos y boicoteadores de los grandes proyectos de Sevilla. ¿De Sevilla o de Altadis?

Sevilla aporta uno de cada tres nuevos parados de las capitales andaluzas

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En la ciudad se registran casi 15.000 de los 50.000

desempleados de las grandes urbes desde las municipales

Málaga, con el mismo modelo turístico que Sevilla,

tiene ahora cerca de 14.000 parados más que en 2011

Porcentualmente, Jaén es donde más ha crecido

el desempleo, y Almería, donde menos

El paro ha subido en todas las capitales de provincia de Andalucía durante el trienio del actual mandato municipal, periodo que se abrió tras las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, pero lo ha hecho de forma más acusada en una ciudades que en otras, pese a estar todas gobernadas por el PP. Sevilla lidera la tabla en términos absolutos, con 14.991 nuevos parados, mientras que Jaén lo hace en términos porcentuales, con un + 20,22%.

Tras las últimas elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo de 2011, el PP se convirtió en el partido gobernante en las ocho capitales de provincia de la comunidad autónoma andaluza, un denominador común que podría ser tomado como referencia a la hora de analizar la evolución del paro en este trienio en todas y cada una de estas ciudades, para tratar de discernir qué efectos ha tenido sobre el empleo la aplicación de un modelo de gestión teóricamente similar.

Cuando los ocho alcaldes de capitales de provincia andaluzas tomaron posesión de sus cargos hace casi tres años, en conjunto las grandes urbes de la región tenían 277.922 parados. Hoy, ascienden a 327.925, unos 50.000 más (en concreto, 50.003), un + 17,99%.

Sevilla y Málaga, las dos principales ciudades de la comunidad autónoma, lideran la clasificación en aumento de parados, quizás porque basan sus economías en el predominio del turismo y del sector servicios. Paradójicamente, mientras que Andalucía está obteniendo los mejores registros turísticos de su historia reciente, estos buenos datos no se están traduciendo en creación de empleo para sus dos grandes ciudades y que tienen además en este sector su teórico motor económico, una paradoja que los sindicatos UGT y CCOO subrayan cada vez con más fuerza en los últimos meses y por la que exigen explicaciones a la Junta de Andalucía y a la patronal andaluza.

El paro se ha disparado en Sevilla bajo el mandato de Zoido en 14.991 personas, hasta llegar a los 91.680 desempleados; y también en Málaga, con Francisco de la Torre como alcalde, que ahora tiene 13.744 parados más, hasta un total de 84.065.

Ambas ciudades superan el promedio de incremento en el conjunto de las capitales de provincia andaluzas (+ 17,99%), y un poco más en Málaga (+ 19,59%) que en Sevilla (+ 19,54%).

En términos absolutos, la tercera capital donde más ha subido el paro ha sido en Córdoba, con 7.361 desempleados más, hasta llegar a 46.573 (+ 18,77%).

A partir de aquí, en el resto de capitales los incrementos oscilan entre los 2.133 de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, y los 3.464 de Huelva, bajo la dirección de Pedro Rodríguez.

Curiosamente, Jaén es la capital donde menos ha subido el paro en términos absolutos (+ 2.094 personas), pero donde más en términos proporcionales (+ 20,22%).

Porcentualmente, Almería es la capital donde el desempleo se ha incrementado menos que en el resto, ya que sus 2.922 nuevos parados suponen un + 12,65%, el menor crecimiento entre las ocho capitales de provincia, demostrativo de que la pujanza agrícola de la provincia más oriental ha servido de mejor defensa ante la crisis económica.

Evolución del paro en las capitales de provincia durante el mandato municipal

Ciudad Junio 2011 Febrero 2014 Variación %

Almería 23.087 26.009 2.922 12,65

Cádiz 15.276 17.409 2.133 13,96

Córdoba 39.212 46.573 7.361 18,77

Granada 25.275 28.539 3.264 12,91

Huelva 17.741 21.205 3.464 19,52

Jaén 10.351 12.445 2.094 20,22

Málaga 70.291 84.065 13.774 19,59

Sevilla 76.689 91.680 14.991 19,54

TOTAL 277.922 327.925 50.003 17,99

La batalla de las Atarazanas

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El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha calificado el acuerdo al que ha llegado el consejero de Cultura, Luciano Alonso, con La Caixa y con la Fundación Cajasol sobre las Atarazanas como “una falta de respeto” hacia la ciudad de Sevilla, por haberse cerrado “sin que el Ayuntamiento haya tenido ninguna participación”. No obstante, ha aplaudido cualquier actuación “que pueda beneficiar los intereses de Sevilla, tanto por la rehabilitación y recuperación de este espacio como por su incorporación como área museística, constituyéndose en motor de atracción turística”.

¿En qué quedamos? Zoido, que parece haber desarrollado una fijación por los antiguos astilleros medievales, no se percata de que incurre en una contradicción cuando, por una parte, critica el abandono al que tiene sometido desde hace años la Junta de Andalucía el monumento al ser de su exclusiva competencia (hasta el punto de enviarle inspectores de la Gerencia de Urbanismo a examinar su estado por no someterse a la ITE desde el año 2009), y, por otra, le reprocha que cierre por fin un acuerdo para su rehabilitación y puesta en valor para la ciudad en el ejercicio de esas mismas competencias exclusivas, en virtud de las cuales al Ayuntamiento no le corresponde papel alguno más allá del que por lealtad o cortesía institucionales quiera otorgarle la Consejería de Cultura.

MISIÓN CUMPLIDA

Curiosamente, el alcalde olvida que el consejero de Cultura no ha hecho más que cumplir con un emplazamiento del propio Zoido, aunque con 16 meses de retraso. Y es que cuando en

noviembre de 2012 el alcalde se hizo aquella polémica foto con los directivos de La Caixa, en que bendecía la decisión de la entidad financiera de abandonar las Atarazanas y trasladar su proyecto de Caixaforum a la torre Pelli, hizo unas declaraciones en las que instó al consejero de Cultura a que buscara una rápida alternativa, como responsable del monumento, para que el edificio no siguiera cerrado y deteriorándose.

Luciano Alonso podría contestarle al alcalde que ha cumplido el encargo que aquél le hizo a través de los medios de comunicación y solucionado el problema de la huida de La Caixa a la torre Pelli que provocó el mismo Ayuntamiento con su bloque urbanístico al proyecto arquitectónico redactado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra.

El acuerdo ahora cerrado consiste en la ratificación de la aportación de 10 millones de euros por parte de La Caixa para la restauración del inmueble, como compensación por la retirada del proyecto inicial redactado por Vázquez Consuegra; el libramiento anual de al menos 1,2 millones de euros anuales por parte de la Consejería de Cultura, y la consignación de 200.000 euros anuales por la Fundación Cajasol para la organización de actividades en un espacio que tendrá un contenido americanista, acorde con la historia de Sevilla como puerto y puerta del Nuevo Mundo.

De momento se ha cerrado sólo la financiación, pero el proyecto de restauración y de contenidos del edificio no se ha cerrado aún y no se espera que esté listo hasta finales de primavera o inicios del verano. Será entonces el momento, según el consejero de Cultura, en que la Junta de Andalucía se lo explique a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, porque todavía no hay nada que mostrar.

PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN

Zoido también ha olvidado que la petición de protagonismo municipal en las Atarazanas que ahora exige, cuando antes subrayaba que toda la responsabilidad sobre el monumento correspondía a la Consejería de Cultura, no radica originariamente en el gobierno local, sino que obedece a una enmienda adicional socialista a una propuesta presentada por el PP en el Pleno a finales de octubre de 2013. En virtud de aquella enmienda y de aquella propuesta, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, se instaba a un acuerdo tripartito Junta-Ayuntamiento-La Caixa “para la colaboración que se estime conveniente, de acuerdo con las competencias de cada uno para el desarrollo del proyecto”.

Sin embargo, esa colaboración sigue brillando por su ausencia.

Apenas trascender el acuerdo de financiación cerrado por Cultura, La Caixa y la Fundación Cajasol, el alcalde ha vuelto a las andadas al recordar la misma exigencia urbanística que acabó provocando hace casi dos años la ‘espantá’ de la entidad financiera catalana de los antiguos astilleros medievales: la redacción de un Plan Especial, que puede llevar bastante tiempo y sobre cuya necesidad no existe opinión unánime entre los expertos.

Zoido afirma que “un bien protegido de 800 años y a 200 metros de tres edificios declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares, qué menos que tenga un Plan Especial”. En esta línea, insta al consejero de Cultura a “sentarnos juntos, hacer el Plan Especial y urbanizar el entorno, quitando por ejemplo el asfalto para completar la actuación en la zona”.

EL ASFALTO NO PRECISA PLAN

¿Hace falta acaso un Plan Especial para quitar el asfalto de las calles que rodean a las Atarazanas? El Ayuntamiento tiene la competencia urbanística para reponer o, en su caso, descubrir los adoquines cuando quiera, pero no lo hace. Mientras Zoido aparenta una exagerada preocupación por el entorno de las Atarazanas en su cercanía a los bienes Patrimonio de la Humanidad, lo cierto es que mantiene el asfalto en la calle Dos de Mayo mientras aprueba un gasto de 1,2 millones de euros en retirarlo de la casi paralela calle Almirante Lobo.

El Consistorio está manteniendo una errática y a veces contradictoria política en relación con las Atarazanas: puso tantas trabas urbanísticas al proyecto de Vázquez Consuegra que acabó provocando la marcha de La Caixa a la torre Pelli; Zoido saludó la decisión de la entidad financiera para, quince días después, apoyar en el Pleno una moción socialista en la que se pedía a aquélla que reconsiderara su decisión; instó a la Junta, a la que había dejado sin el proyecto firmado previamente con La Caixa, a que buscara una solución alternativa cuanto antes, y cuando Cultura lo logra, la acusa de haber actuado a sus espaldas; y tras haber propiciado la marcha de La Caixa y dejado sin financiación las Atarazanas, le pide en el último Pleno municipal una encomienda de gestión del monumento con el argumento de que buscaría patrocinadores para iniciar su rehabilitación.

PATRIMONIO OLVIDADO

Teniendo como tiene el Ayuntamiento numerosos edificios de gran valor patrimonial en la ciudad y asegurado ya al menos un proyecto para los antiguos astilleros por parte de la Junta, lo lógico sería que el gobierno local centrara sus esfuerzos no en convertir las Atarazanas en un permanente ‘casus belli’ político con el Gobierno autónomo, sino en conseguir esos patrocinios a los que ha apuntado para la rehabilitación de otros monumentos como, sin ir más lejos, la antigua Fábrica de Artillería, de propiedad municipal.

Zoido necesita de un gran proyecto que sea el símbolo de su mandato y acorde con lo que él trata de representar, y en este sentido nada mejor que la restauración de la Fábrica de Artillería, que por su inmensidad permitiría a Sevilla disponer de un gran contenedor para todo tipo de usos culturales y con rentabilidad turística. Salvando las distancias, en la recuperación del monumental edificio del barrio de San Bernardo el alcalde podría tener sus propias Atarazanas, el icono de su Alcaldía.

Hacienda coloca al Consistorio en la tesitura de desprenderse de Aussa

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Fija el 31 de marzo como límite para la venta de filiales participadas por terceros

Aussa, que gestiona la zona azul, es filial de Tussam pero participada por Azvi

El Ayuntamiento tratará de no vender con la tesis del control “exclusivo” de Tussam

La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local coloca al Ayuntamiento de Sevilla ante la tesitura de verse obligado a vender la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S. A. (Aussa), la filial de Tussam a través de la que controla y gestiona los aparcamientos regulados en superficie (zona azul) de la ciudad.

El Ministerio de Hacienda dedica un apartado de su nota explicativa de 28 páginas de extensión sobre la Reforma Local, adelantada por Viva Sevilla, a las entidades directamente dependientes de las entidades locales, o sea, las empresas municipales.

En este sentido, distingue las de primer nivel o propiedad al 100% de los ayuntamientos, como en el caso de Sevilla serían Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa, y las de segundo nivel, que dependen o están participadas por empresas englobadas en el primer grupo, como es el caso de Aussa, filial de Tussam.

Hacienda prohíbe, como norma general, que ninguna empresa municipal ya existente pueda constituir otra compañía, con independencia de la situación financiera en que se encuentre. En cuanto a las empresas ya existentes y participadas por sociedades municipales, distingue dos grandes grupos:

1) Las que estén controladas exclusivamente por entidades dependientes directamente de los ayuntamientos, o sea, aquellas en que una empresa municipal posea el 100% de las acciones.

2) Las empresas ya existentes pero que no estén controladas exclusivamente por empresas municipales, o sea, aquellas en las que hay otros accionistas que controlen una parte del capital social.

Según la nota aclaratoria de Hacienda, se deberá proceder a la transmisión de la participación en el capital social por parte de la empresa municipal en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un plazo que expira el 31 de marzo de 2014.

En esta situación se halla Aussa, cuya página web oficial reconoce que se trata de una sociedad mercantil integrada por Tussam (Ayuntamiento de Sevilla) y por Concesiones Intercontinentales (COINTER y grupo Azvi), con 15 años de experiencia en la gestión de aparcamientos públicos, en estacionamiento regulado y en servicio de retirada de vehículos de la vía pública, “destacando -especifica- la gestión de aparcamientos en grandes eventos (hasta 20.000 plazas)”.

No obstante, según fuentes municipales consultadas, el Ayuntamiento, para no desprenderse de Aussa, sostiene la interpretación de que forma parte de las empresas del primer grupo, las controladas en su gestión exclusivamente por entidades dependientes de la corporación municipal, a través de Tussam.

PLAN DE EXPANSIÓN

Aussa informa en su web de que en 2008 inició un plan de crecimiento y expansión geográfica desde Sevilla a otras ciudades de España, gracias a su capacidad de adaptación y a la aplicación de las últimas tecnologías, y que actualmente tiene presencia en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca y Madrid.

Recientemente, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla decidió adjudicarle el contrato de la nueva zona azul de la ciudad a cambio del pago de un canon fijo anual de 1.521.094 euros, con un 12% variable y por un plazo de diez años prorrogables por dos más.

En el pliego de condiciones aparecía como cifra orientativa un número de 7.285 plazas, de las que 3.173 son de nueva creación, si bien su distribución está aún pendiente de acuerdo con los vecinos a través de los Distritos.

La clave está en el Diccionario
¿Qué significa la palabra ‘exclusivamente’? Del significado que se le atribuya al término puede depender el futuro de Aussa. Hacienda estipula que los ayuntamientos deben vender las empresas que no estén controladas exclusivamente por otras empresas municipales, pero no obliga a vender las que están controladas exclusivamente por una sociedad matriz de índole municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla, para no vender Aussa, interpreta que está controlada exclusivamente por Tussam. Según el Diccionario de la Academia, ‘exclusivamente’ significa en su segunda acepción “sola, únicamente”. Y la palabra ‘exclusivo’, en su segunda acepción, significa “único, solo, excluyendo a cualquier otro”. Pues bien, Tussam no está sola y únicamente en Aussa, sino con Azvi como socia y accionista.

Es más, es la propia Aussa la que emitió el 19 de noviembre de 2013 una nota de prensa con el siguiente título: ‘Grupo Azvi se adjudica, a través de Aussa, la gestión de la Zona Azul de Sevilla’.

Zoido confirma la Disposición Adicional

para salvar la Zona Franca

El alcalde confirmó la noticia de Viva Sevilla sobre la redacción de una Disposición Adicional para salvar de los efectos de la Reforma Local la Zona Franca, aunque para ello Zoido incurrió en una contradicción al sostener que con la legislación actual no hay ningún inconveniente para que el Ayuntamiento no pueda formar parte del consorcio de la misma. Si no hubiera ningún inconveniente, como pone de manifiesto la nota aclaratoria de Hacienda, no habría hecho falta la citada Disposición sobre la marcha.

El Grupo Popular en el Senado ha tenido que añadir una Disposición específica sobre zonas francas durante la tramitación del proyecto de leuy sobre Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Con esta Disposición incorpora además otra (la número 23) a la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre el régimen patrimonial de los consorcios de zonas francas.

Hacienda vuelve a dejar en el aire la Zona Franca de Sevilla

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Ratifica en una nota aclaratoria que el Plan de Ajuste impide crear el consorcio

Tampoco podría el Ayuntamiento realizar aportaciones patrimoniales

El Gobierno prepara una Disposición que anule estos efectos de su Reforma Local

El Ministerio de Hacienda ha emitido con fecha 5 de marzo una nota explicativa de 28 páginas sobre la Reforma Local que sigue dejando en el aire la Zona Franca en el puerto de Sevilla o, al menos, la participación del Ayuntamiento de la ciudad en la misma, ya que en su documento el Ministerio mantiene el veto para corporaciones municipales que, como la hispalense, decidieron acogerse al Plan de Ajuste.

La nota aclaratoria del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla, profundiza en cinco aspectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: 1) Clarificación de competencias, 2) Racionalización de la estructura local; 3) Regímenes de dedicación y retribuciones de los miembros de las corporaciones locales; 4) Racionalización del empleo público; y 5) Control financiero y presupuestario más riguroso e Impulso de la actividad económica.

A la hora de hablar del redimensionamiento del sector público local, la nota aclaratoria se refiere especialmente (página 11) a las entidades locales que tengan un Plan Económico-Financiero o de Ajuste que estén aplicando, caso en el que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla. En este supuesto, Hacienda ratifica que durante la vigencia de dichos planes ni los ayuntamientos ni sus organismos autónomos podrán “adquirir, constituir o participaren la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes”.

Por tanto, el Ministerio mantiene el veto a que se siga engordando el organigrama municipal con la creación de nuevos entes, como sería el caso de la Zona Franca del puerto de Sevilla que promueve el Ayuntamiento, por lo que en la hipótesis de que siga adelante debería hacerlo sin el Consistorio sevillano, de no mediar un cambio en las actuales circunstancias. Por ello, el Gobierno estudia ahora la aprobación de una Disposición que incluir en otra norma y que permita soslayar este tipo de efectos de su Reforma Local.

Actualmente al menos y conforme a la nota aclaratoria de Hacienda, el Ayuntamiento no puede crear el consorcio de la Zona Franca y si pudiera crearlo se encontraría con un segundo obstáculo que impone el documento de Hacienda: tampoco podría realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital.

En este aspecto, la nota de Hacienda abunda en la excepción prevista en la propia ley de Reforma Local, referida a tres puntos concretos: 1) Que se alcance el objetivo de estabilidad presupuestaria o de superávit; 2) que se logre el objetivo de deuda pública; y 3) que el periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Actualmente, el Ayuntamiento incumple esta tercera condición, ya que según el último informe de la Intervención Municipal sobre el cuarto trimestre de 2013 revela que está pagando a los proveedores con una demora de 81,5 días.

Cabe colegir por la nota aclaratoria de Hacienda que si se permite superar en 30 días el plazo máximo previsto, que ya es de 30 días, el límite quedaría fijado en 60 días. Así pues, al Ayuntamiento de Sevilla le bastaría reducir su demora en veintiuno para empezar a pagar a sus proveedores en esos 60 días. No obstante, el alcalde prometió en el último Pleno que la meta es realizar los abonos en un plazo de 20 a 25 días.

Se faculta a Zoido a cobrar

100.000 euros anuales y

75.000 a Toscano

La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre la Reforma Local también se refiere a los límites salariales para los miembros de los ayuntamientos y por todos los conceptos retributivos: sueldo, complemento de destino, complemento específico, productividad y dos pagas extraordinarias.

La retribución de los alcaldes se fundamenta en dos criterios fundamentales: la naturaleza de la corporación local y el número de habitantes del municipio.

Dado que Sevilla tiene más de 500.000 habitantes, Juan Ignacio Zoido tendría derecho a percibir como alcalde y por todos los conceptos una retribución máxima de 100.000 euros anuales. Por su parte, Francisco Toscano, como alcalde de la segunda ciudad más poblada, Dos Hermanas, podría cobrar un máximo de 75.000, ya que el municipio nazareno aún no llega a los 150.000 habitantes. Antonio Gutiérrez Limones, como alcalde del tercer municipio más poblado, Alcalá de Guadaíra, tiene derecho a percibir un máximo de 65.000 euros, ya que su ciudad no ha superado aún oficialmente los 75.000 habitantes.

Para saber lo que pueden cobrar los alcaldes hay que atenerse a la siguiente tabla, según Hacienda:

Número de habitantes Retribuciones

Más de 500.000 100.000 euros

De 300.001 a 500.000 90.000

De 150.001 a 300.000 80.000

De 75.001 a 150.000 75.000

De 50.001 a 75.000 65.000

De 20.001 a 50.000 55.000

De 10.001 a 20.000 50.000

De 5.001 a 10.000 45.000

De 1.000 a 5.000 40.000

Zoido promete ahora pagar a los proveedores en 20 ó 25 días

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Actualmente cobran del Ayuntamiento con un retraso de 81,50

El objetivo del Plan de Ajuste era reducir la demora al plazo legal de 30

La evolución cada vez es peor ya que en 2013 el retraso creció en 7 días

El alcalde de Sevilla cerró el Pleno celebrado en vísperas del Día de Andalucía con una promesa que pasó prácticamente inadvertida: el plazo de pago a los proveedores. Y es que la atención se había centrado en los efectos que para el Ayuntamiento tendrá o dejará de tener la nueva ley de Reforma de la Administración Local en el mantenimiento o supresión de servicios municipales, hasta el punto de que numerosos directores de Área y otros cargos del Consistorio acudieron al Pleno a escuchar las explicaciones del alcalde.

En medio de su intervención sobre la Reforma, Zoido dejó caer la promesa de que el Ayuntamiento va a pagar a sus proveedores como máximo en un plazo de entre 20 y 25 días. En caso de cumplirse, sería de entre 5 y 10 días menor que el ideal establecido para todas las Administraciones Públicas: 30 días.

Sin embargo, la promesa del alcalde está aún lejos de la realidad cotidiana, como demuestra el informe del interventor municipal, José Miguel Braojos, sobre el grado de cumplimiento por parte del Consistorio del Plan de Ajuste referido al último trimestre del año 2013 y fechado tan sólo veintiséis días antes del discurso del alcalde ante el Pleno.

En la página 7 de su informe, el interventor dice textualmente lo siguiente: “Tratándose de datos de distintas entidades, el periodo medio de pago de la deuda comercial no se refleja por el cálculo ponderado de los periodos medios de pagos. Por ello, se ha optado por reflejar el periodo correspondiente a la entidad Ayuntamiento de Sevilla de 81,50 días, que es la que en términos relativos tiene mayor volumen de gestión de recursos, si bien la generalidad de las entidades cumplen con las previsiones legales de pago. Este dato del periodo medio de pago de la deuda comercial ha empeorado en el cuarto trimestre con respecto al tercero, pasando de 74 días a 81,50 días”.

Así pues, tras las palabras del alcalde de rebajar el plazo a entre 20 y 25 días, el Ayuntamiento tendría que agilizar su ritmo de pagos en un 70% para que se materialice la promesa de Zoido a partir de los actuales 81,50 días.

Recuérdese que uno de los objetivos del Plan de Ajuste y de acogerse a los créditos impulsados por el Ministerio de Hacienda era poner a cero el contador de la deuda acumulada con los proveedores, pero tres años después las demoras en los pagos por parte de la Hacienda municipal se aproximan ya a los tres meses.

La paja y la viga

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La Junta de Andalucía remitió el pasado fin de semana una carta al Ayuntamiento de Sevilla en la que le instaba a que fijara una fecha para la inauguración oficial del Centro de Cerámica de Triana, un proyecto incluido en el Plan Turístico de Sevilla que, dotado con 22 millones de euros (el 60% lo financia el Gobierno autónomo), fue acordado durante el mandato de Monteseirín por la Consejería de Turismo, el Consistorio y los empresarios sevillanos. Hasta ahora este convenio se había considerado como un modelo exitoso de cooperación, ya que parecía haber quedado al margen de la habitual confrontación política entre la Plaza Nueva y San Telmo.

En virtud de ese acuerdo, la Junta ha aportado el citado 60% de los 4,2 millones de euros en que se presupuestó la reconversión de las antiguas instalaciones de Cerámicas Santa Ana en un museo, el denominado Centro de Cerámica de Triana, para potenciar así turísticamente el arrabal en torno al eje del río Guadalquivir (centro de interpretación en el castillo de San Jorge, montaje de pantalanes en la lámina de agua…).

VISITA INSTITUCIONAL

El 16 de enero, el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez; la delegada municipal de Cultura, Mar Sánchez Estrella, y el presidente de la Comisión de Turismo de la CES, Pedro Sánchez Cuerda, cursaron una visita a los trabajos de adecuación para el Centro de Cerámica trianero, que por entonces ya acumulaba un año de retraso sobre los plazos inicialmente previstos.

En la carta ahora remitida al Ayuntamiento en nombre de la Junta de Andalucía por la delegada provincial de Turismo y Comercio, Granada Santos, ésta hacía referencia a aquella visita tripartita, fruto de la cual se constató, según el Gobierno autónomo, que los trabajos estaban “casi culminados” y tan sólo a falta del traslado y restauración, en su caso, “de las piezas propiedad de la Junta o estatal”; y que la delegada municipal de Cultura había expresado que la apertura se produciría “en el mes siguiente” (por febrero).

Finalizado ya el mes de febrero y entrados en marzo, ésto es lo que recordaba la representante de la Junta en Sevilla para justificar su petición de que se fije una fecha de apertura del Centro: “Creemos necesario -exponía- que desaparezca cualquier incertidumbre sobre su fecha de apertura, con retrasos ajenos a la gestión de la Consejería de Comercio y Turismo”.

FIN DE LA LUNA DE MIEL

La petición parecía razonable, por cuanto se acumula un retraso de casi catorce meses sobre el último calendario previsto y sabido es que los agentes turísticos y culturales necesitan conocer con bastante antelación la oferta existente, para poder elaborar sus programaciones, rutas y recomendaciones a sus clientes, máxime si con la llegada de la primavera en menos de tres semanas entramos en la temporada turística alta de Sevilla.

Por otra parte, la carta de la Junta de Andalucía llegaba tan sólo cuatro días después de que Zoido y su delegada de Cultura, Mar Sánchez Estrella, incluyeran el Centro de Cerámica de Triana entre las once sedes con que el Ayuntamiento piensa configurar el museo de la ciudad, proyecto en el que, tal como ha reconocido públicamente el propio alcalde, la Junta ha colaborado con una rapidez inusitada al apresurarse a otorgar la declaración de Colección Museográfica de Andalucía a los fondos patrimoniales municipales.

La misiva de Granada Santos, sin embargo, ha roto esta esperanzadora luna de miel turística y cultural que mantenían la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y dejado en evidencia la excesiva premura con que este último había incluido el Centro de Cerámica de Triana en el museo de Sevilla, ya que ha obtenido una desabrida respuesta por parte del hombre de confianza de Zoido y delegado de Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano.

LA PROMESA FUE MUNICIPAL

En vez de avanzar un calendario estimativo o de decir simplemente que el Ayuntamiento no está aún en condiciones de fijar una fecha para la inauguración oficial por imponderables de última hora, razones ajenas a su voluntad o cualquier otra fórmula diplomática o de cortesía, el delegado municipal de Turismo ha aprovechado la ocasión para volver a la senda de la confrontación y hacer política de brocha gorda: hundir puentes en vez de tenderlos o de mantenerlos.

Serrano ha tachado la petición de la Junta de Andalucía de “obsesión por hacerse una foto y por abrir un museo sin las garantías adecuadas”, obviando que la foto ya se la hizo el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, el 16 de enero durante su visita al Centro de Cerámica de Triana y que quien entonces prometió su apertura en febrero y por tanto sin esas “garantías adecuadas” a las que alude el delegado de Empleo, ya que no ha estado listo para el pasado mes tampoco, fue su compañera en el gobierno municipal, María del Mar Sánchez Estrella.

El Ayuntamiento, pues, es el que ha incumplido su propia previsión (una más en relación con este museo), pero ahora se trata de construir un discurso del agravio o de la ofensa para poner la pelota en el tejado del Gobierno autónomo y dale la vuelta a la tortilla: “Nosotros no compartimos la forma de actuar de la Junta de Andalucía -ha afirmado Gregorio Serrano- de inaugurar espacios y cerrarlos al día siguiente (no aportó ninguna prueba demostrativa de tal aserto). Hay que ser serios -añadió- y abrir los espacios cuando estén dotados de servicios y personal”.

CARENCIAS MUNICIPALES

¿Dotados de servicios y de personal? Parece que siempre habla quien más razones tiene para permanecer en silencio. El delegado de Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla alardea por tanto de mantener o de dotar de personal las instalaciones municipales en contraste con las de la Junta de Andalucía justo en el peor momento posible para sostener sus tesis, ya que en los últimos días se han producido varias circunstancias que lo dejan sin argumentario al respecto:

1) El informe de la gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), María José Pedrosa, en el que reconoce que la política municipal aplicada en los últimos años ha supuesto una importante disminución de efectivos en la plantilla del Instituto y provocado, en algunas unidades, “un grave deterioro en la prestación de determinados servicios considerados prioritarios por la ciudadanía”.

2) El informe del interventor municipal, José Miguel Braojos, en el que pone cifras al ahorro en personal que ha hecho el Ayuntamiento (en detrimento de la prestación de servicios públicos) como consecuencia del Plan de Ajuste: 31,4 millones de euros, cinco millones más que su previsión inicial de 26,4 millones de euros.

3) Cuando el líder de la oposición municipal, Juan Espadas, venía de denunciar que, como consecuencia de las más de 800 plazas municipales sin cubrir, los alumnos del Centro de Educación de Mayores Sánchez Roca no pueden recibir clases con normalidad en el turno de tarde porque el IES San Jerónimo, que utilizan para ello, sólo tiene un conserje en turno de mañana y tarde, el cual es trasladado según las demandas de otros centros para los que no hay personal.

De aplicarse las teorías de Serrano sobre la seriedad para mantener los espacios sólo si están dotados de servicios y personal, habría que preguntarse entonces si debería procederse a cerrar el IMD, el IES San Jerónimo y tantos otros centros que carecen de suficiente plantilla.

Una vez más, con la respuesta de Gregorio Serrano a Granada Santos se cumple la parábola bíblica de quien sólo ve la paja en el ojo ajeno sin reparar en la viga en el propio.

El peor febrero desde el inicio de la crisis: 91.680 parados en Sevilla capital

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Es también el peor mes en cifra de paro de los tres años del mandato de Zoido

La ciudad tiene ahora casi 15.000 parados más que cuando el alcalde tomó posesión

El desempleo también sube en la provincia y afecta ya a 259.932 personas
Febrero de 2014 ha sido un mes catastrófico para el empleo en Sevilla capital, al registrarse el peor dato de paro de todos los febrero desde que estalló la crisis económica hace seis años. Ha sido, además, el peor mes de todos los de la era Zoido como alcalde, con 91.680 desempleados, según los datos oficiales de paro registrados en las oficinas del Servicio de Empleo, antiguo Inem, y divulgados por el Ministerio que dirige la onubense Fátima Báñez. En la provincia, el paro también sube y afecta ya a 259.932 personas.

Ni brotes verdes ni de ningún otro color. Sevilla capital le niega a Rajoy el discurso de la recuperación económica que el presidente del Gobierno pronunció hace tan sólo 48 horas con motivo de la clausura del XIV congreso regional de su partido en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital de Andalucía, en el que se consumó el relevo de Zoido por Moreno Bonilla como nuevo líder del PP en la comunidad autónoma.

El supuesto inicio de la salida de la crisis no se ha traducido aún en la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad; al contrario, sigue destruyéndose empleo, ya que en febrero se han registrado 91.680 parados, 854 más que en enero (+ 0,94%). De esta manera, febrero de 2014 se convierte en el peor febrero desde 2008, el año en que estalló la crisis económica, y en el peor mes de los 32 meses que lleva Zoido como alcalde de Sevilla, ya que nunca antes el paro se había disparado hasta cotas tan elevadas, si bien las rozó.

En los tres años que lleva Zoido como alcalde se han registrado cuatro meses con más de 91.000 parados: noviembre de 2012 (91.627); febrero de 2013 (91.398); marzo de 2013 (91.037) y este febrero de 2014 (91.680).

En términos interanuales, o sea desde febrero de 2013 a febrero de 2014, el número de parados se ha incrementado en 281 personas. Zoido llegó al Ayuntamiento prometiendo convertirse en ‘el alcalde del empleo’, pero en este periodo el desempleo ha crecido desde los 76.689 que había en aquel junio de 2011, cuando tomó posesión de su cargo, hasta los actuales 91.680: casi 15.000 más (en concreto, 14.991).

El incremento del desempleo en la capital durante el mes de febrero ha afectado más a las mujeres (694 paradas más, hasta un total de 49.294) que a los hombres (160 más, hasta un total de 42.386).

Por sectores, la estadística desmiente la extendida idea de que la Industria y la Construcción son los más afectados por la crisis en materia de empleo. En el mes pasado, al menos, son los dos únicos en los que baja el paro en Sevilla capital, mientras que en el resto de sectores sube. La distribución sectorial queda ahora de esta manera: Agricultura, 1.397 parados (+ 41); Industria, 6.238 (-18); Construcción, 9.099 (-88); Servicios, 62.633 (+819) y el colectivo Sin empleo anterior, 12.313 (+ 100). Una vez más, los Servicios es el sector que más sufre la lacra del paro, pese a que el Ayuntamiento no deja de anunciar continuos incrementos de turistas y de pernoctaciones hoteleras en la ciudad, una estadística que no se traduce luego en creación de empleo o que si lo hace resulta a la postre de carácter efímero.

En febrero, el paro ha crecido en todos los grupos de edad, sin las excepciones de meses anteriores. Es habitual que el número de desempleados crezca en las edades maduras, de 40 años y más, pero en esta ocasión hay un dato especialmente significativo y negativo: el colectivo de entre 25 y 29 años es el tercero con más paro registrado, casi equivalente al de entre 50 y 54 años.

El desglose es el siguiente: menores de 20 años, 1.464 parados (+ 23); entre 20 y 24 años, 7.249 parados (+ 18); entre 25 y 29 años, 9.741 (+ 166); entre 30 y 34 años, 11.015 (+ 44); entre 35 y 39 años, 12.148 (+93); entre 40 y 44 años, 11.779 (+193); entre 45 y 49 años, 12.642 (+ 103); entre 50 y 54 años, 11.103 (+ 165); entre 55 y 59 años, 9.015 (+ 34), y mayores de 59 años, 5.524 (+ 15).

DATOS DE LA PROVINCIA

El paro también sube en el conjunto de la provincia de Sevilla durante el mes de febrero. Los 1.584 nuevos parados elevan la cifra total a 259.932, lo que supone un incremento del 0,59%, proporcionalmente casi la mitad menos que en la capital.

La subida del paro entre las mujeres casi triplica a la de los hombres, ya que en las féminas se pasa de 133.715 a 134.854 (+ 1.139), y en los hombres, de 124.669 a 125.078 (+ 409).

Por sectores, la distribución del paro es la siguiente: Agricultura, 16.125; Industria, 21.535; Construcción, 35.517; Servicios, 156.777, y Sin empleo anterior, 29.978.

El Ayuntamiento obliga a pagar un mínimo de 25 euros por la ITE, que antes era gratis

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Ha impuesto una tasa que se eleva a 47,50 euros para los edificios más grandes

A este coste hay que sumar el que cobren los profesionales por la inspección

El gobierno presidido por Juan Ignacio Zoido no sólo no aplica la Ordenanza de la ITE a los edificios municipales con el argumento, en palabras del alcalde, de que gozan de “otra condición” mientras multa a los propietarios y comunidades vecinales que incumplen la norma, sino que ha sido el primero en convertir la ITE en un instrumento recaudatorio más para las arcas del Ayuntamiento.

La primera Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios fue aprobada por el Ayuntamiento el 25 de mayo del año 2000 en el primer mandato de Monteseirín como alcalde, y desde entonces su presentación ante la Gerencia de Urbanismo era gratuita, al margen de lo que pagaran los propietarios de los inmuebles a los profesionales acreditados tras proceder a la revisión.

Con la llegada del nuevo gobierno municipal en 2011, el Ayuntamiento ha convertido el mero trámite de la presentación de la ITE en otro coste más para los sevillanos y en otra fuente de recaudación más para la Hacienda local, ya que creó una tasa específica bajo el epígrafe ‘Control y revisión por la Gerencia de Urbanismo del deber de presentar la Inspección Técnica de los Edificios realizada por facultativo competente, a fin de determinar el estado de conservación’.

Así pues, por cada ITE que se presente a revisión mediante el empleo de la aplicación informática habilitada al efecto por la Gerencia de Urbanismo y por vía telemática, en función de los metros cuadrados del inmueble, el Ayuntamiento cobra las siguientes tasas:

-Por edificios de hasta 300 m2 de superficie construida, por ITE presentada: 25 euros.

-Por edificios de hasta 450 m2: 32,50 euros.

-Por edificios de hasta 600 m2: 40,00 euros.

-Por edificios de más de 600 m2: 47,50 euros.

La intención inicial, conforme al Plan de Ajuste, era aún más gravosa para los ciudadanos, ya que el Ayuntamiento quería imponer una tarifa mínima de 100 euros, y tasas de 200 euros para edificios de hasta 500 m2; 350 euros para edificios de hasta 1.000 m2; 1.000 euros para los inmuebles de hasta 5.000 m2, y 3.000 para los que tuvieran una superficie superior a los 5.000 m2. Con estas cuantías estimó que podría ingresar 200.000 euros anualmente.