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Sin alfombra roja

Al igual que en el fútbol la Supercopa es oficialmente la competición -a doble partido- con que se inicia la nueva temporada pero realmente es el torneo de clausura de la anterior porque en el mismo se enfrentan el campeón de Liga y el campeón de Copa de la última campaña, el primer pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) del mandato de Juan Espadas como alcalde ha sido realmente el último de la era Zoido, al presentarse el Informe de Coyuntura Socioeconómica de la ciudad de Sevilla correspondiente al año 2014, periodo final del mandato del anterior regidor.

Salvo prácticamente en el capítulo turístico, en el que el CESS, a la luz de las estadísticas de visitas, viajeros y pernoctaciones hoteleras, ha reconocido las buenas cifras registradas por el sector con Zoido de alcalde, el resto del informe es una enmienda casi a la totalidad de su gestión, con la percepción de un año casi perdido para la ciudad. El CESS, que es un órgano consultivo del Ayuntamiento y el transmisor de la opinión de los agentes económicos y sociales al gobierno municipal, refleja en su informe y dictámenes, por más que no tengan carácter vinculante, la misma impresión de anomia municipal y de falta de respuesta a las muchísimas expectativas creadas que semestralmente venían recogiendo los Barómetros socioeconómicos de la Fundación Camára de Comercio.

La sensación de frustración y de oportunidad perdida con la excusa de anteponer el saneamiento de las cuentas municipales explica la pérdida de casi 60.000 votos por el PP en las elecciones municipales del 24 de mayo, la de ocho concejales, la de la mayoría absoluta y, a la postre, la del gobierno municipal.

TRABAS BUROCRÁTICAS

Uno de los mantras de Zoido era la reiteración de la expresión “alfombra roja” para referirse a los empresarios. Así, en una de las varias veces en que a lo largo de su mandato anunció junto con el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, la inminencia de la Zona Franca, que como el Godot de la obra del dramaturgo Samuel Beckett nunca acababa de llegar, el ya exalcalde declaró: “Sevilla será más atractiva para las inversiones; el tejido industrial será ampliado en nuestra ciudad, así que, desde el máximo respeto a la legalidad, vayamos dejando atrás los complejos y pongamos, de modo simbólico, alfombra roja a todos aquellos que quieran crear empleo”.

Los inversores, emprendedores y empresarios no han encontrado en el Ayuntamiento durante el mandato anterior extendida esa metafórica alfombra roja, a la luz del informe del CESS, que describe un cuadro totalmente opuesto a tales pretensiones: “Muchos proyectos no han podido llevarse a cabo como consecuencia -afirma- de la dificultad del empresariado de enfrentarse a las trabas burocráticas, que eternizan proyectos que no se llevan a término por cuestiones administrativas y que sólo consiguen perjudicar a Sevilla, y que todavía no han puesto en valor los reajustes realizados durante los años de crisis para crear empleo”.

EL TAPÓN DE URBANISMO

Hay casos paradigmáticos de estas trabas administrativas y de la falta de agilidad, especialmente en la Gerencia de Urbanismo, que han dificultado, cuando no han impedido la materialización de proyectos de inversión en Sevilla. Algunos no han trascendido a la opinión pública, como el de una gran cadena valenciana de supermercados, que lleva meses esperando a que se le desbloqueen algunos comercios en barrios de la ciudad. Otros, como el de Decathlon en la isla de la Cartuja, son un ejemplo de las contradicciones en que incurrió el gobierno de Zoido en materia de urbanismo y economía.

Pese a preconizar durante todo su mandato la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la tesis de que el vigente constreñía la iniciativa empresarial, el anterior Consistorio dejó escapar a la multinacional francesa Decathlon junto al estadio ‘Olímpico’ justamente por su inflexibilidad para proceder a una modificación del PGOU.

La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

LICENCIA CONDICIONADA

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo.

La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea y la Gavidia. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos. Sólo después de dejar escapar a Decathlon el Ayuntamiento movió ficha para modificar el PGOU.

UN LARGO CAMINO

Por casos como éste el CESS ha acabado calificando a Sevilla en el informe que presentó la semana pasada como la ciudad de las oportunidades perdidas: “Sevilla sigue sin apreciar sus grandes oportunidades para ser más competitiva en un mundo globalizado; la paralización de las infraestructuras, el raquitismo, cuando no la inexistencia de las inversiones, entre otros, están haciendo que la ciudad deje pasar oportunidades sin aprovecharlas”.

El nuevo delegado de Hábitat Urbano (engloba Urbanismo, Turismo y Cultura), Antonio Muñoz, ha declarado de forma gráfica que conseguir una licencia en Sevilla es como la canción de los Beatles ‘Un largo y tortuoso camino’, por lo que se plantea como reto político algo tan simple y sencillo, pero que aquí parece hercúleo, como es conseguir que en nuestra ciudad sea más fácil hacer negocio, simplificando para ello los trámites administrativos.

Y es que el exceso de burocracia parece incompatible con la alfombra roja.

Moverse por Sevilla

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El nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha iniciado su mandato como es tradicional en los nuevos alcaldes de Sevilla en los últimos tiempos, anunciando un plan de tráfico que afecta al Centro de la ciudad (aunque no quiere que se llame del mismo modo que el aplicado por Monteseirín), y los comerciantes han reaccionado inicialmente como es tradicional que reaccione el comercio, alarmado y temiendo por una caída de sus ventas en caso de que se restrinja el acceso de vehículos privados al casco antiguo más extenso de Europa.

Si el Plan Centro de Monteserín suponía en esencia una limitación en la penetración de vehículos particulares al corazón de la ciudad el no-Plan Centro de Espadas, que prefiere llamarlo Plan Integral, persigue el mismo objetivo con, en principio, otros métodos que no recuerden a las cámaras de vigilancia que grababan las matrículas de los coches y actuando no sólo en el Casco Antiguo, sino también sobre el conjunto de la urbe para conseguir un cambio en el modelo de movilidad de Sevilla.

Recuérdese que el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), en su dictamen sobre Movilidad Sostenible aprobado el 17 de octubre de 2014 por unanimidad y con tan sólo un voto particular del PP en relación con las inversiones en la red de carriles bici pero no sobre el resto del contenido, calificó de insostenible el modelo vigente y propuso otro basado en la potenciación del transporte público, tanto en infraestructuras como en servicios de transporte; la mejora de la red viaria y el fomento de los modos más sostenibles: a pie y en bicicleta.

EL ENSAYO DE NAVIDAD

Como el modelo es insostenible y siguen sin acometerse la inmensa mayoría de las recomendaciones contenidas en el dictamen del CESS, no es extraño que Espadas, en línea con los alcaldes anteriores -unos en un sentido y otros, en otro- haya desembarcado en el Ayuntamiento anunciando de forma genérica su propio plan para arreglar el tráfico en el Centro y, por extensión, en el resto de la ciudad frente al bloque formado por los comerciantes y por el PP. Por cierto, el presidente de la asociación Alcentro, Enrique Arias, participó como asesor en el dictamen del CESS. Por su parte, el PP, a través de Gregorio Serrano, ha calificado el anuncio de Espadas de “ocurrencia” que puede poner en peligro, a su juicio, el repunte de ventas del comercio en el Casco Antiguo.

Aunque Sevilla no es Bérchules (Granada), donde se celebra la Nochevieja en verano, hay que recordar a efectos informativos en este mes de julio el Plan de Tráfico que se aplica en Navidad en la capital hispalense. El de 2014/2015, con Zoido aún de alcalde, duró desde el 19 de diciembre de 2014 hasta el 7 de enero de 2015, como es costumbre en la ciudad.

En ese periodo de tres semanas en números redondos sólo se permitió el acceso al Centro a los residentes o titulares de plazas de garaje, vehículos de servicio público u oficiales, vehículos de carga y descarga en los horarios estipulados y clientes de los hoteles, mientras que los vehículos privados sólo podían entrar hasta que se llenaran las plazas de aparcamiento en superficie de la zona azul y los aparcamientos subterráneos de uso público.

Además, por causa del ‘mapping’, de 18:45 a 22 horas se cortaba el tráfico en la confluencia de la plaza de la Alfalfa con la calle Jesús de las Tres Caídas y en la de la Pescadería con la Cuesta del Rosario. Asimismo, se aplicaban medidas especiales en los accesos y/o salidas de los aparcamientos subterráneos de los centros comerciales de Nervión y Los Arcos.

El Plan de Tráfico de Navidad podría definirse como una especie de Plan Centro circunscrito a tres semanas del año y con tales restricciones al tráfico privado que cabría imaginar, conforme a los planteamientos que suelen hacer los comerciantes, la ruina del comercio en el Casco Antiguo por falta de compradores ante las dificultades de accesibilidad y para el aparcamiento de coches particulares.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El Centro se ponía de bote en bote de gente gracias al transporte público y en los últimos años los comerciantes, abonados al ‘quejío’ por sistema, no han tenido empacho en reconocer un incremento de ventas en el periodo navideño, cuando más difícil es circular y aparcar en el Centro. En enero de 2014, Enrique Arias, presidente de la asociación de comerciantes de esta zona de la ciudad, reconoció que la facturación en los establecimientos había subido en un 7%.

SIN CAUSA-EFECTO

Por tanto, no existe una relación causa-efecto entre la restricción del tráfico en el Centro y las ventas del comercio. Antes al contrario: la peatonalización de calles como Tetúa, Velázquez y O´Donnell ha contribuido a revitalizar el corazón de la ciudad y a revalorizar los comercios establecidos en el mismo, como demuestra su inclusión en el ranking de las calles con mayor cotización comercial de España, la presión de las grandes cadenas textiles por instalarse en esta zona de la ciudad y los precios al alza que se pagan por alquileres y traspasos.

El respuesta al alcalde, el presidente de los comerciantes del Centro ha pedido la construcción de las tres líneas restantes del Metro y más plazas de aparcamiento. Son dos medidas caras de materializar en las actuales circunstancias de crisis económica, ya que su su día se estimó que la ampliación del Metro costaría al menos 3.706 millones de euros, mientras que la construcción de aparcamientos tendría un efecto llamada sobre el tráfico privado en vez de al contrario, tal como analiza el CESS en su dictamen: “El aparcamiento es un factor de enorme importancia en la regulación del uso del coche. La experiencia indica que la expectativa positiva de aparcar en destino es el factor que más alienta el uso del automóvil. Si el aparcamiento en destino es fácil y accesible, es casi seguro que el ciudadano optará por la utilización del coche, con independencia de la disponibilidad y calidad de otros medios de transporte puestos a su disposición”.

MENOS CARAS

Hay medidas mucho más baratas y que podrían tener un efecto inmediato en la mejora de la movilidad en la ciudad. Mientras Espadas y/o su delegado de Movilidad hablan de construir un aparcamiento subterráneo en Torneo, en el borde del Casco Antiguo, el CESS aboga con buena lógica por lo que denomina Areas Verdes: aparcamientos en las entradas a la ciudad, junto a las principales vías de acceso por carretera, cuyo uso debe comportar un bajo o nulo coste para el usuario y conectados al centro urbano mediante transporte público y carriles-bici.

Otra medida preconizada en el dictamen del CESS son los autobuses de tránsito rápido, que ya funcionan en el extranjero y en Barcelona: los viajeros validan el billete antes de acceder a autobuses articulados de gran capacidad por cualquier puerta y que circulan por plataformas reservadas.

El dictamen del CESS es un catálogo de incumplimiento de medidas propugnadas en los últimos años, e incluso recogidas en el PGOU, cuya aplicación podría provocar la doble función de aliviar el tráfico privado en el Centro y de allegar clientes a los comerciantes al captar mayor flujo de viajeros en otras zonas de la ciudad y del área metropolitana: extensión del tranvía más allá de San Bernardo y del Cercanías hasta enlazar con el Metro en Blas Infante; creación de una red de intercambiadores de transporte en Plaza de Armas, la UPO, Puerta de Jerez, Puerta Osario y la Macarena, además de las ya conformadas a trancas y barrancas en el Prado y San Bernardo; mantenimiento y ampliación de la red de carriles-bici y conexión del Metro con el tranvía de Alcalá de Guadaíra y el nonato del Aljarafe.

Hay tanto por hacer en materia de movilidad que Espadas sólo tiene por delante margen de mejora con su anuncio de un Plan Integral de Tráfico que aborde no sólo el Centro sino el conjunto de Sevilla.

SOS Jardín Americano

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Si Sevilla fuera Lisboa, su Jardín Americano habría alcanzado la misma consideración entre los ciudadanos y el mismo poder de atracción entre los turistas cultos que tiene la Estufa Fría en la capital de Portugal, el equivalente a un jardín botánico de unos 8.000 m2 de superficie y así denominado porque no se utiliza ningún sistema artificial de climatización para conservar las plantas, sino un entramado de madera, similar a las lamas del Jardín sevillano, que filtra la luz y las protege del sol en verano y de las bajas temperaturas en invierno. Los lisboetas y los turistas pueden disfrutar de la visión de especies procedentes de los cinco continentes y con un colorido espectacular.

Si Sevilla fuera Londres, su Jardín Americano habría alcanzado el mismo reconocimiento que al menos la Casa Templada y la Casa de la Palmera, edificios emblemáticos del no menos prestigioso jardín de Kew, donde se muestra a nativos y forasteros cómo la Humanidad depende de las plantas, desde para el tejido de la ropa hasta para la elaboración de medicamentos. Casi millón y medio de personas acuden cada año a conocer el complejo botánico de Kew, que entre sus muchas funciones se ha convertido en uno de los bancos de semillas más importantes del mundo.

Si Sevilla fuera Viena, su Jardín Americano sería tan apreciado como la Casa de las Mariposas: un jardín tropical junto al Palacio Imperial de Sissi y que alberga un bosque pluvial en miniatura donde pueden verse mariposas raras y de gran belleza, con hasta 30 centímetros de envergadura. A su entrada se pueden comprar semillas de árboles singulares, como los gigantescos sequoias. O también como el Palmeral del Palacio de Schönbrunn, otro invernadero de cristal y acero, dedicado a plantas tropicales y a aves exóticas.

Si Sevilla fuera París, su Jardín Americano sería tan amado por los sevillanos como los parisinos aman su ‘Jardin des Plantes’ (Jardín de las Plantas), con sus tres invernaderos de metal acristalado, uno de ellos denominado el Mexicano, por albergar plantas de América.

NO ES

Pero como Sevilla no es Lisboa, ni Londres, ni Viena, ni París, su excepcional Jardín Americano, uno de los legados de la Expo-92 y que llegó a albergar 690 especies de plantas donadas ex profeso en la ‘Operación Raíces’ por naciones iberoamericanas, pudo estar diecisiete años abandonado y perdiendo especies singulares tras la Muestra, recuperado parcialmente luego y vuelto a ser abandonado de nuevo, hasta el punto de salir ardiendo en la noche de San Juan (¿una casualidad en la noche de las hogueras?) sin que el Ayuntamiento se enterara de tal circunstancia hasta que días después lo reveló Viva Sevilla.

La situación de abandono de una joya botánica como ésta sería, sencillamente, inconcebible en cualquier gran y civilizada ciudad de Occidente. Por eso, casi coincidiendo con el incendio, la semana pasada la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite para su estudio una queja presentada por la plataforma ciudadana hispalense SOS Jardín Americano. Este colectivo cívico recordó a la Eurocámara que con fondos Feder de la Unión Europea (75%) y de Urbanismo (25%) se financió a partir del año 2007 la obra de recuperación del abandonado Jardín, que ejecutó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con un presupuesto de 8,4 millones de euros, finalmente ampliado a 11 millones tras una serie de actuaciones complementarias.

Según la Plataforma, el Ayuntamiento recepcionó las obras y asumió la gestión y el mantenimiento del Jardín, pero en vez de consolidarlo, a partir de la llegada de Zoido al gobierno local (2011) este espacio verde dejó de recibir inversiones específicas y acabó gradualmente sumido en el abandono, como desde hace meses y meses ha venido demostrando gráficamente el exjefe del Servicio de Parques y Jardines, José Elías.

OTROS CASOS

Así pues, las zonas verdes sevillanas vuelven a estar, para nuestro desdoro, en el punto de mira de Europa, que ya exigió explicaciones al Gobierno de España por el proyecto de atravesar con la autovía SE-35 el parque del Tamarguillo y que ha podido conocer cómo se destruyó parte de los Jardines del Prado de San Sebastián para la ilegal biblioteca universitaria y cómo sobre el papel se sigue manteniendo el plan de cruzar el Parque del Guadaíra con una vía rápida para coches que se extendería desde el Polígono Sur hasta la avenida de La Raza. Esto es Sevilla. ¿Cómo extrañarse entonces en este ambiente del abandono, el vandalismo y el fuego en el Jardín Americano?

El incendio en este legado botánico de la Expo, a tan sólo dos años de la conmemoración de su XXV aniversario, es mucho más preocupante, por varias razones.

Para empezar, el Ayuntamiento se ha enterado del fuego por este periódico y unos días después de acaecido, pese a que la sede de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, responsable de los parques y jardines de la ciudad, se encuentra situada a unos centenares de metros del Jardín, en la misma isla de la Cartuja, que también alberga el Parque Científico y Tecnológico y a la que Espadas, como muestra de su especial preocupación, quiere convertir en el distrito número 12 de Sevilla.

Si Medio Ambiente se entera por la prensa de un incendio en la joya botánica de la ciudad que acaece casi delante de su sede ello no sólo denota la falta de vigilancia en la isla, sino también que previamente no había sido informado de un suceso de tal naturaleza por los teóricos responsables de velar por el Jardín.

EL MACROCONTRATO

¿Y quiénes son los responsables prácticos, independientemente de que a la Delegación ahora llamada de Hábitat Urbano le corresponda la responsabilidad ‘in vigilando’, o sea, la de vigilar al vigilante? Pues se supone que alguna de las empresas, puede que Fitonovo (operación Madeja) entre ellas, a las que el gobierno de Zoido adjudicó en septiembre de 2012 un macrocontrato de 48 millones de euros (dividido en seis lotes) para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado de la ciudad.

La tesis del gobierno anterior era que como, por falta de personal y de medios, el Servicio de Parques y Jardines sólo se ocupaba realmente de los históricos o tradicionales (Parque de María Luisa, Los Príncipes, Jardines de Cristina y de Murillo…) había que externalizar la conservación del resto, incluyendo todas las nuevas zonas verdes creadas en los últimos años, como los parques del Tamarguillo, Charco de la Pava, Guadaíra….

Este macrocontrato abarcaba 700 ha de parques y jardines y 180.000 árboles, y según se dijo tras el acto de adjudicación, incluía un plan de defensa contra incendios y un servicio de apertura y cierre de los parques.

El abandono y el fuego en el Jardín Americano, aparte de las polémicas talas de árboles en la ciudad durante el mandato anterior, han demostrado el fracaso de este modelo, en que unas pocas empresas gestionan las zonas verdes y el arbolado con criterios más economicistas que botánicos, como ha ocurrido con la poda masiva de naranjos hasta entrado el verano para que no produzcan naranjas en otoño y ahorrarse el coste de su recogida en otoño.

Lo ocurrido con el Jardín Americano, otra vez en similar proceso de degradación, debe servir al menos para acelerar la reversión de las zonas verdes al Ayuntamiento y para aplicar un nuevo modelo de gestión que impida que nunca más se lance un SOS a Europa por el estado de nuestros jardines.

Zoido deja una deuda de 502 millones de euros

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De esta cantidad, 479,3 corresponden al Ayuntamiento y 22,5, a Tussam y Lipasam

Habría amortizado durante su mandato 144 millones, según los datos que se contabilicen

El gobierno saliente de la ciudad, que presidió Juan Ignacio Zoido, habría dejado una deuda viva consolidada a fecha 10 de junio de 2015 (entre la del Ayuntamiento y la de Tussam y Lipasam) de 502 millones de euros en números redondos, según un escueto y genérico cuadro estadístico entregado por Asunción Fley al equipo del nuevo alcalde, Juan Espadas.

La corporación cuyo mandato expiró con la toma de posesión de Espadas como regidor de los destinos de Sevilla estima que durante sus cuatro años ha dejado la deuda del Ayuntamiento, toda a largo plazo, en 479.356.843,62 euros.

A esta cifra le suma las deudas de las empresas municipales Tussam y Lipasam, que ascienden a 16.497.063 euros (de los que 136.049 son a corto plazo) y 6.101.934,28 euros, respectivamente, hasta un total entre ambas de 22.598.997,28 euros.

La adición de la deuda del Ayuntamiento y la de Tussam y Lipasam arroja un total para toda la corporación municipal hispalense de 501.955.840,90 euros.

Teóricamente, en esta cantidad estarían incluidos los dineros a devolver por el exceso de transferencias realizadas por el Estado (la PIE) en los ejercicios de 2008 (14,3 millones) y de 2009 (58,6 millones), algo más de 73 millones de euros. La devolución se ha ido aplazando año tras año, mediante maniobras dilatorias ante Hacienda, tanto por Monteseirín en su última etapa como por Zoido, por lo que deberá ser Espadas el que acabe respondiendo por esta deuda.

EL MANDATO ANTERIOR

El balance económico del gobierno de Zoido es todavía provisional, pendiente de una revisión a fondo de las cuentas y de los criterios contables que haya aplicado Asunción Fley y que aplique su sucesor en la Delegación de Hacienda. A título de ejemplo, Emasesa no aparece en la estadística de los números rojos, cuando a principios de año PSOE e IU votaron en contra de un acuerdo para que dispusiera de una línea de crédito de hasta 200 millones de euros con que refinanciar su deuda a largo plazo, que ascendía a 185 millones, y afrontar una ampliación en 58,5 millones de su plan de obras.

Zoido declaró el 11 de mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales, que encontró el Ayuntamiento con 790 millones de euros de deuda (con una supuesta deuda oculta de 400 millones) y que la ha rebajado a 502 millones.

El balance de su mandato y el alcance del saneamiento realizado depende de qué se contabilice como deuda y desde qué fecha. Si se toma como referencia el mes de enero de cada ejercicio, cuando suelen entrar en vigor los nuevos presupuestos municipales, a principios de 2011, todavía con Monteseirín como alcalde y medio año antes de la toma de posesión de Zoido, la deuda del Ayuntamiento era de 405,7 millones, y la de las empresas municipales, de prácticamente 128 millones. En total, 533,7 millones.

PUNTO DE PARTIDA

La situación que parece más realista es la de enero de 2012, ya con Zoido plenamente al mando tras seis meses en el sillón de alcalde y cuando afloran deudas como los 58,7 millones de Emvisesa por la encomienda de la ampliación de Fibes bajo el mandato de Monteseirín.

A esa fecha, que podríamos considerar como la del arranque económico de Zoido en la Alcaldía, la deuda del Ayuntamiento ascendía a 502,7 millones, y la de las empresas municipales (incluyendo 12,4 millones de Sevilla Global y 40.000 euros de la televisión municipal, ambas en trance de disolución por entonces) era de 143,1 millones de euros.

En total, Zoido se habría encontrado con 645,9 millones de deuda, lejos de los 790 millones que ha pregonado, salvo que metiera en el mismo cómputo a Emasesa y Mercasevilla, que habitualmente se han quedado fuera de esta estadística.

Si tomamos como punto de arranque enero de 2012 y damos por bueno el estadillo dejado por Fley, Zoido habría saneado realmente casi 144 millones de euros de la deuda municipal (143.969.955 euros), a razón de 23.440.517 euros en el Ayuntamiento y de 120.529.438 euros en las empresas municipales.

El exalcalde procuró garantizarse la paz social en Tussam y Lipasam, a las que ha dedicado la mayoría de los recursos para tratar de poner a cero el contador de su deuda. Así, Tussam ha pasado de deber 53,5 millones en enero de 2012 a 16,4 millones en junio de 2015, y Lipasam, de 18,3 millones a 6,1 millones ahora.

Deuda viva consolidada del Ayuntamiento de Sevilla

(A 10 de junio de 2015)

Ayuntamiento Tussam Lipasam Totales

Corto 0 16.361.014 6.101.934,28 22.462.948,28

Plazo

Largo 479.356.843,62 136.049 0,00 479.492.892,62

Plazo

Total 479.356.843,62 16.497.063 6.101.934,28 501.955.840,90

Un tiro en el pie

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Juan Ignacio Zoido se estrenó el pasado viernes en el primer Pleno municipal de la ‘era Espadas’ como en un viaje a tiempos pretéritos: portavoz del primer partido de la oposición, lo cual no dejó de resultar extraño tras verlo ejercer durante cuatro años como el alcalde con la mayoría más absoluta de la historia (20 concejales).

Zoido, que progresivamente va digiriendo el resultado electoral que le privó de revalidar la Alcaldía pese a haber logrado la (insuficiente) victoria en las urnas el pasado 24 de mayo, se mantuvo en un tono institucional al anunciar que no estrenaría el mandato votando en contra de la primera decisión del nuevo gobierno local, por lo que su grupo se abstendría, pero ello no fue óbice para que hiciera constar en acta el descontento del PP por el hecho de que sólo cinco de sus doce ediles vayan a tener dedicación exclusiva al poder contar con un sueldo del Ayuntamiento y reclamó los medios necesarios para ejercer la oposición en función de su representatividad y con un criterio de proporcionalidad.

La queja de Zoido ha estado motivada por la aprobación de la estructura de la nueva corporación municipal, en la que los veintidós concejales con dedicación exclusiva al Ayuntamiento, y por tanto con un salario público, se han repartido de la siguiente forma: los once ediles del PSOE, en cuanto partido en el gobierno; dos ediles por cada grupo minoritario de la oposición (Ciudadanos, Participa e Izquierda Unida), y los cinco restantes, por el PP, con lo que el grupo mayoritario en el Pleno, el de los populares, se encuentra con que siete de sus ediles han de ‘buscarse la vida’ fuera del Consistorio y no podrán dedicarse al 100% a fiscalizar la labor del gobierno de Espadas.

LEY DEL PP

Aunque a Zoido no le sirve de consuelo, el resto de grupos políticos municipales mostraron su disgusto con la situación creada, que atribuyeron única y exclusivamente a los efectos de la denominada ‘ley Montoro’ (por su promotor, el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro), técnicamente la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Aprobada en un momento político en que la gaviota del PP revoloteaba por encima de la mayoría de las instituciones del país y antes de que la progresiva desafección ciudadana le haya hecho perder 2,5 millones de votos en los últimos comicios, esta norma se ha acabado revelando como un tiro en el pie de los propios populares, que jamás pensaron que tendrían que aplicársela a ellos mismos. Si el PP se hubiera mantenido en el gobierno de Sevilla y de otro gran número de municipios, la ley apenas habría tenido efecto sobre sus grupos municipales y sí en los de la oposición, pero allí donde ha perdido el gobierno la norma ha tenido un efecto ‘boomerang’, de cuya magnitud empiezan a percatarse ahora.

Esta ley, tal como se reconoce en su préambulo, es consecuencia de otra anterior, la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ‘obliga’ a mejorar el control económico-financiero de la Administración Local y a racionalizar su funcionamiento.

Dicho de otro modo, se trata de trasladar los recortes económicos a los ayuntamientos con la aprobación de numerosas modificaciones a la ley de Bases de Régimen Local, entre las que destacan cuatro:

Sobre el régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y del personal al servicio de las entidades locales (nuevo artículo 75 bis): Se fijan límites en función de la población. En el caso de Sevilla (más de 500.000 habitantes) es el sueldo de secretario de Estado.

2) Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva (nuevo artículo 75 ter): En el caso de Sevilla (municipio con población comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes) no podrá exceder de 22, a pesar de que la corporación hispalense tiene 31 capitulares, con lo que de entrada ya se obliga a dejar sin retribución municipal a nueve.

3) Personal eventual de las Entidades Locales (nuevo artículo 104 bis): En el caso de Sevilla, podrá incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7% del número total de puestos de trabajo de la plantilla.

4) Coste efectivo de los Servicios (se añade un nuevo artículo, el 116 ter): El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, deberá efectuarse entre funcionarios de carrera…. de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el grupo A1.

CRITERIO “DE MÍNIMOS”

Estos son, en esencia, los cuatro artículos que han condicionado la estructura del nuevo gobierno de Espadas y de la nueva corporación en cuanto a concejales liberados, en cumplimiento de una ley aprobada en las Cortes por la mayoría absoluta del PP, como el resto de grupos se encargó de recordarle a Zoido.

Hasta el portavoz de IU, Daniel González Rojas, se pronunció a favor de que todos los concejales, sean de la formación que sean, tengan dedicación exclusiva al Ayuntamiento y no ocurra como en los tiempos de Franco, “donde sólo los señoritos -dijo- podían dedicarse a la política”.

El criterio de Espadas ha sido el de que, al margen del partido en el gobierno (PSOE), donde todos los ediles tienen dedicación exclusiva justamente por sus responsabilidades en la gestión de la ciudad, cada grupo político tenga una estructura mínima e igual por ejercer su labor fiscalizadora, número cifrado en dos personas (portavoz más un edil de apoyo), con lo cual el tercer edil de Ciudadanos y de Participa Sevilla ha tenido que buscarse acomodo en la Diputación. Este reparto “de mínimos” deja inevitablemente también a siete de los doce concejales del PP ‘fuera’ del Ayuntamiento.

PROPORCIONALIDAD

Para el PP, el criterio que se debería haber seguido era el de la “proporcionalidad”, ya que su grupo tiene seis veces más ediles que IU y cuatro veces más que Participa y Ciudadanos. Estableciendo una proporción entre el número de votos, de concejales y de ediles con dedicación exclusiva, si a los 77.971 votos cosechados en conjunto por Ciudadanos, Participa e IU le han correspondido seis capitulares liberados en el Ayuntamiento, al PP deberían haberle correspondido ocho en vez de cinco, pero para no superar los límites legales ello habría obligado a dejar un solo concejal con dedicación exclusiva en los otros tres grupos: el portavoz.

La propuesta de Participa Sevilla de que todos los ediles cobren sólo tres veces el salario mínimo interprofesional con el fin de obtener un ahorro con el cual retribuir a los 31 concejales tampoco se atiene a la ley, que especifica claramente que el número de ediles a sueldo exclusivo del Ayuntamiento en el caso de Sevilla “no podrá exceder de veintidós”, por lo que daría igual lo que cobraran. El objetivo del legislador está claro: forzar un ahorro del gasto público al obligar a un tercio en números redondos de la corporación a no cobrar de las arcas municipales.

Por más vueltas que se le ha dado a la cuestión y pese al reconocimiento de Espadas del perjuicio sufrido por el grupo mayoritario del Ayuntamiento, la ley Montoro ha acabado volviéndose contra Zoido: con cinco ediles a tiempo completo deberá esforzarse en controlar un gobierno de once, a razón de dos delegaciones por edil. Nunca le fue al PP más duro remar en los bancos de la oposición.

Espadas planteará al arzobispo de Sevilla la “sobrerrepresentación” municipal en procesiones

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El nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aprovechará su inminente reunión con el arzobispo, monseñor Asenjo, para abordar no sólo el polémico convenio sobre la restauración de la iglesia de Santa Catalina (423.500 euros) que Zoido le obligó a firmar a Emasesa, sino también cómo rebajar el, a su juicio, exceso de representación del Ayuntamiento en las ceremonias de carácter religioso que se celebran en la ciudad.

Juan Espadas ha adelantado su posición sobre lo que entiende como un excesivo peso de los concejales del Ayuntamiento en la procesión del Corpus y en otras ceremonias religiosas en el curso de su participación en el programa ‘El Objetivo’, de La Sexta Televisión.

Al referirse a la relación entre las instituciones y la Iglesia, el nuevo alcalde de Sevilla afirmó que “la verdad es que respecto a las tradiciones hay que saberlo situar en un marco institucional. Se puede hablar con mucha cabeza también con la iglesia”. Aunque según Espadas “no sería lógico que desapareciéramos de las ceremonias religiosas”, matizó que se puede rebajar “la sobrerrepresentación que puede haber de instituciones de determinadas funciones religiosas”, y mostró su convicción de que “cuando uno está en calidad de alcalde en una ceremonia, tiene que separar su vida privada y sus creencias de su posición ahí”.

La cuestión que plantea Espadas no es nueva, ya que, como el Guadiana, ha aparecido y desaparecido en el debate público en diversas ocasiones desde la restauración de la Democracia, especialmente con motivo del Corpus Christi, tal como reflejan en cada momento los medios de comunicación cuando “se tira de hemeroteca”.

La presencia en la procesión del Corpus desde la llegada de la democracia ha sido una elección personal de cada concejal. El andalucista José Luis Ortiz Nuevo, miembro de la primera corporación municipal (1979) que presidió Luis Uruñuela, recordaba al diario El País que en los primeros años «fueron hasta los comunistas». Para el escritor Antonio Rodríguez Almodóvar, candidato socialista en las primeras elecciones y primer teniente de alcalde hasta 1982, entonces estaba «más justificada» la presencia de los concejales de partidos de izquierdas «porque había que demostrar que no había ningún intento de que volvieran las dos Españas».

A lo que no accedieron todos los concejales de los primeros mandatos fue a vestir de chaqué, el uniforme actual de la representación municipal masculina. Al principio, el protocolo sólo exigía traje oscuro. «Nosotros nos negamos a ponernos chaqué», aseguraba Rodríguez Almodóvar, quien rememoraba que el primer alcalde socialista que usó esa prenda fue Manuel del Valle, el cual estuvo al mando del gobierno entre 1983 y 1991.

El chaqué se fue imponiendo y hasta que, según fuentes del Ayuntamiento, el siguiente alcalde, el andalucista Alejandro Rojas Marcos, lo declaró obligatorio a partir de 1992. La asistencia a la procesión es voluntaria, pero quien va ha de vestir chaqué. Además, los hombres llevan fajín, guantes grises (puestos o sujetos en la mano) y la medalla capitular, que también cuelga el cuello de las concejalas que procesionan. Las mujeres deben vestir traje de ceremonia y los tenientes de alcalde, tantos hombres como mujeres, portan bastón.

La Corporación sale a pie del Ayuntamiento camino de la Catedral a las ocho de la mañana del día del Corpus, presidida por el alcalde y encabezada por dos maceros. Delante, abre el paso la banda municipal de música, y detrás, lo cierra una representación de agentes de la Policía Local con traje de gala. Una vez en el templo, los miembros del gobierno se integran en la procesión y cuando ésta completa su recorrido, vuelve en formación hasta el Ayuntamiento.

La procesión del Corpus tarda en pasar de dos a tres horas y el cortejo, según opinión cada vez más extendida, resulta cada año más tedioso por el incremento de participantes. El Ayuntamiento ya planteó durante el mandato de Monteseirín la necesidad de regular la participación en la procesión, pero ya entonces algunos opinaron que la primera que debería disminuir era la de la propia Corporación municipal. «Va siendo hora de que los representantes de la sociedad civil dejen de ir a las procesiones», declaró Antonio Rodríguez Almodóvar, para quien la presencia de concejales en el cortejo puede considerarse hasta una «falta de respeto a la Constitución».

(El eje) Sevilla-Málaga

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El día de la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta coincidieron en el Parlamento andaluz el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el de Sevilla, Juan Espadas. De aquel encuentro surgió una declaración compartida y reiterada en diversas ocasiones en los últimos días: la conveniencia de crear un eje Sevilla-Málaga/Málaga-Sevilla que acabe con la estéril rivalidad entre las dos grandes ciudades andaluzas, fomentada por cierta clase política miope como mecanismo de autoafirmación frente al otro.

“Siempre he tenido la mayor disposición a sacar partido de la potencia de las ciudades andaluzas y de los ejes que puedan unirnos. Trabajar juntos para ofrecer un mejor servicio a los vecinos. Lo mejor es ponerse a andar”, afirmó Francisco de la Torre.

Por su parte, Juan Espadas dijo: “hay que cambiar el ‘chip’ de la relación entre ambas ciudades; pensar en planes estratégicos y tejer una alianza como la de las universidades de Málaga y Sevilla. Con la ayuda de la Junta seríamos mucho más potentes”.

Este tipo de declaraciones de buenas intenciones no es nueva. Ya se escucharon anteriormente en boca del propio De la Torre y de los alcaldes sevillanos que precedieron a Espadas y coincidieron en el tiempo con el regidor malagueño, Monteseirín y Zoido, pero luego no se fue más allá de la retórica, ni se concretó ningún tipo de acción conjunta.

UNIVERSIDADES PRIMERO

Sin embargo, esta vez el clima es diferente y ya se han puesto en marcha, o están a punto de ponerse, iniciativas que han demostrado que es posible y deseable un eje sevillano-malagueño, como ha ocurrido con la alianza forjada entre las dos grandes universidades de cada ciudad, la Hispalense y la de Málaga, con el proyecto Andalucía Tech, reconocido como Campus de Excelencia Internacional.

Meses antes de que Zoido accediera a la Alcaldía, los entonces rectores de las dos universidades, Joaquín Luque (Sevilla) y Adelaida de la Calle (Málaga), suscribieron lo que, dada la artificial rivalidad creada por los políticos, parecía impensable: un acuerdo para formar entre ambas instituciones uno de los mejores campus tecnológicos de España, Andalucía Tech.

Ambos rectores designaron una comisión de expertos para que elaboraran un catálogo de titulaciones conjuntas, tanto en grados como en másteres oficiales y doctorados, así como proyectos de investigación e innovación en campos como la energía, la biomedicina y los estudios sobre Asia oriental, hasta donde se está desplazando la geopolítica mundial debido al auge económico de China y de los denominados tigres asiáticos (Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia…).

Esta apuesta por la internacionalización superando los estrechos límites localistas se plasmó en la apertura de sedes en China y Corea y en la alianza con VLC-Campus para la apertura de una sede en los Estados Unidos.

La transferencia de conocimiento y la cooperación con las empresas andaluzas han sido otros de los pilares de Andalucía Tech, que firmó con Eticom (la patronal andaluza de las tecnologías de la información) un convenio sobre iniciativas estratégicas en torno al ‘cloud computing’, los contenidos digitales y la calidad del software; y otro con la multinacional Ericsson para el desarrollo de proyectos singulares. En esta línea, el acuerdo más reciente es el nuevo convenio marco firmado con la Fundación Sando, que aportará anualmente 7.500 euros para la movilidad internacional de los estudiantes malagueños y sevillanos.

CINCO AÑOS

El quinto aniversario de Andalucía Tech, el próximo mes de octubre, es una ocasión excelente para hacer balance de este lustro de imbricación entre las dos universidades y de lanzar nuevos retos conjuntos con el deseable apoyo de la Junta. No parece casual que Susana Díaz haya nombrado consejeros de su nuevo Gobierno a los rectores de Sevilla (Antonio Ramírez de Arellano era la mano derecha de Joaquín Luque) y Málaga (Adelaida de la Calle, ya rectora entonces), las dos universidades que crearon Andalucía Tech y demostraron que era posible vertebrar académicamente Andalucía Occidental y la Oriental , si bien los medios de comunicación sólo han interpretado estos nombramientos en clave de rebeldía frente a las políticas del ministro Wert.

La elección del malagueño Javier González de Lara como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuya sede está en Sevilla, también ha contribuido a difuminar la interesada imagen del centralismo sevillano en todos los órdenes. González de Lara, con una labor callada, está sentando las bases para salvar a la CEA de la difícil situación económica en que se hallaba tras los excesos previos al estallido de la crisis. El presidente de la patronal andaluza viene y va continuamente de Málaga a Sevilla y ha dotado a la institución de una visión más amplia, que aúna mejor los intereses de los empresarios de las dos mitades de Andalucía, una región tan extensa como Portugal.

Y AHORA LOS EMPRESARIOS

Venciendo suspicacias y tendiendo puentes, se ha ido creando en los últimos tiempos un terreno abonado para la creación de un eje empresarial Sevilla-Málaga que suceda al universitario Andalucía Tech y preceda al político-cultural preconizado por Espadas y De la Torre. Se trata de la denominada Unión Cívica del Sur, constituida oficialmente el pasado 4 de mayo con el número 607708 en el Registro Nacional de Asociaciones, tres semanas después de haber sido recibidos sus promotores en San Telmo por Susana Díaz, entonces presidenta en funciones. Copresiden este foro empresarial dos abogados y exalcaldes de cada una de las dos ciudades, de signo ideológico opuesto, para demostrar aún más que no hay diferencias insalvables: Luis Merino (político de UCD que fue regidor malagueño entre 1977 y 1979) y Manuel Del Valle (político del PSOE, que fue alcalde de Sevilla entre 1983 y 1991).

En su manifiesto fundacional, proclaman lo siguiente: “(….) Es el tiempo de las ciudades andaluzas; de que se constituyan en potentes elementos de vertebración de toda la Autonomía. Nuestra red de ciudades, equilibradamente ubicadas sobre el conjunto del territorio y que hoy cuenta con más dotaciones de servicios públicos y una amplia mejora de sus comunicaciones ha de ser la urdimbre sobre la que tejer un proceso de colaboración y cooperación libre, sin más protagonismo que los que generen las propias capacidades de cada una.

En este proceso de cooperación urbana hacia el desarrollo equilibrado de Andalucía, Málaga y Sevilla, Sevilla y Málaga, están llamadas, conjuntamente, a ejercer el liderazgo. Por sus poblaciones, por la calidad y diversidad de sus sistemas productivos, por su realidad universitaria cooperativa, por la demostrada capacidad creativa e innovadora de sus habitantes y la evidente atracción que tienen para los de fuera. Existen, además, entre la una y la otra un significativo número de ciudades medias que articulan el territorio entre ambas, un espacio geográfico en el que viven más de tres millones y medio de personas. Un conjunto que, de actuar al unísono, tiene extraordinarias posibilidades de futuro.

Málaga y Sevilla, Sevilla y Málaga… Por la cooperación entre ambas ha de discurrir el futuro de Andalucía…”.

HACIA LA CONVERGENCIA

Así pues, se están produciendo las circunstancias idóneas, desde los ámbitos académico y empresarial, para que se genere una convergencia de intereses entre Sevilla y Málaga, a la que han de poner la guinda política los dos alcaldes, Juan Espadas y Francisco de la Torre, con acciones concretas que superen el mero plano de las palabras.

Al igual que cuando se celebra una cumbre política entre dos gobernantes previamente sus equipos han trabajado al alimón durante meses para llenarla de contenido y que se plasme en la firma de acuerdos, los grupos de Espadas y De la Torre han de trabajar sobre fórmulas que permitan materializar ese eje entre las dos grandes urbes andaluzas en todos los campos posibles, máxime teniendo activos culturales y turísticos que potenciarse mutuamente, y aún más cuando el ‘bypass’ del AVE en Almodóvar permitirá unirlas por alta velocidad en poco más de una hora.

Málaga puede ser la gran puerta de entrada a Sevilla del turismo internacional y Sevilla articular con Málaga una oferta cultural conjunta con los museos de las dos ciudades, el Alcázar, el espacio Santa Clara, el Maestranza…..

Los nuevos tiempos de Andalucía propician el fin de una era en que Sevilla y Málaga han vivido como durante siglos, hasta su integración en la UE, se decía que vivían España y Portugal: de espaldas la una a la otra.

La Iglesia incumple el convenio de Santa Catalina

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Hoy, 22 de junio de 2015, se cumple un mes desde que en vísperas de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo el consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, y el arzobispo, monseñor Asenjo, firmaron junto con el entonces alcalde en funciones, Juan Ignacio Zoido, un controvertido contrato de patrocinio por el que la empresa metropolitana de aguas se comprometió a patrocinar la restauración integral de la iglesia de Santa Catalina con 423.500 euros (IVA incluido).

Como contrapartida, la Archidiócesis de Sevilla se obligaba a realizar en favor de Emasesa una campaña publicitaria equivalente en términos económicos al importe del patrocinio recibido.

Según el convenio, Emasesa adquirió el compromiso de entregar la mitad del dinero (211.750 euros, IVA incluido) a los 15 días de la firma del mismo, plazo que se cumplió el pasado 6 de junio, una semana antes de la toma de posesión de Espadas como nuevo alcalde. Los 211.750 euros restantes los debe abonar la empresa metropolitana cuando la Archidiócesis haya acreditado la ejecución de la campaña publicitaria por valor equivalente en favor de Emasesa.

Entre las acciones publicitarias se incluyeron, según las fuentes consultadas, acciones como una cartelería especial en la iglesia de Santa Catalina donde quedaría expresamente de manifiesto ante los sevillanos que la restauración está patrocinada por Emasesa; la inserción en la publicación semanal de la Archidiócesis de la actividad desarrollada por la empresa y de los servicios que presta en la ciudad y en su área metropolitana, y el nombre y el logotipo de la misma en cualquier actividad que realice la Archidiócesis.

Sin embargo, la Archidiócesis todavía no ha cumplido al 100% los términos del acuerdo, como, por ejemplo, demuestra el hecho de que la publicación Iglesia en Sevilla correspondiente a la semana del 21 al 27 de junio no incluye ni anuncio ni logotipo ni referencia alguna a las actividades de Emasesa.

Ello no ha sido óbice para que el pasado jueves, con motivo de la presentación de la encíclica en defensa de la Naturaleza del Papa Francisco, el arzobispo declarara lo siguiente: “Espero que se cumplan los compromisos adquiridos cuando con el anterior alcalde firmamos, con cierta solemnidad, un protocolo en el que nos obligábamos a terminar las obras compartiendo el presupuesto. Espero que el Ayuntamiento se comprometa en la conservación de este edificio”.

Monseñor Asenjo hizo un llamamiento a las instituciones para que ayuden a mantener el patrimonio, ya que de no ser de esa manera “nos vamos a tener que acostumbrar -dijo- a ver iglesias en ruinas”.

El convenio con Emasesa ha sido muy polémico, por entenderse que escapa al objeto social de la empresa el patrocinio de restauraciones arquitectónicas y por su elevada cuantía en tiempos de crisis y de vigilancia de quienes no pueden pagar el recibo del agua. El comité de empresa lo ha criticado duramente y ha acusado a la dirección de usar ese dinero tras haber recortado el sueldo a los trabajadores con el argumento del ahorro de costes, mientras que la asociación vecinal del casco antiguo La Revuelta lo puso directamente en conocimiento de la Fiscalía.

Espadas, por su parte, ha declarado que analizará el convenio, al que ha calificado de “extraño”, para ver si está ajustado a Derecho y si es necesario acometer alguna modificación “para hacer bien las cosas”. El nuevo alcalde quiere reunirse esta misma semana con monseñor Asenjo para abordar el polémico asunto.

La ley impide a Espadas bonificar las multas a los sevillanos

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Espadas no podrá cumplir el anuncio realizado en la Jefatura de la Policía Local de rebajar en un 50% las multas de tráfico que los agentes impongan a los sevillanos, siempre que se trate de la primera sanción del año y de que la infracción sea de carácter leve, porque medidas de este tipo quedaron abolidas en la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 2009, según le recuerda el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo.

Arnaldo rememora que como en la ley se estipulaba que las infracciones leves serían sancionadas con multas de hasta 100 euros y los ayuntamientos podían desarrollar el texto del artículo mediante su propia ordenanza de Tráfico o Circulación, los alcaldes jugaban con la palabra “hasta” y decidían rebajas sin sobrepasar el límite del centenar de euros.

Desde mayo de 2010, sin embargo, esto ya no es posible porque en el Parlamento se aprobó una reforma a fin de evitar que una misma infracción al Código de la Circulación pudiera tener una sanción distinta según el lugar donde se hubiera cometido, y a fin de equiparar a todos los municipios del territorio nacional, por lo que de facto quedaron prohibidas las bonificaciones, rebajas, aminoraciones…. en general de la cuantía de la sanción por infracción de carácter leve.

En las multas por infracciones graves o muy graves, el legislador no había dejado lugar a ningún tipo de interpretación o de margen de maniobra por parte de los ayuntamientos, ya que fijó sanciones de 200 y 500 euros, respectivamente, sin que mediara la palabra “hasta”.

MULTAS INCREMENTADAS

No sólo no se pueden rebajar las sanciones por infracciones leves de tráfico, sino que la única opción posible es justo la contraria: se podrán incrementar en un 30% en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor, su condición de reincidente, el peligro potencial creado por él mismo y para los demás usuarios de la vía y el criterio de proporcionalidad.

Mario Arnaldo comparte y apoya el espíritu de la iniciativa de Espadas, pero al tiempo de ratificar que es ilegal desde hace cinco años, plantea “si no vamos a tener que quitarles puntos a nuestros parlamentarios y políticos en general, por su desconocimiento de las normas que ellos mismos aprueban y de su aplicación”.

Arnaldo lamenta que Espadas no hubiera alzado la voz cuando no era alcalde sobre el artículo que permite incrementar las multas, la única opción posible ahora, en un 30%. “Nosotros -afirma- protestamos contra esa ley y nos dejaron solos. Es la demostración del afán recaudatorio de nuestros gobernantes a costa de los automovilistas. Ahora no nos vale con que un político llegue a la Alcaldía o a otro cargo e intente congraciarse con los ciudadanos anunciando rebajas o bonificaciones, cuando no dijo nada ante el abuso del incremento del 30%, que no tenía más objeto que engordar las arcas públicas”.

Mario Arnaldo apoya medidas como la que plantea Espadas, que obligarían a cambiar la ley, porque a su juicio hay que ser indulgentes con quien comete un primer error de tipo leve y perseguir y ser implacables con los “garbanzos negros” que con su conducta temeraria e irresponsable ponen en riesgo a los demás y a ellos mismos.

El Ayuntamiento de Espadas costará dos millones menos que el de Zoido

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La nueva corporación municipal, presidida por Juan Espadas, costará a los sevillanos 5,3 millones de euros, frente a los 7,4 millones que costaba en el anterior mandato bajo la presidencia de Juan Ignacio Zoido, según las primeras estimaciones tras las grandes líneas maestras que van perfilándose en las reuniones mantenidas hasta ahora por el alcalde con todos los grupos políticos.

La corporación emanada de las urnas el pasado 24-M está condicionada por la aplicación de la ley promovida por el Gobierno del PP de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sólo permite retribuir con un sueldo fijo a 22 de los 31 ediles del Ayuntamiento. Además hay que tener en cuenta otros factores condicionantes, como los compromisos electorales de los partidos políticos, los pactos de la investidura de Espadas, la inexistencia de ediles de libre designación (los conocidos como ‘dediles’) que puedan desempeñar tareas de gobierno y que este gobierno local es el de menos concejales (11) de la historia (el de Manuel Del Valle en 1987, también en minoría, tuvo 13).

Conforme a la RTP del Ayuntamiento y sin tener en cuenta trienios y casuísticas particulares, aparte del alcalde (sueldo de 59.831 euros, aunque a la hora de la verdad cobraba 10.000 euros más por sus trienios como funcionario, como le ocurría a Asunción Fley, exdelegada de Hacienda), había 19 ediles (los del PP) y los dos portavoces de la oposición con sueldos de concejales de gobierno (50.629 euros), y once capitulares sin responsabilidad de gobierno pero con dedicación exclusiva que cobraban cada uno 34.604 euros. El coste total, pues, era de 1.503.684 euros anuales.

El planteamiento actual es que, alcalde aparte, haya 10 ediles (del PSOE), más cuatro portavoces (PP, Participa, Ciudadanos e IU) y 7 concejales que cobren un sueldo del Ayuntamiento, con lo que el coste total sería de 1.010.865 euros, con un ahorro respecto al mandato anterior de 492.865.

REDUCCIÓN DE EVENTUALES

En el caso de los eventuales (desde directores de distrito hasta miembros del gabinete de prensa), había 60 asignados al gobierno de Zoido y 48 a la oposición (total, 108), con unas retribuciones de entre 22.000 y 50.000 euros por lo general (con excepciones de 60.221 euros), y a una media de 33.000 euros, por lo que el coste total estimado es de 3.564.000 euros.

Ahora, la idea es que se queden 62 eventuales a repartir entre el gobierno y la oposición y con la misma escala retributiva, por lo que el coste total será de 2.046.000 euros, con un ahorro de 1.518.000 euros.

En el caso de los gerentes de las empresas municipales, sin contar el de Aussa ni el de Mercasevilla, sus sueldos ascendían en conjunto a 1.200.000 euros en números redondos, que se quedarán ahora en 660.000 euros, debido a que ninguno podrá cobrar más de los 59.831 euros del alcalde. El ahorro sería de 540.000 euros en este capítulo.

Los directores generales deben ser funcionarios de carrera del grupo A o titulados superiores y se perfilan como el gran soporte del gobierno de Espadas. Hasta ahora había 15, con unas retribuciones muy dispares, que oscilaban entre los 63.364 euros como mínimo y los 102.712 como máximo. El coste total con Zoido era de 1.136.994 euros.

El criterio ahora es incrementar su número, pese a lo cual costarán menos que en el anterior mandato. Habrá tres coordinadores generales con el mismo sueldo que el alcalde (59.831 euros) y 18 directores generales con sueldos equivalentes a los de los concejales de gobierno (50.629 euros). Así, ahora el coste total queda en 1.090.815 euros, con un ahorro de 46.179.

Por último, los distritos serán gestionados por once directores generales (anteriormente eran personal eventual), que cobrarán como tales (56.629 euros), por lo que sus emolumentos ascenderán a 556.919 euros en total.

El coste del Ayuntamiento

Con Zoido Con Espadas Diferencia

-Corporación 1.503.684 1.010.865 – 492.819

-Eventuales 3.564.000 2.046.000 – 1.518.000

-Gerentes* 1.200.000 660.000 – 540.000

-Dtores. Grales. 1.136.994 1.090.815 – 46.179

-Directores

Grales. Distritos** 0 556.919 + 556.919

Total 7.404.678 5.364.599 -2.040.079

Notas: Entre los gerentes no están incluidos los de Aussa ni Mercasevilla. Los directores generales de distrito en el mandato de Zoido estaban incluidos en el personal eventual. Las cifras son ‘grosso modo’ y no incluyen casuísticas particulares de concejales ni del resto de personal.