Hace dos años se conoció el dictamen sobre el Guadalquivir que elaboró un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas. Sus conclusiones eran enormemente preocupantes: el gran río de Sevilla y de Andalucía es cada ve menos grande. Ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.
Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.
El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.
Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.
Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.
Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad. Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar.
Sin embargo, como los neodesarrollistas han vuelto a la Administración, hay quienes quieren tirar a la papelera el trabajo de dos años del CSIC y de las universidades andaluzas, pese al dinero que ha costado a los contribuyentes, y convertir el dictamen en papel mojado. Para ello, como es tradicional en este país llamado España, qué mejor que recurrir a la política de hechos consumados.
Sin que aún se hayan pronunciado al respecto ni el Consejo de Participación en el Espacio Natural de Doñana ni el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha consignado en sus exiguos presupuestos para la provincia de Sevilla una partida de 23 millones de euros para el dragado de profundidad del Guadalquivir. No hay dinero para aquello en lo que hay unanimidad, como serían la ampliación del Museo de Bellas Artes, la rehabilitación del Museo Arqueológico, los festivales culturales, el desdoble de la N-IV y la terminación de algún tramo más de la SE-40, pero sí se reserva para una obra más que controvertida y no avalada por los científicos a los que se encargó expresamente el dictamen, con lo cual se está condicionando de alguna manera la decisión que deben adoptar el Consejo de Doñana y el Ministerio de Medio Ambiente. El titular de este Departamento, Miguel Arias Cañete, no tiene un perfil ecologista precisamente, como acaba de demostrar liquidando la Ley de Costas e indultando el ladrillo en primera línea de playa.
Y en esta política de hechos consumados, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, hace de su capa un sayo y anuncia que a principios de año va a licitar las obras del dragado aunque siga sin contar con autorización administrativa, salvo que bajo cuerda ya le hayan dado vía libre porque esté todo atado y bien atado. En un alarde de irresponsabilidad para un administrador del dinero público, ha declarado que él va a licitar, “y luego que se pronuncie quien quiera pronunciarse, ya sea por vía administrativa o judicial”. Y ha añadido: “Me espero cualquier cosa después de ver que un grupo de vecinos han sido capaces de echar abajo la biblioteca del Prado de San Sebastián y enterrar así muchos millones de euros”.
Perdón. Es justamente al revés: los ciudadanos nos esperamos ya cualquier cosa, incluso que Fernández dilapide 23 millones de euros en una obra que puede ser declarada ilegal, después de ver que un par de rectores de la Hispalense fueron capaces de empecinarse en malgastar 10 millones en una biblioteca fuera de la ley en el Prado y que se hayan ido de rositas sin asumir responsabilidad alguna y cargándole el coste de su imprudencia a los contribuyentes.
fondo es que como la economía española no deja de contraerse y la creación de riqueza es menor, también se estima que disminuirá consecuentemente el presupuesto destinado a carreteras, puentes, pantanos, aeropuertos, vías férreas, puertos…. hasta unos 9.000 millones de euros.
Rus alternó ataques contra la Junta y el Ayuntamiento. Acusó al alcalde de falta de interlocución, del abortado ‘tasazo’ de las Ordenanzas Fiscales y de las contradicciones y falta de agilidad de la Gerencia de Urbanismo con Decathlon y Caixafórum, temas en los que podía estar cargado de razones pero que estaban ligados únicamente al sector de la construcción. Su irritación por la falta de grandes obras públicas, debido a los obligados recortes presupuestarios, llegó al extremo de abogar por el cierre de la línea 1 del Metro, en la que se han invertido 658 millones de euros, si no se licitan las restantes pendientes, porque él no le ve sentido a que permanezca en solitario. La tesis no puede ser más disparatada, por cuanto la línea 1 ya arroja beneficios (por más que la empresa constructora de Rus, que participaba en la misma, vendiera en tiempos su participación pensando en que sería deficitaria y por los sobresaltos en su construcción) y es usada por 15 millones de viajeros al año, por lo que algún efecto vertebrador tendrá, diga lo que diga el presidente de la CES.
redondos ya no volverán. Por tanto, el sector de la construcción no va a tener ese increíble peso del 17% del PIB, como llegó a ocurrir en Andalucía, y debe adaptarse a la nueva realidad, reinventarse y buscar nuevos nichos de mercados dentro y en el exterior, llámense rehabilitación o eficiencia energética, por más que Rus brame contra las Administraciones que se le pongan a tiro. Su situación recuerda a la descrita en forma de parábola por Spencer Johnson en la famosa obra ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’
Miguel Rus, el hombre que sabía demasiado sobre el desalojo de los chabolistas de Los