El campus de Palmas Altas permite una Ciudad de la Justicia de uso casi inmediato
Surge un nuevo escenario para dar prioridad al tramo Bermejales-Prado de la línea 3 del Metro
El viceconsejero de Justicia, Alejandro Cardenete, ha avalado el campus tecnológico de Abengoa en Palmas Altas para Ciudad de la Justicia, en línea con lo que ya publicamos en diciembre de 2016, con el siguiente titular: “Palmas Altas, para la Ciudad de la Justicia de Sevilla”.
En aquella información decíamos, entre otras cosas, lo siguiente: “El complejo, construido sobre una superficie superior a los 40.000 m2, consta de siete edificios de entre tres y cinco plantas que ocupan unos 47.000 m2. Dos, con unos 16.000 m2, están ocupados por la Universidad privada Loyola Andalucía (…).
Abengoa ocupaba los cinco restantes, a los que había que sumar un área de servicios compartidos compuesta por comedores con capacidad para 700 personas simultáneamente, guardería, centro médico y otros. A ello hay que sumar 1.300 plazas de aparcamiento bajo rasante, sin contar las existentes al aire libre. La multinacional sevillana invirtió unos 132 millones de euros en su construcción.
Actualmente, Abengoa sólo ocupa dos edificios y parte de otro de sus cinco iniciales y si, como se teme, continúa la reducción de plantilla (inciso: ha continuado, por última vez el pasado 13 de febrero, cuando se anunció otro ERTE, para la filial Abenewco1, que afectará a 47 empleados) le sobraría todavía alguno o algunos más. La Universidad Loyola Andalucía, que tiene contrato de permanencia hasta el año 2019 en dos de los siete inmuebles, proyecta trasladar a partir de ese año sus instalaciones al término de Dos Hermanas.
COMPLEJO VACÍO
Ante la perspectiva de que en un plazo máximo de tres años el campus se quede prácticamente vacío (nuevo inciso: extremo confirmado por Cardenete, ya que Abengoa o lo que queda de ella se irá de allí el próximo verano y la Loyola, para el inicio del nuevo curso) de no aparecer un comprador o inquilino de la envergadura que tenía la antigua Abengoa, algo muy improbable en el panorama económico de Sevilla, la nueva dirección de la compañía ha pensado en la Administración Pública y baraja como opción ofrecer el campus a la Junta de Andalucía para sede de la futura Ciudad de la Justicia (…)
La banca sería la primera interesada en que se diera una salida satisfactoria al campus de Palmas Altas, en grave riesgo de quedarse vacío tras una inversión de 132 millones de euros. Las entidades acreedoras ya estuvieron a punto de quedarse con las llaves hace cinco meses, pero en el último minuto decidieron paralizar la ejecución hipotecaria que iba a iniciar un Juzgado Mercantil de Sevilla.
El complejo de siete edificios está aún gravado por una hipoteca de 78,6 millones de euros otorgada en su día por un ‘pool’ bancario, a cuyo frente figuran La Caixa y el banco francés Natixis, que concedieron 15 millones de euros cada uno”.
EL PREACUERDO
El pasado 19 de febrero, mi querida compañera Mercedes Benítez desveló en ABC cómo el Gobierno de Susana Díaz había negociado en este tiempo con la banca acreedora la compra del campus de Palmas Altas al precio, en función de los tipos de interés, de entre 63 y 66 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar 15 millones en obras de adaptación para los nuevos usos judiciales, con lo que podría resultar un coste total de entre 78 y 81 millones.
La operación tiene visos de magnífica si no la frustran los intereses creados, ya que el complejo costó en su día 132 millones y fue diseñado por Richard Rogers, premio Pritzker (equivalente al Nobel de arquitectura) con criterios de sostenibilidad que suponen un importante ahorro operativo.
No sólo se compraría por un máximo de 66 millones un campus que costó el doble, sino que sumando los ahorros en los alquileres de las sedes judiciales actualmente dispersas (Viapol, Noga y la Buhaira), en vigilancia y en gastos generales (6,08 millones de euros anualmente en total), en un decenio la operación se amortizaría prácticamente. ¿Cuánto costaría hoy construir de nueva planta un complejo equivalente? ¿Doscientos millones? Al coste habría que sumar los gastos por el tiempo de espera. Por ejemplo, la Ciudad de la Justicia de Málaga tardó en construirse cinco años. A 6 millones anuales de gasto en alquileres y otros, el coste de perder esta oportunidad se incrementaría en 30 millones.
La idea inicial de la Junta consistía en trasladar en una primera fase todos los juzgados a Palmas Altas (un total de 112), salvo los instalados en el Prado.
RECHAZO
Como era de esperar y cual si gozara de un autoconcedido derecho de veto sobre el mismísimo Gobierno andaluz, el “lobby” judicial se ha opuesto a semejante posibilidad, con argumentos tales como que prefiere un lugar más céntrico y que no esté “donde Cristo perdió el mechero” (sic); que no se garantiza el acceso y la movilidad de los ciudadanos y profesionales a Palmas Altas y que si sólo se trasladan los órganos judiciales unipersonales pero no todos, aumentaría en kilómetros la dispersión del conjunto.
Empecemos por el final. El viceconsejero Cardenete ha dicho: “hay un informe y un estudio para ver si cabrían todos los juzgados, y caben todos, pues hay incluso posibilidad de crecimiento con edificios no ocupados en una primera fase, y posibilidad de expansión en las instalaciones”.
A lo que cabría añadir otras, tal como reflejamos en aquella información de hace tres años: en algún solar del mismo campus dotado aún de edificabilidad y usado como mero aparcamiento y, conectada por la pasarela sobre la SE-30, la cercana parcela (12.437 m2) de Los Bermejales a la que finalmente renunció la Universidad para la Politécnica y donde podrían ubicarse los juzgados del Prado, con cuya venta financiar esta posible segunda parte de la operación.
CENTRO Y PERIFERIA
Despreciar Palmas Altas diciendo que está “donde Cristo perdió el mechero” es la demostración de la visión reduccionista y centralista que de Sevilla tiene el “lobby” judicial, para el que la urbe se reduce al Centro y los 60.000 vecinos que lo habitan, sin tener en cuenta los 600.000 sevillanos restantes, en cuyos barrios parece que únicamente se pueden instalar lo que no quieren o no cabe en el Casco Antiguo, como tanatorios, mezquitas, depuradoras malolientes, el depósito de coches de la grúa y otras incomodidades, pero no algo digamos más “noble”. Según la visión centralista del “lobby”, si los 600.000 vecinos de los barrios deben desplazarse al Centro para trabajar o realizar cualquier gestión no hay ningún problema; el problema es si son los miembros de la carrera judicial quienes han de ir a trabajar o a hacer alguna gestión a Palmas Altas.
Si, según la teoría del “lobby”, no está garantizado el acceso allí, ¿cómo entonces ha sido posible, y lo sigue siendo, que durante todos estos años se hayan podido desplazar diariamente a trabajar o estudiar, respectivamente, los miles de empleados que ha tenido Abengoa y los 1.200 estudiantes de la Loyola?
De momento hay tres líneas de autobuses (3, 34 y 37) que pasan por Los Bermejales y sigue pendiente la línea exprés hasta dicho barrio y Bellavista que se acordó en el Ayuntamiento y que Espadas aún no ha implementado. El refuerzo y/o modificación de estas líneas para prolongarlas hasta Palmas Altas o la creación de otras no debería ser mayor problema. Además hay línea ferroviaria de cercanías en el entorno y hasta la del puerto pasa al lado del campus.
ACCESIBILIDAD
El “lobby” judicial confunde distancia con accesibilidad: se puede llegar más rápidamente desde el Prado hasta Palmas Altas por la Palmera y la Avenida de Jerez, o la de la Raza (en cuya prolongación se construye un nuevo acceso al centro comercial Lagoh del que se beneficiaría la Ciudad de la Justicia), que a otros sitios menos distantes pero sembrados de semáforos.
El escenario es tan cambiante que ya se puede haber quedado desfasada la prioridad dada por Espadas a la construcción del tramo de la línea 3 de Metro entre Pino Montano y el Prado. Cuando en 2011 se redactó el proyecto para dicha línea, se estimó una demanda potencial de viajeros para todo el trayecto ( y no sólo la mitad) de entre 40.000 y 50.000 diarios.
Todavía entonces no se había inaugurado en Los Bermejales una macrosede de la Junta que moviliza a miles de personas y funcionarios. Tampoco se había empezado a construir el centro comercial Lagoh en Palmas Altas, con una previsión de 14 millones de visitas anuales, a un promedio de 38.356 diarias (piénsese también en el Sevilla Park, a medio camino), ni se había planteado allí, como ahora, la Ciudad de la Justicia. Si a todo ello sumamos el poder de atracción del hospital Virgen del Rocío y del campus universitario de Reina Mercedes, ¿no sería más lógico empezar la construcción de la línea 3 al revés de lo que se había pensado, es decir, desde Los Bermejales hasta el Prado y así ya se dejar sin excusa alguna al “lobby” judicial?
Llevamos 15 años buscando suelo o haciendo dibujos sobre el papel para una Ciudad de la Justicia meramente virtual. ¿Cuántos más vamos a seguir de esta manera, pintando edificios imaginarios y deshojando la margarita? La gran ventaja de Palmas Altas es que ya está todo construido y se puede empezar a utilizar en un plazo mínimo de tiempo. ¿Va a perder Sevilla esta oportunidad? Corre el riesgo de que le pase como a Yaser Arafat, de quien se decía que nunca perdía la oportunidad de perder una oportunidad.
Viva Sevilla ha ofrecido un análisis socioeconómico de cada distrito y, previamente, un amplio informe en el ecuador del mandato de Zoido, en el que quedaba claro el incumplimiento de la mayor parte de las 135 promesas de su programa para las municipales de mayo de 2011, desde los 29 aparcamientos (no ha hecho ninguno) hasta el pabellón cubierto en Los Bermejales con pistas de nieve artificial, pasando por centros cívicos y deportivos, guarderías, comisarías de Policía, mercados y hasta centros de salud.
Así, sin cortarse lo más mínimo, entró Zoido al debate, en el que no aludió a los 89.000 parados sevillanos, pese a su famosa promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ (12.000 parados más que cuando él llegó a la Alcaldía), ni a las 1.000 VPO que iba a construir cada año para los 16.600 sevillanos inscritos en la lista de espera de Emvisesa.
También hizo otra con pocos visos de credibilidad, como el anuncio de la adjudicación de las obras del edificio puente de Los Pajaritos a una nueva empresa, tras declararse la anterior en concurso de acreedores, para iniciar también en septiembre el realojo de 96 familias del barrio e iniciar así el derribo de las primeras infraviviendas de esta zona deprimida de Sevilla. Y es que el anuncio de Zoido se produjo tan sólo 48 horas después de que su Delegación de Urbanismo adoptara la iniciativa de reducir de 250.000 euros a tan sólo 15.000 el presupuesto que estaba aprobado este año para la rehabilitación integral del barrio, con lo cual los vecinos han perdido ya toda confianza en el alcalde y sus promesas.
El primer efecto-sorpresa relativo fue el anuncio de que antes de que concluya julio Sevilla contará con la primera Zona Franca fluvial de España, de lo que se colige que Hacienda dará luz verde a la solicitud del Ayuntamiento, conforme a un expediente al que no se ha permitido acceso a la oposición municipal y que, por lo que se ha filtrado, incluiría entre las empresas potencialmente interesadas en instalarse en la misma a algunas como Danone, algo ilógico tras la decisión de la multinacional del yogur de darle el cerrojazo a su fábrica de Sevilla.
Está por ver qué dice la Consejería de Salud sobre esta apropiación por el procedimiento del tirón perpetrada por Zoido, aunque dadas las restricciones presupuestarias existentes hasta cabe dentro de lo posible que la consejera María Jesús Montero esté encantada con el favor que le haría el alcalde de librarla del compromiso de gastar parte de su presupuesto en un centro avanzado de salud en Sevilla. Al final va a resultar que quien boicotea a la capital de Andalucía no es la Junta, sino el propio alcalde en su afán de complacer a jueces y abogados y, de matute, a él mismo. En cualquier caso, de aceptar el consejero de Justicia y colega de Zoido, Emilio Llera, el ofrecimiento del Prado para la Ciudad de la Justicia habría que proceder a la modificación del PGOU, un lento trámite burocrático que, falta de dinero aparte, impediría que la primera piedra se pusiera en este mandato del alcalde.
La paradoja del anuncio de Zoido es que esta política de incentivos a las familias y las empresas que ahora preconiza como posible es la misma que viene propugnando desde hace meses la oposición municipal. Cuando a principios de año los tres grupos del Ayuntamiento se reunieron para otro frustrado Pacto por el Empleo, Espadas (PSOE) propuso al gobierno local que propiciara la contratación de 3.600 parados mediante subvenciones y exenciones fiscales a pymes y autónomos, aunque ello supusiera la renuncia a unos ingresos de 4,6 millones de euros en concepto de impuestos y tasas: benificación del 95% en el IBI, IAE, ICIO y ocupación de vía pública.
La respuesta del Ayuntamiento a través de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha sido siempre que no se podían atender estas demandas de la oposición, y más aún la rebaja del IBI, porque era “ilegal”. O sea, que cuando lo proponen Espadas y Torrijos no se puede, pero cuando lo anuncia Zoido, a pesar de que el Gobierno de Rajoy ha prorrogado el gravamen complementario del IBI hasta 2015, Asunción Fley deja de ser la dama de hierro de las cuentas y se aplica el lema de Obama: “Yes, we can”.
importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.
Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?
Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.
En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.
base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.
Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.
La suspensión de una de las sesiones del juicio por el escándalo Mercasevilla debido a la imposibilidad técnica de reproducir la famosa grabación en que los acusados habrían exigido, presuntamente, el pago de una ‘mordida’ de 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza es una metáfora de la situación de la Justicia. Para rizar el rizo, tuvo que ser un miembro del Jurado, de profesión informático, el que arreglara el cacharro -nunca mejor dicho- con que cuenta la Audiencia. Al igual que ante una urgencia en un teatro o cualquier otro local público se pregunta por los altavoces si hay un médico en la sala, a partir de ahora los jueces sevillanos deben estar preparados para inquirir si hay un informático entre los presentes, capaz de realizar una chapuza sobre la marcha. Ya que no podemos aspirar a que se construya la Ciudad de la Justicia de la que se viene hablando desde el siglo pasado por ser un tema de ciencia-ficción según el consejero Emilio Llera, roguemos al menos por que en los tribunales funcione el equipo de sonido, que no tiene tanta ciencia.
firmado convenios con su Ayuntamiento, presentado incluso planos de ubicación y distribución de superficies… y que, de la noche a la mañana, hubiera dicho que no había dinero y que todo eso no era más que “ciencia-ficción”.
Naturalmente, en los doce años en que la Junta ha estado mareando la perdiz en Sevilla, le ha dado tiempo de sobra a construir la Ciudad de la Justicia de Málaga, el mayor edificio administrativo de Andalucía, con una inversión de unos 85 millones de euros (¡más barato que las ‘Setas’ de Monteseirín!). Allí no impera la ciencia-ficción, sino el realismo. El Escorial malagueño en plan Torretriana ha permitido concentrar los 88 órganos y siete sedes judiciales hasta entonces dispersos por la ciudad y cuyos alquileres costaban más de un millón de euros.
Zoido, en vez de haber amarrado la inversión para Sevilla tomándole la palabra a la Junta cuando le instaba a que pusiese él el sitio para construir la Ciudad de la Justicia, ahora que no hay dinero esgrime la alternativa de toda la Judicatura, tan comprensiva (Zoido ha protestado con la boca chica) con el Gobierno autónomo. El alcalde-juez propugna derribar el actual edificio de los Juzgados, reformar el de la Audiencia y construir tres más en el entorno, algunos de ellos con diez plantas de altura y hasta varias bajo rasante (trabajar en un sótano), lo que cambiaría el paisaje actual del Prado al meterle casi 110.000 m2 de edificabilidad, equivalente a dos complejos como el de la torre Pelli/edificio Podio o a tres estadios de fútbol, y sin posible ampliación futura de esta Ciudad dispersa, al contrario que en los Gordales.
No ha habido ningún medio que no haya hablado del debilitamiento del ‘efecto Zoido’, aquella corriente de simpatía sin precedentes que, gracias al voto ‘prestado’ de barrios sociológicamente de izquierdas, impulsó al candidato del PP a la Alcaldía de una forma arrolladora al premiarlo con 20 concejales.
La carta, filtrada a los medios antes incluso de que llegara a su destinatario, fue interpretada como el inicio de la confrontación política con la Junta desde las capitales de provincia gobernadas por el PP, al modo de lo que había hecho el Gobierno andaluz contra el central en la era de Chaves y Aznar, y para preparar el terreno de cara a las autonómicas del 25-M, por entonces a seis meses vista, y el luego frustrado desembarco de Arenas en San Telmo.