El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en cumplimiento de su promesa electoral, llevará al próximo Pleno una moción en pro de que se someta a consulta de los sevillanos en fecha aún indeterminada estas dos cuestiones relativas a la Feria:
1)¿Está de acuerdo en que la Feria de Abril de 2017 comience en la noche del sábado 19 de abril, con el tradicional alumbrado de la portada, y finalice el sábado 6 de mayo a las 24 horas con los fuegos artificiales, contando además con los días 30 de abril y 1 de mayo como días festivos?
2) ¿Está de acuerdo con que la Feria de Abril cuente siempre con un día festivo de carácter nacional , autonómico o local?
Aunque en términos coloquiales se habla de un referéndum sobre la Feria, técnica y jurídicamente se trata de una consulta popular, pero en la práctica es como si Espadas movilizara todo el aparato jurídico, administrativo y de seguridad más las infraestructuras que habitualmente se movilizan para la celebración de unas elecciones generales en Sevilla capital.
EXIGENCIAS LEGALES
Y es que pese a los avances tecnológicos, que teóricamente permitirían realizar esta consulta vía Internet mediante el voto electrónico, el alcalde se remite a lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, Reguladora de las Consultas Populares en Andalucía (Boja Nº 59, de 24 de mayo de 2001), que obliga al equivalente a la celebración de unas elecciones y al cumplimiento de unos farragosos -y no precisamente cortos- procedimientos administrativos, que han de ser aprobados en última instancia por el Gobierno de la nación con la intermediación de la Junta de Andalucía.
Dada la tradición garantista de nuestro ordenamiento jurídico, el Parlamento andaluz aprobó hace 15 años, cuando Internet aún no estaba tan desarrollado, esta norma con una gran cantidad de exigencias para, según se dice en la exposición de motivos, velar por la transparencia y objetividad de los procesos que se sometan a consulta, de ahí la obligación de activar la Junta Electoral de Andalucía y la de Zona y las mesas electorales.
Y no se sabe qué sería más complicado, si celebrar el equivalente a un día más de elecciones en Sevilla, por si no hubiéramos tenido ya suficiente con las del 20 de diciembre y las probables del próximo 26 de junio, o contar con un sistema más ágil y menos garantista, a la luz de las experiencias previas y proyectadas en otras ciudades.
LA DIAGONAL DE BARCELONA
A mediados de mayo de 2010, el Ayuntamiento de Barcelona organizó una consulta sobre la Diagonal, que salvando las distancias equivaldría a nuestra Avenida de la Constitución. Planteó tres opciones: A) La favorita del entonces alcalde, el socialista Jordi Hereu, de convertirla en un bulevar; B) Convertirla en una rambla; y C) Dejarla como estaba y no tocarla.
El censo electoral lo componían 1.414.783 barceloneses, pero sólo votaron 172.179 (el 12,17%). Ganó de forma abrumadora (137.474 votos, el 79,84% de los emitidos) la opción C, de dejarla como estaba. Fue un fracaso para los planes reurbanizadores del Ayuntamiento, que se saldó con la destitución del primer teniente de alcalde. Fracaso político además de fracaso organizativo. Se podía votar de forma presencial, como habría que hacerlo en Sevilla, y también por Internet y a lo largo de seis días y no en una sola jornada, como se plantea en nuestra ciudad.
El mecanismo de identificación se basaba en el número del DNI y la fecha de nacimiento, que se enviaban por SMS. El votante recibía un código de autentificación para que pudiera introducirse en la pantalla de votación. Los problemas con el sistema, que no se probó previamente, impidieron votar a centenares de personas ya el primer día, incluido el propio alcalde, que fingió ante las cámaras de televisión que había podido emitir su sufragio con normalidad para ocultar las incidencias. Hubo suplantaciones de personalidad, como la del líder del PP municipal (alguien votó en su nombre) y el de CiU sólo consiguió votar tras siete intentos fallidos.
VELADORES DE PALMA
Más recientemente (diciembre de 2015) tenemos noticia de la consulta popular celebrada en Palma de Mallorca sobre las terrazas de veladores en el Paseo del Borne, un tema éste que suscitaba en la capital de las Baleares tanta polémica como en Sevilla, donde no se le ha ocurrido a Espadas someterlo a “referéndum” en el mismo paquete del de la Feria. El Ayuntamiento planteó las siguientes preguntas: 1) ¿Quieres terrazas en el Paseo del Borne?; 2) En caso de que hubiera terrazas, ¿dónde las quieres situadas: en el centro, en la zona lateral para peatones o no tienes preferencias?.
Podían votar a través de la página web del Ayuntamiento los residentes en Palma que dispusieran de tarjeta ciudadana, un título unipersonal que sirve para pagar el autobús con tarifa reducida y como identificador de los palmesanos a la hora de obtener el certificado de residencia para viajes y para acceder a Bicipalma (el equivalente aquí a las bicicletas de Sevici). A pesar de que el censo electoral de Palma estaba compuesto por más de 283.000 personas, sólo votaron 15.655 (el 5,53%), de las que 11.869 lo hicieron a favor de los veladores y 2.854 en contra (hubo 932 sufragios no válidos por respuestas incompletas).
REPSOL EN MÁLAGA
Para no ser menos que Espadas, su colega del eje Sevilla-Málaga, Francisco de la Torre, constituyó el pasado 18 de abril en el Ayuntamiento malagueño una mesa de trabajo para la organización de una consulta ciudadana en la que se decida el futuro de los antiguos terrenos de Repsol. Se preguntará sobre tres propuestas (las de PP, C´s y la izquierda), previo acuerdo de un Pleno a celebrar en septiembre, con campaña informativa en octubre y votación en noviembre.
La consulta duraría diez días y podrían participar los empadronados mayores de 16 años tanto de forma presencial a través de las OMAC (especie de oficinas de atención a los ciudadanos) como por Internet.
Así pues, al contrario que Espadas, Málaga no se va a remitir a la Ley andaluza para celebrar su propia consulta popular, con lo que de paso se ahorra pedir permiso a la Junta y al aún inexistente Gobierno de la nación.
LA FACTURA
Si se celebran elecciones el 26 de junio, la fecha más probable de constitución de las Cortes sería el 20 de julio, y a partir de ahí se vería si se forma y cuándo el Gobierno que tendría que autorizarle a Espadas su “referéndum” sobre la Feria. No parece oportuno en todo caso que esa solicitud se plantee en pleno verano, sino al regreso de las vacaciones, por lo que con la cantidad de plazos administrativos que habría que superar la consulta podría diferirse hasta finales del año en curso.
Si Espadas insiste en seguir la vía de la ley 2/2001, de 3 de mayo, ésta impone que el Ayuntamiento corra con todos los gastos de organización de la jornada “electoral”, que habría de celebrarse con los requisitos habituales desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, con sus correspondientes papeletas de votación, recuento de votos y demás.
¿Cuánto dinero puede costarle al Ayuntamiento organizar una consulta popular sobre la fecha de la Feria cuando el posible cambio de la misma sólo serviría para el año 2017 y tendría un carácter de mero ensayo, reversible en caso de que no funcionara la experiencia? ¿Se justifica ese gasto? Una cosa es organizar un asequible “referéndum” mediante voto electrónico por Interneta través de la web municipal, sin más pretensiones, y otra muy diferente movilizar todo el aparato del Estado en una jornada electoral a un coste de decenas de miles de euros, un dinero que podría destinarse a necesidades más perentorias en una ciudad con más de 80.000 parados desde hace años.
Quizás sea más útil, conveniente y barato que los sevillanos, aun agradeciendo la buena intención de Espadas, deleguen su voto en el alcalde para que sea él quien decida. Al fin y al cabo, para eso fue elegido.
