El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado el relevo del delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, Manuel González Lora, y su sustitución por José Manuel Girela, que había perdido su acta de diputado en las últimas elecciones generales. González Lora, que llevaba un año en el cargo, se dio trazas para eludir su obligación de presidir la polémica Comisión Provincial de Patrimonio amparándose en un informe jurídico a su medida.
La destitución de González Lora llega casi dos meses y medio después de que decidiera dar la “espantá” como presidente de la Comisión Provincial de Patrimonio, un cargo asociado a su condición de delegado territorial de Cultura y que han ejercido todos sus predecesores. El anterior delegado, si no podía asistir por sus múltiples compromisos, sinplemente no convocaba la sesión de la Comisión, pero cuando la convocaba, actuaba presencialmente como su presidente, para realzar la importancia de la misma y de los temas que se abordaban en su seno.
El pasado día 27 de abril, el hasta ahora delegado sorprendió a los miembros de la Comisión al presentar un informe jurídico dedicado a cómo resolver la suplencia de la Presidencia de dicho organismo.
Según el texto, el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modificó el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, había provocado un vacío legal, ya que no había previsto la suplencia de la presidencia de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico.
Por ello, el informe esgrimido por González Lora se remitía al artículo 93.2 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que indica que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la presidencia será sustituida por el miembro de la Junta o de la Administración que tenga mayor jerarquía, antigüedad en el órgano y edad, por este orden.
Con ese informe en la mano, el delegado nombró de facto como presidenta suplente a la jefa del Servicio de Bienes Culturales, María Antonia Teva, por el criterio de mayor jerarquía, y no volvió a aparecer por la Comisión Provincial de Patrimonio, que ha estado desde entonces huérfana de su presencia, en una actuación política sin precedentes.