Archivo de la etiqueta: Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

Registros

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Hacienda admite que no verificó la información que atribuía a la infanta Cristina la venta de trece fincas urbanas y rústicas y la Agencia Tributaria ha tratado de descargar la responsabilidad sobre los registradores de la propiedad. Estos, a su vez, han calificado de “ínfima” la posibilidad de que ellos puedan cometer error alguno.

No sólo Hacienda no comprueba la veracidad de los datos de los registradores y da por buena sin más cualquier notificación, sino que también alguno de éstos incurre en esa misma práctica. A las pruebas me remito en el caso del exalcalde de Zalamea la Real y exdiputado socialista Francisco Sánchez Moreno, que utilizó el coladero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y la inopia del Registro para tramar una operación urbanística ilegal en beneficio de Anisados Arenas.

El entonces alcalde se inventó una finca en la que falseó el nombre, la calificación urbanística, la extensión….. y con el argumento de que no estaba aún inscrita acudió al Registro de la Propiedad, que la inmatriculó sin verificar ni un solo dato, pese a que los terrenos, ejidos comunales, constaban como tales en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento e ¡inscritos en el mismo Registro desde el año 1933!.

Pese a mis escritos al Registro y a la Dirección General del Notariado alertando de la usurpación de bienes comunales del pueblo, nada hicieron al respecto o, todo lo más, argüir que las acciones de la Administración tienen presunción de veracidad frente a los particulares. Recalificados los suelos como bienes de propios gracias a la cooperación/inhibición del Registro, el alcalde, conchabado con el industrial, organizó luego una permuta de suelos con aquél que permitió la construcción de una nueva fábrica de aguardiente. Tan plagada de ilegalidades estaba, que también con la cooperación necesaria de la Junta de Andalucía hubo que legalizarla  cambiando las Normas subsidiarias,  cuando lo que jurídicamente procedía era la demolición.

Posteriormente, el Consistorio comunicó al Registro que probablemente se había producido una doble inmatriculación de los terrenos, tal como yo venía denunciando, pero cuando la nueva fábrica ya estaba consumada. El Registro corrigió el ‘inocente’ error y así quedó ‘blanqueada’ la ilegalidad urbanística y la registral.

Si alguien vigila al vigilante, nunca tendrá la presunción de veracidad frente a éste y, en último extremo, como con la infanta, dirán que hubo un fallo humano. Pero pruebe a fallar el lector, a ver qué le ocurre.

Más información en el siguiente enlace:

https://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

 

Desencanto

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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha tardado 17 años en caerse del caballo y percatarse de la existencia de una casta aparte, la clase política, que se coloca fuera y por encima de la ley y de instituciones como la que él ha representado hasta que osó cuestionarla.

Desde 1991 he recurrido en numerosas ocasiones al Defensor, inicialmente cuando lo era en funciones Jesús Maeztu que, por paradojas o capricho de esos mismos políticos que mueven los hilos, vuelve a sus orígenes.

Como entonces era aún un ingenuo que creía en la Democracia, el imperio de la ley, etc., etc., acudí al Defensor en, nunca mejor dicho, defensa de unos terrenos comunales y vías pecuarias usurpados desde la más flagrante ilegalidad urbanística. Nunca podía imaginar que aquella defensa, también en nombre de la Memoria Histórica cuando nadie la reivindicaba, se convertiría en una batalla de 22 años por esclarecer la verdad y comprender cómo se podía actuar con absoluta impunidad. Las pruebas de mi aserto están en los cuatro informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas’.

Chamizo dice que se va -cuando en realidad lo han echado- porque no quiere ser un florero del sistema. Al igual que el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, él ha desempeñado inconscientemente ese rol de florero durante 17 años. El Defensor, ante mis requerimientos de que denunciara ante los Tribunales, me alegaba que sólo era una autoridad moral.

Ahora bien, esa autoridad moral no surtía efecto porque los políticos condenados moralmente por la institución por obstaculizar su labor o pasar olímpicamente de cumplir sus recomendaciones no sólo seguían tan campantes en sus puestos, sino que incluso trepaban aún más alto en la escala, con el respaldo de esos mismos partidos ante los que Chamizo presentaba su informe anual en el Parlamento.

Al aceptar este estado de cosas sin dar un portazo, la institución del Defensor devenía en un florero del sistema, donde cada logro obtenido lo era por una concesión graciable del Poder más que por el reconocimiento de un Derecho, cuya vulneración, por otra parte, le salía gratis a los políticos y/o sus adláteres.

A Chamizo se le ha caído al fin la venda de los ojos, pero sólo cuando se lo han quitado del medio, no antes. Me apena que en vez de haberse ido con la cabeza alta haya proyectado la imagen de un apegado a la poltrona, como creyéndose Defensor a perpetuidad, y enfrascado con los políticos en lo mismo que él les reprochó: sus ‘peleítas’.