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Zoido, sin argumentos en la Alameda

La primera gran decisión de Zoido tras asumir la Alcaldía el 11 de junio de 2011 fue la derogación del Plan Centro de restricciones al tráfico en el Casco Antiguo, que había aprobado el gobierno anterior presidido por Monteseirín. Para acallar las protestas de los partidos de la oposición y de los sectores ciudadanos contrarios a que el coche volviera a enseñorearse de las calles del Centro sin ningún control, el alcalde prometió  a finales de julio de aquel año la redacción de un nuevo Plan de Movilidad. El factor diferencial de este Plan en relación con el precedente era que debía ser fruto de un proceso participativo de todos los sevillanos, al contrario de lo que, a juicio del gobierno del PP,  había ocurrido con el anterior durante la coalición PSOE-IU en el Ayuntamiento: era consecuencia de una imposición de las fuerzas de izquierda a quienes no compartían su misma ideología.

El nuevo Consistorio gobernado por el PP pregonaba que el alcalde se había limitado a cumplir su promesa electoral de derogar el Plan Centro para, una vez retrotraídos a la situación anterior, partir de cero y tratar de lograr un consenso participativo en el diseño de las políticas de movilidad en la ciudad, de forma que nadie se sintiera excluido, como había ocurrido en la etapa de Monteseirín como alcalde.

PROMESA INCUMPLIDA

Pues bien, casi dos años después de formulada aquella promesa, tanto la oposición como colectivos ciudadanos, cansados de esperar, han empezado a demandarle a Zoido su cumplimiento,  y están dispuestos a abrir un frente de batalla contra el gobierno del PP, máxime tras la adopción de dos decisiones vinculadas entre sí: la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia como zona comercial (actualmente, el suelo que ocupa está calificado como superficie de interés público y social o SIPS, y el edificio, protegido como un Bien de Interés Cultural) y la derogación de la prohibición de construir aparcamientos rotatorios en el Centro, con lo cual se daría cobertura legal al futurible parking subterráneo en la Alameda de Hércules. Y es que el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, incurrió en un lapsus freudiano durante el Pleno municipal y confesó que el estacionamiento en el bulevar estaba relacionado con la recalificación de la antigua comisaría de Policía.

El Grupo Municipal Socialista ha logrado que en la Junta Municipal del distrito Casco Antiguo se apruebe la comparecencia del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, para que explique de una vez por todas sus planes de tráfico para el Centro, ya que cuando se acerca el ecuador del mandato de Zoido el único plan existente es, justamente, la ausencia de plan alguno y la mera adopción de medidas puntuales cuando llegan las fechas señaladas de Semana Santa y Navidad. O sea, lo mismo que se ha hecho durante toda la vida. En puridad, las novedades aplicadas son los dos coches ponemultas en servicio, cuando antes había uno solo, y la mayor actuación de la Policía Local y de la grúa multando y retirando vehículos para cumplir el objetivo recaudatorio de los 25 millones de euros en sanciones a final de año.

La solicitud del PSOE en la Junta de Distrito no parece que preocupe en absoluto a la mayoría gobernante, por cuanto hace casi un año se aprobó prácticamente la misma exigencia y el delegado Demetrio Cabello aún no se ha dignado comparecer para rendir cuentas sobre su política de movilidad, pese a la promesa inicial de Zoido y a sus continuas apelaciones a las “luces y taquígrafos”.

PLATAFORMA CIUDADANA

Mayores dolores de cabeza puede producirle al alcalde y su equipo la movilización acordada por las 26 asociaciones y colectivos ciudadanos que se integran en la Plataforma No Parking Alameda, cuyo pistoletazo de salida será fijado por la asamblea que ha sido convocada para el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, en el Centro Vecinal Pumarejo.

La movilización ciudadana es la respuesta de la Plataforma a la aprobación provisional por parte del Pleno municipal, en su reunión del pasado 22 de febrero, de la modificación del Plan General que permitirá la construcción de aparcamientos rotatorios en el Centro y, por lo tanto, también en la Alameda de Hércules, el objetivo indisimulado declarado por el gobierno de Zoido para que preste servicio fundamentalmente al nuevo centro comercial que pretende implantar en la Gavidia, edificio que carece de estacionamiento propio.

El Ayuntamiento resucita un proyecto que, como ha recordado en estas páginas el arquitecto José García-Tapial, ya fue incluido en el PGOU del año 1962 (2.500 plazas distribuidas en cinco plantas) y rechazado por los ciudadanos, la mayoría de los partidos políticos y el Colegio de Arquitectos en los albores de la Transición.

MEDIO SIGLO ANTES

García-Tapial, rememorando la frontal oposición de aquel entonces, ha aseverado lo siguiente: “Hoy tenemos muchos más datos que entonces para desaconsejar este tipo de propuesta. Como la segura aparición de restos arqueológicos. O el riesgo que para el caserío próximo supondría alterar el curso fluvial subterráneo que aún subsiste. O las numerosas plazas vacantes aún en el vecino aparcamiento municipal de Mendigorría. ¿Se han estudiado todos estos aspectos? ¿Cómo se compatibilizaría, por ejemplo, el acceso de vecinos, carga y descarga, transporte público y usuarios del aparcamiento rotatorio por la angosta calle Calatrava, ya hoy congestionada?”.

Igualmente, la Plataforma ciudadana considera que la construcción de un aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda plantearía problemas geotécnicos y de destrucción del arbolado y que su posterior explotación provocaría la saturación de los accesos y limitaría el amplio uso que ahora tiene este espacio.

A su juicio, existen alternativas más coherentes, simples y austeras para favorecer la accesibilidad al Centro, como el fomento del transporte público -primando los autobuses de Tussam en vez de los coches privados-, la potenciación de los itinerarios con prioridad peatonal -manteniendo los carriles-bici- y la construcción de los inconclusos aparcamientos en el borde del Casco Histórico, a pesar de que los de carácter rotatorio existentes en el Centro registran un bajo grado de ocupación.

La Plataforma estima que, desde que derogó el Plan Centro, el gobierno local actúa de forma errática, por la falta de un modelo global, y que los cambios en la política de movilidad son contrarios a las determinaciones del PGOU vigente, a las directrices estatales y europeas y a la tendencia en las ciudades de nuestro entorno.

PLAN DE ACCIÓN

Por ello, los 26 colectivos ciudadanos plantean de entrada las siguientes actuaciones:

-Solicitud a la Junta de Andalucía de que no apruebe con carácter definitivo las modificaciones del Plan General y, por el contrario, que declare la Alameda Sitio Histórico.

-Presentación de un recurso en vía judicial contra el acuerdo del Pleno del 22 de febrero de 2013.

-Campaña informativa entre los vecinos de la ciudad sobre las alternativas al aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda.

-Reclamación de la elaboración participativa del Plan de Movilidad prometido por el alcalde.

-Acción de ocupación del espacio público y defensa de su uso peatonal.

DOCUMENTO MUNICIPAL

Paradójicamente, el gobierno de Zoido ha remitido a la Junta de Andalucía un estudio de movilidad para justificar la recalificación comercial de la antigua comisaría de la Gavidia que supone el mejor alegato contra el parking en la Alameda.

Según el Ayuntamiento, la apertura de un centro comercial en la Gavidia sólo generaría 1.605 desplazamientos más a la semana, debido al gran número de establecimientos ya existentes en la zona, desde grandes almacenes (El Corte Inglés) hasta pequeños y medianos comercios.

El Consistorio subraya la existencia de varios aparcamientos públicos en el intercambiador de transportes de la estación Plaza de Armas, los carriles-bici, los itinerarios peatonales, las paradas de autobuses en la citada plaza amén de las del Duque y Magdalena, más la del tranvía en la Plaza Nueva, para llegar a la conclusión de que la mitad de los 1.605 desplazamientos se realizarían en transporte público;  el 40%,  de forma no motorizada (a pie o en bicicleta) y sólo un 10% en automóvil privado.

Ese 10% supone, por tanto, tan sólo 160 desplazamientos en coche privado semanalmente o, lo que es lo mismo, 27 por cada día de la semana de apertura del centro comercial. Y, ¿está justificado levantar la Alameda para que albergue en sus entrañas 27 coches diarios?

En su afán por minimizar el impacto sobre el tráfico de un centro comercial en la Gavidia, el Ayuntamiento se ha quedado sin argumentos para justificar el parking rotatorio en la Alameda de Hércules.

Sevilla Global

El 18 de abril de 2012, el Ayuntamiento organizó una subasta de muebles del hotel Alfonso XIII  para que cualquier interesado, sevillano o no, pudiera tener la misma oportunidad de adquirirlos, y de paso, mediante la puja, incrementar los potenciales ingresos de la Hacienda municipal. En contraste, casi un año después y amparándose en leguleyismos de que es municipal pero como si no lo fuera, el Consistorio liquida los bienes de Sevilla Global a precio de saldo entre quienes gozan de información como para saber que se pueden llevar una lavadora casi nueva al ridículo precio de 60 euros. Dicen que gracias al ‘efecto llamada’ del boca/oreja en los límites interiores del parque empresarial Arte Sacro, tan sólo 18 proveedores del Ayuntamiento se están quedando con todo por cuatro perras. ¡ Y pensar que creíamos que estas cosas sólo ocurrían con Monteseirín! Bueno, pues éstas son las monteseirinadas de Zoido o las Zoidoirinadas. El alcalde de las luces y los taquígrafos le ha dado la vuelta al proverbio bíblico: pocos son los llamados y menos aún los elegidos.

Tics

Zoido ha aplaudido el cambalache entre el presidente de la Junta, Griñán, y el de La Caixa, Fainé, para trabajar en el diseño de una nueva propuesta conjunta que permita poner en valor las Atarazanas (sic), porque por la asfixia financiera del Gobierno andaluz éste nunca va a morder la mano de su prestamista, por más amenazas que tronara el consejero de Cultura, Luciano Alonso, tras la espantá de los catalanes. La pela siempre será la pela. Ha dicho el alcalde que el acuerdo “es el mismo al que se llegó conmigo”. Y ha subrayado que los antiguos astilleros son de la Junta. Si son de la Junta (la misma cantinela de Goro con el empleo), entonces ¿cómo Zoido llegó a acuerdo alguno con La Caixa? ¿Cómo lo calificamos, de invasión de competencias, deslealtad institucional o puro farol de cara a la galería? Y, en todo caso, el acuerdo al que dice haber llegado no fue para la puesta en valor de las Atarazanas, sino para bendecir el traslado del Caixafórum a la torre Pelli, que no es lo mismo ni por asomo. Zoido, con esta frivolité, tiene cada día más tics de Monteseirín.

91.398

El delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo  y chico para todo de Zoido, Gregorio Serrano, dice tras conocerse los 91.398 parados de Sevilla capital en febrero que la oposición no puede exigirle responsabilidades al alcalde por esta cifra que clama al cielo porque las políticas activas de empleo son “una competencia clarísima de la Junta de Andalucía”. Y si son de la Junta, ¿por qué acusa él a Torrijos de la “desastrosa gestión en materia de empleo que desarrolló durante sus años de gobierno”? ¿Cómo iba a gestionar empleo alguno si era incompetente (sin doble sentido, aunque cada uno interprete lo que quiera)? Si son de la Junta, ¿por qué él se arroga el título de delegado municipal de Empleo? ¿Puede ser delegado de unas competencias que no tiene delegadas? Y si son de la Junta, ¿por qué Zoido prometió que sería “el alcalde del empleo”? Como hizo tal promesa, que la cumpla. Y si no puede cumplirla, aparte de que los sevillanos se lo demanden en las urnas, habrá que recordarle el dicho popular: “Manolete, si no sabes torear, ¿pá qué te metes?”.

El pan nuestro de cada día

El sindicato Comisiones Obreras presentó en vísperas del Día de Andalucía un estudio sobre el balance laboral del año 2012, basado en los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Como es sabido, debido a su diferente metodología y a que el primero sólo registra los parados realmente inscritos como demandantes de trabajo y no a quienes estando en edad de trabajar no se han registrado por la falta de expectativas o han dejado de hacerlo tras haber tirado la toalla por la desesperanza, las cifras no suelen concordar: el SAE estimaba en 254.855 el número de parados en toda la provincia y la EPA, en 302.500 (sólo en Sevilla capital, 89.332). En cualquier caso, ambas cifras son de récord absolutamente negativo, hasta el punto de que el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha calificado 2012 como el ‘annus horribilis’ del paro.

Entre el conjunto de cifras abrumadoras que reflejan el drama de tantos miles de sevillanos afectados por la lacra del paro destacan especialmente dos:

-Prácticamente uno de cada tres desempleados (en concreto 92.632) es mayor de 45 años, y,  tal como ha expresado Vidán, si ya en los tiempos de bonanza económica era difícil hallar ocupación para este colectivo, en las actuales circunstancias tienen escasas posibilidades de trabajar y su paro se convertirá en estructural. Su único horizonte son los lunes al sol.

-El 43% de los sevillanos en paro (entre 109.587 y 130.075 según la fuente que se tome como referencia) llevan tanto tiempo en el desempleo que han agotado las prestaciones y o carecen de ingreso alguno (dependen de la caridad de familiares y amigos y/o de las organizaciones asistenciales), o sólo cuentan con los 420 euros de ayuda que ha prorrogado ‘in extremis’ el Gobierno hasta que la tasa de paro nacional no baje del 20%.

Este es, pues, el telón de fondo, una situación de auténtica emergencia social, en que se desarrollan las negociaciones entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para acordar un Pacto por el Empleo a cuatro meses de que se cumplan los dos años de Zoido como alcalde.

LA PROPUESTA DEL PP

El grupo municipal del PP ha llevado a la mesa tripartita una propuesta que no sólo no afronta la urgencia del gravísimo problema socioeconómico que sufre la ciudad, sino que trata de descargar en otras Administraciones Públicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía, la responsabilidad de acabar con el paro y no ahora, mañana o dentro de unos meses, sino a varios años vista. Así, el equipo de Zoido promete la creación de 46.000 empleos siempre que se acometa la ejecución de los grandes proyectos pendientes, a los que el Ayuntamiento aportaría una financiación de 70 millones de euros.

El gobierno local sabe que en un sistema democrático y garantista de los derechos como el nuestro la ejecución de cualquier obra sólo es posible tras el cumplimiento de trámites administrativos y urbanísticos que requieren de unos plazos que no pueden saltarse a la torera (como apenas aterrizado en la Alcaldía pretendía Zoido con la segunda tienda de Ikea) y de una dotación presupuestaria inexistente en las actuales circunstancias socioeconómicas, máxime cuando el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar que exigirá a la Junta de Andalucía más sacrificios y más recortes presupuestarios en aras del cumplimiento del déficit público.

Por tanto, el planteamiento de Zoido y de su equipo de que si la Junta construye la Ciudad de la Justicia y la red completa del Metro contribuiría a crear 46.000 empleos en Sevilla no deja de ser un brindis al sol al tiempo que una trampa política: mientras el alcalde le exige al Gobierno andaluz inversiones en infraestructuras y equipamientos, el Gobierno de la nación que es sustentado por el mismo partido de Zoido exige a la Junta de Andalucía que meta aún más las tijeras y ahorre más, que no gaste.

Por pedir la Luna de Valencia, los populares del Ayuntamiento sevillano también achacan al Ejecutivo de Rajoy la responsabilidad de reducir a casi la mitad el paro en Sevilla a medio plazo con la aprobación del polémico dragado del río, en la estimación no contrastada científicamente de que permitiría crear 20.000 puestos de trabajo. Se trata de otro proyecto ‘ad calendas graecas’, cuya materialización aún ha de superar los pertinentes trámites administrativos y la supervisión europea y sobre el que pende la amenaza de impugnación judicial por parte de ecologistas y arroceros, por su potencial impacto en Doñana y en las tablas del arroz.

EL PLAN DE CHOQUE

Frente a estas propuestas irrealizables a corto plazo por falta de presupuesto para acometerlas aunque hubiera voluntad política por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la nación, los grupos municipales de PSOE e IU tratan de, como se dice vulgarmente, bajar la pelota de las nubes de la irrealidad a que la ha lanzado el PP hasta el suelo, para tratar de pactar al menos un plan de choque que permita contratar a entre 3.600 (PSOE) y 4.000 (IU) parados, sobre todo de larga duración y que hayan perdido sus prestaciones y a los que habría que procurar  “el pan nuestro de cada día” subveniendo a sus necesidades básicas.

Los socialistas plantean esencialmente:

1) Que el Ayuntamiento financie el salario mínimo interprofesional (634 euros) durante los seis primeros meses de las personas que sean contratadas de entre parados de larga duración sin prestaciones o mayores de 35 años con más de uno en el paro.

2) Que aplique una bonificación del 95% en impuestos y tasas municipales para aquellas empresas que acrediten un aumento de plantilla durante la segunda mitad de 2013.

3) Que asuma durante medio año  los gastos de contratación de diez personas con el salario mínimo interprofesional en proyectos de innovación que se presenten en el marco de un convenio a tal efecto.

El coste de este plan para las arcas municipales sería de 10 millones de euros en subvenciones y la renuncia a ingresar 4,6 millones por las bonificaciones en impuestos y tasas.

RESPONSABILIDAD PROPIA

La ‘filosofía’ de IU es similar: dotar con 15 millones de euros un plan de choque que permita dar a entre 3.000 y 4.000 sevillanos excluidos del mercado laboral la oportunidad de hallar una ocupación, siquiera temporal, en obras menores y de embellecimiento de la ciudad, y así salvarlos de la marginación y el paro estructural.

Las propuestas de PSOE e IU centran el tiro en la responsabilidad del Ayuntamiento y de Zoido, que prometió ser “el alcalde del empleo”, en vez de lanzar balones hacia la Junta y el Gobierno. La respuesta del PP a este planteamiento ha sido la de que se trata de empleos efímeros que no solucionan el problema de fondo y que de dónde va a sacar el Ayuntamiento los 15 millones de euros que pide la oposición.

Los empleos así creados serían efímeros, obviamente -y nadie se llama a engaño al respecto-, pero al menos paliarían la situación de varios miles de familias sevillanas en riesgo de exclusión social, mientras que los 46.000 hipotéticos que promete el PP a años vista son de momento pura entelequia. Y en cuanto al dinero necesario para abordar el plan de choque, los populares incurren en una flagrante contradicción, ya que si el Consistorio no puede obtener 15 millones de euros, ¿cómo promete que librará 70 millones si la Junta y el Gobierno se pliegan a sus exigencias?

EXCEDENTES FINANCIEROS

El gobierno local dice no saber de dónde sacar 15 millones de euros, pero mantiene 20 millones de excedente de tesorería a plazo fijo y alardea de que el Ministerio de Hacienda ha estimado en 83 millones de euros el superávit obtenido por el Ayuntamiento en 2012 tras la aplicación del plan de ajuste, lo cual le permitiría pedir nuevos créditos por hasta un máximo de 30 millones de euros.

También en víspera del Día de Andalucía una señera empresa sevillana como Merkamueble presentó concurso de acreedores. Su presidente, Francisco León, explicó las razones con una frase que resume la situación en Sevilla: “Si no hay ahora ni para las necesidades primarias, ¿cómo va a haber para comprar muebles?”.

Noventa mil sevillanos en paro en la capital no tienen ni para las necesidades básicas, pero el Ayuntamiento, en vez de tratar al menos de paliar esta situación con medidas de urgencia propias, remite a lo que pudieran hacer en un futuro incierto otras Administraciones con el Metro, la Ciudad de la Justicia, el dragado del Guadalquivir…..

La respuesta de Zoido a los parados de Sevilla son castillos en el aire: ni pan para hoy ni para mañana.

Pero ¿hubo una vez….

…cuarenta y seis mil empleos? Esta es la pregunta que, parafraseando a Jardiel, cabe hacerse a raíz de la promesa del PP de crearlos si se aceptan sus propuestas para el Pacto por Sevilla.

Cinco días antes, Espadas había presentado  su “plan de choque” para generar 3.600. Sin entrar a analizar en profundidad el planteamiento de Espadas, ‘a priori’ esta cifra  podría parecer realista, dada la escasa capacidad de maniobra existente.

La reacción inmediata del gobierno de Zoido fue la de descalificar al portavoz socialista con el argumento de que el PSOE debía ser “más serio y menos demagógico”.

Si al PP le parecía poco seria esa propuesta, ¿cómo cabría calificar entonces su promesa de 46.000 nuevos ocupados y reducir la tasa de paro en un 50% desbloqueando los grandes proyectos pendientes, cuando no hay financiación pública ni privada para acometerlos?

Como la confrontación late en cualquier iniciativa, el PP ha tratado de responsabilizar a la Junta de la solución al paro en Sevilla, al vincular la materialización de sus propuestas a decisiones políticas del Gobierno andaluz.

EL SEGUNDO IKEA

Sin embargo, este planteamiento no obedece siempre a la realidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda tienda de Ikea. Según las cuentas de la lechera de Juan Bueno, el nuevo complejo comercial de la firma sueca cerca del aeropuerto permitiría crear más de 2.500 puestos de trabajo (se empezó hablando de mil, luego de dos mil y ya vamos por esta cifra) en una primera fase, y un total de 7.000 cuando se desarrolle en una segunda etapa un parque empresarial anejo.

No dice el PP que hasta el pasado 13 de febrero el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no aprobó la propuesta de deslinde de los dos tramos de la vía pecuaria que discurren por el suelo urbanizable de San Nicolás Oeste, trámite administrativo sin el cual no se podrá aprobar el proyecto de reparcelación de los suelos para la tienda sueca. La ley debe ser aún más estrictamente cumplida en un ayuntamiento presidido por un juez como es Zoido, y si los suecos han elegido para instalarse unos suelos afectados por una vía pecuaria y no otro sin tal hipoteca ganadera, deben atenerse a las consecuencias de su libre elección.

Item más: el Ayuntamiento de Sevilla tiene la potestad para realizar el deslinde desde el verano de 2012 y, sin embargo, ha tardado siete meses en elevar una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente. Quedan aún los trámites de la desafectación y el trazado alternativo, con lo cual la apertura del segundo Ikea no podrá producirse en el mejor de los casos hasta 2016, pasado incluso el mandato de Zoido. ¿Es serio y riguroso, por tanto, crear falsas expectativas a corto plazo y tratar de endosarle el supuesto retraso administrativo a la Junta de Andalucía?

GAVIDIA Y ALTADIS

Otra falacia política: la apertura de las Atarazanas, a la que se asignan 100 empleos, cuando La Caixa aún mantiene la concesión otorgada en su día, por lo que el Gobierno autónomo no puede hacer absolutamente nada y el propio Zoido bendijo el traslado del Caixafórum a la torre Pelli. En puridad, Juan Bueno, debería haber evaluado laboralmente este proyecto en la Cartuja, no en el Arenal.

El Ayuntamiento ya ha acordado la recalificación de la Gavidia para centro comercial, que necesita, cierto es, el plácet final de la Junta, aunque Bueno sólo contabiliza 150 empleos posibles de materializarse este proyecto. Si no ha tramitado aún el cambio de uso para la fábrica de Altadis en Los Remedios (a la que el PP asigna un potencial de 550 empleos, sin saberse en base a qué criterios, ni en éste ni en otros casos), técnicamente no puede imputarle bloqueo alguno al Gobierno autónomo. Ahora bien, antes de llegar a esa fase, lo que deberían hacer el Consistorio y la Junta es exigirle a la multinacional que cumpla la promesa que hizo de compensar el cierre de la fábrica de tabacos más antigua del mundo con la instalación de un centro logístico en el área metropolitana de Sevilla.

RED COMPLETA DEL METRO

¿Qué queda imputable a la Junta? El cambio de uso de la estación del Prado, cuyo impacto parece menor, y dos grandes proyectos. La Ciudad de la Justicia, si no se acometió durante las ‘vacas gordas’ menos va a construirse en plena crisis. En cuanto a la ejecución de la red completa de Metro como pide el PP, es otra entelequia en las actuales circunstancias, y en todo caso sería una obra al 33% cada uno de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.

Si la ministra de Fomento se ha peleado con el alcalde de Granada, Torres Hurtado, de su mismo partido, para sacar del centro de la ciudad la futura estación del AVE con tal de ahorrar 600 millones de euros, ¿con qué fuerza moral puede demandar el Consistorio sevillano que se destinen en esta especial coyuntura al menos 3.000 millones de euros para las líneas de Metro pendientes?

DECISIÓN DE MADRID

Curiosamente, la mayor parte de los futuribles empleos en el plan del PP dependen de decisiones del Ejecutivo central , como el dragado del Guadalquivir (20.000), cuyo proyecto aún está redactándose y puede ser tumbado por Europa o impugnado ante los tribunales por arroceros y ecologistas; el cierre del anillo ferroviario de Cercanías y la carretera SE-35, para la que debe librar 12,5 millones de euros. Sospechosamente, Bueno ha dejado fuera la SE-40, paralizada por Fomento por la misma falta de fondos que el PP pretende haya para las infraestructuras que demanda.

Los revolucionarios del mayo francés acuñaron el lema ‘sed realistas, pedid lo imposible’. Con nuestros políticos es al revés: hay que pedir el imposible de que sean realistas.

‘SimCity’

Fernando Alonso, al igual que los pilotos de los aviones, se entrena sobre un simulador de un Fórmula-1 para perfeccionarse como conductor delante de una pantalla. Como, según el Guerra, hay gente pa tó, Electronics Arts lanzará el 7 de marzo su videojuego ‘SimCity’, cuyo elemento representativo ante el mundo mundial será la Giralda. Que se fastidien Monteseirín y Marchena: no han elegido ni la torre Pelli ni las ‘Setas’ de la Encarnación, sino el ‘rancio’ icono por excelencia de Sevilla en vez de uno de sus engendros arquitectónicos. ¿Y qué es ‘SimCity’? Pues otro simulador en forma de videojuego que permite a los usuarios convertirse en alcaldes en vez de en reinas por un día, con la misión de gestionar todos los problemas que se les presenten en esta ciudad virtual. Habría sido magnífico que a Electronics Arts, además de la Giralda, le hubiera dado tiempo a meter en el simulador de Ayuntamiento la huelga de Lipasam, y que Espadas y Torrijos hubieran echado una partidita a ver cómo la habrían solucionado. Zoido tiene prohibido jugar: él ya es alcalde de verdad.

La Copa

 El debate tras la eliminación copera de los palanganas a pies de los colchoneros era dónde se va a jugar la final. El Atlético no quiere jugar en el Bernabéu; el Real, tampoco en el Calderón. Hay, pues, que buscar una sede fuera de la capital de España. Los merengues, que vienen de darse el gustazo de eliminar a domicilio a los blaugranas en este torneo, quieren rematar la faena levantando la copa (con permiso del Atleti) en el Nou Camp, pero se teme que, al igual que hizo el año pasado el Real para no ver en su campo al Barça ganar el trofeo, su eterno rival lo boicotee inventándose unas obras en los vestuarios o resembrando el césped. Conclusión: sólo quedan Valencia….. y Sevilla. Al contrario que con la Davis de tenis, donde había que pagar por albergar la final, aquí pagan un millón de euros al que organice la finalísima de la Copa del Rey. Un chollo para el sector turístico (60.000 hinchas consumiendo) y para el estadio ‘Olímpico’. Bueno, pues Zoido, que estuvo raudo para birlarle la Davis a Valencia, aún no ha reaccionado. Está en más baja forma que Messi.

El Gordillo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia en la que concluye que todas las viviendas ilegales construidas sobre suelo no urbanizable deben ser demolidas pese a que el Ayuntamiento del municipio donde se ubiquen haya iniciado un intento de reclasificación del suelo basado en el decreto aprobado en 2012 por la Junta de Andalucía para regular la situación de las edificaciones ilegales. Justo el mismo día en que se conocía la doctrina urbanística de la Audiencia, Zoido no tuvo mejor ocurrencia que anunciar en El Gordillo que presentará en el Pleno una propuesta para que la Gerencia de Urbanismo paralice los expedientes incoados a las viviendas ilegales levantadas en la barriada y en los que se proponen desde multas de 90.000 euros hasta la demolición. El populista alcalde Zoido hace tiempo que ha sepultado al magistrado Zoido que aplicaba las normas. ¿‘Dura lex, sed lex’ o un hombre un voto? ¿Qué pesa más en la balanza? Sevilla, y no sólo Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, es, así, territorio comanche: urbanismo sin ley…. según convenga.

Los neutrinos de Zoido

El 23 de septiembre de 2011, los científicos del experimento Ópera presentaron en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas los resultados de sus ensayos y revolucionaron el mundo: habían descubierto los neutrinos súper lumínicos, así denominados porque viajaban a mayor velocidad que la luz (ésta, a 300.000 kilómetros por segundo).

La magnitud del descubrimiento radicaba en que destrozaba la teoría de la relatividad de Einstein, según la cual la velocidad de la luz es una constante cósmica y nada puede desplazarse más rápidamente. Aunque se tardó casi un año en desmontar la existencia de los neutrinos súper lumínicos merced a nuevos experimentos que probaron errores técnicos, la nueva teoría alimentó durante meses algunas fantasías de la Humanidad, como la posibilidad de viajar al futuro y al pasado al igual que el actor Michael J. Fox en aquel coche fantástico de las películas de Zemeckis.

Con Zoido hemos pasado de los neutrinos súper lumínicos del experimento Ópera a los sub lumínicos suyos. Zoido  construyó su programa electoral sobre dos promesas esenciales: convertirse en el alcalde del empleo y en el de las ‘luces y taquígrafos’, para diferenciarse del oscurantismo y los chanchullos de Monteseirín. Desgraciadamente, con cerca de 90.000 parados en la ciudad aún no ha podido cumplir la primera.

En cuanto a la segunda, la luz tampoco viaja con él a 300.000 kilómetros por segundo, sino infinitamente más lenta, como prueba el hecho de que para cubrir los escasos centenares de metros existentes entre el Ayuntamiento y la calle Reyes Católicos, donde se instalaron algunas de las cámaras del Plan Centro de tráfico, ha tardado quince meses.

Este ha sido el tiempo que se ha necesitado para que la comisión de investigación sobre el Plan Centro, impulsada en su día por el alcalde, presente hoy, por fin, sus conclusiones.

En síntesis, el gobierno de Zoido decidió apenas aterrizar derogar el Plan Centro. Podía haber invocado la promesa en tal sentido hecha por el alcalde durante la campaña electoral y aun mucho antes, pero en una torpeza propia de unos novatos y con ánimo de hacer sangre de un cadáver político como era ya Monteseirín, argumentó que las cámaras de videovigilancia no funcionaban, pese a que habían costado a los sevillanos 956.926 euros. “Un fraude de principio a fin”, declaró Curro Pérez, el portavoz gubernamental.

Se creó la comisión de investigación, con ánimo de exigirle responsabilidades a PSOE e IU, y segundo disparo en el pie: un técnico del Centro de Control de Tráfico municipal mostró a los concejales de la oposición grabaciones de los vehículos circulando, con lo que se derrumbó el argumento del PP de que las cámaras estaban estropeadas. Para colmo, se estaba grabando a los conductores y transeúntes sevillanos sin que éstos fueran conscientes de tal circunstancia ni se hubiera advertido públicamente.

Se entró en una espiral de denuncias y contradenuncias y apelaciones a la Agencia de Protección de Datos, y así hasta mañana lunes. Quince meses de enfriamiento de un escándalo (desde noviembre de 2011) que a buen seguro se va a quedar en agua de borrajas dada la absolutísima mayoría del PP.

La ‘luz y taquígrafos’ de Zoido, viajando a razón de casi año y medio para recorrer 200 metros desde el Ayuntamiento a la primera cámara de videovigilancia del Plan Centro (en ese mismo periodo de tiempo la luz real descifrada por Einstein habría recorrido nada menos que 11.819.520.000.000 kilómetros) ha contribuido a relativizarlo todo. ¿A quién le preocupa ya si las cámaras grababan o estaban estropeadas, o si costaron casi un millón de euros, con la que está cayendo con la crisis económica, los 6 millones de parados y la corrupción?

La comisión de investigación del Plan Centro es la mejor prueba de la particular teoría de la relatividad de Zoido en la política: cuanto más lenta sea la aplicación a un escándalo del principio de las “luces y taquígrafos”, menos erosión -o al final ninguna- causará a quienes gobiernan.

EL CANON LIPASAM

Juan José Cortés, el padre de la infortunada Mary Luz, ha cumplido un año como fichaje-estrella de Zoido en calidad de asesor municipal en materia de exclusión social. En su momento, el PSOE denunció que para abrirle hueco en el organigrama del grupo municipal popular, el PP tuvo que crear el cargo de director de Juventud, con una remuneración de 50.000 euros anuales, para que el puesto dejado libre por éste entre los asesores fuera ocupado por Cortés, al que se asignó un salario de 36.000 euros.

El padre de la niña onubense declaró en aquel entonces que el alcalde acertaba contratando a personas de pueblo como él para estar en la calle y asesorar sobre barrios marginales. Aunque aseguró que llevaba haciendo éso -la visita a las zonas excluidas- toda la vida, quienes trabajan desde siempre con los marginados en el Vacie, Polígono Sur y Tres Barrios coinciden en afirmar que no han tenido noticias suyas ni lo han visto en estos 365 días.

Cortés se defiende diciendo que Sevilla es muy grande, que él se ha centrado casi en exclusiva en Los Pajaritos y que cobra menos “que un trabajador de Lipasam”. Así pues, el sueldo medio en la empresa de la limpieza, que el Ayuntamiento cifró en 30.000 euros, ha pasado ya al lenguaje popular como canon de medida de la escala salarial.

Si Cortés gana 36.000 euros, ¿cómo sostiene que cobra menos que un empleado de Lipasam? Quizás ha tirado de calculadora a partir del dato que dieron desde el comité durante la huelga: estaban perdiendo 100 euros por cada día de paro. Multipliquen 100 por  los 365 días del año a ver cuánto sale.