Preferentes

Una de las primeras medidas de la Junta nada más llegar a la Presidencia Susana Díaz, la misma que, casualidad o coincidencia, hizo en Madrid aquel discurso contra las veleidades de Zapatero con el ‘Estatut’ de Cataluña, fue imponerle una sanción de 455.000 euros a la catalana Caixabank por infracciones muy graves en la comercialización “irregular” de preferentes. El Gobierno andaluz le abrió un expediente tras la denuncia de afectados de Sevilla y de cinco provincias más, por haberles colocado de cualquier manera 617 millones de euros en participaciones en esa ruina financiera. El rasgo diferencial, como dirían los catalanes y que es de justicia señalar, es que de los 47.400 afectados andaluces por este chanchullo ninguno lo ha sido a causa de Caixabank, sino de la sevillana Cajasol, absorbida por aquélla para evitar su quiebra, dados los agujeros de queso emmental que tenía en el balance. El pufo de las preferentes, como el de la torre Pelli, formaba parte de la herencia recibida, pero por aquello de las balanzas fiscales ahora la multa la pagarán en Barcelona.

 

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