Cobra 500 euros por reservas de mesa en la “zona noble”
El lote mínimo para entrar es de cinco pases, a 25 euros cada uno
La Fundación Cajasol ha comercializado a través del Instituto de Estudios Cajasol la caseta que, en los números 113-117 de la calle Pascual Márquez, tiene concedida en la Feria de Abril de Sevilla la que, según se deduce por los textos, sería su titular primigenia, la Fundación Monte/San Fernando.
La oferta estuvo dirigida en principio a los usuarios del Instituto Cajasol, si bien se abrió el abanico para otorgar tal consideración a otras empresas/personas “que quieran disfrutarla -rezaba el escrito- con nosotros en un ambiente inigualable”.
La cuota por el disfrute de la caseta, una de las grandes del Real de la Feria, está determinada por el número de pases o accesos que se proporcionen, conforme a la siguiente estructura:
-De uno a mil pases, 25 euros por pase. La cantidad mínima que se exige son cinco pases, con lo que el desembolso también mínimo a realizar asciende a 125 euros.
-A partir de mil pases, la cuota deberá ser negociada y pactada entre las partes.
Asimismo, el Instituto de Estudios Cajasol ha ofertado la posibilidad de realizar reservas en las mesas de la “zona noble” (así se dice textualmente) previo pago de una cuota extraordinaria de 500 euros por todos los días de la Feria de Sevilla de 2015.
La excepción es el mediodía del martes, en el que está prevista la celebración de una recepción institucional.
Se podía reservar una mesa para un máximo de diez comensales tanto en los almuerzos (sic) como en las cenas, si bien esta posibilidad estaba sujeta a su disponibilidad. La cancelación injustificada implica la pérdida del derecho a reservar en los días siguientes.
Para poder adquirir la condición de usuario de la caseta de la Fundación Cajasol / Fundación Monte San Fernando se debía solicitar la inscripción por escrito por medio de un impreso a tal efecto que se tenía que presentar en la sede del Instituto Cajasol. Una vez que el Instituto admitía la solicitud, el interesado debía abonar el importe en una cuenta de la Fundación Monte San Fernando antes de las 15 horas del día 10 de abril de 2015.
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de julio una modificación de los estatutos, en virtud de la cual la Fundación Monte San Fernando se convierte en una fundación ordinaria, “decayendo su carácter especial y con expresa sujeción al protectorado de la Consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorro”, según la resolución firmada por Carmen Belinchón como directora general del Departamento.
Una de las primeras medidas de la Junta nada más llegar a la Presidencia Susana Díaz, la misma que, casualidad o coincidencia, hizo en Madrid aquel discurso contra las veleidades de Zapatero con el ‘Estatut’ de Cataluña, fue imponerle una sanción de 455.000 euros a la catalana Caixabank por infracciones muy graves en la comercialización “irregular” de preferentes. El Gobierno andaluz le abrió un expediente tras la denuncia de afectados de Sevilla y de cinco provincias más, por haberles colocado de cualquier manera 617 millones de euros en participaciones en esa ruina financiera. El rasgo diferencial, como dirían los catalanes y que es de justicia señalar, es que de los 47.400 afectados andaluces por este chanchullo ninguno lo ha sido a causa de Caixabank, sino de la sevillana Cajasol, absorbida por aquélla para evitar su quiebra, dados los agujeros de queso emmental que tenía en el balance. El pufo de las preferentes, como el de la torre Pelli, formaba parte de la herencia recibida, pero por aquello de las balanzas fiscales ahora la multa la pagarán en Barcelona.
Caixabank ha anunciado que le sobran sólo en Sevilla 491 de los antiguos empleados de Cajasol/Banca Cívica del total de los 864 que quiere amortizar en toda Andalucía. Estos casi 500 trabajadores que van a perder su puesto en Sevilla por la vía de las prejubilaciones, bajas incentivadas y traslados a Cataluña superan la suma de los de Danone (85), Cargill (101) y Roca en Alcalá de Guadaíra (227) por los que se han visto encierros en la catedral, manifestaciones populares, concentraciones ante el Parlamento y hasta llamamientos a no comer más yogur de la multinacional francesa. Y, sin embargo, en este caso es como si no pasara nada. Hasta puede que no se haya enterado casi nadie del espeso manto de silencio que ha cubierto la noticia. Ni siquiera el beligerante Juan Espadas ha incitado a boicot alguno ni ha repetido eso de convertir el carro de la compra en una especie de carro de combate contra el capital. Será que para el portavoz socialista en el Ayuntamiento es más fácil cambiar de marca de yogur que osar molestar a quien le presta los dineros a Griñán.
Caixabank, el banco de La Caixa o La Caixa reconvertida en banco, que tanto monta monta tanto, presentó sus resultados en la capital económica de Andalucía, o sea Barcelona, adonde acudieron en peregrinación desde las colonias los periodistas sevillanos a quienes antaño bastaba con darse un paseíto hasta la Plaza de San Francisco, aún no velada, cuando Cajasol era la Caja de Sevilla en vez de un brazo menor de la estrella catalana o ni siquiera éso. Y en la ciudad Condal, el presidente de la entidad, Isidro Fainé, que confesó haberse subido a lo más alto de la torre Pelli para observar sus nuevas conquistas, como San Fernando se subió a lo alto de la Giralda para contemplar la Sevilla arrebatada a los moros, confirmó que la inversión inicial -subráyese el término- en el rascacielos de la Cartuja y futura sede del CaixaFórum exAtarazanas va por los 350 millones de euros. Recuérdese que la torre gemela de Pelli para Iberdrola en Bilbao ha costado 200 millones, ¡casi la mitad menos! Será que en Sevilla, por el calor u otros efectos, se dilatan hasta los precios.
Dicho de otro modo, al propiciar con sus dilaciones urbanísticas la coartada que necesitaba La Caixa para desistir de su proyecto en el Arenal, Zoido, como bien ha interpretado el consejero Luciano Alonso, pensaba que le estaba metiendo un gol a la Junta de Andalucía, sin reparar en el autogol que le marca a Sevilla, ya que la ciudad pierde una inversión de 25 millones de euros en la rehabilitación de las Atarazanas, otra comprometida por La Caixa con el Gobierno autónomo de 4 millones de euros anuales durante 75 años (un total de 300 millones) y todo el efecto económico inducido que habría tenido para el casco histórico la ubicación del gran centro cultural de La Caixa en este privilegiado espacio de Sevilla.
Sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas y sobre la figura del propio arquitecto se ha dicho de todo, tanto a favor como en contra. Los conservacionistas y la Fundación Atarazanas se han opuesto a su diseño de Caixafórum por entender que suponía la adulteración del monumento, y al final Zoido, de forma más o menos explícita, ha hecho suyo este argumento cuando dijo durante la polémica con Málaga que el proyecto “podía tener correcciones que no pusieran en peligro ni el monumento ni su entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad”, como dando a entender que había una exigencia de modificación por parte de la Unesco tras la controversia por el rascacielos de la Cartuja.
Recordemos brevemente la génesis del proyecto. Las Atarazanas estaban en manos del Ejército, que había levantado sobre sus cubiertas durante el siglo pasado una serie de instalaciones militares, cuando la Junta se las compró por algo más de 3,7 millones de euros hace una veintena de años. El Gobierno andaluz había invertido 8 millones de euros en su rehabilitación -cantidad manifiestamente insuficiente, habida cuenta la magnitud del edificio, de 7.200 m2 de planta- hasta que La Caixa, en su política de implantación en Andalucía y Sevilla frente a las Cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando, unidas luego en Cajasol), se interesó por el inmueble para ubicar en el mismo un Caixafórum, a modo de escaparate de su Obra Social y Cultural. Hasta tal punto tuvo interés la entidad catalana, que la Junta modificó la ley para poder ampliarle el plazo de concesión: de 50 a 75 años.
Vázquez Consuegra. El arquitecto redactor del PGOU de Sevilla, el jerezano Miguel Angel González Fustegueras, había introducido en el Plan General un mecanismo de salvaguarda para los bienes de interés cultural (BIC), con el fin de que cualquier intervención en los mismos contara siempre con la aprobación de la Junta de Andalucía a través de la Comisión de Patrimonio. Ese mecanismo era el Plan Especial. Sin embargo, en la práctica, el Consistorio no venía exigiéndolo si comprobaba que la Junta autorizaba previamente los proyectos de rehabilitación de los BIC, como ha ocurrido con las intervenciones en el castillo de San Jorge y los conventos de Santa Paula y de las Teresas, entre otros ejemplos.
tramitación de la licencia de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”. Es, pues, con el gobierno de Zoido cuando se ratifica que no hay necesidad de Plan Especial para otorgar la licencia al Caixafórum en las Atarazanas. Y gracias a este documento, el Colegio de Arquitectos da su visado al proyecto de Vázquez Consuegra.
Y, por otra parte, el 26 de marzo de 2012 La Caixa compra Banca Cívica, y con ella Cajasol y todos sus activos -incluida la faraónica torre Pelli- por 977 millones de euros. La entidad catalana ya no necesita gastarse 25 millones de euros en las Atarazanas, más 300 millones en los próximos 75 años, para disponer de un escaparate ante Sevilla, porque Sevilla toda es ya territorio conquistado comercialmente con la absorción de su hasta entonces rival local, Cajasol.
Unicaja es, por tanto, líder por la suma de cinco cajas orientales, mientras que Sevilla no responde con otro proceso aglutinador en la zona occidental hasta quince años después con la fusión El Monte (que en 1990 había absorbido la Caja de Huelva) y San Fernando, pero con la cordobesa CajaSur al margen y en unas circunstancias muy diferentes. Todavía en 2003, tres años antes del nacimiento de Cajasol, una unión anticipada entre El Monte y San Fernando podría haber hecho algo de sombra a Unicaja, conforme a los siguientes datos comparativos:
Por imposiciones o interferencias políticas y viscerales rivalidades localistas, tanto en Málaga como en Córdoba y Sevilla, ninguna de las mejores opciones ‘a priori’ para El Monte era posible, salvo la fusión con la otra entidad sevillana: San Fernando. La unión de la caja más rentable de Andalucía con la peor equivalía metafóricamente a la estrategia futbolística de poner al peor jugador del equipo marcando al mejor del rival, “y así juegan los diez mejores nuestros contra los diez peores suyos”.
Un proverbio dice que cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo. Yo, más que mirar el dedo que señala los 178 metros de la torre Cajasol, sus 43 plantas, si afecta o no a la Giralda, el Alcázar y el Archivo de Indias y si por éso o a pesar de éso nos retirará la Unesco o nos mantendrá el título de Patrimonio de la Humanidad, miro la ‘lógica’ económica de gastarse 350 millones en un cilindro de oficinas con el mercado inmobiliario hundido y cuando el Banco de España obliga ya a Banca Cívica a provisionar 1.248 millones por su riesgo y/o pérdidas con el ladrillo. ¿No queríais que nos quitáramos del ladrillo? Pues toma, dos tazas con la torre Cajasol, que dirá Pulido. Y Mafo echándole paletadas de billetes al Frob para salvar las Cajas con nuestro dinero. Ahora, Banca Cívica amenaza con rebajarle el sueldo un 20% a sus trabajadores supervivientes y despedir a 1.500. Decían que por crear con las obras 1.500 empleos (indirectos y efímeros, no se olvide) la torre iba a dar de comer a Sevilla, pero han acabado poniendo a 1.500 trabajadores en la calle.
A Manzanares, al igual que a mí, le parece absolutamente digna tanto la postura del partidario como la del detractor de la torre, porque “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión”. Y añade: “Lo provinciano no es eso, sino pretender que un proyecto, una inversión con licencia, se pare, con el riesgo de que aquí no venga un inversor nunca jamás sin otra sustentación que la de una opinión”. E insiste: “una vez que se da la licencia, el proyecto debe ir a misa….¿hay algún ayuntamiento del mundo democrático que pararía una obra con licencia por miedo al vacío?”.
Ahora que se cumple el XX aniversario de la Expo, las cinco sociedades de servicios que crearon bancos y constructoras para el 92 me confesaban que no tenían interés en acometer muchos de los ‘marrones’ a que las obligaba Pellón, pero que no tenían más remedio porque así funciona el sistema: hazme tal infraestructura y por este dinero en Sevilla por el supremo interés del Gobierno en quedar bien ante el mundo, que ya te daré una autopista, un pantano, un aeropuerto, un Metro…. en otra parte.
Los Antonios (Pulido, presidente de Cajasol; Muñoz, portavoz adjunto del PSOE) descalifican el informe del Icomos sobre la torre Pelli basándose en sus “imprecisiones” por decir que dista 600 metros de la Giralda en vez de 1.600. Se ve que se trata de una errata u omisión atribuible a los famosos duendes de la imprenta. Ya puestos, veamos “imprecisiones” de los paladines del rascacielos. ¿Cómo cuando se pide la licencia de obras al Ayuntamiento se valora el proyecto a la baja en 130 millones de euros pero públicamente Deloitte hincha la cifra hasta los 353 millones? ¿Cómo se dice que genera 2.000 empleos directos y luego en la radio el más listo de los ingenieros los rebaja a tan sólo 600? ¿Y cómo fuentes cercanas a Cajasol dicen que por cada día que la obra estuviera parada se perderían 8 millones de euros? En tal caso, no poner un ladrillo en mes y medio valdría más que lo que según Deloitte costaría construir las 43 plantas del rascacielos. ¿Quién, pues, es más “impreciso”, Icomos o Cajasol? Algunos se agarran a las erratas como a un clavo ardiendo.
Pero antes de llegar a ese extremo hay que preguntarse hasta qué punto es “muy positivo” para la propia Cajasol y Sevilla el rascacielos y si tiene lógica económica, al margen de cómo se haya otorgado la licencia y del debate patrimonial.
La carta de Zoido al Gobierno en la que planteaba la asunción de responsabilidades por el rascacielos, es lógica a la luz de estos datos porque ¿tiene sentido que a través del FROB se inyecten mil millones de euros a Cajasol/Banca Cívica debido al riesgo inmobiliario contraído para que esta entidad incremente ese mismo riesgo destinando 353 millones de euros a construir una torre de oficinas? ¿Tiene sentido gastar por un lado 353 millones en un rascacielos mientras que por otro se aplian 327 millones del FROB a reducir la plantilla en 1.100 empleados? ¿Crea empleo Cajasol/Banca Cívica con la torre Pelli o más bien lo destruye para seguir construyéndola?