Archivo de la etiqueta: boicot

Boicot

Juan Ignacio Zoido lleva dos años dando la tabarra con la cantinela de que la Junta de Andalucía le está boicoteando el proyecto de la segunda tienda de Ikea, a pesar de que el alcalde no ha presentado todavía ningún papel ante la ventanilla del Gobierno autónomo que le hayan podido rechazar. Por el contrario, quien no deja de ponerle pegas, y además con cierta parsimonia en el envío de los informes, es la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio de Fomento. A los chicos de Ana Pastor se les ponen los pelos de punta con tan sólo pensar en que Ikea les pueda crear en otro punto cardinal de Sevilla otro ‘atasco perfecto’ como aquel que al Oeste colapsó la ciudad y el Aljarafe hace unos años. Para colmo, cuestionan un tramo de la SE-35 que, oh casualidad, es distinto al único cuya redacción había encargado el Ayuntamiento y que lleva más prórrogas que los partidos España-Italia. O sea, que en el caso de Ikea, por muchas maniobras de distracción que en dirección a la Junta haga, el alcalde está siendo víctima del ‘fuego amigo’.

Deslocalización

Al año siguiente de la clausura de la Expo-92, se produjo en Europa un sonoro caso de deslocalización industrial que estuvo a punto de provocar un conflicto en el seno de la UE entre Francia y Gran Bretaña. Un fabricante norteamericano de aspiradoras decidió cerrar la planta que tenía en suelo francés y trasladarla a Escocia por la perspectiva de obtener mayores beneficios, pese a que llevaba 30 años asentada en el país del Hexágono a plena satisfacción y 600 trabajadores dependían de ella.

El traslado de la producción al Reino Unido fue propiciado además por las centrales sindicales escocesas, que lejos del internacionalismo y la solidaridad proletarios, se comprometieron ante los dueños americanos a trabajar gratis casi una hora más a la semana, no convocar huelgas y hasta que no hubiera aportación alguna al fondo de pensiones durante los dos primeros años de actividad. Pese a las acusaciones cruzadas entre los Gobiernos de Francia y del Reino Unido (el primero llegó a acusar al segundo de “bandido” por “robarle” la empresa) y a la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea, al final las aspiradoras pasaron de llevar el sello de ‘made in France’ al de ‘made in United Kingdom’. Ni siquiera Mitterrand pudo evitarlo.

EL PRECEDENTE DE GILLETTE

Los sevillanos no habían oído en su vida la palabra ‘deslocalización’, pero aprendieron su significado dolorosamente un año después de lo ocurrido en Francia con las aspiradoras. En 1994, para sorpresa general, la hasta entonces considerada modélica  empresa de cuchillas de afeitar Gillette anunció el cierre de su única factoría en España, ubicada en Alcalá de Guadaíra. La opinión pública se quedó estupefacta porque la fábrica, con una antigüedad de 27 años, había superado una crisis previa y venía de ganar 700 millones de pesetas. La marca copaba el 75% del mercado de cuchillas de afeitar en nuestro país.

Se cuenta que cuando se le inquirió a la dirección de la empresa cómo era posible que se quisiera ir de Alcalá si ganaba 700 millones de pesetas, extraoficialmente -oficialmente habría sido políticamente incorrecto reconocerlo- la respuesta fue que trasladando la producción a Europa del Este los beneficios superarían fácilmente los 1.000 millones. Y entonces trascendió que la multinacional americana iba a abrir nuevas factorías en Polonia, Turquía y Rusia.

Aquel caso tuvo un gran impacto, por el precedente que suponía: una empresa cerraba en Sevilla no porque le fueran mal las cosas, sino todo lo contrario, porque esperaba obtener más beneficios en otra parte. Y si eso lo hacía una multinacional como Gillette significaba que podía hacer lo mismo cualquier otra.

LA HISTORIA SE REPITE

La situación que se vivió entonces en Alcalá y en Sevilla fue similar a la de ahora con el cierre de la fábrica de Roca, si bien en este caso la multinacional catalana no reconoce beneficios como en 1994 Gillette, sino pérdidas en el conjunto de España por valor de 30 millones de euros.
Los más de 250 trabajadores de la fábrica de cuchillas de afeitar se movilizaron de todas las formas posibles al grito de “¡Gillette no se cierra!”. El presidente del comité de empresa dijo lo mismo que ahora se está diciendo sobre el cierre de Roca en la misma localidad: “Vamos a luchar por el empleo y la viabilidad de la empresa, y en ello nos dejaremos el pellejo. Esto es un acto terrorista y salvaje contra Alcalá y contra España. Una empresa con beneficios de 700 millones no puede cerrar la fábrica tras chuparle la sangre a los trabajadores”.

La oleada de protestas contra Gillette fue tal que el entonces presidente de la Diputación, el socialista Miguel Angel Pino, pidió que se boicotearan sus productos y planteó que el Comité de las Regiones de Europa investigara si la decisión de la multinacional de cerrar la factoría alcalareña para desviar la producción a otras del extranjero se ajustaba a la legislación vigente. Como se ve, hubo un segundo paralelismo con el momento presente, en este caso la reacción de la Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla de pedir un boicot a los productos de Danone tras otro anuncio similar de esta multinacional francesa de clausurar su fábrica de Sevilla, que da empleo a 85 personas.

SACRIFICIO DE FILOMATIC

Gillette acabó yéndose de Alcalá de Guadaíra tras alcanzar un acuerdo de extinción de contratos con sus trabajadores, y la campaña de boicot lanzada desde las Administraciones Públicas para que se dejaran de comprar sus productos en España se reveló inútil. Si cuando cerró la fábrica sevillana tenía una cuota del 75% del mercado nacional de cuchillas de afeitar, trece años después aquélla había crecido hasta el 81% (cinco puntos más que en todo el mundo), más el 71% del mercado de las maquinillas, y logró una facturación de 265 millones de euros.

Lo que nadie recordó en aquel entonces es que, previamente, Gillette había realizado una deslocalización interna en el mercado nacional al cerrar la fábrica que su absorbida Filomatic tenía en Barcelona y concentrado toda la producción en Alcalá de Guadaíra, sin que ni el Ayuntamiento de la capital catalana ni  la Diputación barcelonesa reaccionaran pidiendo un boicot en Cataluña a las cuchillas y maquinillas de Gillette.

CIERRES POR DOQUIER

En los casi veinte años transcurridos desde aquel primer caso de deslocalización industrial registrado en la provincia de Sevilla han sido muchas las empresas que, desgraciadamente, han cerrado sus fábricas en nuestra tierra y dejado en la calle a sus trabajadores, sin que tras la frustración por Gillette se volvieran a plantear boicots infructuosos y que por eso mismo habrían incrementado aún más la sensación de impotencia.

Si por cada cierre empresarial, por las razones que hayan sido, los sevillanos hubieran tenido que responder con un boicot, entonces llevaríamos años sin comprar colchones Flex, sin consumir yogures de Yoplait, sin desayunar donuts y toda la gama de bollería de Panrico, sin utilizar los productos de Uralita, sin instalar en fábricas y viviendas los contadores eléctricos de Landis, sin comprar en los estancos las labores tabaqueras de Altadis, sin instalar cualquier producto en madera de Polanco, sin adquirir a partir de ahora aceite envasado por Cargill, etcétera, etcétera.

NUEVOS CASOS

General Dynamics, la matriz de la española Santa Bárbara, que fabrica carros de combate también en Alcalá de Guadaíra, ha perdido 2.130 millones de dólares en el último trimestre por los recortes de Obama y ha reaccionado planteado, entre otras medidas, el despido de 82 trabajadores -casi tantos como Danone- en su planta sevillana. ¿Debe propugnarse que el Gobierno de España deje de comprar carros de combate como represalia?

Los informes Nielsen y de Inlac (‘El sector lácteo como paradigma del problema del valor en la cadena agroalimentaria’) reflejan lo que está ocurriendo con los lácteos y sus derivados (yogures) en España, atrapados por la doble pinza de la caída del consumo debido a la gravísima crisis socioeconómica (6 millones de parados) y el auge de las marcas blancas, más baratas aunque no aporten el valor añadido de la innovación. Dicho de otro modo, se consume menos y de lo que se consume cada vez la cuota de las marcas blancas o de los distribuidores es mayor. Danone, como empresa líder cuya política consiste en defender su marca y no fabricar para terceros, pierde cuota de mercado en nuestro país y a su juicio le ‘sobra’ una de sus fábricas en España, por lo que ha optado por sacrificar la de Sevilla. ¿Debe ser la respuesta el boicot a sus yogures para que pierda aún más cuota de mercado y cierre alguna más? ¿U ofrecerle incentivos desde la Junta -una subvención encubierta- para que no cierre la planta sevillana cuando el conjunto de la compañía ha obtenido en todo el mundo un beneficio de 1.672 millones de euros?

EL CASO CONTRARIO

Renault, otra multinacional francesa, decidió recientemente adjudicar a las fábricas españolas, la de Sevilla entre ellas, la ejecución de su nuevo Plan Industrial -que permitirá crear 1.300 empleos- en detrimento del resto de sus plantas en el mundo, lo cual puede traducirse en el cierre de líneas productivas más ineficientes en otros países. Si la respuesta en el extranjero fuera instar a un boicot a la compañía automovilística del rombo, ello repercutiría en el empleo en la fábrica de cajas de cambio de San Jerónimo. Responder con boicots a las decisiones empresariales no da resultado a medio o largo plazo, como se ha demostrado con Gillette o con los cavas de Cataluña tras el caso Carod Rovira.

Como ha escrito en estas mismas páginas Manuel Alejandro Hidalgo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla no imperativamente debe perder en el juego de las deslocalizaciones, porque igual que existen empresas que se van, otras vienen o expanden su actividad local. “¿Cómo podemos -se ha preguntado- incentivar la localización de empresas en el entorno productivo sevillano? La respuesta -afirmaba- es muy sencilla a la par que complicada: generando ventajas comparativas…. sin el reclamo de bajos salarios, sino de elevadas garantías de un saber hacer cada vez más exigente”. Y es que una empresa que quiera irse acabará yéndose, por más boicots que se le decreten.

El alcalde de Alcalá, Gutiérrez Limones, siempre recordaba que ésa fue la lección que aprendieron en su ciudad tras la deslocalización de Gillette: tenían que generar ventajas competitivas para captar nuevas empresas y por éso decidieron renovar con fondos europeos los anticuados polígonos industriales y apostar por la innovación. Convirtieron la crisis en oportunidad. Si ahora se hallan en la misma tesitura con Roca que en 1994 con Gillette la respuesta debe ser la misma que entonces.

No hay otro camino. Convertir el carro de la compra en carro de combate, como preconiza Espadas con su boicots, no resuelve ningún problema, puede que los encone e incluso que los complique, porque el boicoteador puede ser también boicoteado cuando le llegue la hora. Siempre será mejor concentrar los esfuerzos en captar o crear nuevas empresas por cada una que se nos vaya.

Gol a la Junta, autogol a Sevilla

La celeridad con que Zoido (tan sólo horas después de hacerse, sonriente, la foto con los directivos de La Caixa que le comunicaron la renuncia a instalar el Caixafórum en el antiguo astillero medieval de Sevilla) envió una carta al consejero de Cultura para exigirle la rehabilitación de las Atarazanas, el plan director de usos a que se vaya a destinar el edificio y un calendario de ejecución por una consejería que, debido a los recortes, carece de capacidad inversora alguna, demuestra que el alcalde ha utilizado el monumento como arma arrojadiza contra el Gobierno autónomo, que le negó la recalificación de la Gavidia, y como un nuevo elemento de confrontación.

Dicho de otro modo, al propiciar con sus dilaciones urbanísticas la coartada que necesitaba La Caixa para desistir de su proyecto en el Arenal, Zoido, como bien ha interpretado el consejero Luciano Alonso, pensaba que le estaba metiendo un gol a la Junta de Andalucía, sin reparar en el autogol que le marca a Sevilla, ya que la ciudad pierde una inversión de 25 millones de euros en la rehabilitación de las Atarazanas, otra comprometida por La Caixa con el Gobierno autónomo de 4 millones de euros anuales durante 75 años (un total de 300 millones) y todo el efecto económico inducido que habría tenido para el casco histórico la ubicación del gran centro cultural de La Caixa en este privilegiado espacio de Sevilla.

BANDAZOS URBANÍSTICOS

La falta de criterio y de modelo de ciudad de Zoido, que ha pasado de oponerse a la torre Pelli a defenderla ante la Unesco y, ahora, a llenarla de contenido con el Caixafórum al apoyar su traslado desde las Atarazanas, se pone de manifiesto de nuevo con estos antiguos astilleros que datan del siglo XIII. El alcalde es capaz, sin inmutarse, de decir sí y no y blanco y negro a lo mismo. Cuando tan sólo unos días antes de la decisión de La Caixa trascendió que su íntimo enemigo, el alcalde malagueño Francisco de la Torre, negociaba con la entidad catalana a la vista de las pegas urbanísticas que al Caixafórum se le ponían en Sevilla, Zoido declaró: “Málaga, como siempre, que reivindique lo que le parezca oportuno, pero hay que decir que no hay otro enclave igual a las Atarazanas para desarrollar un Caixafórum”. No hay otro enclave igual, pero cuando días después La Caixa lo abandona en beneficio de su torre Pelli, a la que Zoido se oponía cuando aún no era alcalde, declara que “es un día muy importante para Sevilla”.

Sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas y sobre la figura del propio arquitecto se ha dicho de todo, tanto a favor como en contra. Los conservacionistas y la Fundación Atarazanas se han opuesto a su diseño de Caixafórum por entender que suponía la adulteración del monumento, y al final Zoido, de forma más o menos explícita, ha hecho suyo este argumento cuando dijo durante la polémica con Málaga que el proyecto “podía tener correcciones que no pusieran en peligro ni el monumento ni su entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad”, como dando a entender que había una exigencia de modificación por parte de la Unesco tras la controversia por el rascacielos de la Cartuja.

LA UNESCO SE DESMARCA

Ese argumento ha sido rechazado de plano por Icomos, el órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio histórico, que al contrario que en el caso de la torre Pelli, a la que se oponía frontalmente, nunca ha llamado la atención sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas. El secretario general de Icomos España y profesor de la Hispalense, Víctor Fernández Salinas, ha declarado al respecto: “Salvo que se pretendiera hacer un rascacielos en las Atarazanas, este asunto nada tiene que ver con el Patrimonio de la Humanidad”.

Desmentido el argumento patrimonial de última hora, independientemente de lo que cada uno piense sobre el proyecto y que no es objeto de este análisis, el único intento de justificación que le ha quedado al Ayuntamiento en este tiempo para boicotear el Caixafórum en las Atarazanas  por identificarlo como un proyecto de la Junta a la que devolver políticamente el golpe por, a su juicio, el boicot del Gobierno autónomo a su proyecto de conversión de la Gavidia en un centro comercial, era de índole urbanística: si hacía falta o no la redacción de un Plan Especial previo a la concesión de la licencia de obras.

Recordemos brevemente la génesis del proyecto. Las Atarazanas estaban en manos del Ejército, que había levantado sobre sus cubiertas durante el siglo pasado una serie de instalaciones militares, cuando la Junta se las compró por algo más de 3,7 millones de euros hace una veintena de años. El Gobierno andaluz había invertido 8 millones de euros en su rehabilitación -cantidad manifiestamente insuficiente, habida cuenta la magnitud del edificio, de 7.200 m2 de planta- hasta que La Caixa, en su política de implantación en Andalucía y Sevilla frente a las Cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando, unidas luego en Cajasol), se interesó por el inmueble para ubicar en el mismo un Caixafórum, a modo de escaparate de su Obra Social y Cultural. Hasta tal punto tuvo interés la entidad catalana, que la Junta modificó la ley para poder ampliarle el plazo de concesión: de 50 a 75 años.

EL PLAN ESPECIAL

Fue La Caixa, y no la Junta, la que, con las Atarazanas ya en su poder, convocó un concurso restringido de arquitectura al que invitó a diez estudios españoles, y en octubre de 2009 eligió como proyecto ganador al del sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. El arquitecto redactor del PGOU de Sevilla, el jerezano Miguel Angel González Fustegueras, había introducido en el Plan General un mecanismo de salvaguarda para los bienes de interés cultural (BIC), con el fin de que cualquier intervención en los mismos contara siempre con la aprobación de la Junta de Andalucía  a través de la Comisión de Patrimonio. Ese mecanismo era el Plan Especial. Sin embargo, en la práctica, el Consistorio no venía exigiéndolo si comprobaba que la Junta autorizaba previamente los proyectos de rehabilitación de los BIC, como ha ocurrido con las intervenciones en el castillo de San Jorge y los conventos de Santa Paula y de las Teresas, entre otros ejemplos.

Parece obvio: si el objeto del Plan Especial es conseguir la luz verde de la Junta y ésta ya lo ha dado, no tiene sentido exigir la redacción de un Plan, con gasto añadido de tiempo y dinero, para que la Junta autorice lo que ya ha autorizado.

Cuando La Caixa tramitó la licencia de obras ante Urbanismo en octubre de 2010 y aún gobernaba Monteseirín, desde la Gerencia se le dijo que con el aval de la Junta resultaba innecesario perder medio año en redactar un Plan Especial. El proyecto de Vázquez Consuegra pasó un primer examen de la Comisión de Patrimonio del Gobierno autónomo, que le exigió al arquitecto mayores precisiones sobre las cubiertas, precisiones que fueron incorporadas al proyecto de ejecución, mucho más detallado que un Plan Especial.

INFORMES FAVORABLES

En enero de 2012, cuando Zoido llevaba ya siete meses de alcalde, el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Salazar, en línea con la doctrina seguida hasta entonces por el departamento, emitió un informe favorable a la tramitación de la licencia de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”. Es, pues, con el gobierno de Zoido cuando se ratifica que no hay necesidad de Plan Especial para otorgar la licencia al Caixafórum en las Atarazanas. Y gracias a este documento, el Colegio de Arquitectos da su visado al proyecto de Vázquez Consuegra.

Por tanto, cuando en febrero de 2012 La Caixa pide definitivamente la licencia de obras, se daban ‘a priori’ todas las condiciones favorables para otorgarla en un proceso que además es reglado y que no puede estar al capricho de los gobernantes: debe darse licencia si se cumplen las condiciones y no darse si no se cumplen. Y se cumplían en aquel entonces: visto bueno de la Comisión de Patrimonio, informe favorable de la Gerencia de Urbanismo, y visado del Colegio de Arquitectos.

Pero en paralelo o casi a continuación se van a producir varios acontecimientos que cambiarán el curso de esta historia. Por una parte, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía se opone a la modificación del PGOU de Sevilla para avalar jurídicamente dos proyectos del Ayuntamiento presidido por Zoido: un parking subterráneo en la Alameda de Hércules y la venta de la antigua comisaría de La Gavidia para su conversión en centro comercial.

GIRO DE LOS ACONTECIMIENTOS

Casualidad, coincidencia u otra cosa, desde Urbanismo se emite otro informe, contrario al del mes de enero, en el que se concluye que La Caixa debe redactar un Plan Especial para las Atarazanas si quiere conseguir la licencia de obras, lo cual suponía una demora mínima de seis meses más. La lectura política quedaba clara: como Zoido entiende que la Junta le boicotea sus proyectos urbanísticos, el Ayuntamiento boicotea en correspondencia el proyecto del Caixafórum en un monumento propiedad de la Junta.

Y, por otra parte, el 26 de marzo de 2012 La Caixa compra Banca Cívica, y con ella Cajasol y todos sus activos -incluida la faraónica torre Pelli- por 977 millones de euros. La entidad catalana ya no necesita gastarse 25 millones de euros en las Atarazanas, más 300 millones en los próximos 75 años, para disponer de un escaparate ante Sevilla, porque Sevilla toda es ya territorio conquistado comercialmente con la absorción de su hasta entonces rival local, Cajasol.

Confluyen a partir de ese momento los dos intereses, el político de Zoido de devolverle el golpe urbanístico a la Junta, y el económico de La  Caixa de ahorrarse 325 millones de euros en las Atarazanas y de rellenar el vacío de la torre Pelli con el Caixafórum para dotarlo de un gancho comercial con el que incentivar la venta futura de oficinas en el rascacielos.

En medio, sacrificada a los intereses de unos y de otros, Sevilla.