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Ikea y la Gavidia: de dos meses a dos años

El mismo día en que se reunía el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, el periódico más afín al Ayuntamiento, y por tanto nada sospechoso en este sentido, titulaba una información de esta manera: ‘Urbanismo aprueba el deslinde de las vías pecuarias que frenaban Ikea’.

Según nos enseñaron en la escuela, en una oración el verbo expresa la acción que realiza el sujeto. A veces hay que recordar la obvio para introducir claridad en los distorsionadores discursos de nuestros políticos. Por tanto, si el deslinde de las vías pecuarias era lo que estaba frenando la segunda tienda de Ikea en las cercanías del aeropuerto y la responsabilidad o competencia para su aprobación era de la Gerencia municipal de Urbanismo, ello significa que todo el discurso de Zoido en estos dos años sobre que la Junta estaba bloqueando éste y otros grandes proyectos pendientes de ejecución en Sevilla era un puro artificio para ocultar la ineficacia del Ayuntamiento.

Y es que, efectivamente, el punto Nº 21 del orden del día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo consistía en la aprobación de la propuesta de deslinde de la vía pecuaria ‘Cañada Real del Poco Aceite’ en el tramo que afecta al SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste), “una vez realizado el estaquillado en los terrenos” y proceder a su información pública.

DESBLOQUEO ‘IPSO FACTO’

Tan sólo tres semanas después de su toma de posesión como alcalde, Zoido anunció a principios de julio de 2011 que a lo largo de dicho mes iba a resolver el problema urbanístico para la instalación del segundo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses. Con su ímpetu habitual, el alcalde achacó a “las discusiones” entre PSOE e IU en el seno del gobierno de Monteseirín el obstáculo que evitaba que “se abrieran las puertas a empresas de este tipo”, cuando según él la solución al problema  era “una firma que faltó en el anterior mandato”.

El caso Ikea es una metáfora del personaje público construido sobre la figura del alcalde, cuyo marketing electoral se basó en el pretendido ‘efecto Zoido’, como si él tuviera una varita mágica con que cambiar la realidad en un santiamén o de la noche a la mañana, bastando para ello únicamente la firma o un decreto de la Alcaldía.

De aquellos dos meses como máximo para desbloquear Ikea, en línea con las dos tardes que según Jordi Sevilla bastarían a Zapatero para dominar la Economía, hemos pasado a dos años, y lo que todavía queda. Lo sorprendente, también ahora, es leer las lamentaciones de Zoido, el cual se muestra “desesperado” por la lentitud en la tramitación de los permisos para la multinacional sueca: “Me desespero -afirma el alcalde-. Hay que ver -añade- lo que cuesta que me resuelvan los trámites. ¿Dónde hay que poner las vías pecuarias? Vamos a ponerlas ya; si no pasa ningún caballo por allí”.

PROCEDIMIENTOS REGLADOS

Al margen de que por las vías pecuarias suele o solía transitar más ganado de carne (piaras de ovejas y de cabras) que de monta como los caballos, lo sorprendente en Zoido es que siendo juez en excedencia y abogado por libre que le facturaba 2.000 euros brutos mensuales al PP por esa supuesta labor jurídica ignore que en un Estado de Derecho tan garantista como el nuestro los procedimientos suelen estar reglados. Por tanto, los trámites requieren un orden y un tiempo que ni él, por mucho alcalde que sea, puede obviar o acelerar con una firma para desbloquearle en tan sólo unos días, unas semanas o unos meses un macrocomplejo comercial a toda una multinacional como Ikea.

Si Zoido está “desesperado” con los trámites marcados por la ley, que promueva su cambio (su partido tiene la mayoría absoluta para hacerlo) y que, además, exija mayor eficacia y celeridad a su Gerencia de Urbanismo, la responsable de haber tardado dos años en completar el procedimiento del deslinde de las vías pecuarias existentes en San Nicolás Oeste, el terreno rústico recalificado en su día (con beneficios potencialmente multimillonarios para sus dueños) y elegido por Ikea para su tienda. Y, claro, cuando el terreno es originalmente rústico existen muchas posibilidades de que estén afectados por vías pecuarias, como es el caso, una circunstancia que los propietarios, el Ayuntamiento y la propia Ikea no podían ignorar (bastaba con consultar las fichas del PGOU), así como tampoco la necesidad de proceder a su deslinde y desafectación previamente a colocar la primera piedra.

PRECIPITACIÓN

Por tanto, quien se ha precipitado creando falsas expectativas de inusitada celeridad en vez de informarse con rigor primero antes de hablar ha sido el alcalde, al prometer desbloquear Ikea en julio de 2011 y culpar en todo este tiempo del retraso a la Junta de Andalucía, cuando era su Delegación de Urbanismo la responsable de la tramitación administrativa hasta el punto actual.

Por ende, este trámite tampoco es el punto y final, ni mucho menos. Ahora debe abrirse un plazo de un mes para posibles alegaciones públicas, así como para que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente emita su propio informe. Tal como reconoce la propia Gerencia de Urbanismo en su nota de prensa, luego le corresponde a la Junta aprobar la desafectación de la vía pecuaria, lo que implica la supresión de la naturaleza de dominio público que ostenta para su conversión en un bien patrimonial. Y, posteriormente, al Ayuntamiento deberá aprobarle la Junta el Plan Parcial para el desarrollo urbanístico de los terrenos suponiendo que aquél sea acorde con las determinaciones del PGOU, con lo cual es probable que el horizonte del segundo Ikea no se vislumbre hasta 2014 ó 2015. Dada la recesión económica y la caída del consumo desde 2008 a la fecha, no parece tampoco que la multinacional sueca tenga ahora las mismas urgencias que cuando ideó el proyecto, hace años.

COMISARÍA DE LA GAVIDIA

La segunda gran revelación que nos ha dejado el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo radicaba en los puntos 18 y 19 de su orden del día, referidos a la culminación de la adquisición del inmueble sito en Plaza de la Concordia número 1, aprobación de propuesta de plazo e indemnización sustitutoria en su caso y solicitud al Ministerio del Interior (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) de una nueva y última prórroga para su adquisición.

El inmueble citado resulta ser la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, cuya recalificación urbanística para que deje de ser futuro equipamiento social para los vecinos del Centro y se convierta en un centro comercial al que prestaría servicio el parking rotatorio y subterráneo de la Alameda pretende ahora el gobierno local. En algunos medios afines al Ayuntamiento se ha publicado que la Junta de Andalucía, a la que Zoido también culpa de bloquearle este proyecto suyo para Sevilla, no le dejaba al Consistorio vender el inmueble a un operador comercial (la multinacional irlandesa Primark siempre ha sonado entre los posibles candidatos).

Gracias al orden del día del Consejo de Gerencia se ha descubierto ahora que el Ayuntamiento no habría podido ver la antigua comisaría de la Gavidia, aunque la Junta de Andalucía se la hubiese recalificado, porque, al contrario de lo que la opinión pública creía, aún no es de su propiedad, pese a que teóricamente la había adquirido al Ministerio del Interior en el año 2006 por 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas para la construcción de otras tantas comisarías de Policía en la Alameda, Macarena, Sevilla Este, Polígono Sur y Nervión. Mientras que el acuerdo se ha cumplido en los tres primeros casos, aún no se ha materializado en los dos últimos.

CLÁUSULA CONDICIONANTE

Aunque sea en parte una situación heredada del gobierno de Monteseirín, lo cierto es que tampoco en estos dos años de mandato el Ayuntamiento de Zoido ha sido capaz de levantar la cláusula condicionante que el Ministerio del Interior mantiene sobre la antigua comisaría de la Gavidia hasta que no se cumplan al 100% los términos del acuerdo firmado hace un septenio. Lisa y llanamente, la Delegación municipal de Urbanismo ha sido incapaz todavía de segregar 2.000 m2 de los suelos de la antigua fábrica de Cruzcampo  en Nervión para que Interior construya allí una de las dos comisarías pendientes, ya que en el Polígono Sur la cuestión está en vías de resolución.

No fue hasta octubre de 2012 cuando Urbanismo ofreció como alternativa once parcelas diferentes, alternativa que Interior rechazó en enero del año en curso. Ahora, se ha llegado a un principio de acuerdo en virtud del cual el Consistorio tendrá un plazo de tres años para modificar el PGOU con el fin de ceder suelos en Nervión para la comisaría de Policía del distrito y en caso de incumplir este nuevo pacto  deberá pagar al Ministerio una indemnización de 183.916,80 euros. Asimismo, se ha acordado entre ambas partes otro plazo, que expira el 21 de septiembre, para culminar de una vez la compraventa definitiva de la antigua comisaría de la Gavidia, al cabo de veintisiete meses del inicio del mandato de este gobierno local.

Veintisiete meses, pues, de espera para salvar las diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno central, ambos del mismo partido  -PP- que el del alcalde, tiempo en el que Zoido no ha dejado de culpar a la Junta de Andalucía de la imposibilidad de vender un inmueble que no podía vender porque  aún no es suyo.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/