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El Ayuntamiento de Sevilla exige a Fomento los accesos para Ikea aun sin Ikea

El Ayuntamiento de Sevilla considera que la renuncia de Ikea a construir una segunda tienda en Sevilla, concretamente en los terrenos de San Nicolás Oeste, no implica que automáticamente el Ministerio de Fomento se haya liberado del convenio firmado en su día para construir los accesos al futurible complejo comercial, esté o no esté la multinacional sueca, por lo que le exige el cumplimiento del acuerdo, que suponía una inversión superior a los 13 millones de euros.

Ikea, que llevaba desde 2008 con el proyecto de construir una segunda tienda en Sevilla pero con la idea de que le saliera gratis mediante las rentas que le generaran los comercios que se establecieran a su sombra (como un Aire Sur pero de su propiedad), no reparó en que para ello necesitaba de mucha más edificabilidad de la que le permitía el PGOU (la razón auténtica que ha frenado sus deseos), por lo que ha acabado tirando la toalla y comunicado su renuncia. También ha influido en que en estos ocho años de crisis económica los consumidores frecuentan más los comercios de proximidad que los situados en el extrarradio de las grandes urbes y que se han anunciado nuevos proyectos en el término municipal con tramitación urbanística ya más avanzada y que presumiblemente abrirán sus puertas a la par o incluso antes de lo que pudiera hacerlo esa segunda tienda en San Nicolás Oeste.

Uno de los obstáculos añadidos a su proyecto ha sido el de los accesos al mismo por carretera tras tumbar la Unión Europea el paso de la proyectada ronda intermedia SE-35, presentada públicamente como al servicio de la multinacional sueca, por medio del parque del Tamarguillo, con la que ni siquiera se había cumplido la previa y preceptiva exigencia de su evaluación de impacto ambiental.

Al fin de crear un acceso alternativo a la SE-35 que permitiera a los futuros clientes de la segunda tienda de Ikea llegar hasta la misma cuando se erigiera sobre los suelos de San Nicolás Oeste, el Ayuntamiento, presidido entonces por Zoido, y el Ministerio de Fomento, por Ana Pastor, firmaron en abril de 2015 un convenio mediante el cual el segundo se comprometió a reformar el enlace de la SE-20 y de la A-4, y el primero a asumir la titularidad -y por tanto los gastos de conservación- de la ronda Súper Norte, construida hace un cuarto de siglo para dar servicio a la Expo-92, y el muro de Defensa y la Avenida de la Raza, que formaban parte de la carretera Nacional 630.

La inversión comprometida por el Ministerio de Fomento era de 13.380.000 euros, de forma no proporcional y en tres anualidades (de 2015 a 2017), un dinero que no ha empleado todavía en lo que va de año, y no hay perspectiva de que lo libere el próximo ejercicio pero al que el Ayuntamiento no está dispuesto a renunciar.

Según fuentes municipales, el hecho de que Ikea esté presente o ausente en San Nicolás Oeste no es condición sine qua non para el cumplimiento del convenio, entre otras razones porque en el futuro puede aparecer otro operador comercial o lanzarse otro proyecto diferente, de ahí que el gobierno de Espadas exija al Ministerio el cumplimiento de su compromiso con Sevilla, para dar así la oportunidad a otro potencial inversor a desarrollar un proyecto alternativo en la ciudad.

Distribución de los 13 millones de euros

El convenio firmado en abril de 2015 establecía que el Ministerio de Fomento se comprometía a financiar una cantidad estimada inicialmente en 13,38 millones de euros (IVA incluido) con la siguiente distribución de anualidades:

  1. Reparación y acondicionamiento de la Avenida de la Raza: 180.000 euros en el año 2015.

  1. Redacción de los proyectos y control y vigilancia de la ejecución: 100.000 euros (2015); 400.000 (2016); 400.000 (2017). Total: 900.000.

     3)  Obras enlace SE-20 y A-4: 400.000 (2015); 4 millones (2016); 5,4 millones (2017). Total: 9,8 millones de euros.

    4) Obra ronda SE-20: 680.000 euros (2016); 5,9 millones (2017). Total: 6,8 millones.

De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

Ikea y la Gavidia: de dos meses a dos años

El mismo día en que se reunía el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, el periódico más afín al Ayuntamiento, y por tanto nada sospechoso en este sentido, titulaba una información de esta manera: ‘Urbanismo aprueba el deslinde de las vías pecuarias que frenaban Ikea’.

Según nos enseñaron en la escuela, en una oración el verbo expresa la acción que realiza el sujeto. A veces hay que recordar la obvio para introducir claridad en los distorsionadores discursos de nuestros políticos. Por tanto, si el deslinde de las vías pecuarias era lo que estaba frenando la segunda tienda de Ikea en las cercanías del aeropuerto y la responsabilidad o competencia para su aprobación era de la Gerencia municipal de Urbanismo, ello significa que todo el discurso de Zoido en estos dos años sobre que la Junta estaba bloqueando éste y otros grandes proyectos pendientes de ejecución en Sevilla era un puro artificio para ocultar la ineficacia del Ayuntamiento.

Y es que, efectivamente, el punto Nº 21 del orden del día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo consistía en la aprobación de la propuesta de deslinde de la vía pecuaria ‘Cañada Real del Poco Aceite’ en el tramo que afecta al SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste), “una vez realizado el estaquillado en los terrenos” y proceder a su información pública.

DESBLOQUEO ‘IPSO FACTO’

Tan sólo tres semanas después de su toma de posesión como alcalde, Zoido anunció a principios de julio de 2011 que a lo largo de dicho mes iba a resolver el problema urbanístico para la instalación del segundo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses. Con su ímpetu habitual, el alcalde achacó a “las discusiones” entre PSOE e IU en el seno del gobierno de Monteseirín el obstáculo que evitaba que “se abrieran las puertas a empresas de este tipo”, cuando según él la solución al problema  era “una firma que faltó en el anterior mandato”.

El caso Ikea es una metáfora del personaje público construido sobre la figura del alcalde, cuyo marketing electoral se basó en el pretendido ‘efecto Zoido’, como si él tuviera una varita mágica con que cambiar la realidad en un santiamén o de la noche a la mañana, bastando para ello únicamente la firma o un decreto de la Alcaldía.

De aquellos dos meses como máximo para desbloquear Ikea, en línea con las dos tardes que según Jordi Sevilla bastarían a Zapatero para dominar la Economía, hemos pasado a dos años, y lo que todavía queda. Lo sorprendente, también ahora, es leer las lamentaciones de Zoido, el cual se muestra “desesperado” por la lentitud en la tramitación de los permisos para la multinacional sueca: “Me desespero -afirma el alcalde-. Hay que ver -añade- lo que cuesta que me resuelvan los trámites. ¿Dónde hay que poner las vías pecuarias? Vamos a ponerlas ya; si no pasa ningún caballo por allí”.

PROCEDIMIENTOS REGLADOS

Al margen de que por las vías pecuarias suele o solía transitar más ganado de carne (piaras de ovejas y de cabras) que de monta como los caballos, lo sorprendente en Zoido es que siendo juez en excedencia y abogado por libre que le facturaba 2.000 euros brutos mensuales al PP por esa supuesta labor jurídica ignore que en un Estado de Derecho tan garantista como el nuestro los procedimientos suelen estar reglados. Por tanto, los trámites requieren un orden y un tiempo que ni él, por mucho alcalde que sea, puede obviar o acelerar con una firma para desbloquearle en tan sólo unos días, unas semanas o unos meses un macrocomplejo comercial a toda una multinacional como Ikea.

Si Zoido está “desesperado” con los trámites marcados por la ley, que promueva su cambio (su partido tiene la mayoría absoluta para hacerlo) y que, además, exija mayor eficacia y celeridad a su Gerencia de Urbanismo, la responsable de haber tardado dos años en completar el procedimiento del deslinde de las vías pecuarias existentes en San Nicolás Oeste, el terreno rústico recalificado en su día (con beneficios potencialmente multimillonarios para sus dueños) y elegido por Ikea para su tienda. Y, claro, cuando el terreno es originalmente rústico existen muchas posibilidades de que estén afectados por vías pecuarias, como es el caso, una circunstancia que los propietarios, el Ayuntamiento y la propia Ikea no podían ignorar (bastaba con consultar las fichas del PGOU), así como tampoco la necesidad de proceder a su deslinde y desafectación previamente a colocar la primera piedra.

PRECIPITACIÓN

Por tanto, quien se ha precipitado creando falsas expectativas de inusitada celeridad en vez de informarse con rigor primero antes de hablar ha sido el alcalde, al prometer desbloquear Ikea en julio de 2011 y culpar en todo este tiempo del retraso a la Junta de Andalucía, cuando era su Delegación de Urbanismo la responsable de la tramitación administrativa hasta el punto actual.

Por ende, este trámite tampoco es el punto y final, ni mucho menos. Ahora debe abrirse un plazo de un mes para posibles alegaciones públicas, así como para que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente emita su propio informe. Tal como reconoce la propia Gerencia de Urbanismo en su nota de prensa, luego le corresponde a la Junta aprobar la desafectación de la vía pecuaria, lo que implica la supresión de la naturaleza de dominio público que ostenta para su conversión en un bien patrimonial. Y, posteriormente, al Ayuntamiento deberá aprobarle la Junta el Plan Parcial para el desarrollo urbanístico de los terrenos suponiendo que aquél sea acorde con las determinaciones del PGOU, con lo cual es probable que el horizonte del segundo Ikea no se vislumbre hasta 2014 ó 2015. Dada la recesión económica y la caída del consumo desde 2008 a la fecha, no parece tampoco que la multinacional sueca tenga ahora las mismas urgencias que cuando ideó el proyecto, hace años.

COMISARÍA DE LA GAVIDIA

La segunda gran revelación que nos ha dejado el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo radicaba en los puntos 18 y 19 de su orden del día, referidos a la culminación de la adquisición del inmueble sito en Plaza de la Concordia número 1, aprobación de propuesta de plazo e indemnización sustitutoria en su caso y solicitud al Ministerio del Interior (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) de una nueva y última prórroga para su adquisición.

El inmueble citado resulta ser la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, cuya recalificación urbanística para que deje de ser futuro equipamiento social para los vecinos del Centro y se convierta en un centro comercial al que prestaría servicio el parking rotatorio y subterráneo de la Alameda pretende ahora el gobierno local. En algunos medios afines al Ayuntamiento se ha publicado que la Junta de Andalucía, a la que Zoido también culpa de bloquearle este proyecto suyo para Sevilla, no le dejaba al Consistorio vender el inmueble a un operador comercial (la multinacional irlandesa Primark siempre ha sonado entre los posibles candidatos).

Gracias al orden del día del Consejo de Gerencia se ha descubierto ahora que el Ayuntamiento no habría podido ver la antigua comisaría de la Gavidia, aunque la Junta de Andalucía se la hubiese recalificado, porque, al contrario de lo que la opinión pública creía, aún no es de su propiedad, pese a que teóricamente la había adquirido al Ministerio del Interior en el año 2006 por 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas para la construcción de otras tantas comisarías de Policía en la Alameda, Macarena, Sevilla Este, Polígono Sur y Nervión. Mientras que el acuerdo se ha cumplido en los tres primeros casos, aún no se ha materializado en los dos últimos.

CLÁUSULA CONDICIONANTE

Aunque sea en parte una situación heredada del gobierno de Monteseirín, lo cierto es que tampoco en estos dos años de mandato el Ayuntamiento de Zoido ha sido capaz de levantar la cláusula condicionante que el Ministerio del Interior mantiene sobre la antigua comisaría de la Gavidia hasta que no se cumplan al 100% los términos del acuerdo firmado hace un septenio. Lisa y llanamente, la Delegación municipal de Urbanismo ha sido incapaz todavía de segregar 2.000 m2 de los suelos de la antigua fábrica de Cruzcampo  en Nervión para que Interior construya allí una de las dos comisarías pendientes, ya que en el Polígono Sur la cuestión está en vías de resolución.

No fue hasta octubre de 2012 cuando Urbanismo ofreció como alternativa once parcelas diferentes, alternativa que Interior rechazó en enero del año en curso. Ahora, se ha llegado a un principio de acuerdo en virtud del cual el Consistorio tendrá un plazo de tres años para modificar el PGOU con el fin de ceder suelos en Nervión para la comisaría de Policía del distrito y en caso de incumplir este nuevo pacto  deberá pagar al Ministerio una indemnización de 183.916,80 euros. Asimismo, se ha acordado entre ambas partes otro plazo, que expira el 21 de septiembre, para culminar de una vez la compraventa definitiva de la antigua comisaría de la Gavidia, al cabo de veintisiete meses del inicio del mandato de este gobierno local.

Veintisiete meses, pues, de espera para salvar las diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno central, ambos del mismo partido  -PP- que el del alcalde, tiempo en el que Zoido no ha dejado de culpar a la Junta de Andalucía de la imposibilidad de vender un inmueble que no podía vender porque  aún no es suyo.