Fomento multa con 140.000 euros a Cajasol por poner en peligro el tráfico de aviones con los 178 metros de la torre Pelli y no pedir permiso previo a Seguridad Aérea. La Caja alega que, según el PGOU de 2006 y la Gerencia de Urbanismo, no precisaba permiso porque ese suelo no tenía servidumbre aeronáutica, hasta el punto de que ni Aviación Civil alegó contra el Plan. Si Aviación no dijo nada fue porque el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, cuádruple imputado por la juez Alaya y al que Monteseirín le pagaba el sueldo récord de la historia del Ayuntamiento (168.392 euros), omitió en el PGOU que allí fuese a construirse rascacielos alguno, con lo que daba pista libre y rápida a lo que viniera después sin escrutinio ni objeción de Seguridad Aérea, que se encontraría con el hecho consumado de la torre a mayor gloria del alcalde cuando ya no tuviera marcha atrás. Si Fomento da la razón a esta denuncia de ‘Túmbala’ con la multa y afirma que la torre está fuera del ordenamiento jurídico, ¿cómo dijo Zoido tras revisar el expediente que todo se hizo de forma legal?