Un reciente informe del interventor municipal refleja que el Ayuntamiento de Sevilla tarda una media de 74 días en pagar a sus proveedores, cuando hace dos años la demora era de 57 días y pese a que el objetivo del Plan de Ajuste, al que se acogió el Consistorio sevillano, era que las facturas se abonaran en un máximo de 27 jornadas. O sea, que después de haber puesto a cero el contador de la deuda con los proveedores merced a la adhesión al Plan de Ajuste por valor de casi 60 millones de euros, la burocracia y/o la Hacienda municipales a la hora de cumplir con quienes contratan con la Corporación no sólo no han agilizado los nuevos pagos, sino que los han ralentizado aún más hasta llegar a esos 74 días de demora.

Mientras Zoido se permite dos meses y medio de retraso en librar el dinero para las empresas, las cuales han de financiar con su propia tesorería o mediante el mirlo blanco de algún crédito bancario el desfase temporal, se muestra inflexible cuando quien se retrasa en el desembolso del dinero es una Administración Pública llamada Junta de Andalucía, como demostró el día 12 de noviembre al despedir a los 45 trabajadores del programa de intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social porque no le había llegado el dinero comprometido por el Gobierno autónomo.

RETRASOS DE LA JUNTA

La Corporación municipal hispalense se queja de que la Junta de Andalucía, con problemas de liquidez que a nadie se ocultan debido a los recortes económicos para reducir el déficit público, ha venido demorando desde 2011 a la fecha la convocatoria de ayudas para cofinanciar conjuntamente con los ayuntamientos los programas de intervención en zonas con necesidades de transformación social, que en el caso de Sevilla son los Polígonos Sur y Norte, Tres Barrios-Amate, Torreblanca y el asentamiento chabolista del Vacie.

Efectivamente, si en años anteriores el Boja publicaba la convocatoria en el primer trimestre del año, últimamente lo viene haciendo en pleno verano, con lo que entre el estío, la tramitación y el estudio de las solicitudes procedentes de toda Andalucía, la aprobación de las resoluciones y el libramiento efectivo del dinero se está incurriendo en el riesgo de que llegue la hora de renovar el programa y no hayan llegado los fondos, pese a que estén aprobados.

En el caso de Sevilla, el programa expiraba el 14 de noviembre de 2013, por lo que el Consistorio solicitó a principios de julio una nueva subvención con el argumento de que era necesaria la continuidad de la intervención social en los barrios citados porque no sólo no habían registrado cambios significativos respecto al año 2012, sino que por los efectos de la crisis económica incluso se había agudizado la precariedad de la situación social y económica de sus habitantes.

LA SOLICITUD

La Corporación municipal solicitó a la Junta una subvención directa de carácter excepcional de 1.806.570, 88 euros. El Gobierno autónomo evaluó el programa subvencionable en 1.258.947,90 euros y le concedió al Ayuntamiento una ayuda equivalente al 74,07% del mismo: 932.554 euros. El resto, 326.393,90 euros (el 25,93%) debía cofinanciarlo el gobierno local.

El dinero de la Junta, sin embargo, no llegaba a las arcas municipales, por lo que en vísperas de que el 14 de noviembre expirara la vigencia del programa existente, el Ayuntamiento de Sevilla amenazó con despedir a los 45 profesionales encargados de velar por los programas de alfabetización, el seguimiento a las familias desestructuradas, la escolarización de los niños y otras actuaciones similares en los barrios con más exclusión social de Sevilla.

Al Consistorio le dio igual que la Junta de Andalucía le hubiera comunicado el 10 de octubre la concesión de la ayuda de forma provisional y que el 12 de noviembre le notificara por correo electrónico la resolución definitiva, ya que al día siguiente puso en la calle a los 45 trabajadores del programa Zonas.

“INSEGURIDAD JURÍDICA”

El alcalde, Juan Ignacio Zoido, declaró que las comunicaciones previas del Gobierno autónomo no eran suficientes y que por lo tanto el Ayuntamiento se había visto obligado a suspender el plan y pensar en reprogramar para otras actuaciones los 326.000 euros que ya tenía consignados para el mismo porque se encontraba en situación de “inseguridad jurídica”.

El portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, dijo por su parte, no sin cierta sorna, que el Ayuntamiento trabaja “con papeles sellados y no a través de comentarios o rumores; a ver si ahora va a servir -añadió- con un mensaje por WhatsApp”, por lo que esperaría a que concluyera el correspondiente trámite de fiscalización y a que se consumara la transferencia del dinero.

Técnicamente y en estricta puridad financiera, el Ayuntamiento tenía razón porque los fondos de la Junta no le habían llegado, pero su argumentación rayaba en el leguleyismo (aplicación del Derecho o de la ley de forma desaforada) cuando tenía ya en su poder dos comunicaciones de la Junta ratificándole, primero de forma provisional y luego definitiva, la concesión de la subvención. Su intransigencia a la hora de la exigencia del cobro contrasta llamativamente con la benevolencia que se otorga a sí mismo en el trato con los proveedores y esos 74 días que tarda en abonarles las facturas pendientes.

REPRESALIA POLÍTICA

A nadie se le escapa, y los primeros a los trabajadores afectados, que se ha tratado de una represalia política  tras el eco provocado por su decisión de devolverle a la Junta 428.320 euros del programa de ayuda a domicilio al negarse el Gobierno andaluz a prorrogarle más allá del 31 de diciembre el plazo dado para emplear ese dinero y cuando todavía le queda un mes y medio para aplicar esos fondos.

La pataleta de Zoido recuerda aquella historia del recluta al que no le gustó la comida que le sirvieron en el comedor del cuartel donde hacía el servicio militar y pronunció la frase: “Que se joda el coronel, que yo no como rancho”.

El alcalde ha pretendido fastidiar a la ‘generala’ Susana Díaz devolviendo primero una subvención por incapacidad de gestión para gastarla a tiempo y no aceptando otra porque se había pasado por uno o varios días la fecha de caducidad, pero en los dos casos quien se fastidia no es Susana Díaz ni la Junta, que se encuentra además con una devolución de dinero en tiempo de recortes, sino Sevilla, la ciudad a la que Zoido aspira a seguir gobernando.

Porque, ¿qué ha demostrado más el alcalde ante la opinión pública, la morosidad de la Junta o que él es capaz de dejar sin atención social a 99.000 sevillanos de los barrios desfavorecidos por no esperar tan sólo unos días más y por su confrontación con San Telmo, a pesar de que en su solicitud de la subvención ante la Junta decía que “los efectos de la crisis económica incluso han agudizado la precariedad de la situación social y económica de esta población”?

NI LA SOLUCIÓN TRANSITORIA

La situación la resumió en declaraciones a la prensa uno de los trabajadores de las Unidades de Trabajo Social (UTS) despedidos por el Ayuntamiento: “Les damos igual los ciudadanos y los trabajadores; todo esto es sólo para tirarse los trastos unos a otros”.

Y eso pese a que el personal de las UTS había propuesto como solución transitoria para no tener que desembocar en el trauma de los despidos que el Ayuntamiento destinara los 200.000 euros que se había ahorrado anteriormente en el mismo programa con la reducción de jornadas, las vacantes sin cubrir y los permisos no disfrutados a prorrogar la situación en tanto llegara el dinero de la Junta de Andalucía.

Ahora, el Consistorio anuncia que, tras el paréntesis del fin de semana, incluso desde hoy mismo podrían reincorporarse a su puesto los 45 trabajadores despedidos, una vez confirmada la subvención de la Junta, lo cual deja aún más en evidencia la intransigencia del alcalde y demuestra lo absurdo de los despidos y de una guerra política de tan sólo cinco días, en la que no ha dudado en usar como munición a los 99.000 sevillanos excluidos socialmente.

Todo parece indicar que el tiro le ha salido por la culata.