El Instituto Nacional de la Seguridad Social gastará 3.700 euros en agua embotellada para su Dirección en Sevilla

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, ha autorizado al Instituto Nacional de la Seguridad Social a que gaste 3.700 euros de sus presupuestos para que en 2022 se consuma agua embotellada en la sede de la Dirección Provincial de dicho organismo en Sevilla.

El Departamento de Escrivá ha hecho caso omiso de diversas campañas de organizaciones de consumidores y usuarios y de empresas suministradoras en pro del agua del grifo en vez de agua embotellada.

Por ejemplo, Aqualia lanzó una campaña informativa para demostrar falsos mitos en torno al líquido elemento, uno de los cuales es la creencia de que el agua de grifo es peor que la que se suministra envasada.

Según dicha compañía, en España el agua del grifo está extremadamente protegida desde el punto de vista legal y sanitario. Es uno de los productos alimentarios más controlado, sujeto a un triple control: sanitario, técnico y económico y el propio que realiza el gestor del servicio, avalado por las diferentes normas de calidad. 

El ministro Escrivá, vertiendo el agua de una botella en el hueco del atril

Es el RD 140/2003 el que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, que exige controlar hasta 53 parámetros en el agua del grifo. Las aguas embotelladas, afirma Aqualia, tan sólo exponen unos pocos, entre 5-8 en su etiqueta sin ofrecer un valor de referencia.

Además de estos aspectos hay que tener en cuenta el ahorro económico que supone consumir agua del grifo, a un coste medio de 0,10 € por persona/mes, mientras que el consumo de agua embotellada es una opción mucho más cara, alrededor de 20 € al mes por persona. 

Junto a esto, hay que tener en cuenta que el 90% del coste del agua embotellada es la propia botella, envase que, además, provoca daños en el entorno. Harían falta 3 litros de agua para fabricar una botella de plástico de medio litro (Huella hídrica). 

El mito concluye destacando que las empresas operadoras realizan diariamente  análisis exhaustivos en el agua para garantizar que no posea ninguna sustancia o microorganismo en una concentración tal que pueda suponer riesgo para la salud de las personas que la consumen.

Pero además el agua suministrada por la red pública tiene que tener una calidad en su composición que pueda ser compatible con el 100 % de la población.

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