Ahora tacha cualquier concierto de salud del Gobierno de Juanma Moreno como «trasvase de dinero público al sector privado»
No dijo nada cuando Susana Díaz firmó un concierto de 313 millones con la empresa Pascual
El secretario general del PSOE(A) y flamante portavoz de su partido en el Senado, Juan Espadas, no pierde ocasión de criticar cualquier contrato o concierto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con empresas privadas para tratar de reducir las listas de espera -al igual que hicieron anteriores gobiernos socialistas en San Telmo- como un injustificable «trasvase de fondos públicos al sector privado». Olvida que cuando fue alcalde de Sevilla firmó también su particular concierto sanitario con una aseguradora privada.
Para desgracia de los andaluces, ninguno de los gobiernos de la Junta de Andalucía, ya fueran los del PSOE a lo largo de 40 años (contando también la Presidencia de Plácido Fernández Viagas durante la preautonomía), o los del PP en el último lustro, han sido capaces de eliminar las listas de espera en los hospitales públicos del sistema sanitario de nuestra región, gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Que se recuerde, la mayor parte de los ejecutivos autonómicos, por no decir todos, han recurrido a conciertos, convenios, acuerdos o como quiera llamárseles con empresas del sector privado para derivarles pacientes a sus clínicas u hospitales.
A título de ejemplo, el Gobierno presidido por la socialista Susana Díaz aprobó en marzo de 2014 un expediente de gasto relativo a la modificación y prórroga del contrato administrativo de gestión de servicio público, mediante concierto, «para la prestación de asistencia sanitaria especializada a los usuarios del sistema sanitario público en los hospitales» del empresario gaditano José Manuel Pascual.
El importe de ese convenio, prórroga de otro anterior con la misma finalidad, fue de 313.661.351,05 euros. El acuerdo suscrito entre la Consejería de Salud y la empresa José Manuel Pascual y Pascual S.A. tenía inicialmente un plazo de ejecución de once meses y medio, desde el 1 de abril de 2014 hasta el 15 de marzo de 2015, y fue prorrogado por al menos siete meses más, cuando la presidenta convocó elecciones anticipadas en enero de este último año para el 22 de marzo, periodo en que se abrió una etapa de interinidad..
Susana Díaz también firmaba conciertos con empresas del sector sanitario privado
En aquel entonces, el hoy líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, era el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, pero tampoco se recuerda que alzara su voz contra los conciertos sanitarios que firmaba el Gobierno que presidía su correligionaria Susana Díaz ni que calificara aquel pago de 313 millones de euros como «una transferencia de recursos públicos a la sanidad privada».
Se da la circunstancia de que el 30 de diciembre de 2019, tan sólo medio año después de su reelección como alcalde de Sevilla para un segundo mandato, el gobierno local socialista por él dirigido adjudicó un contrato valorado en 4.026.663 euros a la aseguradora privada Asisa (Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros SAU).
El objetivo de este, como ahora diría Espadas, trasvase de dinero público municipal a la sanidad privada era contratar la suscripción de un seguro médico de asistencia sanitaria de póliza complementaria de salud para el colectivo del Ayuntamiento de Sevilla, su Agencia Tributaria, personal funcionario del Ayuntamiento adscrito a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y empleados de Emvisesa.
Asimismo, y en idénticas condiciones, se podrían incorporar mediante documento de adhesión específico los beneficiarios adscritos al Consorcio de Turismo de Sevilla y tras su efectiva disolución y liquidación, a la Agencia Pública Administrativa Local Turismo de Sevilla que les subrogaría en todos sus derechos y obligaciones.
Espadas, con la vara de alcalde
El servicio, contratado con el dinero de los contribuyentes sevillanos, iba a beneficiar a 4.284 empleados municipales menores de 65 años y a unos 40 mayores de dicha edad durante la anualidad de 2020 y era continuación de un anterior seguro médico privado suscrito durante el primer mandato del socialista Espadas como alcalde.
El contrato se justificaba con el argumento de que el Ayuntamiento de Sevilla no disponía de medios suficientes para garantizar la prestación de asistencia sanitaria complementaria a las prestaciones del Régimen General de Seguridad Social, como si entre los fines del Consistorio estuviera prestar una asistencia sanitaria al margen del sistema público de salud.
Además, la Corporación Municipal presidida por Espadas incluyó una cláusula según la cual se estableció la posibilidad de que familiares directos (padres, hijos y hermanos)
de los beneficiarios antes descritos y que convivieran con éstos pudieran adscribirse, en las mismas condiciones y prestaciones que las previstas en el pliego así como las
posibles mejoras, de forma directa a la entidad aseguradora privada, conformándose como un colectivo abierto que pagaría sus mensualidades directamente a aquélla en base al importe que obrase en vigor en cada momento.
Item más, se contempló la posibilidad de que, a partir de la fecha de adjudicación
del contrato o sus prórrogas, las personas definidas en la cláusula 2.1.1 pasaran a
la situación de jubilación teniendo derecho a continuar como asegurados en las mismas
condiciones y prestaciones que las previstas en el pliego o de sus modificaciones y de igual modo sus familiares directos (padres, hijos y hermanos) abonando directamente a la aseguradora privada el precio por persona que obrase efecto en cada momento.
En iguales condiciones se estableció también la posibilidad de la continuidad a título
particular de aquellas personas cuya relación con el Ayuntamiento cesase, o bien que disfrutaran de excedencia de cualquier tipo mientras durara el contrato o su posible prórroga con la aseguradora privada, así como los familiares directos (padres, hijos y hermanos) de éstos, que estuvieren de alta en la misma.
La incorporación, de los colectivos especificados en las cláusulas anteriores a la
aseguradora privada se efectuaría sin cuestionario de salud previo, no existiendo limitación en cuanto a la prestación ni exclusiones por patologías preexistentes de ningún tipo. Tampoco les sería de aplicación periodo de carencia alguno.
En ningún caso se contemplaba la aplicación de cualquier tipo de copago.
Las prestaciones sanitarias a las que tenían derecho el personal municipal en activo o jubilado, e incluso sus hermanos aunque no tuvieran ninguna vinculación con el Ayuntamiento, ocupaban páginas y páginas del convenio firmado con Asisa, que además entró en vigor en un año clave, como fue el del estallido de la pandemia del coronavirus, con lo cual todos los beneficiarios del acuerdo pudieron gozar de una asistencia privada en unos momentos de colapso del sistema público por el impacto de la nueva enfermedad.
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