Ecologistas en Acción acudió a los tribunales, que han ordenado la demolición de lo construido sobre suelo público
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de Ecologistas en Acción-Sevilla contra la resolución de la Junta de Andalucía, que autorizó la ocupación de la vía pecuaria “Cañada Real, de Osuna a Cañete”, en el término municipal de El Saucejo (Sevilla), para la instalación de una macrogranja porcina.
Ahora, en cumplimiento de dicha sentencia y tras solicitar Ecologistas en Acción la nulidad del Proyecto de Actuación y la Licencia de la macrogranja al Ayuntamiento de El Saucejo (que a su vez ha denegado la licencia de apertura), la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha requerido a la promotora de la instalación ganadera para “proceder en el plazo de un mes a dejar los terrenos de la vía pecuaria ocupados libres y expeditos”, añadiendo que “transcurrido el mismo y comprobados los hechos y no se hubiera cumplido se procederá a la Recuperación de oficio de dichos terrenos” conforme al Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La promotora ha solicitado al Ayuntamiento de El Saucejo la correspondiente licencia de demolición.
Foto aérea de la granja porcina con, en rojo, la línea de borde más occidental (aproximada) de la vía pecuaria
Dice el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía que las vías pecuarias conforman una inmensa red territorial que, más allá de su función ganadera primigenia, constituyen un legado histórico de interés capital, cuya preservación ha de ser garantizada por las nuevas funciones y usos que la legislación vigente les asigna.
Son elemento esencial en la ordenación del territorio, favorecen la diversificación del paisaje, especialmente en los entornos urbanos, fomentan la biodiversidad al posibilitar el intercambio genético de las especies vegetales y animales y permiten el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la conservación del medio natural.
La Junta de Andalucía tiene el deber legal de garantizar el uso público y asegurar su adecuada conservación. No obstante, esta conservación deja mucho que desear, siendo normal que estén usurpadas por los colindantes, aradas, deforestadas, valladas, reducidas a su mínima expresión y en muchos casos ocupadas por construcciones como en el presente caso.
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