Casi tres millones de familias españolas, el 16% del total, viven en viviendas que no son de su propiedad

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio sobre el acceso a la vivienda en alquiler y los consumidores vulnerables, basado en una amplia encuesta y un análisis de los datos disponibles. Partió de una constatación en la que existe unanimidad: hay un problema grave en el acceso a la vivienda en alquiler, problema agudizado en los últimos años. OCU recibe más de 23.000 consultas cada año relacionadas con la vivienda en propiedad y en alquiler, tanto por parte de propietarios particulares como de inquilinos.

OCU ha realizado un informe que tiene como objeto identificar y analizar las barreras de acceso a la vivienda para el consumidor vulnerable con una mirada particular al mercado del alquiler, y para aportar recomendaciones para las autoridades y consejos para los actores implicados. El precio se erige como el principal obstáculo para acceder al alquiler: es el efecto, pero la causa hay que buscarla en un contexto de aumento de la demanda y disminución de la oferta, con ausencia de vivienda pública asequible. A consecuencia de ello, todo el mercado se resiente: alquilar es más difícil para el conjunto de los inquilinos y deviene casi imposible para aquellos con menos recursos.

Es un estudio eminentemente práctico. Parte de la realidad del mercado del alquiler en nuestro país con sus especificidades, analiza los problemas reales que afectan a los actores y llega a conclusiones que pretenden contribuir a un único fin: que la vivienda en alquiler resulte más asequible para todos los ciudadanos y en particular para los más vulnerables. El alquiler en España está caracterizado por la ausencia de un parque público de vivienda relevante, con el consiguiente peso de la oferta por parte de arrendadores privados, de los que una parte mayoritaria son pequeños arrendadores particulares. Ante una demanda pujante asistimos a un repliegue de la oferta que genera presión sobre los precios en la mayoría de las grandes ciudades.

Una encuesta que complementa el análisis de datos

En materia de arrendamientos de vivienda en España existe escasez y dispersión de datos. No se dispone de un sistema oficial ágil de seguimiento de precios como sí hay -relativamente- para la compraventa. El INE publica diversos estudios que aportan datos sobre la estructura del alquiler, como el Censo decenal de vivienda, la Encuesta de Condiciones de Vida[1] o la Encuesta Continua de Hogares. Algunos de esos datos oficiales alimentan las estadísticas que publica Eurostat comparando condiciones de vida en los países europeos.

Los datos se analizan considerando sus fuentes. Junto a ello, en la búsqueda de la realidad y sus posibles causas OCU ha optado por preguntar directamente a los concernidos. La parte sustancial del informe se apoya en la encuesta realizada a tres colectivos: los inquilinos, los arrendadores y los propietarios de vivienda en general. Del resultado del análisis de la situación y de las respuestas aportadas por los protagonistas se derivan una serie de conclusiones y recomendaciones.

La encuesta se ha distribuido en tres muestras diferentes:

• Arrendatarios: 534 entrevistas a ciudadanos que viven en régimen de alquiler.
• Arrendadores: 437 entrevistas a ciudadanos que tienen alguna vivienda puesta en alquiler en este momento.
• Población general que es propietaria de vivienda: 2.002 entrevistas. La propiedad es la principal alternativa al alquiler y posee sus propias barreras y dificultades. Una parte de estos propietarios tiene más de una vivienda y podría integrar el colectivo de arrendadores, si se dieran las circunstancias.

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2023 mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI). Fue realizado por el instituto de investigación de mercados SIMPLE LÓGICA Investigación, miembro de ESOMAR. El estudio ha sido objeto de una subvención por parte del Ministerio de Consumo.

El resumen ejecutivo

Estos son algunos de los puntos destacados del informe, que se complementan con las conclusiones y recomendaciones:

1.- La principal barrera de acceso al alquiler es su elevado precio

La fotografía del alquiler en España muestra una concentración geográfica en las grandes ciudades. Barcelona y Madrid han liderado tradicionalmente el mercado marcando la tendencia en precios, pero en los últimos años observamos un encarecimiento de las rentas en muchas otras ciudades.

Un incremento de rentas que en los últimos cinco años es superior a la variación del IPC, salvo en el caso de Sevilla y Madrid.

En la encuesta realizada, para los tres colectivos el principal obstáculo para el alquiler en estos momentos es su elevado precio:

• Colectivo de inquilinos: el 85% declaran que el obstáculo principal al alquiler es su elevado precio, seguido de la escasez de oferta de casas en alquiler (25%).
• Colectivo de arrendadores: el obstáculo principal es el precio para el 45%, seguido de las dificultades que padecen los propietarios para recuperar la casa en caso de impago (33%) y el miedo a alquilar de los dueños de casas vacías porque se siente desprotegidos ante los impagos (26%).
• Colectivo de población general de propietarios: el 75% coincide en que el obstáculo principal es el precio, seguido del sentimiento de desprotección de los propietarios que ponen en alquiler sus casas (32%) y de la escasa oferta de casas en alquiler (28%).

Acceder a una vivienda en alquiler supone para el 63% de los inquilinos tener que destinar más del 30% de los ingresos del hogar a pagar la renta y los gastos ligados a la vivienda. El porcentaje de hogares vulnerables aumenta y en el caso de los hogares con menos recursos acceder a una casa alquilada puede ser misión imposible.

Un hogar no puede acceder a una vivienda alquilada por su elevado precio, pero ¿cuál es la causa de ese elevado precio y de que escape a la capacidad de pago de los hogares?

2.- El origen de la presión en el precio del alquiler proviene de un desequilibrio agravado entre la oferta y la demanda

El análisis de la oferta disponible de vivienda en alquiler en España se caracteriza por una ausencia de parque público de vivienda. Más del 90% de las casas en alquiler pertenecen a arrendadores privados, en especial pequeños propietarios. Según los datos de Eurostat referidos a 2022[2], el porcentaje de personas que disfrutan de un alquiler reducido o alojamiento gratuito es del 25,4% en los Países Bajos, el 20,9% en Francia, 18% en Irlanda, 17% en Austria, de 10,7% en Portugal y 9,1% en Italia. En España ese porcentaje de alquiler reducido o alojamiento gratuito es del 8,5%.

Como se analiza en el informe, asistimos a un fuerte incremento de la demanda de vivienda, impulsado por el aumento del número de hogares creados, la pujanza del empleo y el crecimiento de la población (inmigración actual y prevista). Tendencias que son confirmadas por datos del INE publicados posteriormente en diciembre de 2023, según los cuales el saldo migratorio en España fue de 727.000 personas en 2022, el más elevado en diez años, y las ciudades con mayor saldo migratorio fueron Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante y Málaga.

La vivienda en propiedad sigue siendo culturalmente la opción preferida de tenencia de la vivienda en España, donde solo un 17% de los actuales inquilinos les gustaría seguir viviendo de alquiler de aquí a cinco años. La propiedad está idealizada y la encuesta pone de manifiesto los gastos recurrentes a que se ven sometidos los propietarios. En todo caso no está al alcance de cientos de miles de hogares por razones como su precio, la ausencia de ahorro previo, el encarecimiento del crédito o la precariedad laboral. En consecuencia, la nueva demanda se canaliza al alquiler, pero se topa una vez más ante la barrera del precio.

La oferta de vivienda en alquiler se ha retraído a consecuencia del miedo de muchos propietarios a no poder cobrar la renta y a padecer daños y gastos en unos inmuebles que tardan meses en recuperar en caso de problemas. El informe analiza los temores declarados por los propietarios.

Una demanda creciente y una oferta a la baja provoca una subida de precios del alquiler que no cesa porque no existen alternativas a la necesidad básica de vivienda, salvo el alquiler compartido y el arrendamiento de habitaciones, que crecen día a día. Otras alternativas de alojamiento compartido son por el momento residuales.

3.- Para buscar un equilibrio estable de precios urge actuar sobre la oferta de vivienda.

En los últimos años la única circunstancia que ha empujado los precios del alquiler a la baja ha sido la caída repentina y estrepitosa de la demanda a causa de la pandemia en 2020. Todas las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido de la demanda y nadie desea que vuelva a surgir una circunstancia extraña que afecte con gravedad al empleo, lo que no solo provocaría un descenso del precio del alquiler sino muchos otros problemas añadidos a la economía de los hogares.

La concesión de ayudas económicas a los inquilinos puede paliar algunas situaciones individuales, pero si no se actúa sobre la oferta, dichas ayudas incrementan la presión sobre los precios con nuevos inquilinos que compiten con otros pagando más por el alquiler. Habría que plantearse concentrar las ayudas en los colectivos realmente más vulnerables, liberando fondos públicos para su inversión allí donde son más eficientes.

Ante la inacción histórica casi total de las distintas administraciones en materia de vivienda pública en alquiler, si se pretende obrar por un equilibrio estable de los precios del alquiler hay que actuar sobre la oferta, en dos direcciones.

1. Por un lado, urge la adopción de un plan ambicioso de inversión en vivienda pública en alquiler, que vaya más allá de los discursos y se proponga metas anuales realistas buscando fórmulas de colaboración público-privada. Sería necesario incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, para que tuviera un impacto estable en un parque donde actualmente hay casi tres millones de viviendas alquiladas. No se trata solo de construir más (para lo que hay que simplificar trámites innecesarios y evitar el encarecimiento artificial del suelo), sino de rehabilitar y de atraer vivienda privada infrautilizada a las bolsas de alquiler público (el informe cita varias iniciativas ya existentes).
2. Paralelamente, la manera más rápida de aumentar la oferta es aportar seguridad a los arrendadores particulares, que constituyen el 80% de los proveedores de casas alquiladas en nuestro país. No sería descabellado aspirar a movilizar para el alquiler unas 500.000 viviendas de las que actualmente están vacías en las ciudades y zonas con demanda. La seguridad jurídica facilitaría igualmente una mayor inversión privada en vivienda en alquiler por parte de fondos y socimi, contribuyendo a una profesionalización del mercado.

Los principales temores declarados de los arrendadores particulares son:

• Que no me paguen: 76%
• Sufrir daños en la vivienda: 70%
• Poder recuperar la casa en tiempo prudencial si el inquilino no paga: 44%
• Tener la vivienda disponible en caso de que la necesite: 20%. Los temores no son exclusivos de los arrendadores. También de otros propietarios que podrían ampliar la oferta de casas en alquiler si se decidieran a ello. En la encuesta realizada a la población general que es propietaria de vivienda, un 21% es titular de más de una vivienda. Entre ellos tres de cada cinco no tienen puesta en alquiler la vivienda disponible. Al margen de quienes disponen de esas segundas viviendas para uso propio (el 50% de los que no las alquila), un 10% sí se plantea hacerlo algún día y otro 15% lo piensa, pero afirma tener miedo y solo la pondría en alquiler si tuviera más seguridad como propietario. Prórroga de la suspensión de desahucios en 2024: ¿quién pone su casa en alquiler?

• 4.- El censo de viviendas del INE pone de manifiesto que hay margen para movilizar casas vacías en España Teniendo en cuenta los datos de números de viviendas existentes de uso principal, de segundas residencias, viviendas vacías, viviendas destinadas a alquileres turísticos, etc., se observa que hay margen para movilizar el parque de viviendas vacías, si bien su localización no es uniforme en todo el territorio. La movilización de vivienda vacía debe hacerse principalmente con incentivos a los propietarios, según los tres colectivos encuestados: – así lo piensan el 90% de los inquilinos, mientras que un 68% contemplaría medidas de sanción a propietarios de casas vacías. – Igualmente optan por los incentivos un 89% de los arrendadores, y un 42% contemplaría también penalizaciones para propietarios de viviendas vacías.  – de la población general de propietarios, optan por los incentivos el 83%, mientras que las penalizaciones para quienes mantengan viviendas vacías cabrían para el 51% de encuestados. A la vista de las cifras disponibles, la vivienda turística (algo más de 300.000) tiene una relevancia proporcional relativa con el parque global de alquiler en algunas ciudades concretas, pero su capacidad de aportar oferta al alquiler tradicional es mucho más limitada que la que ofrece la vivienda vacía (3,8 millones). En todo caso, hay que preguntarse por qué un propietario opta ahora por un alquiler de temporada en lugar de ofrecerlo para uso como vivienda permanente, a pesar de gozar de beneficios fiscales y menos trabas urbanísticas y sectoriales. Esto debe ponerse en relación con el riesgo que percibe el propietario, antes comentado.  
• 5.- La protección de los colectivos más vulnerables pasa por la dotación de medios al parque público de vivienda y a los servicios sociales. Todos los indicadores analizados a partir de la encuesta y de los datos estadísticos muestran que la situación económica y material en más frágil -de media- en los hogares en alquiler que en los hogares que viven en régimen de propiedad. No es una novedad. Lo que sí es más novedoso es que el régimen de alquiler deja de ser transitorio para convertirse en definitivo no deseado. Y al afinar en niveles de renta familiar se observa una agudización del problema para los colectivos más vulnerables. Se corre el riesgo de vaciar de contenido el término “vulnerable” y descuidar a aquellos que realmente más lo necesitan. Los hogares más vulnerables necesitan un apoyo público eficaz para garantizar el derecho a una vivienda digna. Pero ese apoyo no puede traducirse en la imposición al arrendador particular de mantener a sus expensas en la vivienda a quien no paga la renta. Porque el efecto que se logra es el contrario: el retraimiento de la oferta, la estructuralización del desequilibrio de precios en todo el mercado y el ensanchamiento de los colectivos vulnerables. La gran mayoría de inquilinos y arrendadores no tienen problemas en sus alquileres: un 76% de arrendadores declara no haber tenido nunca problemas con sus inquilinos. Más del 90% de los inquilinos declaran no tener problemas con su actual arrendador, aunque los que han tenido problemas con anteriores arrendadores sí suben hasta el 58%. Para evitar temores infundados, el propietario debe saber que en caso de problemas con la renta o la casa alquilada podrá resolverlos de manera y en plazo razonable y que las situaciones de especial vulnerabilidad serán resueltas por la Administración correspondiente y no recaerán sobre su economía particular. En caso contrario la oferta se retrae.   La subida imparable de los precios sí pone contra las cuerdas a un número creciente de inquilinos y de aspirantes a inquilinos. Es preciso articular la acción pública en dos frentes al mismo tiempo:
• Crear las condiciones de un aumento de oferta, aportando seguridad a los propietarios, de manera que el precio medio de la renta descienda;
• Ofrecer un escudo social suficiente a los hogares que encuentran dificultad seria para el pago del alquiler o para encontrar una vivienda en alquiler. Si este escudo social pretende hacerse -como atajo- a costa de la seguridad de los propietarios, el efecto logrado será la subida de precios, el agravamiento de las barreras al acceso a la vivienda y el aumento de la población en situación de vulnerabilidad. Algo a lo que estamos asistiendo.

Actualmente, el temor a encontrarse con un inquilino vulnerable que imposibilite no solo el cobro de las rentas sino la recuperación de la vivienda, hace que los propietarios que mantienen sus viviendas en el mercado sean más exigentes en la selección de inquilinos, requiriendo mayor cantidad de pruebas de solvencia, lo que una vez más castiga a aspirantes a inquilinos con situaciones económico-laborales menos estables.

6.- La encuesta pone de manifiesto otras situaciones relacionadas con el alquiler

El estudio aborda muchas cuestiones con la tipología de los hogares que viven de alquiler y en propiedad, y con los distintos tipos de vivienda y sus características materiales. Se pone de manifiesto el gasto que deben acometer los propietarios para el mantenimiento de los inmuebles, las obras y reformas ejecutadas en las viviendas en propiedad, también en materia de eficiencia energética y las realizadas por las comunidades de propietarios. Este coste recurrente de la propiedad es cada día más elevado y debería contribuir a evitar la idealización de la compra por encima del alquiler como manera estable de vida, al menos desde el punto de vista de los argumentos económicos.

• La actualización anual de la renta no parece un problema generalizado entre las partes en el alquiler, ya que más de dos de cada tres arrendadores no la llevan a cabo (también según el testimonio de los propios inquilinos). Todos los colectivos están de acuerdo en que exista un límite anual a las subidas, como el que ya contempla la LAU con el IPC. En todo caso, el incremento de los gastos que padece el propietario por la vivienda alquilada sí es real y es lógico de termine trasladándose a la renta.
• Respecto de la duración mínima de los contratos de alquiler de vivienda, si bien algunos arrendadores la citan como freno para la puesta en alquiler, no parece constituir un problema mayor siempre que se pague la renta y exista una vía para recuperar la vivienda en determinados casos de necesidad para el arrendador, como ya contempla la Ley. Existe una fuerte rotación de alquileres: el contrato vigente se había firmado en los dos últimos años para el 40% de los inquilinos encuestados y para el 38% en el caso de los arrendadores.
• Tres de cada cinco inquilinos terminan el alquiler por decisión voluntaria. Parte de la rotación “involuntaria” de los contratos de alquiler viene dada por no poder pagar ya la renta, por la decisión del arrendador de vender la vivienda, por cambio de situación laboral o personal del inquilino (separaciones) y por problemas de habitabilidad o mal estado de conservación. Un 26% de los inquilinos que terminaron un alquiler no han recuperado total o parcialmente la fianza, sin justificación a sus ojos.
• Parece existir un problema con los inquilinos que tienen mascota. Así lo expresan los inquilinos encuestados, al tiempo que un 43% de propietarios con vivienda disponible no la alquilaría a un inquilino con perro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La encuesta realizada permite arrojar luz sobre el mapa de la situación de las familias que viven de alquiler en España y de las familias que tienen la vivienda en propiedad. Añade al dato frio estadístico, que en general se ve confirmado, aspectos subjetivos de los principales afectados por el alquiler, lo que ayuda a entender la situación y a buscar posibles soluciones.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

• El alquiler sigue visto en España como una situación transitoria de tenencia de la vivienda, en tránsito hacia la deseada propiedad. Un 79% de los inquilinos aspiran en 5 años a ser propietarios de la vivienda en la que vivan, aunque solo el 42% creen que lo conseguirán.
• En España existen 18,5 millones de viviendas principales. Casi tres millones de hogares viven en viviendas de alquiler, un 16% del total. La opción del alquiler ha aumentado en los últimos años, también por la mayor dificultad de acceso a la propiedad, debido a los precios, a la falta de ahorro previo, a la falta de estabilidad en empleos con salarios consistentes y al encarecimiento de las hipotecas.
• Asistimos a un fuerte incremento de la demanda de vivienda, favorecido por la creación de empleo, la formación de nuevos hogares y el aumento de la población. La demanda de vivienda está fuertemente concentrada en las zonas y ciudades con mayor dinamismo en el mercado de trabajo. Esto se ha traducido en una subida de los precios del alquiler que dificulta el acceso a la vivienda y precariza a las familias. Un 63% de los inquilinos encuestados destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y de los gastos ligados a la vivienda.
• Los inquilinos son más jóvenes y tienen un nivel de renta menor. El colectivo de origen extranjero está sobrerrepresentado en el alquiler, con un 33% de los inquilinos. Del conjunto de inquilinos, el 34% tiene unos ingresos familiares de hasta 1.500€ mensuales, mientras que hasta ese intervalo entre los propietarios solo están el 19%. El 26,6% de los inquilinos tienen una situación familiar difícil o muy difícil económicamente, mientras entre los propietarios indican estar en esa situación el 21%. Entre los propietarios el 30% tienen una hipoteca de una media de 642€, tras subir 92€ en el último año (un 15%). El 70% de las familias encuestadas tienen ya pagada la vivienda.  
• En España la oferta de vivienda en alquiler la aportan los propietarios privados. Su casero habitual son los particulares: 85% y lo habitual es alquilarlas directamente a las familias, siendo la participación de las agencias inmobiliarias en torno a un tercio de los casos. Apenas un 3% de inquilinos cuentan con viviendas de alquiler público. Existe un déficit crónico de inversión en VPO de alquiler, sin que hasta ahora se haya iniciado un plan para corregirlo.  
• La oferta privada de vivienda en alquiler está disminuyendo como consecuencia del temor que sienten los arrendadores y quienes podrían serlo a no cobrar la renta, a sufrir daños en la vivienda y a no poder recuperar su propiedad en caso de impago. Esto agrava el desequilibrio entre una pujante demanda y una oferta en retroceso, al tiempo que se contabilizan 3,8 millones de viviendas vacías en nuestro país.  
• Las ayudas públicas a inquilinos no están contribuyendo a contener la subida de precios del alquiler. Los hogares más vulnerables apenas pueden acceder al mercado del alquiler ante la subida de precios y el endurecimiento de condiciones para la selección de los candidatos a inquilino. La oferta de vivienda pública y los recursos de los servicios sociales son totalmente insuficientes para dar el apoyo necesario a quienes no encuentran una vivienda digna en el mercado.

Tras el análisis de los datos y las posibles causas, se emiten las siguientes recomendaciones

a.- A los poderes públicos

1. Si se pretende obrar por un equilibrio estable de los precios del alquiler hay que actuar sobre la oferta, en dos direcciones.

Por un lado, urge la adopción de un plan ambicioso de inversión en vivienda pública en alquiler, que vaya más allá de los discursos y se proponga metas anuales realistas buscando fórmulas de colaboración público-privada. Sería necesario incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, para que tuviera un impacto estable en un parque donde actualmente hay casi tres millones de viviendas alquiladas. No se trata solo de construir más (para lo que hay que simplificar los trámites y evitar el encarecimiento artificial del suelo), sino de rehabilitar y de atraer vivienda privada infrautilizada a las bolsas de alquiler público. Paralelamente, la manera más rápida de aumentar la oferta es aportar seguridad a los arrendadores particulares, que constituyen el 80% de los proveedores de casas alquiladas en nuestro país. No sería descabellado aspirar a movilizar para el alquiler unas 500.000 viviendas de las que actualmente están vacías en las ciudades y zonas con demanda. La seguridad jurídica facilitaría igualmente una mayor inversión privada en vivienda en alquiler por parte de fondos y socimi, contribuyendo a una profesionalización del mercado.

La adopción de medidas extraordinarias como el control de rentas o la suspensión de procedimientos de desahucio deben plantearse con carácter de excepcionalidad, acotadas en el tiempo y a circunstancias bien definidas, para evitar precisamente que provoquen el efecto contrario de retraimiento de la oferta.

Para facilitar la disponibilidad de fondos suficientes que puedan garantizar el apoyo a los inquilinos más vulnerables convendría revisar los programas de ayudas al alquiler, que podrían estar contribuyendo a una subida de precios. Las ayudas deben centrarse en reforzar el parque de vivienda pública disponible y la dotación de los servicios sociales necesarios para acompañar a esos hogares más vulnerables.

En paralelo, se debe promover políticas que favorezcan la descentralización efectiva de los centros de trabajo, para buscar una utilización más equilibrada del territorio.

 b.- A los propietarios y arrendadores

Si se dispone de una vivienda en propiedad que no se utilice, cabe plantearse su venta o la puesta en alquiler. Si se opta por el alquiler, se recomienda la contratación de un seguro de impago de rentas de calidad. Es esencial la selección del inquilino, de manera que la renta no le suponga más del 30-35% de los ingresos del hogar. Utilice un contrato equilibrado, fije una renta ligeramente inferior al mercado y mantenga la vivienda en buen estado de uso. Si tiene un inquilino cumplidor, facilite su continuidad llegando a acuerdos sobre actualización de rentas y la realización de las obras o reparaciones necesarias. Confeccione un inventario de lo que incluye el alquiler y a la hora de concluirlo revise la vivienda, firme un documento de entrega de llaves con el inquilino al tiempo que liquida la fianza una vez descontados los posibles desperfectos que sean a cuenta del inquilino. Ante un posible impago reaccione con celeridad buscando primero soluciones amistosas; si no hay más remedio, inicie el procedimiento adecuado tras acudir a su seguro.

c.- A los inquilinos

Busque una vivienda cuya renta de alquiler, sumada al resto de gastos de suministros, no suponga más del 35% de sus ingresos. Infórmese de las ayudas existentes al alquiler y de las deducciones autonómicas para inquilinos. Algunas de esas ayudas tienen límites de renta que hay que respetar (de renta de alquiler y de ingresos del hogar). No adelante ninguna suma antes de visitar la vivienda y comprobar que reúne las condiciones deseadas. Recuerde que con la legislación actual el pago de los honorarios de la agencia -si interviene una- recae sobre el arrendador. Exija recibo de todas las sumas que entregue. Revise el contrato, asegúrese de que incluye el NIF del arrendador y la referencia catastral de la vivienda. Pida que le aporten copia del recibo del depósito de la fianza legal en el organismo autonómico correspondiente.

Mantenga la vivienda en buenas condiciones y reporte con diligencia al arrendador las reparaciones u obras de conservación que sean necesarias. Contrate un seguro para inquilinos que le cubra principalmente la responsabilidad civil como inquilino.

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