El gobierno de Sanz da un golpe de efecto en los suelos de Hytasal como respuesta a la ministra de Hacienda pero sin margen económico para expropiarlos

Declarará el incumplimiento de los plazos para urbanizar el ámbito del Plan de Reforma Interior

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el inicio formal del procedimiento para la declaración del incumplimiento de los plazos para el cumplimiento (sic) del deber de urbanizar los suelos comprendidos en el Plan de Reforma Interior Hytasal (antigua fábrica textil de Hytasa) previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana.

La Gerencia, además, activa el procedimiento para la sustitución de la modalidad de gestión de estos suelos al sistema de gestión indirecta, amparándose para ello en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Esta norma estipula en su artículo 104.2 que «establecido el sistema de compensación, el incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución en los instrumentos de ordenación urbanística o en el procedimiento de establecimiento del sistema por causa imputable a los particulares que lo hayan establecido legitimará a la Administración actuante para su sustitución por modalidad de gestión indirecta o, en su caso, sustitución del agente urbanizador, o bien para su sustitución por un sistema público de actuación».

El Plan Especial de Reforma Interior del sector ARI-DS-03 ‘Hytasal’ abarca una superficie de 100.814m2 del antiguo complejo textil de Hytasa y su desarrollo se había previsto para el primer cuatrienio de vigencia del Plan General, es decir entre 2006 y 2010.

Plano del área de intervención prevista dentro del complejo de Hytasa

Han pasado catorce años desde la fecha límite sin que el promotor, en principio Solurban, haya hecho nada en tal sentido, de ahí que el gobierno local presidido por el popular José Luis Sanz haya decidido intervenir con el fin de acabar con el bloqueo existente y propiciar así la futura construcción de viviendas.

Según la ficha del Plan General, en la Ordenación Pormenorizada se habían autorizado 26.513 m2 de edificabilidad para industria y almacenamiento; 45.553 para vivienda libre, y 41.816 m2 para servicios terciarios.

Conforme a estas determinaciones, en estos terrenos podrían construirse un máximo de 436 viviendas, todas de renta libre, a razón de 43,20 por hectárea, si bien posteriormente se acordó con el Ministerio de Hacienda, titular de los terrenos, la construcción de tan sólo 287 viviendas, de las que 105 serían de protección oficial.

Recreación de los bloques de viviendas inicialmente proyectados en la zona

En el PGOU se afirma que este área industrial precisa una intervención de reestructuración y recualificación: mejora y reurbanización de los espacios degradados e
incorporación de nuevas actividades económicas que fomenten la multifuncionalidad y la reactivación del tejido productivo.
La intervención pretende actualizar las actividades productivas, a partir de la mejora de las condiciones de accesibilidad y urbanización interna del sector obteniendo dotaciones mínimas, prácticamente inexistentes en el área; intervención compatible con la reestructuración para implantación de nuevas actividades de servicios terciarios.

Asimismo, la actuación deberá aportar equipamientos y espacios libres y completar la red viaria y peatonal de carácter local.

LECTURA POLÍTICA

La medida adoptada por el gobierno de José Luis Sanz puede calificarse como excepcional. Las Licencias caducan y ni se apercibe al titular de ello, y en Planeamiento ocurre igual. En este caso es la respuesta, ajustada a normativa, por la actitud del Gobierno central. Había llegado a un acuerdo con Espadas y Muñoz ,y Emvisesa, sin mucho entusiasmo, había empezado a abordar esos suelos.

Ahora el gobierno local está presidido por el PP y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cambiado el discurso y ha duplicado el precio del suelo, con lo cual la operación ya no sale económicamente.

La ministra de Hacienda, cuando anunció junto a Muñoz el desbloqueo de Hytasal

El pasado mes de agosto, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, acusó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «querer hacer negocio con los terrenos de Hytasa a costa de los sevillanos». De la Rosa dijo sentirse «sorprendido al comprobar que el precio de los terrenos, que irán destinados a crear una nueva zona residencial en el Cerro del Águila con un importantísimo parque de vivienda protegida, se haya duplicado en sólo un año y justo cuando se ha producido el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla».

Al respecto de lo anterior, De la Rosa ha asegurado que el Gobierno central y la ministra de Hacienda «pretenden especular con unos terrenos que están tasados por técnicos de Emvisesa en 4,7 millones de euros y por los que piden ahora más de diez millones, casi el doble de lo acordado cuando gobernaba el Partido Socialista».

En el año 2022, siendo entonces alcalde el socialista Antonio Muñoz, el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda firmaron un protocolo en el que se establecía que el precio de la venta de los terrenos se ajustaría en base a un informe de tasación. «Una vez que llegamos al Gobierno de la ciudad desde un primer momento nos pusimos a trabajar para reactivar este proyecto y nos encontramos que ahora el Ministerio pide más de 10 millones de euros por unos terrenos que están tasados vía informe en 4,7 millones».

Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo

Dentro de este contexto, el delegado de Urbanismo ha explicado que a petición del gobierno local, ya en el mes de mayo, se solicitó una reunión con Segipsa, la empresa pública del Ministerio que gestiona los suelos, para presentar una oferta formal, siendo «nuestra sorpresa que ahora el Ministerio nos pide más del doble que le pedía al señor Muñoz».

Reacción de la Gerencia de Urbanismo al cabo de los meses, iniciar el expediente de caducidad por inacción. Según fuentes del sector consultadas, esta medida consiste en «enseñar los dientes, pero poco más. Cambiar del sistema de compensación al de cooperación resuelve poco. Pasar a expropiación es un golpe de efecto, pero solo eso. No hay presupuesto para expropiar los suelos».

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