En octubre (2024) se dieron de alta 169, dos tercios de las mismas en el Centro

El 29 de octubre (2024) entró oficialmente en vigor el acuerdo adoptado el día 17 del mismo mes por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de limitar el número de viviendas turísticas en los 108 barrios de la ciudad al 10% de las familiares existentes, con lo que automáticamente quedaban prohibidas en el distrito Casco Antiguo y en el barrio de Triana-Casco Antiguo, donde hacía tiempo que se había superado con creces esa ratio. Sin embargo, la prohibición no ha surtido efecto en estas dos zonas, ya que entre el 29 y el 31 de octubre se han dado de alta en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía una decena más de viviendas turísticas en las mismas.

En octubre de 2024 se han inscrito en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía 169 nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en Sevilla capital, a una media de casi 5,5 diariamente. A título comparativo, en septiembre se dieron de alta 98; y entre julio y agosto, 181. Respecto de septiembre, pues, el incremento ha sido del 72,5%, un alza motivada sin duda por el anuncio del acuerdo entre PP y Vox, tras meses de discordancias entre los grupos políticos municipales, para decretar la limitación de VUT al 10% en todos y cada uno de los 108 barrios de la ciudad.

Desde el Pleno municipal del 17 de octubre hasta el 31 del mismo mes, ambos inclusive, se inscribieron 99 de las 169, es decir el 58,57% del total, dato indicativo de que se aceleró el proceso al verse ya cerca la aplicación de la limitación.

Y desde la entrada en vigor de la misma, el 29 de octubre (al día siguiente de la publicación del acuerdo plenario en boletín oficial), hasta el 31 de octubre se dieron de alta catorce, de las cuales diez están en zonas donde ya habían quedado prohibidas nuevas inscripciones, según la siguiente distribución:

-Distrito Casco Antiguo: calles Antonia Díaz (dos viviendas turísticas), Lumbreras, Medina, Muñoz y Pabón, Juan Rabadán, Torneo y Goles.

-Barrio Triana-Casco Antiguo: calles Castilla y Pureza.

Estas inscripciones mediante declaraciones responsables se han producido pese a que el Ayuntamiento acordó en ese mismo Pleno del día 17 dar traslado de la decisión adoptada a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como organismo que controla y supervisa el funcionamiento del Registro de Turismo, en el que han de inscribirse las VUT como condición sine qua non para operar en el mercado, y pese al borrador de convenio con la Consejería en tal sentido aprobado el día 25 de octubre. De momento, de nada han servido tales acuerdos para frenar la proliferación de viviendas turísticas en Casco Antiguo y Triana.

Extracto del acuerdo adoptado por el Pleno municipal el 17 de octubre de 2024, cuyo punto cuarto recoge la notificación del mismo a la Consejería de Turismo

El 25 de octubre, es decir cuatro días antes de que entrara en vigor la limitación de viviendas turísticas en la ciudad, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el borrador de convenio específico de colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras autoridades públicas en relación a viviendas de uso turístico.

EL CONVENIO CON LA JUNTA

El documento recoge «los términos en los que se desarrollará la colaboración entre la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y el Ayuntamiento de Sevilla para mejorar la coordinación administrativa, facilitar el intercambio de información y, con ello, garantizar la adecuada prestación del servicio de alojamiento en viviendas de uso turístico, en aras de la mejor satisfacción de los diferentes intereses y bienes jurídicos que han de protegerse por parte de las administraciones públicas; en particular, la mayor calidad del turismo en Andalucía».

Se trata de un «intercambio de información que garantice que los servicios turísticos de alojamiento prestados a través de viviendas de uso turístico se adecúan a las concretas exigencias territoriales y de compatibilidad urbanística, que para el desarrollo de esta actividad y en el ejercicio de sus competencias, haya establecido el municipio a través de sus instrumentos de planeamiento urbanístico u ordenanzas municipales, de conformidad con los principios de proporcionalidad, objetividad, necesidad y seguridad jurídica».

Otro objetivo es la «comunicación de los incumplimientos detectados por el Ayuntamiento que pudieran darse en la explotación de viviendas de uso turístico, de los que pudieran tener constancia, sin perjuicio de las competencias locales en materia sancionadora que puedan establecer sus ordenanzas urbanísticas».

Para ello, la Consejería se compromete a «facilitar el acceso a datos de carácter turístico relativos a las viviendas de uso turístico existentes en su término municipal que pudiera tener la Consejería y que pueda resultar de interés al Ayuntamiento para el ejercicio de las competencias»; así como a «poner en conocimiento del Ayuntamiento las resoluciones o actos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de nuevas viviendas de uso turístico en su término municipal».

Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía

También se compromete a «comunicar al Ayuntamiento todas las resoluciones o actos de cancelaciones de inscripciones de viviendas de uso turístico existentes en su término municipal que se hayan practicado y, en particular, las derivadas de los incumplimientos de las exigencias territoriales y de compatibilidad urbanística».

El Consistorio, por su parte, se compromete a «poner en conocimiento de la Delegación Territorial cualquier limitación o modificación, que el Ayuntamiento, por razón imperiosa de interés general, haya establecido en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona».

Otro de los compromisos del Ayuntamiento es «comunicar a la Delegación Territorial la superficie mínima construida que en su caso exija el planeamiento urbanístico para las viviendas de uso turístico, así como las modificaciones que en lo sucesivo operen sobre dicha superficie mínima exigible», entre otros aspectos que figuran en el borrador de convenio.

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