Si aún proyectaran las películas premiadas en los Oscar, quizás más de un sevillano decidiría ir a verlas a multicines como Metromar, Abaco o Al Andalus También podría haber optado ayer sábado por un día de compras en Airesur, acercarse a ver gangas en el ‘Factory’ del aeropuerto, buscar ‘gadget’ electrónicos en el Mediamarkt de la autovía del 92, ver la nueva oferta de MerKmueble al pie de la carretera de Huelva, hacer deporte en el Sato del polígono Pisa, darse una vuelta por el ‘outlet’ de La Cartuja en la antigua ruta a Mérida, llevar a los niños a la bolera del Megaocio, comprar productos ‘made in Germany’ en el Lidl frente a la arrocería de Herba o acabar la tarde en un asador argentino del extrarradio.
Cada día, miles de sevillanos se desplazan con total naturalidad para comprar, comer, trabajar, vestirse, practicar deporte o divertirse en cualquiera de los sitios citados sin reparar en el hecho, o no darle mayor importancia, de que radican en Castilleja de la Cuesta, Mairena del Aljarafe, Bormujos, La Rinconada, Bollullos de la Mitación, Salteras, San Juan de Aznalfarache o cualquiera de los otros 46 municipios del área metropolitana, eso que los políticos llaman la ‘Gran Sevilla’.
En sentido inverso, si cada día 200.000 vehículos acceden desde el alfoz a Sevilla capital es porque decenas de miles de residentes en ésos y otros pueblos vienen de igual modo a la metrópolis a trabajar, comprar, pasearse o divertirse, sin sentirse forasteros, sino como cualesquiera otros vecinos de la ciudad.
UNA CONURBACIÓN
La construcción de urbanizaciones de adosados y de barrios enteros a continuación o extramuros de los pueblos, han convertido Sevilla y su área metropolitana en una conurbación, donde millón y medio de personas comparten el mismo espacio físico, los equipamientos comerciales, culturales y de ocio y las infraestructuras, hasta el punto de que un macroatasco, como el famoso de Ikea, colapsa el tráfico en la capital y buena parte de su área de influencia.
Esta realidad se ha formado como un magma con irracional voluntad propia y se ha extendido como mancha de aceite, sin orden ni concierto, superando los tímidos intentos de las Administraciones por domesticarla, siempre a destiempo y con planes urbanísticos o de ordenación del territorio (Potaus) que no han pasado de meros diseños sobre el papel.
DOBLE CAPITALIDAD
El caso de Ikea en Sevilla capital ha demostrado que mientras los ciudadanos tienen más que asumida el área metropolitana y se mueven por ella como peces en el agua, el discurso político sobre la ‘Gran Sevilla’ ha saltado hecho añicos a las primeras de cambio.
Fue muy significativo que Zoido hiciera en su investidura como alcalde un alegato en defensa de Sevilla como capital de Andalucía y reclamara una ley específica de capitalidad y olvidara subrayar el rol de la urbe como genuina capital de su gran área metropolitana, que le aporta 800.000 habitantes más (1,5 millones en el global) y la dota de un peso demográfico y económico contra el que Málaga no puede competir por la primacía regional.
Por contraste, quizás por su experiencia previa como presidente de la Diputación, Monteseirín siempre hizo referencias en sus tomas de posesión al papel que debía jugar Sevilla como representante y valedora de los municipios de su entorno.
ALCALÁ EN ESCENA
Ante las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento sevillano para satisfacer las exigencias que en suelo y comunicaciones plantea desde hace meses Ikea para construir en San Nicolás Oeste un nuevo complejo comercial, el Consistorio hermano (¿o no?) de Alcalá de Guadaíra, dirigido por el socialista Gutiérrez Limones, divulgó que dispone de 3 millones de m2 de terrenos ya urbanizados al borde de dos vías estratégicas, la A-92 y la SE-40, y con el Plan Parcial aprobado en fase inicial.
Limones advirtió que su ofrecimiento tenía por objeto “evitar que se pongan en peligro (7.000) puestos de trabajo por los problemas de Sevilla”, dado que en reiteradas ocasiones la multinacional ha amenazado con llevarse su inversión a otra parte. El alcalde de Alcalá, que ha esperado ocho meses a que Zoido solucionara en sus prometidos “quince días” el bloqueo de Ikea, ha actuado con visión metropolitana al declarar: “Aquí debe primar el interés general por encima de cualquier ayuntamiento y de cualquier color político, porque es una gran oportunidad para la provincia de Sevilla, y Alcalá tiene la posibilidad de que esta actuación se realice de inmediato”.
RIVALIDAD
No lo ha entendido así Zoido, que ha visto a Limones como un competidor “por oportunismo político” y a Alcalá como una amenaza para Sevilla en vez de cómo extensión de sí misma. Pidió en el Pleno a la Oposición formar un bloque común para “ir juntos” por el proyecto de Ikea frente a la ciudad del Guadaira. Hasta el portavoz socialista, Espadas, se ha alineado con él y contra su correligionario Limones, con el argumento de que el proyecto debe desarrollarse en la capital “al haber sido el PSOE el que logró traerlo a esta ciudad”. Se da la circunstancia de que Espadas ha sido consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio (¿?) y, por tanto, se le suponía una visión supramunicipal y metropolitana y menos localista.
Probablemente, a los ciudadanos les resultará indiferente que el híper del mueble se instale junto a la SE-35 o la SE-40, en término de Alcalá o de Sevilla, porque irán a comprar igual en un sitio que en otro, como ya lo hacen en el Ikea ‘de’ Castilleja.
Cualquier día los suecos anuncian que ni en Sevilla ni en Alcalá, que se van a Córdoba o a otra parte, pero la clase política seguirá con su pomposo discurso de la ‘Gran Sevilla’.
Las ‘Setas’ iban a ser, al bilbaíno modo, un Guggenheim y se han quedado reducidas al zoco que de toda la vida fueron el mercado de la Encarnación, Regina y calles adyacentes. Monteseirín prometió que este icono de la modernidad no sólo iba a democratizar el panorama de los tejados, sino que también iba a atraer un público de alto ‘standing’ y negocios acordes con su poder adquisitivo. Al final, los marcheneros restaurantes de cinco tenedores se han convertido en una barra de bar récord Guinness, por esos 50 metros para el tapeo con vistas a los tendederos de ropa en las azoteas; y las tiendas de lujo, en un mercadillo de bisutería remedo del Portobello londinense, con el añadido de los poneys dando vueltas a los niños como en un trasunto de la calle del Infierno, los vendedores de globos, los manteros exhibiendo su mercancía y los desfiles de bandas de cornetas y tambores. Monteseirín dijo que con el tiempo Sevilla haría suyas las ‘Setas’; lo que nunca podía sospechar era que se apoderaría de su obra la que él, despreciativamente, llamaba la Sevilla rancia.
Todos los alcaldes que en Sevilla han sido –y Zoido no iba a ser la excepción- han justificado la organización, cueste lo que cueste, de eventos de todo tipo por los beneficios que reportan al sector turístico de la ciudad: hoteles, bares, restaurantes, tiendas de ‘souvenirs’…. Ha sido ése también el motivo invocado para pedir la final de la Copa Davis: el Ayuntamiento paga un canon de un millón de euros porque el tenis va a reportar 30 millones. Zoido ha pasado luego entre las empresas el platillo con el barniz de los patrocinios para que aflojen la tela. Han sacado la cartera veintinueve, que han apoquinado en conjunto incluso más pasta de la que supone el canon, de lo que se colige el olfato mercantil del alcalde, desarrollado en la pastelería de su pueblo adoptivo. Leo la lista de los patrocinadores y entre multinacionales de todo cordaje sólo hay una empresa turística, Abades, que además lo es sólo en especie y no en metálico. Toda una ciudad trabaja para un sector, el turístico, que siempre está llorando y que a la hora de la verdad no se retrata nunca.
Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.
El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?
Aquel desastre obligó a abrir nuevas vías de acceso a la cornisa, como el de Coca de la Piñera (noviembre de 2009) y a diseñar en adelante un operativo especial de la Guardia Civil y las Policías Locales de los pueblos colindantes dentro del escaso margen de maniobra que permitía la ratonera en que la ubicación de Ikea ha convertido un punto estratégico cual es el acceso a y la salida de Sevilla, fruto de la desastrosa o nula planificación urbanística en la mayor parte del alfoz ante la inopia de la Junta de Andalucía.
Dado el éxito de su tienda en Castilleja, Ikea proyectó hace casi diez años una segunda y puso sus ojos sobre San Nicolás. Obsérvese que pudo haber alegado al PGOU durante su tramitación en demanda de mayor edificabilidad comercial, pero no lo hizo. Calló y otorgó.
Amenazando subliminalmente con irse con la inversión a otra parte, el consejero delegado de Ikea, Mikael Ohlsson, usó el ‘The Wall Street Journal’ para lanzar un recado al Ayuntamiento de Sevilla y a otros nueve: Ikea está preparada para construir “mañana” mismo , pero se lo impide la regulación del Urbanismo en España.
El caso de la tienda de Ikea frente al aeropuerto se reduce, ‘grosso modo’, a que los suecos quieren que por su bella cara se cambie el PGOU y por arte de magia se les regalen 41.400 m2 de edificabilidad más que la prevista, para ellos envolver su comercio con un cinturón de locales de alquiler a otras marcas, con cuyas rentas les saldrá gratis la inversión en Sevilla. El cambio del uso principal del suelo (del empresarial actual a comercial) y su magnitud obligan a una recalificación en toda regla, pero como la palabra suele implicar un ‘pelotazo’ urbanístico, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, trata de camuflar la operación como una simple modificación puntual del PGOU. Vílchez fue subdelegado del Gobierno en Cádiz, donde se habrá impregnado de la retranca del Beni, al que cuando le preguntaron si había trincado dijo una de sus frases más famosas: “Mu poquito; casi ná”. Pues Vílchez, igual. Cuando le preguntan si va a recalificarle a Ikea, a pesar de que son 41.400 m2 sale en plan Beni de Cádiz: “Mu poquito; una modificación puntual nada más”.
El delegado de Economía, Empleo, Mercados, Turismo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, dice que no se puede perder la inversión de Ikea por “tecnicismos” urbanísticos. ¿A qué me recuerda ésto? A Jacinto Pellón ‘versus’ Manuel Olivencia en la Exposición Universal de 1992, donde el primero, con tal de que se hicieran las obras, pasaba por encima de los procedimientos garantistas que respetaba escrupulosamente el segundo, un prestigioso jurista. Y me recuerda a las subvenciones del ‘fondo de reptiles’ de la Junta, dadas al margen de cualquier procedimiento reglado. Los ‘tecnicismos’ sobre los que despectivamente habla Gregorio Serrano son las garantías en un Estado de Derecho. En este caso son informes negativos emitidos por funcionarios de la Gerencia de Urbanismo frente a las pretensiones de los suecos de pasarse el PGOU por el forro para que les den una recalificación a la carta y pegar un pelotazo urbanístico. ¿No decía Zoido que este Ayuntamiento iba a ser el del gobierno de los funcionarios? He aquí la prueba del nueve para demostrarlo. Nadie, ni siquiera Ikea, puede estar por encima de la ley, salvo que Sevilla quiera vender su dignidad por un plato de lentejas.