Zoido, tras haber pactado la operación con Hacienda, espera la aprobación de la UE para que a partir de julio la ciudad cuente con una Zona Franca (ZF) similar a las de Barcelona, Cádiz, Vigo y Canarias. Se instalaría en un área de 720.000 m2 del dominio portuario y, según sus previsiones, movería 1,73 millones de toneladas de mercancías/año y generaría 1.115 millones de euros.
La iniciativa ha sido calificada por el Consistorio como “un revulsivo económico” para el empleo, y se enmarcaría en las propuestas del PP para el Pacto por Sevilla, que vincula la supuesta creación de 20.000 puestos de trabajo al dragado del río, ya que habría más de 50 grandes empresas interesadas en instalarse en la futurible ZF.
A priori la iniciativa es interesante, pero no se debe caer en el triunfalismo, ya que la realidad suele desinflar el exceso de expectativas. Se dice que más de cincuenta grandes empresas se asentarían en la ZF, pero aparte de preguntarnos qué grandes compañías nos quedan en Sevilla (plantilla superior a los 500 trabajadores y/o facturación superior a 1.000 millones), de momento el Ayuntamiento sólo es capaz de citar dos interesadas, Renault y Airbus, ya instaladas en la ciudad. Por tanto, también habría que analizar si se captarán realmente nuevas empresas o habrá reubicación de existentes. Incluso la ZF podría ser considerada una unificación de los doce recintos con algún tipo de exención fiscal que ya hay en el puerto.
Dolores Alvarado publicó un análisis comparativo de las cinco ZF de nuestro país (Barcelona, 1916; Cádiz, 1929; Vigo, 1947; Canarias, doble, en 1998) que revela que aunque ayudan no son la panacea contra el paro (Sevilla, 91.398 en febrero). La estrictamente ZF de Barcelona (no la mezcolanza de polígonos industriales y viviendas en derredor), con lo que supone la ciudad Condal, mueve 600.000 toneladas de mercancías (en Sevilla se habla del triple) y da empleo a 700 personas; la de Cádiz, con 83 empresas, 2.000 puestos de trabajo directos (y 2.800 indirectos); la de Vigo acoge 350 compañías (siete veces más que la previsión de Sevilla) y genera 18.000 empleos; las de Canarias, pese a sus trece años, apenas han captado una veintena de empresas.
La segunda vertiente de la historia es que se vincula la solicitud de ZF al dragado en profundidad del Guadalquivir, cuestionado por los científicos. Dicho de otro modo: el mensaje que ahora se lanza a la opinión pública es que si no se acomete cuanto antes el dragado peligra la ZF misma (y éso que aún es un futurible) y el propio puerto. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, ha sostenido en una conferencia en el Fórum Europa que el puerto, sin dragado, está abocado a la muerte y que la nueva esclusa, que ha costado 170 millones de euros, quedaría incompleta.
Según los datos oficiales difundidos en su día, con la nueva esclusa el puerto puede acoger buques de hasta 20.000 toneladas y 290 metros de eslora, o sea, los que componen dos tercios de la flota mercante mundial, amén de grandes cruceros como el ‘Azamara Quest’ y el ‘Azamara Journey’, que antes no podían acceder al interior de Sevilla.
Esto es justo lo que destacaba la Autoridad Portuaria el pasado 5 de marzo al difundir que el buque mercante Fraga (con 170 metros de eslora y 26 de manga) ha cargado 12.700 toneladas de trigo duro, “consolidando operaciones comerciales de grandes volúmenes que hoy permite la Nueva Esclusa Puerta del Mar”. Y añadía: “Las previsiones de tráfico en el puerto sevillano son ya una realidad con la entrada de buques con cuyas dimensiones no hubiera sido posible con la anterior esclusa, permitiendo así la creación de clúster de empresas de servicios logísticos competitivos y eficientes que impulsan operaciones de exportación de grandes volúmenes…Se está generando una intensa actividad comercial de empresas de Andalucía Occidental y Centro peninsular vinculadas a la importación y exportación, cuya definitiva consolidación vendrá de la mano de la realización del dragado de profundización…”.
Veamos el tráfico anual de mercancías en millones de toneladas de los últimos tiempos para obtener una perspectiva amplia:
Año 1998: 3,86 millones de toneladas.
Año 1999: 3,96
Año 2000: 4,49
Año 2001: 4,89
Año 2002: 4,70
Año 2003: 4,85
Año 2004: 4,54
Año 2005: 4,90
Año 2006: 5,34
Año 2007: 4,76
Año 2008: 4,62
Año 2009: 4,54
Año 2010: 4,40
Año 2011: 4,61
Año 2012: 4,59
Atención, con la nueva esclusa plenamente operativa en los dos últimos años, el puerto mueve menos mercancía que en siete ejercicios precedentes y está a 730.000 toneladas de diferencia del mejor año (2006, con 5,34 millones), cuando ni había esclusa ni podían entrar los grandes mercantes de ahora.
Tampoco se ha cumplido la previsión de crecimiento entre un 12-14% anual del turismo de cruceros con la nueva esclusa. En 2012 arribaron 53 buques, de los que desembarcaron 15.579 turistas, y en 2011, 57 buques y 16.058 turistas. En contraste, cuando no había nueva esclusa, en 2009 atracaron 99 cruceros (casi el doble que ahora) con 20.913 pasajeros. Y en 2007 (16.361 viajeros) y 2008 (18.089) también se superaron las cifras de los dos últimos años.
Si con la nueva esclusa y aun entrando a puerto barcos y cruceros con muchísima más capacidad que antes nuestros registros mercantiles y turísticos son significativamente peores a los de antaño, el problema ya no radica en la esclusa o en el dragado, sino en la propia Sevilla, que no genera actividad industrial, comercial y turística suficiente.
El delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo y chico para todo de Zoido, Gregorio Serrano, dice tras conocerse los 91.398 parados de Sevilla capital en febrero que la oposición no puede exigirle responsabilidades al alcalde por esta cifra que clama al cielo porque las políticas activas de empleo son “una competencia clarísima de la Junta de Andalucía”. Y si son de la Junta, ¿por qué acusa él a Torrijos de la “desastrosa gestión en materia de empleo que desarrolló durante sus años de gobierno”? ¿Cómo iba a gestionar empleo alguno si era incompetente (sin doble sentido, aunque cada uno interprete lo que quiera)? Si son de la Junta, ¿por qué él se arroga el título de delegado municipal de Empleo? ¿Puede ser delegado de unas competencias que no tiene delegadas? Y si son de la Junta, ¿por qué Zoido prometió que sería “el alcalde del empleo”? Como hizo tal promesa, que la cumpla. Y si no puede cumplirla, aparte de que los sevillanos se lo demanden en las urnas, habrá que recordarle el dicho popular: “Manolete, si no sabes torear, ¿pá qué te metes?”.
Un informe del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil confirma que la mayoría, si no todas, de las promotoras y/o constructoras que participaron en el presuntamente amañado concurso por los suelos de Mercasevilla están vinculadas entre sí, porque se intercambian accionistas, consejeros, asesores y negocios. Así pues, el urbanismo regional es una inmensa cama redonda de todos con todos en la que los mismos de siempre se repartían los jugosos negocietes de los solares como en el siglo XIX las compañías mineras de Tharsis y Riotinto se repartieron el mercado del cobre, por áreas geográficas de influencia. Aquí tendría que haber intervenido hasta la Comisión Nacional de la Competencia, para dictaminar si se ha formado además un cártel del ladrillo. Dicen que a la luz de tales revelaciones esta rama del caso Mercasevilla puede sufrir un giro inesperado. ¿Rama? ¡Pero si por el diagrama de etiquetas y flechas de la Guardia Civil eso no es una rama, sino un árbol entero! Esperemos ahora que semejante fronda no le impida a la juez Mercedes Alaya ver el bosque.
(SAE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Como es sabido, debido a su diferente metodología y a que el primero sólo registra los parados realmente inscritos como demandantes de trabajo y no a quienes estando en edad de trabajar no se han registrado por la falta de expectativas o han dejado de hacerlo tras haber tirado la toalla por la desesperanza, las cifras no suelen concordar: el SAE estimaba en 254.855 el número de parados en toda la provincia y la EPA, en 302.500 (sólo en Sevilla capital, 89.332). En cualquier caso, ambas cifras son de récord absolutamente negativo, hasta el punto de que el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha calificado 2012 como el ‘annus horribilis’ del paro.
trata de descargar en otras Administraciones Públicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía, la responsabilidad de acabar con el paro y no ahora, mañana o dentro de unos meses, sino a varios años vista. Así, el equipo de Zoido promete la creación de 46.000 empleos siempre que se acometa la ejecución de los grandes proyectos pendientes, a los que el Ayuntamiento aportaría una financiación de 70 millones de euros.
Los socialistas plantean esencialmente:
Las propuestas de PSOE e IU centran el tiro en la responsabilidad del Ayuntamiento y de Zoido, que prometió ser “el alcalde del empleo”, en vez de lanzar balones hacia la Junta y el Gobierno. La respuesta del PP a este planteamiento ha sido la de que se trata de empleos efímeros que no solucionan el problema de fondo y que de dónde va a sacar el Ayuntamiento los 15 millones de euros que pide la oposición.
También en víspera del Día de Andalucía una señera empresa sevillana como Merkamueble presentó concurso de acreedores. Su presidente, Francisco León, explicó las razones con una frase que resume la situación en Sevilla: “Si no hay ahora ni para las necesidades primarias, ¿cómo va a haber para comprar muebles?”.
El traslado de la producción al Reino Unido fue propiciado además por las centrales sindicales escocesas, que lejos del internacionalismo y la solidaridad proletarios, se comprometieron ante los dueños americanos a trabajar gratis casi una hora más a la semana, no convocar huelgas y hasta que no hubiera aportación alguna al fondo de pensiones durante los dos primeros años de actividad. Pese a las acusaciones cruzadas entre los Gobiernos de Francia y del Reino Unido (el primero llegó a acusar al segundo de “bandido” por “robarle” la empresa) y a la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea, al final las aspiradoras pasaron de llevar el sello de ‘made in France’ al de ‘made in United Kingdom’. Ni siquiera Mitterrand pudo evitarlo.
La situación que se vivió entonces en Alcalá y en Sevilla fue similar a la de ahora con el cierre de la fábrica de Roca, si bien en este caso la multinacional catalana no reconoce beneficios como en 1994 Gillette, sino pérdidas en el conjunto de España por valor de 30 millones de euros.
Gillette acabó yéndose de Alcalá de Guadaíra tras alcanzar un acuerdo de extinción de contratos con sus trabajadores, y la campaña de boicot lanzada desde las Administraciones Públicas para que se dejaran de comprar sus productos en España se reveló inútil. Si cuando cerró la fábrica sevillana tenía una cuota del 75% del mercado nacional de cuchillas de afeitar, trece años después aquélla había crecido hasta el 81% (cinco puntos más que en todo el mundo), más el 71% del mercado de las maquinillas, y logró una facturación de 265 millones de euros.
Si por cada cierre empresarial, por las razones que hayan sido, los sevillanos hubieran tenido que responder con un boicot, entonces llevaríamos años sin comprar colchones Flex, sin consumir yogures de Yoplait, sin desayunar donuts y toda la gama de bollería de Panrico, sin utilizar los productos de Uralita, sin instalar en fábricas y viviendas los contadores eléctricos de Landis, sin comprar en los estancos las labores tabaqueras de Altadis, sin instalar cualquier producto en madera de Polanco, sin adquirir a partir de ahora aceite envasado por Cargill, etcétera, etcétera.
Los informes Nielsen y de Inlac (‘El sector lácteo como paradigma del problema del valor en la cadena agroalimentaria’) reflejan lo que está ocurriendo con los lácteos y sus derivados (yogures) en España, atrapados por la doble pinza de la caída del consumo debido a la gravísima crisis socioeconómica (6 millones de parados) y el auge de las marcas blancas, más baratas aunque no aporten el valor añadido de la innovación. Dicho de otro modo, se consume menos y de lo que se consume cada vez la cuota de las marcas blancas o de los distribuidores es mayor. Danone, como empresa líder cuya política consiste en defender su marca y no fabricar para terceros, pierde cuota de mercado en nuestro país y a su juicio le ‘sobra’ una de sus fábricas en España, por lo que ha optado por sacrificar la de Sevilla. ¿Debe ser la respuesta el boicot a sus yogures para que pierda aún más cuota de mercado y cierre alguna más? ¿U ofrecerle incentivos desde la Junta -una subvención encubierta- para que no cierre la planta sevillana cuando el conjunto de la compañía ha obtenido en todo el mundo un beneficio de 1.672 millones de euros?
Como ha escrito en estas mismas páginas Manuel Alejandro Hidalgo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla no imperativamente debe perder en el juego de las deslocalizaciones, porque igual que existen empresas que se van, otras vienen o expanden su actividad local. “¿Cómo podemos -se ha preguntado- incentivar la localización de empresas en el entorno productivo sevillano? La respuesta -afirmaba- es muy sencilla a la par que complicada: generando ventajas comparativas…. sin el reclamo de bajos salarios, sino de elevadas garantías de un saber hacer cada vez más exigente”. Y es que una empresa que quiera irse acabará yéndose, por más boicots que se le decreten.
Durante meses, el gobierno local se ha negado a negociar cambio alguno en las condiciones de los empleados del Ayuntamiento con el argumento del ‘imperativo legal’. Según la interpretación del Consistorio presidido por Zoido y administrado con mano de hierro por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, las normas dictadas por el Ejecutivo de Rajoy para recortar el déficit público -tasa de reposición cero a la hora de cubrir las bajas producidas en la plantilla; supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios- y las condiciones impuestas por el Plan de Ajuste para el pago de la deuda acumulada a los proveedores impedían cualquier concesión ante las demandas de los colectivos municipales.
Esta reducción de personal no es privativa de los limpiadores de los colegios, sino también del Cuerpo de Bomberos, con las agravantes de la especial naturaleza de su labor en situaciones críticas que por causa de un incendio ponen en peligro la vida y el patrimonio de las personas y que a estas alturas sigue pendiente de resolver otra fuente de malestar en los especialistas en la extinción del fuego: la reclasificación de la plantilla.
En resumen, como sostenían los sindicatos, todos los servicios municipales, por una causa o por otra, estaban en pie de guerra contra Zoido, y sobre todo tras a entrada del año 2013 las manifestaciones y actos de protesta se han sucedido cada vez con más frecuencia y virulencia, con el efecto añadido de los once días de la huelga del servicio de recogida de basuras de Lipasam.
Ha quedado así de manifiesto que la conflictividad laboral durante todos estos meses, expresada en concentraciones en la Plaza Nueva y en manifestaciones por distintas zonas de la ciudad, no se debía en el fondo al manido ‘imperativo legal’, sino a una falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento para cerrar acuerdos, ya que en cuanto el alcalde dio orden a Asunción Fley de que pactara una solución con los sindicatos, se acabaron los problemas y se alcanzó la tregua en vísperas del Vía Crucis de la Fe y de la maratón del 24 de febrero.
Considerado el periodo interanual de enero de 2012 a enero de 2013, Sevilla sigue siendo la provincia andaluza con mayor crecimiento de paro, situación que ha afectado a 23.206 personas más (un 9,84%), y en un porcentaje superior en medio punto a la media de Andalucía (9,34%). Tras Sevilla, la provincia con peores registros en el último año ha sido Jaén, donde 16.151 personas se han sumado a las estadísticas del paro, seguida de Cádiz, con 15.163.
La distribución de parados por sectores en la provincia sevillana es la siguiente: el sector Servicios es el que registra más desempleados, 151.127 (el 58,34% del total), seguido de la Construcción, con 42.027 (16,22%); Sin empleo anterior, 28.038 (10,82%); Industria, 23.160 (8,94%) y Agricultura, 14.660 (5,65%).
En el segmento de las personas sin ocupación previa, los estratos de edad más afectados por esta situación son los mayores de 44 años, con 10.678 parados, y los jóvenes de entre 20 y 24 años, donde hay 7.010 demandando su primer puesto de trabajo. Donde hay menos demandantes de primer empleo es entre los 25 y 29 años, con 1.580 personas. Dos tramos de edad ofrecen datos parejos: los menores de 20 años, con 4.188 jóvenes sin empleo anterior, y los de 30 a 34 años, con 4.136 en la misma situación.
El análisis de los datos revela que el paro ha subido en la Industria, con 138 desempleados más (+2,16%) y en los Servicios, con 691 (+ 1,15%), y ha descendido en el colectivo ‘Sin empleo anterior’, con 469 personas que han encontrado trabajo (- 4,06%); Construcción, coin 230 parados menos (-2,24%), y Agricultura, con un descenso de 32 personas (-2,50%).
Todos los trabajadores sin excepción, incluidos los más antiguos y que hasta ahora se habían librado, quedan obligados a trabajar durante los festivos. En lugar de abonarlos, las empresas pagarán un complemento de entre 350 y 500 euros para los empleados que durante 2012 hayan trabajado los suficientes festivos como para haber cobrado 350 euros por su tarea, una condición que supondrá que la gran mayoría se quede sin compensación económica alguna porque no la han cumplido.
En este contexto, donde no hay día sin malas noticias en el ámbito laboral, y en el que lo mismo se cierran paradores de turismo que fábricas señeras como las de Roca y Cargill que se anuncian despidos de hasta la cuarta parte de la plantilla de Vodafone o de 4.000 trabajadores de Iberia, sin contar los 15.000 acumulados en los medios de comunicación, se desarrolla el conflicto entre el Ayuntamiento y los operarios de Lipasam. Hasta la fecha éstos no han sufrido ninguna merma en sus condiciones de trabajo ni en sus emolumentos, porque en 2012 los efectos teóricos de los recortes se “diluyeron” en los gastos generales de la empresa municipal, de forma que no se tocaron las nóminas.
éstos hacen del mantenimiento del empleo temporal. En resumen, la plantilla pretende prolongar la jornada habitual en vez de acumular las horas para trabajar en festivos y que sigan siendo los eventuales quienes los suplan en esas fechas señaladas, mientras que el Consistorio esgrime que si tiene que seguir pagando 1.250 contratos eventuales anualmente no logrará rebajar la masa salarial en los 3,3 millones que se ha fijado como objetivo.
Asimismo, por más que contrapongan los 721 euros/mes de salario mensual de un peón a los 100.000 (unos 93.000 realmente tras el recorte) del gerente, omiten que con los 18 pluses de todo tipo existentes más la antigüedad aquéllos pueden triplicar su retribución, de forma que el sueldo medio de 30.000 euros en la compañía divulgado por el Ayuntamiento triplica también el salario de uno de cada tres españoles y supera los ingresos anuales del 83% de los contribuyentes.
Los huelguistas han cometido otro error de cálculo en la fecha elegida para echarle un pulso al alcalde: en plena ‘cuesta’ de enero y con las familias sevillanas aún más agobiadas económicamente a la hora de comparar su situación con la de la empresa municipal, sin ninguna fiesta estratégica cercana a la vista (no estamos en vísperas de Semana Santa ni de la Feria de Abril), en temporada baja para el sector turístico y hasta con un frío invernal que ralentiza la descomposición de los residuos acumulados en las calles.
En esta cerrazón se impone la necesidad de un mediador entre las dos partes en conflicto, alguien para quien levantar el teléfono no signifique un gesto de debilidad, porque carece de intereses en juego. Y aquí cabe recordar que en la Universidad Pablo de Olavide radica la Escuela Sevillana de Mediación y que su director es el único miembro español del Foro Mundial de Mediación. Qué mejor que una institución neutral como la Universidad para tender puentes y, mediante la recuperación del diálogo, propiciar el fin de una huelga cuyas víctimas finales son los sevillanos y Sevilla.
Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras empresas municipales.
como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.
Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.
En el Palacio de Congresos (Fibes) se celebra del 31 de enero al 3 de febrero el XIX Salón de la Moda Flamenca (Simof). Tanto en su pasarela de espectaculares desfiles como en lo que concierne a la comercialización mediante expositores de ropa y complementos. Para más información, ver