Sevilla fue la quinta provincia española por número
de firmas en situación concursal en agosto
El sector financiero y el de servicios fueron los más
azotados por la crisis este verano
La crisis económica ni siquiera ha dado una tregua durante el mes vacacional por excelencia, agosto, en la provincia de Sevilla, convertida en la quinta de España por número de empresas que presentaron procesos concursales: once, una cada tres días. En Andalucía sólo Cádiz y Granada, con nueve cada una, se le aproximan, mientras que Almería y Córdoba tuvieron un respiro, sin ninguna compañía que se declarara en lo que antiguamente se conocía como suspensión de pagos.
El número de empresas en concurso de acreedores en toda España al finalizar el mes de agosto ha seguido en aumento pese a la ralentización económica que supone el periodo vacacional o precisamente por eso, y asciende ya a 3.924, con un incremento del 15,41% respecto al mismo periodo del año anterior (3.400). Los 268 procesos concursales de agosto han supuesto un 16,02% más que en agosto de 2010.
Según un análisis realizado por el grupo CESCE, los sectores más golpeados siguen siendo la construcción (el 21,97% de todas las empresas en concurso) y la industria manufacturera (el 19,16% del total).
Por comunidades autónomas, aunque Andalucía no es la peor parada del país en números absolutos, sí es la que registra un mayor incremento de empresas en situación concursal, ya que de las 323 con que cerró todo el año 2010 ha pasado en tan sólo los primeros ocho meses del año en curso a 439, es decir, 116 más.
De estas 439 compañías andaluzas en proceso concursal en 2011, 45 han caído en esta situación a lo largo de agosto, y Sevilla ha liderado la estadística autonómica con 11.
En la provincia sevillana el verano ha golpeado especialmente a las entidades del sector financiero y a las compañías de servicios a otras firmas, con cuatro procesos concursales. El siguiente sector en esta estadística negra ha sido el de transportes y comunicaciones, con dos compañías en situación concursal, y ya con una empresa cada uno, el de transformados metálicos, la construcción, otras industrias manufactureras, el comercio y otros servicios.
Zoido, que a su calidad de alcalde une la de diputado autonómico, aprovechó el otro día que el Guadalquivir aún pasa por Sevilla pese a que lo gestiona la Junta, para desglosar en el Parlamento andaluz la deuda del Ejecutivo de Griñán con la ciudad por impago de tributos al Ayuntamiento: un total de 8,6 millones de euros. El alcalde se indignó por que mientras los sevillanos pagan religiosamente sus tributos, el Gobierno autonómico no se hace el aludido ni aunque le manden al cobrador del frac. Y en eso salió al quite de Griñán su ahijada política y consejera de Hacienda por la gracia de aquél, Carmen Martínez Aguayo, que sentó jurisprudencia con una frase para la posteridad, similar a la de la mano invisible de Adam Smith: “Para que exista una deuda debe estar reconocida también por el que debe pagar”. Ergo si no se reconoce una deuda, ¡no existe! Genial. La doctrina Aguayo está cosechando infinidad de adeptos desde su formulación parlamentaria. No es de extrañar que el Banco de España haya revelado que la tasa de morosidad ha crecido ya hasta casi el 7%.
A esta cantidad se añaden otros 12 millones pendientes de pago, por lo que el difrendo entre el Ayuntamiento y las empresas ha provocado la ralentización/paralización de las obras y amenaza con dirimirse en los tribunales y eternizar un proyecto que se anunció en mayo del año 2000. Con Fibes se cumple una vez más la maldición que pesa sobre Sevilla de que ninguna gran obra verá la luz antes de un decenio, con la excepción de la que se preveía la más improbable de todas para estar en plazo: la Expo (1984-1992). En abril de 2002, el Ayuntamiento presidido por Monteseirín y la Diputación aprobaron el coste de la ampliación de Fibes para acoger congresos de hasta 3.000 personas: 39 millones de euros. La mitad la aportarían ambos organismos y la otra mitad –se dijo- la Junta mediante fondos Feder. Esos 39 millones se han convertido ya en 100.
Cuando en julio de 2003 el jurado del concurso de ideas convocado al efecto aprobó la ‘Propuesta rojo y plata’ presentada por Vázquez Consuegra, el entonces delegado municipal de Economía, Celis, declaró que el nuevo edificio se convertiría en un “símbolo” en el futuro. La ‘grandeur’ de Monteseirín no podía conformarse con una obra funcional (39 millones de euros podían dar mucho de sí en ese sentido) y rápida de ejecución, sino que exigía iconos, emblemas, símbolos asociados a su mandato y a su vanidad y justificados con el argumento de que todo debía estar a la altura de Sevilla.
Tras un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se instaba a adoptar medidas urgentes para reducir el déficit público y otro de la FEMP sobre aminoración de salarios de los altos cargos municipales, Monteseirín llevó al Pleno de mayo de 2010 una moción en la que instó a suprimir las dietas por asistencia a las reuniones en las empresas municipales. Marchemos por la senda del sacrificio y yo el primero, parece que dijo el prócer. Ya encendido en su discurso patriótico, el (sin) alcalde propuso “no ya una regulación coyuntural como la que se está tratando ahora, sino una de más calado”. Ahora se ha descubierto que no sólo no dejó de cobrar dietas, sino que las trincó todas, al menos en Emvisesa, donde la crisis inmobiliaria no fue óbice para que él se embolsara 7.392 euros hasta el final de 2010. Y es que en el fondo Alfredo es muy unamuniano. Mientras que don Miguel decía eso de que inventen ellos, Monteseirín, degustador de restaurantes de cinco tenedores junto a su valido en su paso por la Alcaldía, ha acuñado esto otro: “¡A dieta, que se pongan ellos!”.
Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.
El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?
El presidente de la CEOE, Joan Rosell, se atuvo al tópico de los funcionarios que no la doblan o se van de cafelitos y pidió que los evalúen para que sepan que no son dueños del empleo. Pues un funcionario de Los Palacios -Juan José Picossi es su gracia- le ha roto los esquemas al jefe de la Patronal al ganarle un pleito al Ayuntamiento saliente. Como este probo secretario municipal se negaba a hacer la vista gorda sobre los presuntos chanchullos que desfilaban ante sus ojos, lo dejaron sin función alguna. Así, cuatro años en los que, contra su voluntad, no hacía ni el huevo, pese a lo cual hasta le subían el sueldo para comprar su silencio. Liberado de la maldición bíblica, otro en su lugar se habría dedicado a pasar el tiempo en sus cosas, sin olvidarse de pasar por caja, pero él ha logrado que la Justicia obligue al nuevo Ayuntamiento a darle trabajo. Una victoria judicial que más parece una condena, ¿no?. Cada vez que un político del Norte vuelva a hablar de los andaluces indolentes, no les mienten a sus madres, sino a Juan José Picossi. Razón, Los Palacios.
Apenas proclamar solemne y públicamente el alcalde que la recalificación a la carta (¡Uy, perdón! ¿Debo decir ‘modificación puntual’ para ser políticamente correcto, Maximiliano?) que prepara el Ayuntamiento para Ikea no generará un ‘efecto llamada’, Isla Mágica anunció que se pone en la cola para pedir el mismo trato igualitario (artículo 14 de la Constitución). Por de pronto ya están formados en esa fila Ikea, el Sevilla F. C., el Real Betis, Altadis, Primark, Tablada Híspalis y el Parque Temático. Siete, como los siete niños de Écija. Zoido dijo aquello de que “el que quiera ver oleadas (de recalificaciones), que se vaya a la playa”. Ya no hace falta, Juan Ignacio: al fin la tenemos aquí, aunque sea sin arena y con mucho polvo de ladrillo en ciernes. Los revolucionarios del mayo francés intuyeron que había que escarbar porque debajo de los adoquines estaba la playa. En Sevilla ya se ha corrido la voz de que la playa urbanística está en la Plaza Nueva, debajo o dentro de las Casas Consistoriales. Ya se sabe qué se suele decir del último. ¿Quién da la vez?
Zoido ha confesado en su primer cumplemes como alcalde que no gana para sobresaltos con la herencia recibida de Monteseirín. No sólo es que no le haya dejado un euro en la caja ni para los colegios de nuestros niños, sino que cada tarde se le presenta “una ristra –me encanta el lenguaje (Monte)llano del alcalde- de personas que quieren cobrar, y esas deudas no se han generado en este mes. Las sorpresas que nos estamos llevando…¡Con lo fácil que habría sido contar la verdad desde el primer momento!”. Ya que es tan fácil contar la verdad, pues díganosla con pelos y señales sobre los métodos con que el (ex), su predecesor, ha provocado el vaciamiento de las cuentas municipales. Ardemos en deseos de llevarnos, informativamente hablando, las mismas sorpresas que usted, señor Zoido, y saber cómo Monteseirín le ha dejado reducido a la condición de pagador del frac. Hable ahora o calle para siempre, en aplicación del principio americano aplicado a la política: pasados seis meses, la Administración entrante ya no tendrá como coartada echarle la culpa a la saliente.
Aquel desastre obligó a abrir nuevas vías de acceso a la cornisa, como el de Coca de la Piñera (noviembre de 2009) y a diseñar en adelante un operativo especial de la Guardia Civil y las Policías Locales de los pueblos colindantes dentro del escaso margen de maniobra que permitía la ratonera en que la ubicación de Ikea ha convertido un punto estratégico cual es el acceso a y la salida de Sevilla, fruto de la desastrosa o nula planificación urbanística en la mayor parte del alfoz ante la inopia de la Junta de Andalucía.
Dado el éxito de su tienda en Castilleja, Ikea proyectó hace casi diez años una segunda y puso sus ojos sobre San Nicolás. Obsérvese que pudo haber alegado al PGOU durante su tramitación en demanda de mayor edificabilidad comercial, pero no lo hizo. Calló y otorgó.
Amenazando subliminalmente con irse con la inversión a otra parte, el consejero delegado de Ikea, Mikael Ohlsson, usó el ‘The Wall Street Journal’ para lanzar un recado al Ayuntamiento de Sevilla y a otros nueve: Ikea está preparada para construir “mañana” mismo , pero se lo impide la regulación del Urbanismo en España.
El caso de la tienda de Ikea frente al aeropuerto se reduce, ‘grosso modo’, a que los suecos quieren que por su bella cara se cambie el PGOU y por arte de magia se les regalen 41.400 m2 de edificabilidad más que la prevista, para ellos envolver su comercio con un cinturón de locales de alquiler a otras marcas, con cuyas rentas les saldrá gratis la inversión en Sevilla. El cambio del uso principal del suelo (del empresarial actual a comercial) y su magnitud obligan a una recalificación en toda regla, pero como la palabra suele implicar un ‘pelotazo’ urbanístico, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, trata de camuflar la operación como una simple modificación puntual del PGOU. Vílchez fue subdelegado del Gobierno en Cádiz, donde se habrá impregnado de la retranca del Beni, al que cuando le preguntaron si había trincado dijo una de sus frases más famosas: “Mu poquito; casi ná”. Pues Vílchez, igual. Cuando le preguntan si va a recalificarle a Ikea, a pesar de que son 41.400 m2 sale en plan Beni de Cádiz: “Mu poquito; una modificación puntual nada más”.