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1.500

Un proverbio dice que cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo. Yo, más que mirar el dedo que señala los 178 metros de la torre Cajasol, sus 43 plantas, si afecta o no a la Giralda, el Alcázar y el Archivo de Indias y si por éso o a pesar de éso nos retirará la Unesco o nos mantendrá el título de Patrimonio de la Humanidad, miro la ‘lógica’ económica de gastarse 350 millones en un cilindro de oficinas con el mercado inmobiliario hundido y cuando el Banco de España obliga ya a Banca Cívica a provisionar 1.248 millones por su riesgo y/o pérdidas con el ladrillo. ¿No queríais que nos quitáramos del ladrillo? Pues toma, dos tazas con la torre Cajasol, que dirá Pulido. Y Mafo echándole paletadas de billetes al Frob para salvar las Cajas con nuestro dinero. Ahora, Banca Cívica amenaza con rebajarle el sueldo un 20% a sus trabajadores supervivientes y despedir a 1.500. Decían que por crear con las obras 1.500 empleos (indirectos y efímeros, no se olvide) la torre iba a dar de comer a Sevilla, pero han acabado poniendo a 1.500 trabajadores en la calle.

La multa

Fomento multa con 140.000 euros a Cajasol por poner en peligro el tráfico de aviones con los 178 metros de la torre Pelli y no pedir permiso previo a Seguridad Aérea. La Caja alega que, según el PGOU de 2006 y la Gerencia de Urbanismo, no precisaba permiso porque ese suelo no tenía servidumbre aeronáutica, hasta el punto de que ni Aviación Civil alegó contra el Plan. Si Aviación no dijo nada fue porque el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, cuádruple imputado por la juez Alaya y al que Monteseirín le pagaba el sueldo récord de la historia del Ayuntamiento (168.392 euros), omitió en el PGOU que allí fuese a construirse rascacielos alguno, con lo que daba pista libre y rápida a lo que viniera después sin escrutinio ni objeción de Seguridad Aérea, que se encontraría con el hecho consumado de la torre a mayor gloria del alcalde cuando ya no tuviera marcha atrás. Si Fomento da la razón a esta denuncia de ‘Túmbala’ con la multa y afirma que la torre está fuera del ordenamiento jurídico, ¿cómo dijo Zoido tras revisar el expediente que todo se hizo de forma legal?

Pelli al cuadrado

Henry Ford dijo que el cliente podía elegir el color del coche siempre que fuera negro. En las Finanzas se puede construir una torre como sede social siempre que sea de César Pelli, porque al igual que Ford tenía una cadena de montaje de coches negros, el arquitecto argentino la tiene de rascacielos unisex. Sus Majestades los Reyes de España  inauguraron en Bilbao la torre de la multinacional energética Iberdrola, una de las clónicas que ha repartido por el mundo el arquitecto de la Pampa y que no se sabe bien si copia a la de Cajasol o viceversa, porque en el fondo y en la forma todas son la misma torre y sólo varían en los accesorios. Con tal motivo, la prensa bilbaína dio los datos de su rascacielos,  que permiten una comparación aproximada con el de Pulido: 165 metros de altura el bilbaíno frente a 178 el de la Cartuja; 41 plantas frente a 43; 50.000 m2 sobre rasante la vasca por  48.060 la sevillana; 485 aparcamientos la de Iberdrola frente a 3.066 la de Cajasol. Y el coste: 200 millones de euros el rascacielos bilbaíno frente a 350 el cartujano, según la consultora Deloitte. Así pues, la torre Cajasol costará un 75% más que la de Iberdrola siendo casi iguales. Ni que estuviera recubierta de pan de oro.

Isla Mágica bis

Debido a la rendición de Breda de Zoido, comerciantes, hoteleros y hosteleros piensan que todo el monte es orégano y que la ciudad está a su servicio. De ahí deriva la ocurrencia de la Asociación de Hoteleros  de que se dedique la Feria cada año a una ciudad  que tenga “puntos de conexión”. Según los hoteleros, a los que se les entiende todo, hay  que “conjugar” (verbo de moda que declina el alcalde hasta con la torre Pelli) los intereses de los sevillanos con una “dimensión comercial”, eufemismo que significa sus propios intereses. No hay nada más antitético: la fiesta, ocio, con el no-ocio latino, del que deriva la palabra ‘negocio’. La Feria derivó del negocio ganadero inicial al ocio, y no es cuestión de invertir ahora el sentido de 165 años de historia. Además, como su nombre indica, la Feria es de Sevilla, no de Sevilla para Madrid, Zaragoza o cualquiera otra ciudad con estación de AVE; de a ver si viniendo más gente ellos hacen más caja. Los hoteleros, en su afán de lucro, han acabado confundiendo la Feria con Isla Mágica o ‘Sevilla son sus pueblos’.

La margarita de Zoido

El debate sobre la torre Pelli, que algunos, como José Luis Manzanares  en las páginas de El Mundo, tratan de reorientar a su terreno, me recuerda la historia de los campesinos a cuenta de un burro:

-¿Eh? ¡Oiga! ¡Que ese burro se ha metido en mi trigal!

-Pero…. ¡si está capado!

-¿Y qué tienen que ver los c…. con el trigo?

A Sevilla han venido los inspectores de Icomos y han dicho:

-Hay que frenar las obras del rascacielos y revisar su altura porque al afectar al paisaje histórico, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias pone en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

-Pero…¡si da de comer a Sevilla! (replica el presidente de Ayesa).

Desvía así la atención sobre la cuestión de fondo, pero aunque es muy fácil hacer demagogia con un tema tan delicado como el pan de las personas, veamos la auténtica realidad. Los 600 trabajadores en la torre y los 1.000 a los que indirectamente ocupa, según las cifras de Manzanares, equivalen al 0,17% de la población activa de Sevilla. Esta ‘ración alimenticia’ supone su construcción, a pesar de la cual el paro no deja de crecer (8.075 desempleados más en enero, con la torre a toda máquina).

LA SEGURIDAD JURÍDICA

A Manzanares, al igual que a mí, le parece absolutamente digna tanto la postura del partidario como la del detractor de la torre, porque “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión”. Y añade: “Lo provinciano no es eso, sino pretender que un proyecto, una inversión con licencia, se pare, con el riesgo de que aquí no venga un inversor nunca jamás sin otra sustentación que la de una opinión”. E insiste: “una vez que se da la licencia, el proyecto debe ir a misa….¿hay algún ayuntamiento del mundo democrático que pararía una obra con licencia por miedo al vacío?”.
Respuesta: Sí. ¿Dónde? En la misma Sevilla. ¿O es que ya no recuerda que apenas llegado Monteseirín a  la Alcaldía  en 1999 lo primero que hizo (y sin polémica previa como la de Zoido con la torre, ni debate, ni aviso, ni nada de nada), sólo por, como diría Torrijos,  “tufillo de venganza” contra Soledad Becerril, fue paralizar la obra recién iniciada del edificio de Moneo en el Prado?
Y Moneo era premio Pritzker,  equivalente al Nobel en Arquitectura. Y Dragados, la constructora más importante del país. ¿Alzaron la voz entonces Manzanares y la CES contra aquella quiebra de la seguridad jurídica? Silencio, como en la frase de Bertolt Brecht, que aún no han venido por mí y no es cuestión de señalarse ante el Poder.

Y SIGUIERON INVIRTIENDO

Y, ¿no vino un inversor nunca jamás a Sevilla? Hagamos memoria de todas las empresas que han invertido desde 1999 hasta hoy, empezando por la propia Dragados, involucrada desde 2003 en el Metro. Una gran empresa prefiere llegar a acuerdos extrajudiciales con la Administración y no enfrentársele, porque sabe que a la larga pierde. Basta con que no la contrate más.
Ahora que se cumple el XX aniversario de la Expo, las cinco sociedades de servicios que crearon bancos y constructoras para el 92 me confesaban que no tenían interés en acometer muchos de los ‘marrones’ a que las obligaba Pellón, pero que no tenían más remedio porque así funciona el sistema: hazme tal infraestructura y por este dinero en Sevilla por el supremo interés del Gobierno en quedar bien ante el mundo, que ya te daré una autopista, un pantano, un aeropuerto, un Metro…. en otra parte.
¿O es que acaso a Manzanares no le han dado la obra de la torre Pelli para compensarle por haberle frustrado su inicial proyecto de Puerto Triana, que además chocaba contra el PGOU entonces vigente al demandar más edificabilidad comercial de la permitida? El principio de la seguridad jurídica se invoca o cuestiona según convenga.

LUZ Y TAQUÍGRAFOS

Zoido le ha ‘comprado’ a Manzanares su argumento de que la torre “no se puede parar porque costaría un dineral” al decir que el Ayuntamiento no tiene fondos para indemnizar a Cajasol. ¿Y cómo sabe el alcalde –y Manzanares- que el Consistorio no tiene dinero para frenar el rascacielos si aquí nadie ha cuantificado objetivamente, partida por partida y concepto por concepto, el coste de la presunta indemnización? Zoido, que prometió ser el alcalde de la “luz y taquígrafos”, no ha dado cifra alguna. ¿Por qué?
No hace falta dinero. Se puede compensar en suelo. Recuérdese el antecedente del traslado de la edificabilidad a la Buhaira para compensar por la paralización de la torre diseñada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas. Otro ejemplo también de Sevilla.
La plataforma ‘Túmbala’, que tiene recurrida la licencia urbanística de la torre Pelli, sostiene que el coste de frenarla ahora es de cero euros, porque como la parcela sobre la que se alza mide 41.400 m2 permitiría sobradamente que en otras zonas de la misma se pudiera materializar la edificabilidad que se ‘perdiera’ en la torre si se recortara su altura. Y da una solución gratis: incrementar en dos plantas la altura de los dos ‘edificios podio’ que se construyen a sus pies y así no habría lucro cesante ni perjuicio para Cajasol.

Según Icomos, la torre pone en peligro la Sevilla Patrimonio de la Humanidad. La ciudad no está obligada a permanecer en el exclusivo club del Patrimonio Mundial, pero si quiere seguir ha de cumplir sus reglas. Si, por el contrario,  valora más el pan para hoy que significa la torre y no sufrir publicidad negativa como el reportaje del ‘Guardian’, que se salga. Zoido no puede perder más tiempo y oportunidades deshojando la margarita. Debe optar entre el rascacielos y la Unesco, entre el ladrillo y el patrimonio, porque gobernar es elegir.

Imprecisiones

Los Antonios (Pulido, presidente de Cajasol; Muñoz, portavoz adjunto del PSOE) descalifican el informe del Icomos sobre la torre Pelli basándose en sus “imprecisiones” por decir que dista 600 metros de la Giralda en vez de 1.600. Se ve que se trata de una errata u omisión atribuible a los famosos duendes de la imprenta. Ya puestos, veamos “imprecisiones” de los paladines del rascacielos. ¿Cómo cuando se pide la licencia de obras al Ayuntamiento se valora el proyecto a la baja en 130 millones de euros pero públicamente Deloitte hincha la cifra hasta los 353 millones? ¿Cómo se dice que genera 2.000 empleos directos y luego en la radio el más listo de los ingenieros los rebaja a tan sólo 600? ¿Y cómo fuentes cercanas a Cajasol dicen que por cada día que la obra estuviera parada se perderían 8 millones de euros? En tal caso, no poner un ladrillo en mes y medio valdría más que lo que según Deloitte costaría construir las 43 plantas del rascacielos.  ¿Quién, pues,  es más “impreciso”, Icomos o Cajasol? Algunos se agarran a las erratas como a un clavo ardiendo.

Marcha atrás

El también alcalde de Sevilla, súper Zoido, anunció entre trompetas del Apocalipsis que paralizaría la torre Cajasol si ponía en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Pues, como habría dicho Caracol el del Bulto, esos cojones en Despeñaperros, ya que a la hora de la verdad Zoido ha acabado pasteleando con Pulido y diciendo que hay que compaginar todos los intereses en juego: el patrimonio de la Caja y el Patrimonio de la Humanidad. A eso se le llama freno y marcha atrás, como a lo que tan aficionado era Monteseirín, con lo que va a tener razón el Barómetro de Pascual de que aquí no ha cambiado nada. Porque a ver cómo se conjuga (el verbo usado a su vez por Pulido) la exigencia del Icomos de detener la obra y recortar la torre con el desafío de Cajasol de rematarla hasta el final. Preso de sus contradicciones, Zoido ha acabado creando una comisión para escaparse por la tangente, conforme al consejo de Napoleón: “Si quieres que algo se haga, nombra un responsable; si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Tortuga

El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico es el máximo órgano consultivo en esta materia de la Junta de Andalucía y sus decisiones, aunque no vinculantes, deben ser tenidas “muy en cuenta”. Este organismo se articula en seis comisiones, una de las cuales, la Andaluza de Bienes Inmuebles, ha tenido a bien abrir un debate interno para decidir “antes de Navidad” si emite o no un informe sobre el impacto de la torre Pelli. Informe que, en caso de ser emitido, se supone deberá elevar primero al plenario para que lo haga suyo, o no.  Osea, que meses después de iniciada la construcción del rascacielos, cuyo proyecto se dio a conocer hace tres o cuatro años;  al cabo de casi dos semanas de la visita a Sevilla de la misión de la Unesco;  con la cuarta parte de la torre ya erigida y con el plan de ir levantando una planta cada semana de las 30 pendientes, los señores de la Junta de Andalucía deciden pensar si van a decidir algo algún día. Si algún día se deciden a comunicar su decisión, la torre probablemente estará ya terminada. ¿Y para esto queríamos ser una Autonomía?

El lucro cesante

Zoido reiteró en el encuentro ‘Nueva Economía’ que no pondrá en riesgo la declaración de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad y, lo más significativo, añadió en presencia del presidente de Cajasol, promotora de la torre Pelli, que “ni la Caja permitirá que la ciudad la perdiese”, aunque la entidad financiera sigue insistiendo en que el rascacielos es “muy positivo” para la ciudad (Pulido ‘dixit’).
El alcalde, pues, apunta a un hipotético (subrayo lo de hipotético) escenario en que el Ayuntamiento declararía lesiva para el interés público la licencia de obras  e iniciaría la negociación para indemnizar a Cajasol, un supuesto para el que se ha barajado una cifra de 200 millones de euros por lucro cesante.
Pero antes de llegar a ese extremo hay que preguntarse hasta qué punto es “muy positivo” para la propia Cajasol y Sevilla el rascacielos y si tiene lógica económica, al margen de cómo se haya otorgado la licencia y del debate patrimonial.
Cuando Pulido anunció en 2007 que el proyecto de torre de 178 metros diseñado por César Pelli sería el que se construiría en la Cartuja, con una cifra de inversión elevada dos años más tarde por la consultora Deloitte hasta 353 millones de euros, aún nos hallábamos en pleno ‘boom’ inmobiliario.
El ‘boom’ en realidad era una burbuja que estalló con la quiebra de Lehman Brothers en 2008 por  las hipotecas-basura, las cuales desvelaron el desmedido riesgo inmobiliario asumido por las entidades financieras.
Ya en plena crisis, Cajasol difundió en marzo de 2009 el estudio de Deloitte para acallar la oposición a la torre: con su construcción se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año generaría más de 561 millones de euros y mantendría 11.327 puestos de trabajo; en el segundo, 795 millones y 16.106 empleos; y en el noveno, 1.351 millones y 27.910 empleos.
El rascacielos lleva meses en construcción (se ha rematado ya en una cuarta parte) pero el paro no deja de crecer en Sevilla: un 7,47% más que hace un año y 217.689 personas afectadas. Por tanto, su efecto en el empleo (los anunciados 4.000 puestos de trabajo se habrían tenido que notar) no ha sido el estimado o se ha diluido.

EL RIESGO INMOBILIARIO

El estallido de la ‘burbuja’  ha puesto de manifiesto la incoherencia de asumir un riesgo inmobiliario aún mayor con una obra de la magnitud del rascacielos  y al coste de 353 millones de euros. El Banco de España ha levantado el velo de las Cajas, forzado por los tests de estrés impuestos por la UE al sector financiero, y el pasado enero aquéllas desvelaron su exposición al riesgo del ladrillo: 148.969 millones de euros en conjunto. Previamente, según publicó este periódico, Cajasol fue obligada por el Banco supervisor a integrarse en Banca Cívica debido a un ‘agujero’ estimado en mil millones de euros. Pues bien, la exposición de Cajasol/Banca Cívica al riesgo inmobiliario ascendía a 9.187 millones de euros.
La morosidad en el sector promotor e inmobiliario de Cajasol era del 16,5%, muy superior a la media de las entidades financieras. Cajasol/Banca Cívica tuvo que pedir una primera ayuda de unos mil millones de euros al FROB para paliar esta situación y sufragar, a un coste inicial de 327 millones de euros, la prejubilación de 1.100 empleados y el cierre de 116 sucursales para ahorrar costes, número que se sumó a las 200 oficinas clausuradas previamente.
La carta de Zoido al Gobierno en la que planteaba la asunción de responsabilidades por el rascacielos, es lógica a la luz de estos datos porque ¿tiene sentido que a través del FROB se inyecten mil millones de euros a Cajasol/Banca Cívica debido al riesgo inmobiliario contraído para que esta entidad incremente ese mismo riesgo destinando 353 millones de euros a construir una torre de oficinas? ¿Tiene sentido gastar por un lado 353 millones en un rascacielos mientras que por otro se aplian 327 millones del FROB a reducir la plantilla en 1.100 empleados? ¿Crea empleo Cajasol/Banca Cívica con la torre Pelli o más bien lo destruye para seguir construyéndola?
Tal como está la situación, ¿puede el rascacielos ser un gran negocio inmobiliario que reporte esos augurados beneficios a Cajasol/Banca Cívica y Sevilla? Confrontemos las expectativas con la realidad. En Madrid, con mucha más actividad económica que aquí, los cuatro rascacielos más altos de España (uno, de 250 metros) y que componen el ‘Business Area’ de la capital aún estaban vacíos en un 75% dos años después de su comercialización a entre 29 y 42 euros/m2.
BNP Paribas presentó EN 2010  un informe sobre el mercado inmobiliario sevillano según el cual la contratación de oficinas se redujo en un 37% en 2009 por tercer año consecutivo y había una superficie disponible de 174.000 m2, equivalente a dos veces y media la futura torre Pelli. Así pues, no sólo se ha hundido la demanda, sino también los precios, con varios años de reajuste a la baja (-10% en 2009).
Para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante la jurisprudencia exige: 1) que exista y pueda ser probado; y 2) que pueda determinarse la cuantía que se ha dejado de percibir.
¿Se han dejado de percibir acaso rentas por alquileres en la torre Pelli por valor de 200 millones de euros? No. ¡Si aún no hay tales oficinas!. Y ya hemos visto cómo de hundido está el mercado inmobiliario. Por tanto, salvo el valor tangible de lo construido físicamente, el resto de lo que rodea a la torre se basa en meras lucubraciones sobre el papel. Y en este caso el papel, al contrario de lo que se dice, no lo soporta todo.

La torre de la discordia

Zoido no quiere pasar a la historia como el alcalde en cuyo mandato Sevilla fue expulsada de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco a causa del rascacielos de la Cartuja, sobre el que ya aquélla ha dado dos avisos. Aunque la licencia fue otorgada  por  Monteseirín (mediante un procedimiento cuestionado ‘a posteriori’, por su oscurantismo, por los colectivos opositores), Zoido ha escrito a Gobierno y Junta para plantearles la hipótesis de que si por evitar la descalificación de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad hubiera que revisar o anular la licencia del rascacielos e indemnizar a Cajasol   (se habla de 200 millones de euros), ¿quién y bajo qué criterios debería asumir ese coste?
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en sintonía con el delegado del Gobierno, ha responsabilizado del problema exclusivamente al Ayuntamiento:“Lo que haya que decidir sobre eso recae sobre la Administración que concede la licencia, que no es la Junta de Andalucía”.
Al margen de otras consideraciones, la cuestión clave a la que alude la consejera es precisamente ésa: cómo la Junta, que ahora se lava las manos, creó las condiciones necesarias para que se construya este rascacielos y no otra cosa.
Siempre ha existido en Sevilla una ‘ley’ no escrita (como la Constitución británica o las alternancias continentales de las sedes olímpicas) en el sentido de que ningún edificio se aproximara, equiparara o superara en altura a la Giralda, el símbolo de la ciudad. En virtud de esa ‘ley’ se tumbó en los 90 el proyecto de torre de unos 30 metros de altura de Pérez Escolano en la Plaza de Armas.
El rascacielos en construcción es el último de varios proyectos en la explanada Sur de la Expo, cuyo primer exponente, ‘Puerto Triana’, incluía un lago circular para puerto deportivo y que fue promovido tras el 92 (gobierno local PP-PA) por los empresarios José Antonio Sáenz y José Luis Manzanares y El Monte. Aquéllos  eran vistos desde la Junta y el PSOE como afines al PA, razón por la que sus sucesivas modificaciones del proyecto e incorporaciones de inversores para darle músculo financiero (Rodamco fue el último) nunca recibieron luz verde.

EL ‘CAMPANILE’

A la desesperada, ficharon a un arquitecto de la ‘gauche divine’ bien visto por el PSOE, hasta el punto de que Felipe González llegó a ‘pre’nombrarle comisario para la Expo antes que a Olivencia: Ricardo Bofill. Fue repudiado por las fuerzas vivas  por el mero hecho de ser catalán, así que encomendándole este proyecto de alguna manera se reparaba el agravio cometido. El divo arquitecto presentó un diseño que incluía un ‘campanile’, una torre de 80 metros como hito del nuevo Puerto Triana.
En mayo de 2002, la Junta emitió un informe en el que advertía que el planeamiento sólo permitía en la zona una altura máxima de cinco plantas -y seis el de la ciudad- para usos terciarios (un máximo de 23 metros). Por tanto, concluía, “se está proponiendo una excepcionalidad a escala de ciudad de notable alcance en lo que respecta a las alturas”. A la vista de esta singularidad, la Junta decía que la construcción de la torre “debiera estar suficientemente analizada y justificada”. La consejera de Obras Públicas exigió además que el Ayuntamiento garantizara las inversiones con el fin de evitar la saturación del tráfico y recortar la edificabilidad.
También instó a optar por otra vía en caso de no querer reformarse el proyecto: tramitarlo en la revisión del nuevo PGOU, lo que podría significar una demora mayor. Por entonces los promotores llevaban 8 años esperando, por lo que cuando al año siguiente Monteseirín pactó con IU para librarse del PA tiraron la toalla y lo traspasaron todo a las Cajas, en manos del PSOE.

DESBLOQUEO

Y todo cambió. El Ayuntamiento, las Cajas  y Agesa firmaron un convenio para desbloquear el proyecto “después de que el anterior –dijo Bueno Lidón- decayese (sic) por causas ajenas tanto al Ayuntamiento como a los promotores”.
Si antes la Junta instaba a esperar a la revisión el PGOU, ahora el convenio se tramitaría como modificación puntual del Plan entonces vigente  con el fin de lograr un desarrollo más rápido del que supondría esperar a la aprobación del nuevo PGOU (al menos un año).
Monteseirín declaró que se haría un hito como la Torre Bofill “o algo parecido”, mientras que Carrillo, aún a su lado, expresó que el Ayuntamiento aplaudiría “todo lo que suponga un edificio en altura”, y animó a los promotores a que fueran valientes y “rompieran moldes”. Monteseirín atribuyó este “momento de éxito” a los cambios políticos producidos (la salida del PA).
Cuando trascendió que el “algo parecido” a la torre Bofill podía ser un rascacielos de 50 plantas y un máximo de 225 metros (finalmente rebajados a 178), el delegado de Cultura de la Junta ya no veía pega alguna a la altura. Bernardo Bueno declaró que el rascacielos no tendría problemas con las leyes de Patrimonio en ese sentido siempre que no tocara la lámina del río.

METROS DE ‘MODERNIDAD’

Y Monteserín hizo su particular silogismo: “Los edificios de gran altura son elementos consustanciales a las grandes ciudades. Sevilla es una gran ciudad que debe tener lo que tienen todas las grandes ciudades”.
Si hoy, por causa del rascacielos de 178 metros propiciado por la Junta e impulsado por un alcalde con complejo de inferioridad, peligra la Sevilla Patrimonio de la Humanidad no será por culpa de Zoido.
El rascacielos, al igual que las ‘setas’, irá ligado por siempre a su predecesor. Por eso no sé por qué le llaman torre Cajasol o torre Pelli, cuando debería ser conocido como  torre Monteseirín.