El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es también diputado por Sevilla, condición que no sabemos si habrá influido en que presentara el balance de las declaraciones de la renta (IRPF) justo a las 48 horas del inicio de la huelga de Lipasam, que vino precedida de una polémica sobre sus sueldos.
Además, el Gobierno ha incluido esta semana en el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local unas normas de transparencia por las que obligará a los ayuntamientos a publicar el coste de sus servicios, para que se puedan compararlos con los de otros municipios. Entre ellos, la recogida de residuos y limpieza viaria, el objeto social de Lipasam. Las corporaciones deberán demostrar mediante una Memoria que en el caso de que los presten sociedades mercantiles municipales (como Lipasam) lo harán de manera eficiente.
Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras empresas municipales.
Según Hacienda, éstas son las cantidades que declaran percibir anualmente los 19.315.000 contribuyentes, por tramos de renta y número de ellos:
-Menos de 10.000 euros perciben al año 6.560.000 españoles.
-Entre 10.000 y 20.000 euros, 6.104.000.
-Entre 20.000 y 30.000 euros, 3.254.000.
-Entre 30.000 y 40.000 euros, 1.664.000.
-Entre 40.000 y 50.000 euros, 700.000.
Quedan seis tramos más, hasta la minoría de 7.000 afortunados que declaran unos ingresos superiores a los 600.000 euros, pero el conjunto de los perceptores de más de 50.000 euros (incluyendo los de 600.000) supone sólo el 9% del total.
En la guerra de cifras por la huelga de Lipasam, el Ayuntamiento difundió que el salario medio anual per cápita en la empresa pública de la limpieza es de 30.000 euros, cantidad calificada por el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, como privilegiada y que ya querrían para sí en las actuales circunstancias de crisis la mayoría de los sevillanos.
DATOS QUE NO CUADRAN
Sin embargo, cunde la sospecha de que esta cifra haya sido incluso maquillada a la baja, pues posteriormente el Consistorio ha filtrado que el gasto en personal asciende a 65 millones de euros en números redondos. Este redondeo también podría haber sido realizado a la baja si tomamos 
como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.
Dado que con Zoido como alcalde la plantilla no sólo no se ha reducido, pese a la inversión de 8 millones en maquinaria que los sindicatos interpretan destinada a la futura privatización, sino que incluso se ha incrementado, aun aceptando un gasto en personal de ‘sólo’ 65 millones, el resultado de dividirlos entre los 1.517 empleados arroja una media no de 30.000 euros per cápita, como divulgó el Consistorio, sino de 41.374 euros.
¿Cómo calificaría entonces Maximiliano Vílchez esta cifra si para él la de 30.000 euros ya era un privilegio?
CONTRADICCIONES
Si se compara ese salario medio de 41.374 euros con las tablas del IRPF difundidas esta semana por Cristóbal Montoro, se deduce que esa retribución es superior a la que cobra el 91,02% de los contribuyentes españoles (17.582.000 personas) y se inscribe en la de la selecta minoría del 9% que ingresa más de 40.000 euros anuales.
Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.
LUCES Y TAQUÍGRAFOS
¿Por qué el Ayuntamiento habla de una media de 30.000 euros, con lo cual el ciudadano piensa que es lo que cobra también un barrendero, y no desglosa los salarios reales por categorías, con y sin pluses? ¿Disparan la media los directivos? ¿Cuál es el miedo, ya que el convenio es una herencia de Monteseirín, que compró así la paz social con el dinero de los contribuyentes, y Zoido prometió “luces y taquígrafos”?
Desde 2009, los salarios públicos -y no digamos los privados, amén de los millones de despedidos en las empresas- han perdido casi un 24% de poder adquisitivo. En Lipasam, el recorte del 5% no ha tenido aún incidencia en las nóminas porque “fue diluido” (¿?) en 2012 en diferentes aspectos. Al negarse a aceptar siquiera esa reducción, los sindicatos pretenden que esta empresa municipal (y hasta con más plantilla, sumada a los eventuales) sea la única inmune a la crisis.