Cuando España vivía bajo la ominosa Dictadura, en los barrios se construía sin zonas verdes ni equipamientos; se trató de sembrar Doñana de guayules y se desecaron lagunas como la de La Janda. Por contraste, desde la civilizada Europa nos llegaban maravillosas historias de amor a la Naturaleza: como la del primer ministro sueco, el llorado Olof Palme, que salió hucha en mano por las calles pidiendo para salvar las marismas del Guadalquivir, donde invernan los ánsares nórdicos, y como la de aquel policía custodiando un semáforo sobre el que habían nidificado unos pájaros.
Esa civilizada Europa en la que nos integramos con la Democracia es la que luego financió la conversión en parque del antiguo ejido del Prado, una vez que, con Rojas Marcos como alcalde, los sevillanos votaron en un ‘sui generis’ referéndum que no querían allí una plaza abierta tan o más grande aún que la tristemente célebre de Tien An Men (Pekín), sino unos jardines que prolongaran el parque de María Luisa.
PERVERSIÓN URBANÍSTICA
Esa Europa nos considerará ahora un poco menos bárbaros y algo más civilizados tras la sentencia del Supremo contra la perversión urbanística que suponía la destrucción de 4.000 m2 de un parque consolidado y pagado con fondos europeos para, previa remoción de 230 árboles, construir una biblioteca con 10.000 m2 de edificabilidad que podría alzarse en cualquier otro lugar sin necesidad de sacrificar una zona verde. Lugares como el solar para el nonato edificio de Moneo, en el mismo Prado; la abandonada Fábrica de Tabacos en la otra orilla, Los Gordales o Los Bermejales.
La paradoja es que en esta historia la barbarie ha sido encarnada por un Ayuntamiento que ha suscrito estrategias internacionales de sostenibilidad y participación ciudadana como la Agenda Local 21 y una Universidad cinco veces centenaria y dotada de prestigiosos catedráticos de todas las ramas del Derecho y de la Ecología, pese a lo cual ambas instituciones, alentadas por Monteirín y Marchena y Miguel Florencio, respectivamente, apostaron por sepultar en cemento parte de unos jardines insertos en el Conjunto Histórico (declarado Bien de Interés Cultural).
En los años 70, otro intento de construir sobre el Prado –entonces se habló de unos grandes almacenes- propició otra rebelión ciudadana, con la diferencia de que en pleno franquismo aquella lucha que tumbó el proyecto fue protagonizada por la considerada élite de Sevilla (arquitectos, abogados, doctores y licenciados, intelectuales…), y que como hogaño esa élite está más que arrimada al Poder, la batalla ha sido librada por una decena de colectivos vecinales, los ecologistas y la Plataforma en defensa de los Parques y Jardines. ¿Qué papel cívico juegan hoy el Ateneo o colegios como el de Arquitectos, Notarios y Abogados y ciertas academias como la de Medio Ambiente?
Esta movilización de ciudadanos anónimos demuestra que es posible poner freno a la arbitrariedad del Poder y a quienes, como en este caso la Hispalense, a su sombra se cobijan. Frente a la pretensión del Consistorio y de la Universidad de que la Administración goza de un poder omnímodo para disponer a su antojo del suelo que es el soporte físico de Sevilla, el Supremo, como antes el TSJA, ha sentenciado que el ejercicio de la potestad del planeamiento urbanístico, aun siendo discrecional, “se encuentra afecto a la finalidad de satisfacer el interés público, con proscripción de la arbitrariedad y respetando la igualdad…”, y “aunque se mantenga el uso público por que la construcción sea una biblioteca, sólo puede hacerse exponiendo las razones por las que ningún otro emplazamiento, que no liquide una zona verde, es posible”.
El fallo es un justo castigo a la soberbia de la Hispalense al sentirse respaldada por el Ayuntamiento (inductor del proyecto como icono arquitectónico en el Centro a mayor gloria de Monteseirín), pues no en vano inició las obras pese a que:
1) Desde cuatro años antes vecinos, ecologistas y defensores de los jardines habían demostrado (alegaciones al PGOU por esa recalificación de la noche a la mañana, recurso ante el Parlamento Europeo, denuncias judiciales) su firme oposición no a la biblioteca universitaria, sino a su construcción sobre una zona verde, habitualmente ‘sagrada’ en cualquier ciudad moderna.
2) Sin esperar a la resolución de la Justicia, senda abierta por los vecinos antes de que se colocara un solo ladrillo.
3) Firmando un documento por el que exoneraba al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por la licencia de obras.
4) Sin preparar un plan ‘B’, en la creencia absoluta de que los tribunales jamás fallarían a favor de los ciudadanos.
La Hispalense se había gastado 4 millones de euros antes de la paralización cautelar de las obras hace unos dos años, de las obras, y 10.408 euros por cada día desde entonces (en total, serían unos 7,5 millones), y ahora se ve abocada a sufragar los gastos de reposición del jardín destruido a su estado anterior y a indemnizar a la constructora (Ferrovial ganó el concurso para las obras, estimado en unos 20 millones) y a la arquitecta.
Un dineral que acabarán pagando los sevillanos a través del porcentaje de sus impuestos destinados a la Universidad, mientras que los promotores de este dislate junto con Monteseirín, osea Manuel Marchena y Miguel Florencio, no sólo se van de rositas y eludiendo cualquier responsabilidad, sino que en su calidad de profesores de esa misma Universidad cobrarán cada mes de la Tesorería a la que han contribuido a crear un ‘agujero’ multimillonario.