El alcalde perpetuo de Dos Hermanas y aún presidente de la FAMP, Francisco Toscano, se ha lamentado de que el decreto de regularización de las viviendas ilegales aprobado por la Junta de Andalucía no haya sido más flexible y pragmático   y menos dogmático, si bien espera que sea útil para que los ayuntamientos “adecuen el urbanismo a la realidad”. ¿Le parece poco al líder nominativo de los alcaldes andaluces la amnistía urbanística de Griñán? Acorde con este relativismo moral, por no decir cinismo, propio del PSOE de Zapatero, del que no en vano Toscano fue uno de sus primeros conversos, no son los delincuentes urbanísticos los que han de plegarse y adaptarse a la ley, sino al revés. Conforme a esta singular doctrina, no debería entonces haberse procesado a Roca y compañía por el generalizado urbanismo ilegal que propició el saqueo de Marbella, o a Del Nido por el caso Minutas. El próximo paso que podría darse sería una amnistía a todos los implicados en los ERE, para, en línea con Toscano y la Villalón, adecuar la Junta a su realidad en los últimos diez años.