Antonio Salvador y Sebastián Torres, dos de los mejores periodistas andaluces, han publicado el pasado domingo 27 de mayo de 2012 en el diario El Mundo que unos 1.700 prejubilados andaluces no cobrarán ya este mes sus prestaciones debido a los impagos que mantiene la Junta con las aseguradoras con las que se formalizaron sus pólizas, a las que adeuda más de 270 millones de euros. Ambos periodistas, los mayores expertos en el escándalo de los ERE, han podido conocer en fuentes de toda solvencia que Vidacaixa, BBVA y Generali han tomado esta determinación cansadas de las promesas incumplidas por parte de la Consejería de Empleo y por la falta de un interlocutor en la Administración autonómica que afronte el problema para buscar una solución. Se trata de uno de los asuntos que Manuel Recio ha dejado en herencia al nuevo responsable político de Empleo, Antonio Ávila.

Los prejubilados que se verán afectados por la decisión de las compañías de no pagar ya las rentas desde este mes son los antiguos mineros de Río Tinto, El Marquesado, Minas de Almagrera, Bolsa de Tharsis, Minas de Alquife y Mina de Herrerías; los ex trabajadores de las bodegas jerezanas Willians&Humbert, González Byass, Zoilo Ruiz-Mateos y del consejo regulador del Vino de Jerez, así como los antiguos empleados de Pickman, Grupo Joly, Arteferro, Promi, la industria naval de Cádiz, la industria auxiliar y los inválidos de Delphi, y Calderinox.

El plante de las aseguradoras se produce por la inexistencia de un calendario de pagos por parte de la Junta, que se comprometió a realizar una transferencia el pasado mes de abril a fin de garantizarse la paz en vísperas de las elecciones autonómicas del 25 de marzo. La Consejería de Empleo ha vuelto a incumplir una vez más su promesa.

El pago de esta mensualidad sólo se llevaría a cabo si la Junta formaliza de urgencia una transferencia de unos 40 millones de euros, cantidad con la que se reduciría la deuda acumulada al haber adelantado las aseguradoras el dinero y se garantizaría el abono durante unos meses a la espera de un nuevo ingreso en el último cuatrimestre del año. De cumplir su anuncio las compañías, se daría el caso de que los beneficiarios de pólizas de seguros de rentas financiadas por la Junta no sólo no cobrarían su prestación, sino que tendrían que adelantar el importe correspondiente al convenio especial con la Seguridad Social.