La factura de Santa Catalina

Como Zoido necesitaba que se dejara de hablar cuanto antes del fiasco de la ‘Operación Talento’, lanzó de inmediato una iniciativa que llama poderosamente la atención en un ayuntamiento acogido al Plan de Ajuste y que recorta dinero a la cultura pública (la ROSS, el Maestranza, los festivales…) y privada (las salas sevillanas): aportar un millón de euros a Santa Catalina, de cuya declaración como monumento nacional se cumplen 100 años, es propiedad de la Iglesia, lleva ocho años cerrada por amenaza de ruina y para cuya rehabilitación se precisan 3 millones.
El alcalde, raudo, ocupó espacio en los medios al filtrar la carta que ha escrito al nuevo consejero de Cultura, Luciano Alonso, para decirle que “algunos de los pilares se han hundido, con el consiguiente riesgo de derrumbe”. Zoido le ha pedido a la Junta que desembolse dinero para la iglesia con la tesis de que “todas las Administraciones tenemos que dar un paso al frente y, entre todos, salvar Santa Catalina”, porque, a su juicio, “es responsabilidad de los representantes públicos colaborar activamente en la conservación del legado patrimonial de Sevilla, con el fin de preservar para las generaciones futuras el disfrute de un templo histórico de la ciudad”.

Zoido parece ignorar que, según  la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, artículo 14, son los propietarios titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, quienes tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores; y, a estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación.
Por tanto, es obvio que, en cuanto propietaria de Santa Catalina, a quien le corresponde salvar el monumento nacional en riesgo de ruina desde hace ocho años es a la Iglesia hispalense y no a los contribuyentes, ni a través del Ayuntamiento ni de la Junta.
Aun así, cabe recordar que la recuperación de las cubiertas, sin la cual el templo gótico-mudéjar ya se habría desplomado, se debió a un acuerdo por el que hace cuatro años el Ayuntamiento comprometió el pago de 705.000 euros y la Junta de Andalucía, 403.650, estando aún pendientes de desembolso 270.000 y 90.000 euros, respectivamente.

LAMENTACIONES

El alcalde dona ahora un millón de euros más e insta a la Junta a que haga otro tanto, y una plataforma ciudadana convierte la fachada de Santa Catalina en un ‘muro de las lamentaciones’ donde los sevillanos puedan pegar sus quejas, oraciones y dibujos “a modo de lágrima o triste lamento –dice- de un atentado cultural que puede convertirse, si no se remedia, en irreversible”, porque los pilares se han hundido entre 6 y 8 centímetros y hasta el arquitecto conservador declara que “cabe la posibilidad de que amanezca y Santa Catalina se haya derrumbado”.
Bien, ¿y qué hace y ha hecho en estos ocho años su propietario, al que le corresponde el deber de conservación, y que no es otro que la Iglesia de Sevilla? ¿Deben desembolsar entre el Ayuntamiento y la Junta los 3 millones de euros para la restauración porque la Diócesis carece de fondos para mantener su patrimonio histórico artístico?

MINA DE ORO

Veamos. La Catedral, merced a las visitas turísticas, es una auténtica mina para la Iglesia local que, como promedio, recauda en torno a 6 millones de euros anualmente. En 2011 se registraron 1.448.255 visitas y estuvo a punto de batirse el récord de 2001 (1.453.305 turistas). A cuatro días escasos de que se terminara el año, el dinero ingresado ascendía a 7.844.082 euros, un 9,5% más que en 2010, de lo que se colige que entonces la recaudación ascendió a 7.098.894 euros.
Los ingresos generados por la Catedral tan sólo en 2010 y 2011 equivalen a casi cinco veces el presupuesto necesario para la restauración de Santa Catalina. Pero en vez de destinar partidas al centenario templo en riesgo de ruina, la Iglesia da prioridad a programas de la propia Catedral y que por no ser de extrema urgencia podrían esperar perfectamente.

Por ejemplo, en una actuación en el órgano se han gastado 300.000 euros.
Otros 300.000 euros se han destinado a levantar la solería de la Capilla Real, más que nada para tratar de confirmar alguna hipótesis previa del maestro mayor, Alfonso Jiménez, que a veces se comporta más como arqueólogo que como arquitecto.
Las obras proyectadas en la fachada que da a la calle Alemanes tienen un presupuesto inicial de 1.225.000 euros. La pared está enfoscada y puede aguantar como ha aguantado durante años, pero Alfonso Jiménez quiere saber qué hay detrás, y para ello ya ha realizado unas catas que indican que lo que hay es lo habitual: partes de ladrillo, partes de piedra y partes de adobe.
La inminente restauración del retablo mayor, ya acometida de forma integral por Arquillo en 1979 y revisado por Carmen Alvarez en 1994, por lo que tampoco es urgente gastarse 1,6 millones de euros mientras se cae el templo gótico-mudéjar.
Con estas actuaciones, la Iglesia demuestra de forma fehaciente que tiene dinero para salvar Santa Catalina pero que trata de endosarle la factura de su conservación a los contribuyentes,  ante lo cual la Junta puede recurrir al artículo 24 de la Ley del Patrimonio: enviarle un requerimiento para que, con carácter inmediato, restaure el templo o, en su defecto, rehabilitarlo el Gobierno andaluz con carácter subsidiario y enviar la cuenta al Palacio Arzobispal.

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