La Delegación de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, cuyo titular es Beltrán Pérez, ha comunicado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 14 que sólo ha hallado en las dependencias del distrito Triana un sobre con información general de la empresa adjudicataria de los talleres del mismo, pero no el resto de la documentación, la cual podría probar casos de enchufismo como los que en su día denunció el Grupo Socialista y que obligaron a Zoido a forzar la dimisión de cinco enchufados que eran familiares de concejales del PP.

El Ayuntamiento ha informado al juez de que, en apariencia, no hay indicio de robo de documentos en el distrito Triana, por lo que dice haber dado las instrucciones oportunas para que se revisen todas y cada una de las dependencias a fin de hallar la documentación solicitada por el Juzgado y relacionada con un recurso contencioso administrativo presentado por el grupo municipal Socialista.

A principios de 2012, tan sólo siete meses después del acceso de Zoido a la Alcaldía, el grupo Socialista denunció que familiares, militantes, representantes del PP en Juntas Municipales y Consejos Escolares, exmiembros de candidaturas del partido y, por entonces, cargos políticos de Nuevas Generaciones y del propio partido en el gobierno municipal habían sido ‘enchufados’ en los talleres municipales de distrito de Sevilla y en puestos de coordinadores, con sueldos que incluso podían rondar los 18.000 euros. Según la denuncia socialista, había al menos siete delegados de distrito implicados de forma directa en este tipo de contrataciones a dedo.

Rendido ante la evidencia de los hechos, el alcalde forzó la dimisión (aunque desde el PP se presentó la decisión como “renuncias voluntarias”) de la novia y la prima del delegado del distrito Sur, José Luis García; el cuñado del delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el mismo que ahora reconoce que ha ocupado de forma esporádica la VPO que le adjudicaron hace ocho años; la hermana del diputado provincial, Luis Paniagua, y la prima del delegado de Empleo, Gregorio Serrano.

Estas cinco salidas no fueron consideradas suficientes por el PSOE, que decía haber detectado una treintena de ‘enchufados’, por lo que exigió a Zoido el acceso a todos los expedientes, para analizar quiénes eran los beneficiarios de los mismos. Tras la negativa recibida, pese a las promesas de ‘luces y taquígrafos’ tan reiteradamente proclamadas por el alcalde, el grupo municipal Socialista interpuso a finales de julio de 2012 un recurso contencioso administrativo, que fue admitido a trámite.

Desde entonces ha pasado un año sin que el Ayuntamiento haya entregado la información completa requerida, ya que en las escasas ocasiones  en que ha atendido las demandas del juez o bien ha faltado información en los expedientes, o bien ha comunicado que habían quedado como piezas separadas de los mismos los sobres de la licitación y valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, o sea, justo la información por la que se puede acceder al personal con nombres y apellidos que cada empresa propone para optar a la ejecución del contrato. Esta es la información sustancial que el gobierno de Zoido oculta, ya que luego no había obligación de presentar facturas detalladas con nombres y apellidos.