Ikea: Sin novedad en el frente

Cuando a última hora del jueves 11 de julio el Ayuntamiento anunció para el día siguiente una rueda de prensa del alcalde y de su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, para comunicar novedades sobre la segunda tienda de Ikea, pensamos que tras dos años mareando la perdiz y acusando a la Junta de Andalucía de boicotear un proyecto que Zoido no se ha cansado de calificar como trascendental para Sevilla, el Consistorio iba a anunciar por fin y poco menos que la fecha de colocación de la primera piedra del complejo comercial.

Pero, conforme al dicho “vísperas de mucho, días de nada”, Zoido y Vílchez abundaron en la ceremonia de la confusión en que han sumido este proyecto, por su afán de convertirlo en instrumento de confrontación política con la Junta de Andalucía.

‘SEGUNDA APROBACIÓN’

El primer mensaje transmitido por el alcalde y su delegado de Urbanismo es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento había acordado por la vía de urgencia la segunda aprobación provisional del Plan Parcial SUS-DMN-03 ‘San Nicolás Oeste’, donde se ubicará la segunda tienda de la multinacional sueca.

¿Segunda aprobación provisional de un Plan Parcial? Reflexionemos sobre el sentido de esta expresión, que no puede ser más incoherente. Jurídica y urbanísticamente existe la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de un Plan Parcial, pero como hemos dicho en anteriores ocasiones, los documentos urbanísticos no pueden equipararse a las actualizaciones o versiones de los programas informáticos y sistemas operativos. Puede haber versiones 1.0, 2.0, 3.0…..etcétera de material informático, pero jurídicamente no existe un Plan Parcial Ikea.1, Ikea.2, Ikea.3…. y así sucesivamente.

Entonces, ¿por qué Zoido y Vílchez hablaron de segunda aprobación provisional del Plan Parcial sin que nadie reparara en la contradicción inherente a la terminología expresada? Muy fácil: porque como Zoido se ha apropiado políticamente del proyecto de la multinacional sueca -pese a datar del mandato anterior- , lo ha convertido en una de las banderas de su mandato y, por tratar de establecer un claro contraste con la lentitud que achacaba a Monteseirín, prometió desbloquearlo en virtud del ‘efecto Zoido’ en un par de meses, por todos esos factores ya ‘vendió’ anteriormente ‘la moto’ en su celeridad administrativa de que había aprobado provisionalmente el Plan Parcial.

Y como pese a esa supuesta aprobación el proyecto seguía aparentemente bloqueado y nadie veía que la situación cambiara en lo más mínimo, el discurso del alcalde durante todo este tiempo se basaba en el boicot de la Junta de Andalucía a los proyectos de Sevilla.

LA PRIMERA APROBACIÓN

Si tiramos de hemeroteca, comprobamos que hace ahora justamente un año, el 13 de julio de 2012, el Ayuntamiento ya anunció a través del portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, que la Junta de Gobierno Local había resuelto aprobar provisionalmente el Plan Parcial de ‘San Nicolás Oeste’, el cual comprendía un total de 1.431.254 m2 del sector Norte de Sevilla, entre la carretera nacional IV y Valdezorras.

Según explicó entonces en rueda de prensa Francisco Pérez, la aprobación provisional se produjo tras la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción sobre la indefinición de la forma y de la altura concreta de los edificios, trazado urbano y posición concreta de la parcela donde se instalará la multinacional sueca, lo que obligaba a Urbanismo a detallar tales extremos.

También dijo entonces el portavoz del gobierno local que el Ayuntamiento no había admitido otras alegaciones de los ecologistas, como la denuncia de un exceso del 15% respecto al tope máximo de edificabilidad permitida.

La conclusión es obvia: no hay jurídicamente una segunda aprobación del Plan Parcial, sino que la anunciada el pasado fin de semana es realmente la aprobación provisional del Plan porque no podía realizarse este trámite administrativo sin la incorporación de los documentos que faltaban hace un año y que no se han podido incluir en el expediente hasta ahora.

Por tanto, lo que en puridad se aprobó hace un año no fue la versión provisional del Plan Parcial, sino la alegación de los ecologistas y la solicitud de los informes sectoriales de obligado cumplimiento, que han tardado un año en añadirse al expediente.

INFORMES SECTORIALES

Y, sorpresa, entre esos informes que han tardado un año (recordemos que en paralelo el Ayuntamiento ha tardado lo mismo en iniciar el deslinde de las vías pecuarias que cruzan ‘San Nicolás Oeste’, trámite sin el cual tampoco se podía avanzar urbanísticamente) hay no sólo varios de la Junta de Andalucía, cuya supuesta tardanza contribuía a alimentar la idea del ‘boicot’ puesta en circulación por el Ayuntamiento, sino también del Gobierno de la nación, extremo sobre el que Zoido se ha cuidado mucho de decir nada, pese a que técnicamente sería según sus acusaciones tan boicoteador de Ikea como el Gobierno andaluz.

En este año transcurrido, el Ayuntamiento ha tenido que resolver las “incidencias técnicas” planteadas por organismos estatales como la Dirección General de Aviación Civil, la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y, por parte de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico y la Dirección General de Carreteras.

Ha habido, por tanto, tres organismos estatales y tres autonómicos implicados en la tramitación del Plan Parcial de Ikea durante el último año, por lo que en caso de haber existido un boicot al proyecto, como ha dicho reiteradamente Zoido, habría que repartirlo al 50% entre el Estado y la Junta.

El segundo mensaje lanzado por Zoido y Vílchez es que “el expediente ya está completo por parte municipal”. Pues va a ser que tampoco, con lo cual mucho nos tememos que el alcalde se haya preparado el terreno para seguir acusando a la Junta de Andalucía de boicot a Ikea, luego de boicot a Sevilla.

APROBACIÓN CONDICIONADA

Y es que entre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento hace un año, el 13 de julio de 2012, consta expresamente que se condiciona la aprobación definitiva del Plan Parcial a la previa redacción del Proyecto de Construcción de la Ronda Urbana SE-35, tramo: Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes), que definirá la construcción del enlace entre la A-4, la SE-35 y la SE-20 e incorporará la definición técnica de una conexión desde el citado enlace SE-35-A-4 al viario estructurante del sector SUS-DMN-03”.

Sin proyecto redactado de la ronda intermedia SE-35 no se podrá aprobar definitivamente el Plan Parcial del que depende Ikea. El Ayuntamiento no encargó su redacción hasta el 25 de octubre de 2012, en concreto a la consultora VS Ingeniería y Urbanismo, a la que dio de plazo cuatro meses. Este plazo fue prorrogado hasta junio pasado y podría haber sido prorrogado de nuevo hasta el próximo otoño, retraso por tanto imputable al propio Ayuntamiento y a la empresa que seleccionó para el proyecto.

Por ende, Zoido reconoció hace unos días que a este retraso se había añadido el de un documento responsabilidad de la Dirección General de Carreteras del Estado, sin el cual no se puede firmar el convenio con el Ministerio de Fomento para la financiación de las obras. Curiosamente, Zoido tampoco ha acusado a la Dirección General de Carreteras de boicotear a Sevilla en todos estos meses al imposibilitar con su demora el avance administrativo de la autovía sin la cual no podrán llegar los clientes hasta Ikea.

El último mensaje de Zoido y Vílchez es que ahora sólo falta que la Junta de Andalucía emita su informe y se apruebe el Plan definitivo, que supondrá la creación de 4.000 puestos de trabajo (empezó hablando de 2.000). “Si la Junta paraliza ésto, no tendría justificación”, ha sentenciado el alcalde.

Pues también podría tenerla: en el caso de que el Plan Parcial contraviniera las determinaciones del Plan General. Vamos a ver cómo casa el Plan las desorbitadas pretensiones iniciales de Ikea con las limitaciones impuestas por el PGOU de que las superficies comerciales no pueden superar el 49% de una unidad urbanística. Ahora bien, si según el alcalde el informe de la Junta no es vinculante, ¿por qué se preocupa por si lo rechaza? ¿Y si resulta que sí lo es?

 

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