Con los criterios aplicados por la patronal catalana de la Pequeña y Mediana Empresa
Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido para ir a votar
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que sigue deshojando la margarita de un probable adelanto de las elecciones andaluzas al mes de junio, ha sorprendido ahora a propios y extraños al plantear la posibilidad de que no se celebren en domingo, como es tradicional, sino en un día laborable como un viernes, lo cual tendría un coste añadido para la economía andaluza.
En el año 2017, la Generalitat de Cataluña convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre, día laborable al tratarse de un jueves. Tras aquella decisión, la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) realizó un estudio para calcular el coste adicional que para la economía catalana tendría la celebración de los comicios en un día laborable en vez de en un domingo u otro festivo.
Para ello cuantificó el valor de la actividad económica que dejarían de realizar tanto los electores para ejercer su derecho al voto como los miembros de las mesas e interventores. En el caso de los votantes, estimó que la participación sería la misma que en el año 2015 y que la media de tiempo para votar sería de tres horas para los asalariados y de una para los autónomos.
El resultado de su estimación fue de un coste adicional de 230 millones de euros.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2017, jueves, acabaron votando más catalanes que el domingo 27 de septiembre de 2015, la fecha que había sido elegida para realizar los cálculos: 4.393.099 (79,09% de participación) frente a 4.130.196 (74,94%). Por tanto, el impacto económico se elevó realmente a 244,64 millones de euros.
Aplicando los mismos criterios de la patronal catalana, aunque sea cinco años después y sin tener en cuenta el incremento de los salarios en este lustro, si en unas elecciones anticipadas en Andalucía que se celebraran en un día laborable del mes de junio se registrara la misma participación que en los últimos comicios andaluces, los del 2 de diciembre de 2018 (3.699.962 votantes, con un 56,56% de participación), el coste adicional para la economía regional se aproximaría a los 200 millones de euros (193,70 millones de euros). Con ese dinero se podría pagar casi la quinta parte del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla o todo el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas y aún sobrarían 65,7 millones para invertirlos en el Hospital Militar u otro proyecto.
Lo paradójico es que Juanma Moreno está invocando razones económicas para tratar de justificar unas elecciones anticipadas en Andalucía, pero sin tener en cuenta el impacto de las mismas en la economía de la comunidad autónoma.
Es poco habitual que unas elecciones en nuestro país se celebren en día laborable. Como precedentes se pueden citar las primeras al Parlamento Europeo, el 15 de junio de 1989 (jueves); las citadas autonómicas catalanas del 21 de diciembre de 2017 (jueves) y las autonómicas madrileñas del 4 de mayo de 2021 (martes).
El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que éstos tienen derecho a un permiso retribuido “por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, como es el ejercicio del sufragio activo”. Los permisos se ajustarán en función de la coincidencia de tiempo entre el horario laboral y el de la votación, independientemente de la distancia entre el lugar de trabajo y el colegio electoral.
La determinación del momento de la utilización de las horas concedidas para la votación, que ha de coincidir con el horario establecido por el colegio electoral, es potestad del empresario.
En el momento de la votación el trabajador deberá pedir un justificante firmado por el presidente de su mesa electoral y se lo entregará posteriormente a la empresa para acreditar que efectivamente ha ido a votar.
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