El gobierno local de Zoido (PP) fue el que inició el expediente de extinción del contrato del restaurante La Raza en el parque de María Luisa

Abades pagará al Ayuntamiento 258 veces más al año que el anterior grupo hostelero por la gestión del establecimiento

El grupo Abades pagará al Ayuntamiento de Sevilla un canon anual de 611.000 euros en números redondos, según diversos medios, por la explotación durante 16 años del restaurante de propiedad municipal existente en el parque de María Luisa y que hasta ahora ha gestionado el grupo La Raza. Esa cantidad supone 258 veces más que la que, en virtud de un contrato de renta antigua, abonaba el grupo La Raza y que era de 197 euros mensuales (IVA incluido).

Algún medio de comunicación ha presentado la pérdida del contrato por el grupo La Raza como una represalia del gobierno local socialista, que preside Antonio Muñoz, por haber denunciado en su día aquél el intento de soborno por parte de un directivo de Mercasevilla, denuncia a partir de la cual estalló el escándalo de los ERE.

Según esta versión, el Ayuntamiento impulsó la retirada de la concesión al grupo La Raza tras la llegada a la Alcaldía de Juan Espadas, actual líder regional del PSOE y candidato por este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, no fue Espadas quien inició el proceso, sino un alcalde del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ex ministro de Justicia y ex secretario general del PP andaluz.

El 1 de enero de 2015 se cumplía el plazo de la moratoria de 20 años fijada en la ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y que permitió mantener el precio de los alquileres antiguos, generalmente de rentas bajas y periodos de duración muy largos.

Ante la inminencia del cambio legal, el gobierno local que entonces presidía Juan Ignacio Zoido inició el 4 de noviembre de 2014 un expediente para la extinción de una serie de contratos de arrendamientos de locales de negocio de propiedad municipal celebrados antes del 9 de mayo de 1985. Según un dictamen jurídico del Servicio de Patrimonio, había múltiples contratos de arrendamientos de locales de naturaleza patrimonial y otros en terrenos calificados de dominio público.

El restaurante del parque de María Luisa que ha explotado hasta ahora el grupo La Raza

Respecto a los primeros no había duda sobre la extinción de los contratos de alquiler, por la entrada en vigor del fin de la moratoria. En cuanto a los arrendamientos formalizados en bienes de naturaleza demanial (bar la Raza y bar Citroën, en el parque; el bar La Parada, en la rotonda de Heliópolis, y dos locales anexos al mercado del Tiro de Línea), también se consideraban extinguidos porque en casi todos los casos el plazo de duración acordado había sido de un año prorrogable.

El contrato original del bar La Raza databa del 2 de mayo de 1972, por lo que según el dictamen del Servicio de Patrimonio tenía que extinguirse el 2 de mayo de 2015. Sin embargo, no se extinguió porque tras acordarlo la Junta de Gobierno de Zoido el 22 de diciembre de 2014, el grupo La Raza remitió un escrito en contra el 26 de febrero de 2015. El Ayuntamiento, ya gobernado por Espadas desde mitad de junio de 2015, acordó el 6 de noviembre de ese año retrotraer las actuaciones al acuerdo inicial (22-XII-2014) salvando unas deficiencias observadas.

Juan Ignacio Zoido inició el procedimiento para la extinción del contrato de La Raza

El secretario general del Ayuntamiento emitió un informe el 11 de marzo de 2016 en el que, con el objeto de evitar pleitos e inseguridades jurídicas por la falta de actuación y para evitar la caducidad del procedimiento, recomendó que se declarara el archivo del expediente iniciado en noviembre de 2014 e iniciar uno nuevo.

Según el secretario, no se trataba de un contrato de arrendamiento al uso, sino de una concesión demanial (sobre un bien de dominio público), por lo que se inició el procedimiento para extinguirlo al final del plazo, fijado para el 2 de mayo de 2016, y entre tanto se le volvió a pasar a La Raza el cobro de los recibos mensuales, que había sido suspendido en el curso de estas actuaciones.

Espadas, el día de su primera toma de posesión como alcalde de Sevilla

El resto de la historia se resume en que el grupo hostelero, con un victimismo por parte de sus dirigentes que causaba rubor ajeno en su intento de poner a la opinión pública en contra del gobierno local, recurrió a la Justicia y acabó perdiendo el pleito. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la tesis municipal y sentenció que el arrendamiento constituía «un título inhábil para legitimar el uso y aprovechamiento privativo de aquel bien demanial, más aún cuando la celebración del citado contrato se había llevado a cabo al margen de toda licitación o procedimiento que garantizase la concurrencia competitiva y los principios que rigen el acceso al uso y aprovechamiento de los bienes integrantes de dominio público».

Independientemente de que el grupo Abades, que ahora se ha hecho con la concesión, haya sido rescatado el pasado enero por el Gobierno con préstamos por 29,3 millones de euros para paliar su situación tras la pandemia, el hecho de que vaya a pagar por la explotación del restaurante en el parque de María Luisa una cantidad 258 veces superior a la que pagaba el grupo La Raza y aun así espere obtener beneficios demuestra el inmenso chollo de que ha disfrutado el hasta ahora grupo gestor durante más de medio siglo.

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