Tumbó su plan de comprar una sede de la Junta en la Plaza Nueva que ahora precisa arreglos por ese valor
Todos los partidos de la Oposición en el Ayuntamiento de Sevilla tumbaron a finales de 2016 el plan del entonces alcalde y hoy líder regional del PSOE, Juan Espadas, de empezar comprando el 35% de la sede de la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva para instalar oficinas municipales por 6 millones de euros. Si se hubiera materializado tal operación, el Consistorio tendría que pagar ahora un millón de euros suplementarios en reparar los desperfectos posteriormente detectados en el inmueble.
La Empresa Pública de Gestión de Activos, perteneciente a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, ha adjudicado por 998.350,15 euros, IVA incluido, un contrato para la rehabilitación de las fachadas del edificio administrativo correspondiente a los números 4 y 5 de la Plaza Nueva de Sevilla capital, que acoge dependencias de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, llamada anteriormente de Gobernación.
Según la memoria técnica del proyecto licitado, consultada por la agencia Europa Press, «el motivo principal de esta intervención es de seguridad». El edificio cuenta con una fachada con aplacado de mármol tipo Blanco Macael y, según un informe de laboratorio arquitectónico emitido en diciembre de 2019, «la fachada tiene problemas de fisuración de placas, fijaciones deterioradas por el agua, dinteles de la carpintería oxidados y fijaciones de barandillas en malas condiciones», entre otros daños.
Dada esta situación, y por motivos de seguridad, en junio de 2020 ya se decidió instalar una red protectora en las fachadas a la vía pública, a la espera de una actuación de rehabilitación, según figura en el documento técnico.
Esta obra, licitada por un importe máximo inicial de 1.020.180 euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), implica «la reforma de la fachada no sólo a nivel estético, sino de seguridad y de eficiencia energética». Afectará a todas las fachadas del edificio, es decir las de la Plaza Nueva y las calles Barcelona y Zaragoza.
Tras la licitación de estas actuaciones, las mismas han sido finalmente adjudicadas a la empresa Construcciones Calderón, por un importe final de 998.350,15 euros, impuestos incluidos.
Este gasto de un millón de euros en números redondos demuestra el pésimo negocio que habría hecho el Ayuntamiento de Sevilla si la Oposición no hubiera tumbado a finales de 2016 la propuesta de Espadas de empezar comprando un 35% del inmueble a la Junta de Andalucía para la instalación de oficinas municipales. Todos los partidos expresaron que Sevilla tenía necesidades mucho más importantes en, especialmente, lo barrios y por su elevado nivel de paro que pensar en comprarle una sede a la Junta para trasladar funcionarios municipales desde otras dependencias.
La operación diseñada por el gobierno de Espadas para hacerse inicialmente no con todo el edificio de la Consejería de Gobernación (8.383 m2), sino sólo con el 35% del mismo (2.934 m2) por 6.080.000 euros suponía valorar el m2 a razón de 2.072,25 euros, y todo el inmueble en 17.331.428,57 euros.
Según un comunicado difundido entonces por el gobierno local, “el Ayuntamiento sólo abonaría así en concepto de alquiler la parte proporcional a la propiedad que mantendría la Agencia Pública de Gestión de Activos, cuantía que se reduciría progresivamente si se amplía el porcentaje de participación de la Administración Local en la propiedad del edificio. Sólo con la compra de este 35% inicial se produce un ahorro de 5,7 millones de euros en nueve años con respecto al precio que supondría el alquiler”.
Se colige, pues, que el Ayuntamiento pensaba comprar un tercio del edificio y alquilar los dos tercios restantes también a la Junta y que para presentar de forma digerible la operación hizo una proyección a nueve años de lo que habría supuesto adquirir ese 35% en vez de alquilarlo: 5,7 millones de euros. Este dato nos permite deducir que el alquiler del 65% restante le habría costado en ese mismo periodo de tiempo 10.585.714 euros, a un promedio anual de 1.176.190 euros. Asimismo, que el alquiler, en vez de la compra, de ese tercio le habría supuesto un desembolso de 633.333 euros anuales.
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